La guerra contra la corrupción, un problema endémico en el país, empieza a dar sus frutos no solo en forma de detenciones a todos los niveles, sino también sembrando la semilla del cambio en la mentalidad de los ciudadanos rumanos.

Una joven rumana sostiene una pancarta que dice “Abajo con la corrupción” durante una protesta en Bucarest. Daniel Mihailescu/AFP/Getty Images
Una joven rumana sostiene una pancarta que dice “Abajo con la corrupción” durante una protesta en Bucarest. Daniel Mihailescu/AFP/Getty Images

“El primer signo de la corrupción en una sociedad que todavía está viva es ‘el fin justifica los medios’”, decía el dramaturgo francés Georges Bernanos. En Rumanía, los medios hace tiempo que ya no se justifican, y el fin es un objetivo totalmente naturalizado e interiorizado. A pesar de que la campaña mediática rumana pone más énfasis en los políticos, la corrupción seduce a jueces, empresarios, y hasta príncipes, por igual. El arresto domiciliario a principios de diciembre del príncipe Pablo Felipe de Hohenzollern de Rumanía, acusado de tráfico de influencias, blanqueo de dinero y complicidad en abuso de autoridad tras obtener tierras mediante la intervención de un influyente empresario, pone de relieve este problema endémico al que se enfrenta el país. Este caso es el último de una larga serie de detenciones que se han llevado a cabo desde 2014, aunque con mayor énfasis en 2015.

Desde que el actual presidente rumano, Klaus Iohannis, recrudeciera la guerra contra la corrupción, a finales de 2014, se han registrado más de 6.600 casos. Entre estos cuenta también el ex primer ministro Víctor Ponta que presentó por sorpresa su dimisión en noviembre, presionado por las protestas masivas desencadenadas por el incidente del club Colectiv. Su renuncia al cargo representó un hecho histórico, dado que por primera vez desde la caída del comunismo, en 1989, un líder rumano dimitía por la presión popular. Considerado un pez gordo, Ponta estaba perseguido judicialmente desde julio por lavado de dinero, evasión fiscal y falsificación, pero éste se había aferrado al cargo aludiendo que las acusaciones en su contra apuntaban a un periodo previo a su carrera política. Además, los fiscales fracasaron en el intento de investigarle durante su época de primer ministro debido al voto en contra en la Cámara de los Diputados de levantar la inmunidad parlamentaria solicitada por la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA).

La inmunidad parlamentaria está recogida y defendida por el artículo 72 de la Constitución rumana. Conforme a esto, los diputados y los senadores sólo pueden ser imputados, inculpados y/o detenidos con el consentimiento de la Cámara de la que forman parte, en donde se determina “por mayoría de los miembros presentes” si hay pruebas suficientes para anular o no tal privilegio. Este ha sido el abuso  que reiteradamente ha impedido la persecución eficaz de los casos de corrupción en el pasado.

DNA, la institución que más escalofríos produce en la actualidad entre la clase política, fue fundada en el 2003, cuando aún la Justicia no gozaba de una independencia creíble. Sin embargo, no ha sido hasta 2013, con el nombramiento de la actual fiscal jefa, Laura Codruța Kövesi, cuando empezó la persecución ...