La realidad centroamericana muestra un empeoramiento de la institucional y un creciente autoritarismo, ¿podrían llegar a convertirse los países de la región en dictaduras de corte populista?
En 1987, el acuerdo de paz suscrito en Guatemala y conocido como “Esquipulas I” estableció tres pilares para el futuro de Centroamérica: paz, democracia y desarrollo. En ese momento, se pensó que el Istmo había alcanzado un punto de inflexión para superar los conflictos políticos, las insurrecciones armadas y los gobiernos autoritarios de prácticamente todo el siglo XX. Al mismo tiempo se consideró que había comenzado una nueva era de desarrollo socioeconómico, que pondría fin a las profundas desigualdades y discriminaciones entre grupos étnicos. A ese acuerdo de paz le sucedieron una serie de cumbres presidenciales que adoptaron protocolos y declaraciones, creando un marco institucional para fortalecer y garantizar el Estado de derecho nacional y regional. Sin embargo, en los últimos 15 años se ha podido observar un desgaste del diálogo entre gobiernos (que se aceleró en 2018 por la represión en Nicaragua durante tres meses y más de 300 muertos) y un creciente nacionalismo, que aumentó con la pandemia de COVID. Esto evidenció un agotamiento del proyecto de los firmantes de Esquipulas y de la democracia en todos los países de la región.
Un retroceso evidente en la región
Por ello parece que los acuerdos de paz regionales y nacionales se agotaron, junto con el modelo de desarrollo social y económico que propusieron. En el caso de El Salvador se puso fin al bipartidismo de ARENA y el FMLN, que alternaron en el control del poder nacional y local. En 2019, llegó Nayib Bukele, que asumió el cargo como presidente con un estilo populista y propio de los millennials. El profesor Caldentey del Pozo alude a un “caudillismo millenial” con un proyecto poco ideológico y aprovechando el desencanto con los resultados de las administraciones precedentes. En Costa Rica, considerada la democracia más sólida de la región y de América Latina, también comenzó a debilitar su institucionalidad y se hace evidente que se agotó el modelo de la Segunda República, establecida en 1949, tras la Guerra Civil de 1948.
Guatemala retrocedió después de varios gobiernos electos en procesos libre, pluripartidistas y participativos; al mismo tiempo que comenzó a quebrarse la división de poderes. Honduras no logró completar la construcción de la condición de Estado y entró en crisis con el golpe de Estado contra el presidente Zelaya en 2009.
El caso de Nicaragua es diferente, porque fue precisamente quien lideró la lucha contra la dinastía de los Somoza en el siglo XX, quien instala un régimen autoritario que deriva en una dictadura. Un sistema que despoja de la nacionalidad a nicaragüenses por criticar a la pareja gobernante de Daniel Ortega y Rosario Murillo, expulsa sacerdotes y confisca las cuentas de la Iglesia Católica; pero que también elimina cientos de organizaciones civiles, incluida la Cruz Roja de Nicaragua, argumentando que son agentes extranjeros. Hoy Ortega y Murillo controlan todos los poderes de la República y mantienen subordinados, a sus intereses, a la Fuerza Armada y los cuerpos militares.
Las instancias judiciales como instrumentos del autoritarismo
Los sistemas judiciales, sobre todo las Fiscalías Generales, se han prestado para enjuiciar a periodistas y medios de prensa que son críticos al gobierno de turno. Por ejemplo, la Fiscalía de Guatemala solicitó imponer condena de 40 años de prisión a José Zamora, propietario de El Periódico, denunciado por lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. En Nicaragua, el régimen impulsó juicios ajustados a los intereses de la pareja presidencial contra periodistas y medios de comunicación.
Por eso, los periodistas han comenzado a actuar de incógnito o desde fuera de su país, sobre todo en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Lo que se denomina la embestida autoritaria y la criminalización de su trabajo. En el caso de Costa Rica, la Sala Constitucional condenó al presidente Chaves por ataques verbales contra medios de prensa y periodistas, a quienes calificó de “sicarios políticos”, “desgraciados y canallas” y “gente chismosa”; al tiempo que prometió acabar con tres reconocidos medios de prensa.
Ante ese difícil panorama, señala la experta Marcela Madrid, la democracia está profundamente erosionada por la consolidación de autoritarismos. Por ello, cada vez, más se realizan espacios de debate para analizar la situación; por ejemplo, Oxfam, Fundación Avina y Fundación Gabo convocaron a inicios de 2023 un foro sobre “Democracias fatigadas. Innovaciones democráticas desde la sociedad civil centroamericana”, considerando que lo que ocurre en los países centroamericanos es muy similar a lo sucedido en Nicaragua.
Es decir, los acuerdos de Esquipulas y su propósito de consolidar la democracia no dieron resultado. Si bien se establecieron democracias en todos los países, estas fueron débiles. El empeoramiento fue acelerado por la corrupción en todos los niveles, por la desigualdad y el hambre, por los flujos migratorios (que los gobiernos vieron como una ventaja para recibir remesas familiares y aliviar las presiones sobre los escasos programas sociales). Pero sobre todo, el desencanto con la democracia y la política por parte de la juventud, porque según el Barómetro de las Américas, la población entre 16 y 35 años es la más insatisfecha. También hay un desgaste de los derechos de las mujeres y de la población de la comunidad LGBTIQ+.
Los Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP), iniciativa que comenzó en 2014 en Guatemala y ahora se extendió a El Salvador y Honduras, señala que los logros democráticos en el Istmo están amenazados por gobiernos autoritarios de distinto signo, que se apoyan en las fuerzas armadas para consolidar el control del aparato público. No se trata del caudillismo y militarismo del siglo pasado; sino de un esquema distinto, pues los gobiernos resultan “ideológicamente agnósticos”, porque los proyectos de los líderes populistas están vacíos de contenido ideológico, sustituido por el ejercicio del poder para impulsar un proyecto político del líder o lideresa, que se consideran salvadores del pueblo.
El autoritarismo se respira en todos los países
Hay un manifiesto resurgir del autoritarismo en los países centroamericanos, sin excepción, aunque en algunos países es más evidente que en otros; es una tendencia de la última década. Hay un estado de excepción en El Salvador, que se prorroga producto del dominio de la Asamblea Legislativa por el presidente Bukele. Que a su vez, se contagia, porque en Costa Rica el presidente Rodrigo Chaves aludió a que esa situación puede ocurrir en su país, argumentando que el crimen organizado y la violencia se profundizan: “hay ‘mucho que arreglar’ para combatir las bandas del narcotráfico […] haré ‘lo posible’ por evitar un estado de excepción al estilo de Nayib Bukele en El Salvador”.
Ante las críticas, Chaves indicó que es una posibilidad, pero que espera que no ocurra, porque “no quiero ser dictador de este país; jamás, jamás. Ni siquiera lo concebiría”. Esto era inimaginable en la Costa Rica de los pasados 70 años.
Claudia Paz y Paz, fiscal de Guatemala entre 2010-2012, reconoce que en Centroamérica hay un resurgir del autoritarismo y manifestaciones contrarias al fortalecimiento del Estado de derecho y la vigencia de los derechos humanos. Las características son comunes: un debilitamiento de la institucionalidad, sobre todo del Poder Judicial, con un discurso de criminalización de jueces, destituciones arbitrarias; ataque a los medios de comunicación y periodistas, que son desacreditados; desprestigio de los órganos electorales; desconocimiento de la división de poderes; incremento de las acciones violentas por los cuerpos judiciales y cuestionamiento de las instancias técnicas en carteras ministeriales e instituciones autónomas.
El asunto no es de este año, sino que desde 2018 comenzó una fase de marcado deterioro de la democracia, crisis de gobernabilidad; descomposición estatal y acelerado aumento del crimen organizado, constituyendo uno de los momentos más débiles de la democracia en las últimas décadas. Pero no es solo en materia política, sino que hay agravamiento de las condiciones económicas, aumento de la pobreza y las brechas entre grupos socioeconómicos; y sobre todo la corrupción estructural, enquistada en todos los estratos de la sociedad. También de factores diversos, como el cambio climático, las migraciones intracentroaméricanas, desde estos países hacia los Estados Unidos y las extracentroamericanas.
Empeoramiento de las libertades y creciente represión
El caso de Nicaragua es el más evidente en cuanto al deterioro de la libertad de expresión y el derecho de asociación. Pero es algo que se ha extendido a todos los países, con cierres de medios de comunicación, persecución y expulsión de periodistas.
Para la fiscal Paz y Paz los casos más manifiestos son Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador. Sin embargo, es Nicaragua la que muestra el cambio más profundo, pues los eventos de 2018 marcaron un giro, primero hacia el autoritarismo y luego hacia una dictadura de naturaleza sultánica.
Hay diversas causas para esta crisis de la democracia y del Estado de derecho. La principal es la insatisfacción de la población con la democracia, por la incapacidad para atender las demandas ciudadanas en todos los ámbitos. Se trata de democracias erosionadas y agrupaciones políticas que han aprovechado la crisis para llevar agua a sus molinos, con proyectos populistas. Incluso se alude a la convergencia del populismo y la posverdad para crear un híbrido complejo.
Como se indicó arriba, este deterioro de la democracia no es de esta década de 2020, pues tras el entusiasmo de los acuerdos de paz centroamericanos y nacionales (Nicaragua, El Salvador y Guatemala) comenzó una fase de apoyo oscilante a partir de 1996, como lo denomina el profesor Luis Guillermo Velázquez en un trabajo publicado en 2020, producto de las “actitudes autoritarias” que coexisten con las democráticas en estos países y que son parte de la cultura política. Con excepción de Costa Rica -que se consideró el país modelo- la historia del resto del Istmo ha sido convulsa, no solo por conflictos político-militares, sino por la violencia urbana y la pobreza extrema. De la década de 2010 en adelante esos problemas también abarcaron la democracia costarricense. Por eso Velázquez señala que “…la inestabilidad, la corrupción y el abuso de poder en distintos tiempos y formas desde los Acuerdos de Esquipulas han desencantado un ambiente de fricción entre regresión autoritaria y normalidad institucional”.
Un factor que no puede obviarse en esta descomposición de la realidad política, económica y social centroamericana es la influencia del narcotráfico y el crimen organizado. En el siglo pasado, el Istmo fue un puente para el tránsito de la droga hacia el norte y el dinero hacia el sur. Sin embargo, a lo largo de esta centuria los cárteles del narcotráfico, primero colombianos y luego mexicanos comenzaron a convertir a los países en bodegas. Hoy los cárteles mexicanos han establecido alianzas en cada uno de los Estados centroamericanos, generando minicárteles en cada país.
De acuerdo con el historiador Otto Argueta, la cuestión es que en la región hay una percepción de que no es asunto de estos países, que es un problema externo, cuando en realidad se ha constituido en un asunto político. Por eso Honduras se considera un “narco-Estado”, producto de zonas oprimidas en donde opera libremente el narcotráfico.
Alta popularidad de algunos gobernantes
La cuestión es que, con excepción de Daniel Ortega, el resto de gobernantes de la región gozan de una alta popularidad. Bukele y Chaves mantienen apoyos por encima del 74%, no así sus gobiernos. Según una encuesta de CIP-Gallup en 2022, Bukele alcanzó un 86% de apoyo, seguido por Chaves (69%) y Xiomara Castro (Honduras) con un 57%.
En ese mismo año, Caldentey del Pozo de la Universidad de Loyola, reconocía que Centroamérica vive el regreso de las autocracias, pues los procesos revolucionarios y el entusiasmo de la última década del siglo XX por la democracia no erradicaron el autoritarismo.
La realidad centroamericana, de esta década, es de un manifiesto empeoramiento de la institucional y un creciente autoritarismo, que amenaza con convertir a todos los regímenes del Istmo en dictaduras. El despertar democrático de finales de la década de 1980 hoy se ha apagado y una vez más, a lo largo de la historia republicana bicentenaria de estos países, los gobiernos autocráticos -esta vez de corte populista y de posverdad- comienzan a dominar el escenario.
