Una empleada del Banco Central de Yemen en Saná. (Mohammed Huwais/AFP/Getty Images)
Una empleada del Banco Central de Yemen en Saná. (Mohammed Huwais/AFP/Getty Images)

Los intentos de trasladar el Banco Central de Yemen aumentarán probablemente los riesgos de hambre e insolvencia, además de complicar e intensificar las divisiones de la guerra civil. Las potencias regionales e internacionales deben agruparse en torno a esta institución crucial y ayudar a reanimar las negociaciones de paz conducidas por la ONU.

El fracaso de las negociaciones de paz dirigidas por Naciones Unidas a mediados de agosto ha sumido la guerra de Yemen en una nueva fase de consecuencias aún más devastadoras. Durante los 18 meses de combates entre una coalición encabezada por los saudíes, que apoya al Gobierno reconocido internacionalmente del presidente Abd Rabbuh Mansur Hadi, y los rebeldes hutíes (chiíes zaidíes), aliados con las fuerzas del presidente anterior, Alí Abdullah Saleh, la población ha sido la principal víctima de los bombardeos aéreos, ataques con misiles y bloqueos económicos. Han muerto más de 100.000 personas, aproximadamente 4.000 de ellas civiles, la mayoría por acciones de la coalición saudí.

Ambos bandos están acusados de violar repetidamente el derecho internacional humanitario, con unas acciones que hacen que el conflicto sea cada vez más difícil de resolver. Hay más de 3,2 millones de desplazados internos. 14 millones de personas, en una población de 26 millones, padecen inseguridad alimentaria y 370.000 niños menores de cinco años corren el riesgo de sufrir malnutrición grave y aguda. La situación está a punto de empeorar.

El 19 de septiembre, el presidente Hadi despidió al gobernador del Banco Central y anunció que iba a trasladar la entidad de la capital, Saná, controlada por los hutíes y Saleh, a la sede provisional del Gobierno en la ciudad portuaria de Adén. El decreto puede constituir el principio de una guerra económica con el propósito de asfixiar a la alianza de los hutíes y Saleh en sus bastiones del norte, pero cuyas víctimas fundamentales serían los ciudadanos yemeníes.

La medida no parece ir acompañada de ningún plan de aplicación meditado y abre toda una serie de incertidumbres, entre ellas la desintegración del sistema bancario y una imposibilidad de pagar salarios que acelerará la crisis económica y quizá hunda grandes zonas del país en la hambruna. Además de complicar, enormemente, las perspectivas del acuerdo negociado y, casi con seguridad, alentar una escalada de las operaciones de las fuerzas hutíes y de Saleh que incluya ataques dentro del territorio saudí. Y que seguro profundizará la división política entre norte y sur y hará más difíciles los esfuerzos futuros para negociar una solución pacífica a la turbulenta relación entre las dos zonas.

La economía siempre ha sido un instrumento de guerra. Desde hace más de un año, las fuerzas hutíes y de Saleh mantienen un asedio —con pausas ocasionales— en torno a la segunda ciudad del país, Taiz, con consecuencias humanitarias desastrosas. En la primera etapa de la guerra, la coalición dirigida por los saudíes impuso un estricto bloqueo aéreo y terrestre alrededor de las zonas controladas por los hutíes ...