Pakistán no es país para mujeres

Mujeres paquistaníes pasean en la ciudad de Lahore. Arif Alí/AFP/Getty Images

La oposición generada por la aprobación de una ley contra la violencia de género en el país pone de manifiesto el largo camino que queda por recorrer a las mujeres paquistaníes.

En febrero pasado, el Parlamento del estado de Punjab, el más poblado de Pakistán, aprobó la Ley para la protección de las mujeres contra la violencia. A grandes rasgos, esta ley supone un paso adelante en la lucha contra la violencia de género y ofrece las garantías que puedan contemplarse en normativas similares en Occidente.

La nueva legislación ofrece una protección legal a las mujeres contra la violencia sexual, psicológica o doméstica, sin precedentes en Pakistán. Además, contempla la creación de un teléfono de denuncia gratuito, similar al 016 español, y el establecimiento de alojamientos provisionales para mujeres víctimas de abusos.

Desde el primer momento, la aprobación de la ley ha estado sujeta a controversia. Por parte de los partidos religiosos, como era de esperar, la condena ha sido unánime. Una conferencia de los mismos, encabezada por el Jamaat-e-Islami y el Jamiat-e-Ulema Pakistan (Fazl), considera que la ley va en contra no solo de la sharia o ley islámica, sino también de la ideología de Pakistán y de su Constitución.

Los partidos religiosos denuncian que la ley aumentará el divorcio y dañará la familia tradicional, y creen que se trata de un intento de occidentalizar el país. Afirman que se opondrán a cualquier intento de hacer de Pakistán un Estado liberal o secular. El propio Consejo de la Ideología Islámica, un órgano asesor del Gobierno que aconseja sobre la compatibilidad de las leyes con el islam, ha anunciado que la ley es antiislámica.

Más allá de la esperada oposición por parte de los partidos religiosos, los principales partidos, la Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) y el Pakistan Peoples Party (PPP), en teoría centro derecha e izquierda, respectivamente, se han mostrado dispuestos a introducir enmiendas en la legislación y han anunciado que no aceptarán ninguna ley que vaya en contra del islam.

En Pakistán, los partidos religiosos, si bien no obtienen buenos resultados en las urnas, cuentan con una capacidad de movilización e influencia desmedida. Ni a los principales partidos ni al todopoderoso Ejército les interesa enfrentarse directamente con ellos, mucho menos por una cuestión menor como la defensa de las mujeres. Quizás por ello sorprende que la ley haya conseguido colarse en la agenda del parlamento de Punjab, un triunfo sin duda de los escasos liberales que todavía tratan de cambiar la política del país.

Lo cierto es que la legislación está totalmente justificada en vista de la situación de la mujer en Pakistán. Esto ha quedado particularmente patente tras la concesión del Oscar al mejor cortometraje documental a A girl in the river: the price of forgiveness en febrero. El documental explora los llamados “crímenes de honor”, asesinatos en el seno de la familia y cuyas víctimas prácticamente en el 100% de los casos son mujeres.

En buena parte de la sociedad paquistaní, las mujeres son consideradas propiedad del padre, marido o hermanos y su posición es la de servir y obedecer al familiar masculino correspondiente. Intentar salir de esta situación, como por ejemplo huyendo y casándose por amor (en contraste con un matrimonio arreglado) conlleva una afrenta al honor familiar que se salda, demasiado a menudo, con sangre.

El número de asesinatos por honor, en el que padres, hermanos u otros familiares masculinos matan a la mujer ofensora, es difícil de establecer, ya que son escasas las ocasiones en las que se denuncian, pero posiblemente superen con creces el millar al año.

No se trata de una situación achacable o relacionada con la religión musulmana, predominante en la mayoría de la población paquistaní, ya que en la vecina India es una práctica igualmente extendida, así como en otros países del mundo o entre las propias y exiguas poblaciones cristianas, sijs, o hindúes paquistaníes.

Quizá lo más preocupante, y lo más difícil de cambiar, sea lo arraigado y aceptado de estas prácticas entre la mayoría de la población, tanto masculina como femenina. Sin llegar al extremo del asesinato, las amputaciones de nariz y orejas o la desfiguración mediante ácido de mujeres en el seno familiar es algo frecuente en Pakistán. Por desgracia, a pesar de ser crímenes contemplados como tales en la legislación del país, suelen quedar impunes al considerarse cuestiones domésticas.

Es más, el asesinato de una hija díscola es considerado como algo que refuerza el honor de la familia, eleva su prestigio y conlleva el respeto por parte de su entorno, ya sea rural o vecinal.

En buena medida puede considerarse que la escasa educación en el país, con un nivel de analfabetismo en adultos que oficialmente alcanza el 42 %, pero que podría ser bastante mayor −especialmente entre las mujeres según fuentes de la Unesco−, está directamente relacionado con la lamentable situación de las mujeres.

Quizás el mayor problema de Pakistán no sea su legislación, o la falta de la misma. En numerosas ocasiones ha quedado en evidencia cómo las víctimas son denostadas o sus agresores, y culpables según la ley, son aclamados.

Es evidente en el caso de Malala Yousufzai, la niña que recibió un disparo en la cara por parte de los talibanes por empeñarse en acudir a la escuela. Malala ha sido reiteradamente difamada en Pakistán y, a pesar o precisamente como consecuencia de su apoyo internacional, es ampliamente rechazada en su país.

Otro caso flagrante es el del asesino de Salman Taseer, el gobernador de la provincia de Punjab asesinado en 2008 por uno de sus guardaespaldas. El motivo fueron las críticas de Taseer a la Ley de la blasfemia. Su asesino, Mumtaz Qadri, fue aclamado como un héroe tanto por los partidos religiosos como por buena parte de la población. Especialmente indignante resultó su entrada en los juzgados entre una lluvia de pétalos de rosas lanzados por los numerosos abogados presentes tras su detención. Qadri fue finalmente ejecutado el mes pasado. La mayor crítica que se le hizo fue haberse tomado la justicia por su mano, asumiéndose por lo general que Taseer merecía la muerte.

Obviamente, mientras una gran mayoría mantenga esas posiciones, por muy avanzada que sea la legislación que se apruebe desde instancias estatales, no va a cambiar la inercia de la sociedad paquistaní, y difícilmente va a conseguir ser aplicada.

Los cambios sociales deberían surgir de la propia sociedad y no ser impuestos desde arriba. Esto, por desgracia, requiere un largo camino que la mayoría en Pakistán no parece ni tan siquiera haber empezado a recorrer.