¿Se enfrenta Ucrania a una guerra civil?

07 febrero 2014

La propaganda gubernamental pretende alimentar la división del país entre este y oeste.

¿Se enfrenta Ucrania a una guerra civil?

AFP/Getty Images

Las manifestaciones en la plaza de Euromaidan se han convertido en las mayores protestas públicas desde la independencia de Ucrania, superiores incluso a las de la Revolución Naranja de 2004. Provocadas en un principio por la decisión del presidente Viktor Yanukóvich de no firmar el Acuerdo de Asociación con la UE y espoleadas por la dispersión policial de los manifestantes pacíficos, las protestas expresan la profunda frustración con la manera de gobernar Ucrania: la ausencia de democracia y de un Estado de Derecho, la violación de los derechos humanos y las libertades básicas, la corrupción generalizada, la violencia policial y la arbitrariedad de la justicia.

Las concentraciones de Euromaidan fueron pacíficas durante dos meses, hasta que se produjeron los primeros choques violentos entre manifestantes y policía, el 19 de enero. La radicalización del movimiento de protesta se debió en gran parte al hecho de que el Gobierno ignorase sus demandas y reprimiera cada vez con más fuerza a los manifestantes. La aprobación de un paquete legislativo que representaba una grave violación de las libertades cívicas y políticas, garantizadas tanto por la Constitución como por los convenios internacionales ratificados por Ucrania, fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de algunos manifestantes. Los líderes de la oposición no supieron proponer una estrategia eficaz de lucha no violenta, y la desesperación y la falta de medios para proteger legalmente sus derechos empujaron a algunos manifestantes a presionar de manera más radical al Ejecutivo.

Tanto si fue espontánea como inspirada por diversos grupos radicales, la estrategia surtió efecto: el presidente Yanukóvich aceptó negociar con la oposición, el Parlamento revocó las leyes aprobadas y el primer ministro, Mikola Azárov, presentó la dimisión, junto con todo su gobierno. Además, consciente de que corría peligro de perder el control de los indignados manifestantes, la oposición presentó un plan de actuación más decisivo que llamaba a los partidarios del movimiento Euromaidan a crear instituciones paralelas: un consejo popular, un gobierno popular y unas fuerzas de autodefensa. El llamamiento obtuvo respuesta en 14 de las 24 regiones, que crearon sus propios consejos.

El Gobierno ucraniano y Moscú, junto con los medios de comunicación que controlan, tratan de presentar a los componentes del movimiento como un grupo de extremistas y terroristas. El Ministerio del Interior evoca la propaganda rusa de la era soviética, al afirmar que los responsables de la toma de edificios oficiales en todo el país son militantes de la parte occidental de Ucrania (la región anexionada por la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial, en la que la resistencia anticomunista se mantuvo hasta mediados de los 50), y que los manifestantes muertos lo fueron por disparos de francotiradores de una organización de extrema derecha. Muchos gobernadores regionales del este y el sur de Ucrania, zonas dominadas por el Partido de las Regiones en el Gobierno, han reproducido esta versión, han invitado a la gente a proteger las instituciones regionales de “los extremistas de Ucrania occidental” e incluso han cubierto los edificios con placas de cemento para impedir que “los ocupantes” se apoderen de ellos.

Con semejante retórica, la propaganda gubernamental pretende alimentar la división del país entre este y oeste, que favorece los intereses de Rusia, puesto que el Kremlin considera que Ucrania es un país artificial. Aunque es cierto que Ucrania está formada por regiones diferentes en su legado histórico, su lengua y sus preferencias políticas, y que las protestas de Euromaidan han tenido menos apoyo en el este y el sur del país, ha habido manifestaciones en todas partes, y quienes se concentraron delante de las oficinas de los gobiernos regionales en las ciudades orientales de Dnipropetrovsk y Zaporiyia o en la de Sumy, en el norte, junto a la frontera con Rusia, son habitantes descontentos de regiones que hablan ruso, no “ocupantes occidentales” ni extremistas radicales. El Gobierno ucraniano y sus aliados de Moscú están interesados en calificar a los manifestantes como extremistas para justificar la represión y las medidas violentas ante el resto del mundo.

Euromaidan es en su mayor parte una protesta cívica, no ideológica y no violenta. Ahora bien, como en cualquier movimiento de resistencia contra una dictadura, hay presentes distintos grupos y partidos. El sector radical agrupa a gente de extrema derecha y de extrema izquierda, hinchas de fútbol y personas no adscritas a ninguna ideología que simplemente no creen que sea posible derrocar el régimen con protestas puramente no violentas. El sector de derechas, el ala radical de Euromaidan, tampoco es extremista, ni mucho menos. No llaman a la lucha armada e insisten en que se les incluya en las negociaciones entre el Presidente y la oposición parlamentaria. Y asegura que su propósito es un nacionalismo cívico, no xenófobo y no racista. Entre sus simpatizantes hay ciudadanos del este de Ucrania cuya lengua es el ruso.

¿Y quiénes son entonces los extremistas? Da la impresión de que el propio Gobierno. El Ministerio del Interior, en vez de investigar los casos de agresiones físicas y abuso de la fuerza por parte de la policía, está encubriendo a los acusados de torturas. Durante las manifestaciones, las fuerzas antidisturbios han llevado a cabo detenciones ilegales, secuestros y agresiones a activistas cívicos. En especial actúan contra los periodistas, para intentar ocultar la verdad de lo que ocurre. Los tribunales dictan sus fallos basándose en pruebas falsas y testigos parciales. Algunos miembros del partido en el Ejecutivo y los gobernadores de las regiones orientales pronuncian discursos llenos de odio contra los habitantes de la zona occidental y amenazan con la federalización del país. Matones contratados por el Gobierno y coordinados por la policía atacan a los manifestantes y destruyen sus propiedades. En solo dos meses de protestas, Ucrania se ha convertido en un país de terror policial y represión como no se veía desde que adquirió la independencia. Al menos cinco muertos, tres docenas de desaparecidos, 300 arrestados y 2.000 heridos: este es el precio de la libertad. Los grupos de derechos humanos del país han empezado a documentar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que comete el Estado, con la esperanza de poder llevar un día el caso ante la Corte Penal Internacional de La Haya.

Ucrania no se encuentra en una situación de guerra civil, sino en un conflicto entre quienes desean vivir en un país libre y los miembros de un gobierno corrupto que defienden el statu quo porque les garantiza su inmunidad y su enriquecimiento personal. No es un enfrentamiento entre este y oeste, entre la población de habla rusa y la población de habla ucraniana, no es terrorismo de grupos extremistas contra unas autoridades legítimas y la población pacífica. Es decir, no es lo que al Gobierno ucraniano y a Moscú les gustaría que pensáramos que es. Una guerra civil como la que se libró en 1918-1920, cuando Ucrania formaba parte del Imperio Ruso, es una perspectiva muy extrema y distante, y sería necesario que hubiera una gran escalada de violencia y una inmensa campaña de propaganda para convertirla en una posibilidad real. Aparte de la policía corrupta y los criminales a sueldo, son muy pocos los ciudadanos que estarían dispuestos a arriesgar su vida por proteger al gobierno de Yanukóvich. El Ejecutivo ni siquiera consigue organizar manifestaciones de apoyo a sus políticas sin amenazar con el despido a los empleados del Estado y contratar a manifestantes pagados.

Con el fin de mantenerse en el poder y justificar sus medidas represivas, el régimen de Yanukóvich intenta convencer a todo el mundo de que los millones de ucranianos que se manifiestan son un grupo de extremistas patrocinados desde el extranjero o pagados por la oposición para llevar a cabo un golpe de Estado. El Gobierno emplea un lenguaje bélico para hacer ver que la represión es una actuación pacificadora. Esta postura cuenta con el firme respaldo de Rusia, que quiere presentar Ucrania como un Estado inestable y dividido, que no está preparado para la democracia. Pero los ucranianos no están de acuerdo. Claro que están listos para la democracia, y están jugándose la vida para demostrarlo. “Ofreceremos nuestras almas y nuestros cuerpos para lograr nuestra libertad”, dice el himno nacional, que los manifestantes cantan cada hora desde que comenzó su protesta, hace más de dos meses. Hasta ahora, la represión no ha logrado abatir ese empeño.