Los intentos de trasladar el Banco Central de Yemen aumentarán probablemente los riesgos de hambre e insolvencia, además de complicar e intensificar las divisiones de la guerra civil. Las potencias regionales e internacionales deben agruparse en torno a esta institución crucial y ayudar a reanimar las negociaciones de paz conducidas por la ONU.
El fracaso de las negociaciones de paz dirigidas por Naciones Unidas a mediados de agosto ha sumido la guerra de Yemen en una nueva fase de consecuencias aún más devastadoras. Durante los 18 meses de combates entre una coalición encabezada por los saudíes, que apoya al Gobierno reconocido internacionalmente del presidente Abd Rabbuh Mansur Hadi, y los rebeldes hutíes (chiíes zaidíes), aliados con las fuerzas del presidente anterior, Alí Abdullah Saleh, la población ha sido la principal víctima de los bombardeos aéreos, ataques con misiles y bloqueos económicos. Han muerto más de 100.000 personas, aproximadamente 4.000 de ellas civiles, la mayoría por acciones de la coalición saudí.
Ambos bandos están acusados de violar repetidamente el derecho internacional humanitario, con unas acciones que hacen que el conflicto sea cada vez más difícil de resolver. Hay más de 3,2 millones de desplazados internos. 14 millones de personas, en una población de 26 millones, padecen inseguridad alimentaria y 370.000 niños menores de cinco años corren el riesgo de sufrir malnutrición grave y aguda. La situación está a punto de empeorar.
El 19 de septiembre, el presidente Hadi despidió al gobernador del Banco Central y anunció que iba a trasladar la entidad de la capital, Saná, controlada por los hutíes y Saleh, a la sede provisional del Gobierno en la ciudad portuaria de Adén. El decreto puede constituir el principio de una guerra económica con el propósito de asfixiar ...
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