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Peces y arrecifes en el mar. Mark Kolbe/Getty Images

La altamar es reconocida como un patrimonio común de la humanidad, sus beneficios y responsabilidades competen a todos los países del mundo, pero los instrumentos internacionales con los que contamos se han mostrado insuficiente para garantizar de facto este principio.

Según datos de Pew Trusts, altamar –los mares que continúan fuera de las jurisdicciones nacionales– supone dos tercios de los océanos de todo el mundo y cubre en torno a la mitad de la superficie terrestre. Además, representa el 95% de los ecosistemas del planeta y los organismos que alberga producen en torno a la mitad del oxígeno de todo el mundo, convirtiéndose en uno de los pulmones de la Tierra junto a las masas forestales, que también se encuentran en peligro. Según WWF, el potencial económico de altamar se cifraría en unos 24 billones de dólares, cifra que debe tomarse con cautela pues el 70% de los océanos aún está relativamente sin explorar.

Dada esta importancia, altamar es reconocida como uno de los bienes públicos globales que son patrimonio común de la humanidad. Esto significa que los mares más allá de las jurisdicciones nacionales no son patrimonio de ningún Estado, sino que sus beneficios y la responsabilidad de su gestión y conservación competen a todas las naciones del mundo. Así se reconoce en el principal tratado internacional sobre los mares, la Convención de Naciones Unidas para el Derecho del Mar de 1982. El entonces Secretario General de la ONU, el peruano Javier Pérez de Cuéllar, definió la Convención como “posiblemente el instrumento legal más relevante de este siglo”, que entró en vigor en 1994.

Pese a esta importancia, altamar se encuentra desprotegida, con únicamente un 1% de toda su extensión bajo protección y con una gobernanza de 21 instituciones diferentes y fragmentadas que velan por su conservación. Esto supone que en torno al 40% toda la superficie de la Tierra se encuentra sin ningún tipo de instrumento de protección para su medio ambiente o su biodiversidad. Esta dejación de funciones se debe principalmente a los intereses de explotación de recursos marinos por parte de algunos países que disponen de la tecnología y los instrumentos para ello y a la ambición de explotar las riquezas de los recursos marinos vivos y minerales.

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Una red con peces en un barco pesquero. Charly Triballeau/AFP/Getty Images

Por ejemplo, en cuanto a la pesca, los navíos de las 10 naciones pesqueras ricas, entre las que se encuentra España, suponen el 71% de las capturas en altamar, mientras que países menos desarrollados no cuentan con el potencial tecnológico y económico para llevar a cabo capturas en estas aguas, amenazando así el principio de patrimonio común de la humanidad. Aun así, menos del 10% de las capturas a escala global se producen en altamar, pero normalmente se realizan con grandes navíos con alto potencial contaminante y que, muchas veces, utilizan prácticas pesqueras dañinas para el ecosistema como la pesca de arrastre. Es decir, un número muy reducido de países muy industrializados es el que se beneficia de la explotación de caladeros en altamar, mientras que sus externalidades negativas serían sufridas por todos los Estados. Por ello, algunas voces de científicos y activistas han pedido que, en lugar de regular la pesca en altamar, lo que debería hacer este tratado es prohibirla directamente, favoreciendo así que la pesca se produzca en caladeros bajo jurisdicciones nacionales, que aumentaría en un 18% y que estaría sujeta a acuerdos bilaterales o multilaterales que aseguren un beneficio común entre las partes.

En lo que respecta a minerales, el fondo marino contiene importantes cantidades de ellos como el níquel, el cobalto, el cobre o el manganeso, que son muy utilizados para la fabricación de dispositivos electrónicos, lo que ha empujado a potencias manufactureras del sector como China o Japón a lanzarse al agua y explotar estos recursos. Además, hoy en día sabemos que el fango del fondo marino es rico en minerales de tierras raras y, por tanto, de gran interés económico. Esto ha empujado a potencias emergentes como India o Brasil a extender contratos de exploración de minerales en el fondo marino.

Sin embargo, no existe ningún tipo de marco transversal global efectivo para crear áreas de protección de los recursos de altamar. La Convención de Naciones Unidas para el Derecho del Mar regula derechos de navegación, límites territoriales, jurisdicción económica, el estatus legal de los recursos del suelo oceánico, la libre navegación por los estrechos, aunque también hace mención a la conservación de recursos marinos y del medio marino. Pese a ello, lo cierto es que la Convención ha tenido un impacto mucho mayor en asuntos de carácter más legal, como la delimitación de los mares territoriales y la libre navegación a través de estrechos internacionales. También fue capaz de crear un instrumento para la resolución de disputas de carácter marítimo, el Tribunal Internacional para el Derecho del Mar, y otro para organizar y controlar las actividades que se realizan en el suelo marino más allá de las jurisdicciones nacionales, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, que han supuesto un importante avance en la gobernanza de los mares a escala internacional.

En lo que respecta a la protección de los recursos marinos, sin embargo, la Convención ha sido menos exitosa. Como ya se señalaba anteriormente, los países más industrializados son aquellos que poseen la tecnología y capacidad económica para explotar estos recursos y, por tanto, pueden amenazar el principio de patrimonio común de la humanidad. En 1994 se llegó a un nuevo acuerdo sobre la explotación de minerales en el fondo marino de altamar, reafirmando el principio de patrimonio común de la humanidad de los recursos minerales del fondo marino, pero permitiendo la explotación moderada de los mismos por parte de aquellos Estados que dispusieran de la tecnología adecuada para ello.

En definitiva, el principio de patrimonio común de la humanidad se ha reconocido formalmente para altamar y se ha reiterado varias veces en la última década. Sin embargo, se ha demostrado que los instrumentos internacionales con los que contamos no han servido para poder garantizar completamente el respeto a ese principio. Los avances tecnológicos y el desarrollo de la economía global han demostrado ir muy por delante de los consensos internacionales, pero precisamente por este motivo la ONU organizó una conferencia internacional a finales de diciembre de 2017 para producir un tratado legalmente vinculante sobre la conservación y el uso sostenible de los recursos marinos vivos en altamar.

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Una campaña para concienciar a los niños sobre la importancia del cuidad de los océanos, Hong Kong. Philippe Lopez/AFP/Getty Images

El trabajo para redactar este tratado continúa, y se espera que concluya en 2020, recogiendo la recomendación de la Convención de Naciones Unidas para la Diversidad Biológica de crear áreas protegidas que cubrieran al menos un 10% de la masa oceánica global en 2020. Actualmente, la cifra es de un 3,6%, pero prácticamente en su totalidad se trata de aguas territoriales, no de altamar. Esto se debe sobre todo a que el conocimiento científico de la biodiversidad marina es mucho más amplio en las aguas territoriales de los Estados, y a que el interés de los países por la protección del medio ambiente y la diversidad es mucho mayor respecto a sus propias costas que a altamar.

Entre el 16 y el 18 de abril de 2018 los Estados miembros de la ONU tuvieron la primera reunión formal para la redacción de este acuerdo y, en septiembre de 2018 se espera que una nueva conferencia que se celebrará en Nueva York sea finalmente donde se comiencen a alcanzar acuerdos sobre medidas concretas para proteger el medio ambiente y la biodiversidad en altamar.

La conferencia global Nuestro Océano, que se celebra cada año desde su primera edición en Chile en 2015, ha sido clave para situar la protección y la explotación sostenible del océano en lo más alto de la agenda política global. Por ejemplo, los esfuerzos de los países más comprometidos como los pequeños Estados insulares en desarrollo, Canadá o la Unión Europea, han hecho que en el último año aumente la concienciación sobre la importancia de mantener nuestros océanos libres de residuos plásticos.

A finales de octubre de 2018, la nueva edición de Nuestro Océano se celebrará en Indonesia, y tendrá como temas principales la creación de áreas marinas protegidas y las amenazas ambientales y climáticas a la sostenibilidad marina. Por tanto, nos encontramos ante una nueva oportunidad para avanzar en la agenda de la conservación de los recursos de altamar. En este caso, la conferencia se celebrará en un momento clave para dar un impulso político al trabajo técnico que ya está realizándose para alcanzar ese nuevo tratado internacional de conservación de la biodiversidad. Pese a que aún se contemplan cuatro reuniones intergubernamentales hasta la finalización del tratado en 2020, la segunda mitad de 2018 puede marcar la diferencia y dar un paso decidido hacia adelante para garantizar que el patrimonio común de la humanidad no es sólo una declaración, sino también una realidad.

En definitiva, el principio de patrimonio común de la humanidad se ha reconocido formalmente para altamar y se ha reiterado varias veces en la última década. Sin embargo, se ha demostrado que los instrumentos internacionales con los que contamos no han servido para poder garantizar completamente el respeto a ese principio.