La intervención de los gobiernos de algunos de los países de Europa del Este para convertir los préstamos en francos suizos −contraídos por hogares y empresas con entidades bancarias− a las respectivas monedas nacionales podría conllevar riesgos importantes como el empeoramiento del clima inversor y daños a la seguridad jurídica.
La obtención de préstamos denominados en divisa extranjera por hogares y empresas de la Europa Central y del Este constituyó una práctica común a mediados de la primera década del siglo XXI. En ese momento, se trataba de una interesante oportunidad, ya que permitía a los agentes endeudarse a unos tipos mucho más reducidos de los que se les habrían aplicado en caso de haber contraído el préstamo en la moneda de su país. En este contexto, los préstamos denominados en francos suizos fueron especialmente utilizados.
No obstante, los préstamos contraídos por hogares y empresas suelen tener una duración de varios años, por lo que la evolución del tipo de cambio o del tipo de interés del país cuya moneda se toma de referencia puede tener efectos negativos tanto para los deudores, que perciben sus ingresos en la moneda local, como para el conjunto de la economía. En efecto, una apreciación de la moneda extranjera o un incremento del tipo de interés del país extranjero incrementarán el importe de las cuotas del préstamo. Ello puede provocar, a su vez, que los deudores reduzcan su consumo o inversión e, incluso, que se vean abocados al impago. En consecuencia, se puede generar un impacto negativo sobre el crecimiento económico y un incremento de la tasa de morosidad, dando lugar a problemas para la sostenibilidad del sistema financiero.
Tensiones financieras
El inicio de la crisis financiera internacional en 2008 y el estallido de la crisis de deuda soberana en la zona euro en 2010 dieron lugar a la apreciación del franco suizo, considerado por la comunidad inversora como valor refugio. Ante esta situación, y con el fin de evitar efectos perniciosos sobre su comercio exterior, en septiembre de 2011 el Banco Central de Suiza tomó la decisión de fijar un tope máximo a la apreciación del franco suizo.
No obstante, ante la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo, el 15 de enero de 2015, el Banco Central de Suiza decidió eliminar el techo a la apreciación del franco suizo. De forma prácticamente inmediata, el franco suizo se apreció un 39% con respecto al euro y al dólar, repercutiendo en las cuotas a pagar por los prestatarios que se habían endeudado en esta moneda y percibían sus ingresos en otra. Miles de hogares de Europa del Este comenzaron a tener problemas para hacer frente a sus deudas, que cada vez eran mayores.
La actuación de los gobiernos
Hungría fue uno de los primeros países en adoptar medidas para paliar la situación de los hogares y empresas que se habían endeudado en moneda extranjera. De hecho, este país no esperó a que el Banco Central de Suiza eliminara el techo a la apreciación del franco suizo, ya que a finales de 2014, pocos meses después de que Fidesz ganara las elecciones, el Parlamento húngaro adoptó una ley por la que se determinaba la conversión a florines (la moneda nacional) de los préstamos hipotecarios denominados en euros y francos suizos al tipo oficial fijado por el Banco Central húngaro el 7 de noviembre de 2014. Además, en septiembre de 2015, el Parlamento ampliaba la medida a los préstamos personales y para adquisición de automóviles.
Croacia, cuyas elecciones se celebraron el pasado 8 de noviembre, aprobó una ley en septiembre de 2015 por la que se preveía la conversión de los préstamos denominados en francos suizos a euros al tipo vigente en el momento de la concesión del préstamo (a diferencia del caso húngaro, en el que el tipo de cambio empleado fue el de mercado). Se trata de una medida llamada a aplicarse con carácter retroactivo, por lo que la entidad de crédito podría llegar a tener que devolver dinero al cliente si se comprobara que, bajo el tipo de cambio aplicado, éste pagó en francos suizos más de lo que le habría tocado pagar si el préstamo hubiera estado denominado en euros.
En el momento de celebración de los comicios polacos el pasado 25 de octubre, las Cortes estaban estudiando un proyecto de ley para decretar la conversión de los préstamos denominados en francos suizos a zlotys (la moneda polaca) de acuerdo con el tipo de cambio oficial vigente el día de la conversión. El debate se centró en el porcentaje del coste de la medida que se atribuiría a la banca: la Cámara Baja consideró que las entidades de crédito deberían asumir el 90% del coste, mientras que la Cámara Alta rebajó la cifra hasta el 50%. Aunque la ley no salió adelante, el PiS, partido vencedor en las últimas elecciones, ha anunciado su intención de proseguir con este proyecto para así aligerar la carga de los 500.000 deudores polacos que se endeudaron en francos suizos.
El Banco Central de Rumanía recomendó a las autoridades rumanas a inicios de 2015 evitar la adopción de medidas que implicaran la conversión de préstamos denominados en francos suizos a lei (la moneda rumana) a un tipo de cambio que no fuera el de mercado, ya que ello podría generar importantes pérdidas en los balances bancarios. A pesar de que el Parlamento debatió en varias ocasiones durante 2015 acerca de la posibilidad de convertir los préstamos denominados en francos suizos, hasta el momento no se ha adoptado ninguna solución legislativa. A nivel privado, el banco Volksbank, recientemente adquirido por el Banco Transilvania, ofreció a sus clientes la posibilidad de convertir los préstamos denominados en francos suizos a lei o euros, opción aceptada por el 83% de los deudores. En cualquier caso, no se puede descartar la adopción de normativa que determine de forma imperativa la conversión de los préstamos, especialmente teniendo en cuenta los recientes acontecimientos políticos en Rumanía.
El clima inversor y la seguridad jurídica
El sistema financiero puede generar importantes externalidades sobre el conjunto de la economía, lo que hace recomendable la existencia de una regulación y supervisión específicas que eviten la aparición de efectos perniciosos. En el caso concreto de la concesión de préstamos en moneda extranjera, la propia Junta Europea de Riesgo Sistémico recomienda a las autoridades supervisoras, entre otras cuestiones, la realización de un control especial o el establecimiento de requisitos adicionales de capital.
Las medidas adoptadas o en proceso de adopción por los países antes mencionados no se encuentran entre las recomendadas por la Junta Europea de Riesgo Sistémico, pudiendo llegar a provocar serios efectos sobre sus economías. Para empezar, el sentimiento inversor puede empeorar, la seguridad jurídica verse dañada y el riesgo país aumentar, lo que puede impedir la llegada o fomentar la salida de inversiones. En segundo lugar, dependiendo del diseño de la medida, la capitalización de las entidades de crédito afectadas puede ponerse en peligro, impactando negativamente en la concesión de nuevo crédito a la economía y lastrando el crecimiento económico.
Indudablemente, si en el caso que nos ocupa, un cliente, afectado por la existencia de información asimétrica, no fue debidamente informado o fue engañado por su entidad de crédito para contratar un préstamo en divisas, el sector público debería intervenir y corregir esta situación. Sin embargo, es difícil pensar que todas las entidades de crédito de la Europa del Este fueron negligentes en cuanto a la prestación de la debida información o que millones de clientes fueron engañados para financiarse en moneda extranjera.
Ante esta situación, de forma preventiva, lo único que le queda hacer al sector público es implementar las recomendaciones de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, imponer obligaciones de transparencia a las entidades de crédito y fomentar la educación financiera para conseguir que hogares y empresas sean más conscientes de los riesgos que corren a la hora de contratar determinados productos financieros. Una vez enfrentados al problema y si no se trata de un caso de engaño o falta de transparencia, debería ser la autonomía de la voluntad de las partes, es decir, la propia negociación entre las entidades de crédito y los clientes, la que determinara la solución a adoptar. No hay que olvidar que las entidades de crédito son las primeras interesadas en evitar los impagos y seguir percibiendo flujos de caja de manera regular.
En conclusión, algunas de las medidas adoptadas por países de la Europa del Este en época pre o post electoral podrían llegar a tener graves consecuencias sobre la estabilidad del sistema financiero y el crecimiento económico. Por ello, conviene evitar medidas populistas que, si bien rentables políticamente en el corto plazo, no pueden sino ser negativas en el medio y largo plazo.
