Cada vez más mujeres se unen a grupos criminales que disputan territorios en México, lo que aumenta los peligros que estas organizaciones representan. Para frenar esta tendencia y ayudar a las integrantes a dejar estos grupos, las autoridades deben cooperar con la sociedad civil para ofrecer alternativas de subsistencia.
¿Qué hay de nuevo? El número de mujeres activas en las organizaciones criminales mexicanas ha aumentado de manera constante en los últimos años. A menudo, las mujeres consideran que unirse a grupos delictivos es una forma para protegerse de la violencia de género y adquirir el poder y el respeto de los que carecen en el resto de la sociedad.
¿Por qué importa? Los grupos criminales están alimentando la ola de violencia en México. El hecho de que un mayor número de mujeres se unan a sus filas refuerza el control de estos grupos sobre las comunidades y aumenta su capacidad para causar daño. La participación de mujeres en las bandas expone a sus hijos e hijas a nuevas amenazas de violencia y reclutamiento, lo que podría prolongar la crisis de seguridad del país.
¿Qué se debe hacer? Las instituciones estatales y la sociedad civil de México deben trabajar conjuntamente para promover alternativas al crimen organizado para las jóvenes. Idealmente, las iniciativas generarían oportunidades para que las mujeres puedan salir de estos grupos. Los programas de formación laboral para mujeres encarceladas y en centros de rehabilitación para el abuso de drogas también son esenciales.
Intensos relatos personales, informes de medios y el análisis de datos de la encuesta de población privada de la libertad permiten concluir que cada vez más mujeres mexicanas se están uniendo a grupos criminales. A menudo provenientes de entornos pobres y familias rotas, las jóvenes que resultan delinquiendo con estos grupos afirman haber llegado a la delincuencia a través de sus parejas o conexiones que forjaron en puntos de venta y consumo de drogas. Los jefes criminales tienden a valorar a las mujeres porque les parecen competentes, por su respeto a la jerarquía y su habilidad para evadir la atención de la policía. La presencia de mujeres en los grupos ilegales ha fortalecido a estas organizaciones. También ha arraigado más profundamente la delincuencia en el tejido social mexicano y en las familias. Para disuadir a las mujeres y a los menores de dedicarse al crimen será necesario que el Estado y las organizaciones no gubernamentales proporcionen vías alternas para subsistir a través de iniciativas en cárceles, centros de rehabilitación y escuelas, entre otras.
El ascenso de las mujeres al interior de los grupos criminales mexicanos es una sorprendente desviación de la forma en la que tradicionalmente se han relacionado con estas organizaciones. Durante mucho tiempo, las mujeres y sus cuerpos han sido objetivo militar. Cuando los grupos criminales se enfrentan por territorio, es común que recurran a los feminicidios y las “desapariciones” de mujeres (es decir, asesinarlas y deshacerse de sus restos), en parte para demostrar su dominio sobre la zona. Los crímenes contra las mujeres tradicionalmente han aumentado en áreas donde las organizaciones ilegales se disputan el control: en la década de 1990 hubo masacres en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez y, más recientemente las ha habido en Zacatecas, Puebla, Veracruz, el Estado de México y otros lugares donde los grupos delictivos se pelean por el poder.
Pero un número cada vez mayor de mujeres se sienten atraídas por las ventajas que pueden obtener al unirse a una organización criminal. La violencia de género abunda en México, y la reparación judicial es prácticamente nula. Las jóvenes entrevistadas para este documento sufrieron de forma casi uniforme abusos en sus hogares y comunidades. La mayoría señaló que el respaldo de los grupos criminales y el estatus que adquieren dentro de ellos les ofrece protección, reconocimiento e incluso dignidad, además, por supuesto, de ingresos.
Las mujeres suelen caer en la delincuencia a través de conexiones personales. Relaciones románticas con hombres jóvenes involucrados en organizaciones criminales, particularmente como narcomenudistas, jefe de plaza y sicarios, exponen a las mujeres a encuentros con figuras de alto rango en grupos ilegales que pueden llegar a valorar sus habilidades sociales y financieras. Por otra parte, encuentros casuales en torno al consumo de droga pueden conducir a invitaciones para realizar tareas específicas y relativamente menores. Por ejemplo, transportar drogas, servir de vigías o cobrar extorsiones.
También puede haber oportunidades para ascender a puestos más altos en las organizaciones. Las mujeres pueden convertirse en ladronas de coches: las entrevistadas dijeron que se trata de un trabajo bien remunerado y flexible que puede combinarse con el cuidado de los niños. Otras han llegado a ser vendedoras de droga, supervisoras de redes locales de distribución de drogas o sicarias. Al igual que los hombres, entre más alto asciende una mujer en los rangos, más preparada debe estar para torturar, asesinar e infligir otras formas de violencia.
La creciente incorporación de mujeres a los grupos criminales mexicanos tiene consecuencias de gran alcance. El reclutamiento sistemático de estas ha resultado en organizaciones criminales más fuertes y más arraigadas en las comunidades donde operan. Muchas luchan por desvincularse de estos grupos sin provocar represalias violentas. Dado que las mujeres mexicanas suelen desempeñar roles tradicionales como cuidadoras primarias, su participación también tiene un impacto multigeneracional. Cada vez hay más mujeres encarceladas por sus vínculos con la delincuencia; cuando las madres terminan tras las rejas, es más probable que sus hijos adopten una vida delictiva, especialmente cuando carecen de cuidadores alternativos. En otros casos, los hijos ven el estatus y los salarios que sus madres obtienen trabajando en organizaciones criminales y siguen sus pasos.
Para evitar que las mujeres se alisten en grupos criminales, y alentar a quienes ya están involucradas a que se salgan, será necesario comprender cómo se recluta a las mujeres y los desafíos que enfrentan cuando intentan establecer una vida fuera del crimen. Impulsar programas de desmovilización debe ser una prioridad. Para tener éxito, los proyectos deben estar en sintonía con las condiciones del mercado laboral y ofrecer un apoyo integral.
Mayor formación laboral, opciones educativas y atención psicosocial son esenciales para las mujeres encarceladas y consumidoras de drogas, así como apoyo para la reintegración de las que han salido recientemente de prisión. Garantizar la existencia de programas en las comunidades afectadas por la violencia para que las mujeres adquieran habilidades laborales y realicen actividades de ocio (lo que puede ayudarlas a adquirir un sentido de valor y pertenencia) también podría ayudar a prevenir el reclutamiento criminal. Estas iniciativas podrían inspirarse en otras similares que han tenido éxito en América Latina, como el programa de Colombia para la reintegración de combatientes desmovilizados de grupos guerrilleros.
El Estado federal mexicano ya ha creado un impresionante conjunto de instituciones, programas y políticas de apoyo a los derechos de las mujeres, incluido un Plan Nacional de Acción sobre Mujeres, Paz y Seguridad. Sin embargo, es necesario ampliarlos y adaptarlos a las necesidades locales para abordar los factores que llevan a las mujeres a formar parte de las organizaciones delictivas y ofrecer una salida viable a las que deseen desvincularse de ellas. Es posible que las mujeres aún no hayan roto el dominio de los hombres en las cumbres del poder criminal. Pero su rápida incorporación a las filas es una señal sumamente alarmante de cómo el crimen se ha entrelazado en comunidades de todo México. Abordar las causas y los efectos del reclutamiento de mujeres y sus hijos e hijas debe ser parte de los esfuerzos para ayudar al país a frenar la implacable violencia de las últimas décadas.
El artículo original se ha publicado en International Crisis Group.
