La presidenta Xiomara Castro prometió un nuevo comienzo en la lucha contra la corrupción y la violenta delincuencia que atormenta al país, pero ha regresado a los métodos de mano dura de antaño. Con el apoyo de los donantes, su gobierno debería seguir adelante con el programa de reformas.
¿Qué hay de nuevo? En enero de 2022, la candidata de izquierdas Xiomara Castro llegó al poder en Honduras. Entonces, se comprometió a adoptar un enfoque comunitario de seguridad pública, reducir el papel del Ejército y luchar contra la corrupción. Sin embargo, la frustración popular con el crimen rampante la llevó a priorizar duras medidas de emergencia en vez de seguir con estas reformas.
¿Por qué importa? A pesar de un ligero descenso en los homicidios, Honduras sigue siendo el segundo país más violento, y el más peligroso para las mujeres, en América Latina. La violencia generalizada, el estancamiento económico y las pésimas condiciones humanitarias en algunas áreas están alimentando un éxodo de hondureños, en su mayoría hacia Estados Unidos, México y España.
¿Qué debe hacerse? En lugar de concentrarse solamente en responder a los problemas de inseguridad, el Gobierno debe también continuar con las reformas. Reforzar la policía, combatir la impunidad e invertir en las comunidades afectadas por las pandillas, y no depender de las actuales medidas de emergencia. Además, sería conveniente que los donantes continúen trabajando con el Ejecutivo, a pesar de su presumible frustración con la política exterior de Castro.
Después de más de un año en el poder, el gobierno de izquierdas elegido democráticamente y liderado por la primera mujer en llegar a la presidencia de Honduras se esfuerza por controlar la terrible delincuencia que durante tanto tiempo ha sacudido al país. Xiomara Castro prometió una nueva etapa en la lucha contra la violencia y la inseguridad públicas, después de la administración plagada de escándalos de Juan Orlando Hernández, quien espera juicio en EE UU por tráfico de drogas y de armas. Durante la campaña electoral, la entonces candidata se comprometió a darle mayores facultades a la policía civil para velar por la seguridad pública, reforzar la lucha contra la corrupción y promover el respeto de los derechos humanos. Pero parece que su gobierno no ha hecho mucho por implementar estos cambios. Es más, a finales de 2022, Castro adoptó una serie de medidas de emergencia que, sobre el papel, siguen la línea de la represión a las pandillas de El Salvador. Si bien acabar con los delitos violentos es una prioridad, Tegucigalpa no debe copiar los burdos métodos de San Salvador. En su lugar, tiene que redoblar sus esfuerzos para fortalecer la policía, frenar la corrupción y respaldar las iniciativas de prevención de la violencia en las comunidades afectadas por las pandillas.
El triunfo electoral de Xiomara Castro en 2021 pareció marcar un cambio histórico para un país agobiado por la inseguridad, la pobreza y la corrupción. El único líder de izquierdas de Honduras hasta entonces, Manuel Zelaya, esposo de Castro, había sido derrocado en un golpe de Estado en 2009. Los posteriores gobiernos conservadores electos avanzaron en la reducción de los homicidios. Pero año tras año, la delincuencia violenta generalizada, la desigualdad extrema y el estancamiento económico ha empujado a muchos hondureños hacia la frontera de EE UU, alcanzando unas de las tasas más altas de emigración de Centroamérica. Los principales socios extranjeros de Honduras elogiaron la victoria de Castro tanto por su naturaleza pacífica como por su compromiso de impulsar cambios dentro de un marco democrático. La vicepresidenta de EE UU, Kamala Harris, asistió a la toma de posesión junto con algunos de los mayores adversarios regionales de Washington, incluidos representantes del Gobierno venezolano.
Sin embargo, al nuevo gobierno le ha resultado difícil avanzar hacia sus objetivos. El partido de Castro, Libertad y Refundación (LIBRE), no obtuvo la mayoría de los escaños del Congreso ni de las alcaldías; además de estar plagado de divisiones internas. Los resultados iniciales de la nueva política de seguridad también fueron decepcionantes. Aunque los homicidios en general disminuyeron en 2022, aumentaron en al menos seis de los 18 departamentos del país, mientras que el número de asesinatos masivos igualó el récord del año anterior. Honduras sigue siendo el segundo país más violento de América Latina después de Venezuela, y tiene la tasa de feminicidios más alta de la región.
Presionada por responder a los delitos de alto perfil y un presunto incremento de la extorsión, y con la mirada puesta en los índices de aprobación, Castro ha desacelerado las mejoras en la política de seguridad. Estos esfuerzos no se han detenido por completo. Por ejemplo, los planes para crear una comisión de la ONU para combatir la corrupción y la impunidad siguen avanzando, aunque lentamente. Pero en otras áreas, como su compromiso de poner fin al papel del Ejército en la seguridad pública, el Gobierno parece estar retrocediendo. A finales de 2022, Castro declaró el estado de excepción en varias regiones (el cual desde entonces ha renovado en cinco ocasiones) y reforzó los poderes de detención de la policía. Hasta ahora, en la práctica, las medidas más duras de Honduras no se parecen mucho a las de El Salvador, pero algunos observadores temen que Castro esté considerando la idea de seguir ese ejemplo.
Al mismo tiempo, las iniciativas de la presidenta en el frente diplomático han inquietado a sus socios extranjeros. Su decisión de abstenerse de condenar la invasión de Rusia a Ucrania ante Naciones Unidas y la represión de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos disgustó a los principales donantes del país, particularmente a EE UU. Su ausencia durante la Cumbre de las Américas de 2022, celebrada en Los Ángeles, fue igualmente mal recibida en Washington. Castro también cortó recientemente los lazos de Honduras con Taiwán y estableció relaciones diplomáticas con China, país que visitó en junio durante seis días. Las posiciones de política exterior del Gobierno hondureño, junto con la demora de las reformas internas y el distanciamiento de las políticas de seguridad prometidas, podrían desincentivar a los donantes occidentales.
El gobierno debe retomar los compromisos de campaña que parecen haber quedado de lado, mientras las autoridades trabajan para que el crimen esté bajo control. Establecer unas fuerzas de seguridad confiables y profesionales es un proyecto a largo plazo. Para construir un país más seguro será crucial fortalecer la policía civil, judicializar los delitos graves con más vigor y dirigir recursos hacia las comunidades afectadas por las pandillas. También reforzar la fuerza policial crónicamente mal equipada y financiada, así como diseñar programas comunitarios de prevención de la violencia que se basen en el conocimiento local. Por último, Castro debe procurar imponer el orden y la seguridad en las cárceles de Honduras, especialmente tras el motín del 20 de junio en una prisión de mujeres que provocó la muerte violenta de 46 personas. Pero al hacerlo, los métodos brutales del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, no debe ser su modelo a seguir.
Además, el Gobierno debe seguir adelante con sus planes de establecer una comisión contra la impunidad respaldada por la ONU para combatir la corrupción. Esta entidad permitiría que los investigadores indaguen sobre delitos graves donde haya actos de colusión entre delincuentes y las instituciones del Estado, para lo cual serán necesarios una serie de cambios legales que la ONU considera indispensables; hasta el momento no ha reunido los votos necesarios para aprobar estas medidas en el Congreso. Independientemente de que esta comisión llegue a crearse, los fiscales hondureños tienen que disponer de los instrumentos legales para perseguir las poderosas redes ilícitas. Detener la antigua práctica de concentrar el poder en manos de aliados, amigos y familiares del partido gobernante supondría un gran paso hacia la desarticulación de estas redes.
A pesar de posibles reparos sobre las tendencias de política exterior de Castro y las dudas sobre su compromiso de llevar a cabo el programa de reformas con el que llegó a la presidencia, los donantes no deben dejar de apoyar a su gobierno. Tienen que recordarle sus promesas de cambio y ofrecerle apoyo para llevarlos a cabo. Con el deterioro de la democracia en El Salvador y Nicaragua, y bajo amenaza en Guatemala, el gobierno de Honduras sigue siendo uno de los socios más prometedores en América Latina para los donantes.
La versión original fue publicada con anterioridad en International Crisis Group.
