Los ataques contra hospitales y personal humanitario están convirtiéndose en una estrategia bélica, violando de manera sistemática el Derecho Internacional Humanitario.
A lo largo de los últimos años un gran número de hospitales, colegios y espacios públicos en Afganistán, Siria, Yemen y otros países en guerra han sido objeto de bombardeos frecuentes. Una de las principales causas de este fenómeno se debe a las acciones de determinados ejércitos que, violando el Derecho Internacional Humanitario (DIH), han provocado una disminución del espacio humanitario y del acceso seguro del personal médico a la población civil, así como de ésta a los servicios médicos.
Prestar asistencia a los heridos, independientemente del bando al que pertenezcan, es la filosofía que dio origen al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja hace más de 150 años en el campo de la batalla de Solferino. Según los Convenios de Ginebra en 1949 y sus Protocolos adicionales, así como el derecho internacional consuetudinario, la población civil tiene derecho a no padecer mayores sufrimientos durante los conflictos armados y a recibir asistencia. Y el personal, las instalaciones y los vehículos sanitarios deben ser protegidos quedando prohibidos los ataques contra ellos siempre y cuando desempeñen una labor neutral y traten a todos los pacientes por igual, independientemente de su ideología política, religión u origen étnico. Los ataques dirigidos contra instalaciones médicas pueden suponer un crimen de guerra.
Comunicados reiterados en los últimos meses del Secretario General y los coordinadores humanitarios de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Médicos sin Fronteras (MSF) o el Comité Internacional de la Cruz Roja han reiterado que los ataques contra instalaciones médicas están prohibidos bajo el DIH y han exigido un fin a estos ataques.
Cuatro de cinco
En mayo de 2016, los 15 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptaron de modo unánime una resolución presentada conjuntamente por España, Nueva Zelanda, Japón, Uruguay y Egipto sobre la protección de la asistencia de salud. Esta resolución exige el final de los ataques sobre trabajadores médicos y hospitales en zonas de conflicto y manifiesta la preocupación por las violaciones al DIH, solicitando su cumplimiento y demandando una serie de medidas específicas para ser adoptadas por el Secretario General y los Estados, incluyendo la investigación independiente de incidentes. La resolución no impone ninguna obligación nueva y tampoco se refiere a ningún conflicto específico. Como muchas de las resoluciones que se aprueban de manera unánime en el Consejo de Seguridad, no está siendo respetada.
La paradoja es que cuatro de los cinco miembros permanentes del Consejo que aprobaron la resolución apoyan militar y logísticamente a países y coaliciones que bombardean hospitales, siendo por tanto cómplices. China es en la actualidad el único miembro que no bombardea a nadie.
Sistemas de notificación humanitarios
En los casos de emergencias complejas la Oficina de Coordinación Humanitaria (OCHA) de Naciones Unidas pone en marcha sobre el terreno las llamadas “células de deconfliction” para evitar que las operaciones militares produzcan daños colaterales sobre el personal humanitario. Esto se logra mediante diferentes mecanismos de notificación de coordenadas estáticas y dinámicas humanitarias al interlocutor militar correspondiente. Este tipo de mecanismos están abiertos en terreno a todos los actores humanitarios. El oficial de Coordinación Cívico-Militar Humanitaria de OCHA cumple tareas de enlace entre los actores humanitarios y el punto focal asignado por el lado militar. Las ONG tienen la opción de realizar su notificación a OCHA o directamente a los militares.
La cantidad de información es opcional pero cuanta más se provea mejor. Al menos deben facilitarse: nombre de la organización, datos de contacto, coordenadas geográficas, descripción de los vehículos… Se pueden facilitar también imágenes obtenidas a través de Google Earth. La información estática incluye coordenadas de oficinas, almacenes, alojamiento, hospitales o puntos de distribución. Se debe facilitar la función del sitio (oficina, colegio, sitio de desplazados…) y su función anterior. Hay formatos específicos para compartir información tanto sobre movimientos humanitarios, que pueden incluir convoyes, viajes individuales con ayuda humanitaria, transporte de civiles fuera de una zona de conflicto para su seguridad o por razones médicas, como sobre ubicaciones estáticas. Una vez OCHA recibe la información del actor humanitario la transmite inmediatamente de parte de éste (no puede remitir información anónima). Toda la información debe compartirse según los plazos estipulados. En caso de que haya modificaciones en la fecha, origen, destino, o que la ruta cambie, se deberá realizar una nueva remisión. Los puntos focales de OCHA y del actor militar con quien se comparte esta información se comprometen a no publicar los datos recibidos.
El envío de los datos no garantiza, como venimos viendo desde octubre del año pasado, la seguridad del personal e instalaciones.
¿Errores o un nuevo ‘modus operandi’?
En octubre de 2015 un centro de MSF en Kunduz, Afganistán, fue golpeado durante un ataque aéreo estadounidense causando 42 muertos. Washington ha reconocido el error y emprendido acciones disciplinarias contra los responsables del ataque.
En la guerra civil de Yemen, la coalición de 10 países incluidos todos los del Golfo y liderada para Arabia Saudí, continúa atacando instalaciones médicas. Estados Unidos, Reino Unido y Francia apoyan logísticamente y con inteligencia y han vendido centenares de millones de dólares en armas a Riad desde que empezó la ofensiva.
Las coordenadas humanitarias son regularmente compartidas con todas las partes del conflicto, incluida la coalición saudí, pero el procedimiento de deconfliction parece haber pasado de ser un mecanismo de notificación a uno de aprobación saudí, es decir, con Riad aprobando o denegando movimientos. Mientras la ONU ha realizado numerosos esfuerzos por revertir esta situación, el Ejército saudí no niega la posibilidad de que pueda haber habido algunos daños colaterales o incluso de que a veces se cometan errores, pero insiste que está siendo totalmente escrupuloso en la selección de sus objetivos, respetando las normas de la guerra y haciendo todo lo posible para evitar bajas civiles. Los militares saudíes afirman que cuentan con una lista de no objetivos, que evitan desde la Joint Targeting Cell de Riad. Desde Naciones Unidas y las ONG se confirma que Riad tiene las coordenadas tanto estáticas como de los convoyes humanitarios.
En el caso de los supuestos errores los mismos militares saudíes realizan la investigación de lo ocurrido. Muchas veces concluyen que se ha debido a mala inteligencia o a que los rebeldes hutíes han utilizado el hospital bombardeado. La ONU insiste sobre la necesidad de investigaciones independientes. Los saudíes replican que no hace falta.
Los ataques de la coalición liderada por Arabia Saudí sobre hospitales de Médicos sin Fronteras han continuado. Desde principios de año MSF dice haber mantenido dos reuniones con funcionarios de alto rango de la coalición en Riad para asegurar la asistencia a la población yemení y pedir garantías de que detendrían los ataques a los hospitales. La ONG ha compartido de forma sistemática las coordenadas de los hospitales donde trabajan con todas los actores implicados. Sin embargo, los bombardeos han continuado. Las investigaciones previas realizadas por la Coalición relacionadas con instalaciones de MSF no han sido compartidas con la organización.
En Siria ha habido este año periodos con 300 ataques aéreos en 10 días. Hasta julio la Organización Mundial de la Salud reportó hasta 40 ataques sobre instalaciones médicas en 2016, además del 60% de los hospitales públicos cerrados o sólo parcialmente funcionales. Los ataques del Ejército sirio contra hospitales en Siria han dejado decenas de muertos. Rusia ha venido apoyando bélicamente al régimen de Bashar al Assad. El conflicto en Siria es una guerra sucia donde tanto las fuerzas de Assad como los rebeldes han atacado hospitales. Pero los bombardeos son ejecutados por fuerzas aéreas que los rebeldes no tienen.
Desde 2012 el Ejército sirio no ha respetado el estatus especial de los hospitales, violando el Derecho Internacional Humanitario. Una ley antiterrorista aprobada en 2012 por el Parlamento sirio declaró ilegal toda instalación médica operando en zonas de la oposición sin el consentimiento del Gobierno, convirtiéndolos así en objetivos legítimos de los ataques aéreos de Assad. Desde entonces, clínicas en las zonas controladas por los rebeldes operan en la clandestinidad, a veces en cuevas y sótanos, y se han negado a compartir sus coordenadas por miedo a convertirse en blanco. Los ataques sobre instalaciones médicas están siendo utilizados como arma de guerra por el régimen sirio.
En septiembre de 2014 OCHA operacionalizó un mecanismo de notificación voluntario creado bajo petición de la comunidad humanitaria. Entonces el mecanismo sólo funcionaba para ubicaciones estáticas pero ahora las entidades militares también aceptan información sobre movimientos. Agencias de la ONU y ONG han compartido sus coordenadas con OCHA que a su vez las ha hecho llegar a Rusia, Turquía y a la coalición internacional liderada por Estados Unidos.
Lo arriba expuesto nos permite concluir que los ataques contra instalaciones médicas normalmente no son casuales o daño colateral de operaciones militares. Con frecuencia son intencionales. Finalmente podemos avanzar la hipótesis de un interés por parte de los países que bombardean para que no quede rastro de hospitales que, al fin y al cabo, son los testigos últimos del horror que estas guerras producen.
Actividad subvencionada por la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores
