Es probable que no exista una región para la que el cambio climático sea una amenaza más grave que el Caribe. Al estar formada, en gran parte, por Estados insulares, éste representa una crisis existencial. Si los países grandes no toman medidas significativas para frenar el calentamiento global, las proyecciones auguran un futuro funesto para la región. De hecho, para 2050, el coste anual de la inacción para el Caribe en daños causados por huracanes, pérdidas en el sector turístico y daños a la infraestructura podrían llegar a los 22.000 millones de dólares. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas ha previsto que, sin intervención, sus efectos probablemente harán que algunas pequeñas naciones-isla se vuelvan inhabitables durante este siglo. Como resultado, la naturaleza disruptiva del cambio climático provocará flujos migratorios a gran escala.
La población de la región del Caribe ya se está moviendo debido a los efectos de un clima más cálido. Según el Centro de Seguimiento del Desplazamiento Interno, solo en 2017 —después de una temporada de huracanes en el Atlántico especialmente devastadora—, casi dos millones de personas se desplazaron internamente en el Caribe. Incluso las conservadoras proyecciones del Banco Mundial sugieren que, para 2050, 216 millones de personas de las regiones más pobres y más vulnerables al clima serán desplazadas debido tanto a eventos de evolución lenta como a desastres naturales repentinos asociados con el cambio climático.
Los pequeños Estados insulares en desarrollo se enfrentan a múltiples peligros naturales, así como a restricciones financieras que limitan sus estrategias para desarrollar su resiliencia y adaptación. Estos factores aumentan aún más su vulnerabilidad en relación con otras regiones. Los efectos asociados con la subida del nivel del mar, los ciclones tropicales intensos, las marejadas ciclónicas, la intrusión de aguas saladas, las sequías, los cambios en los patrones de precipitación y la decoloración de los corales ya están degradando los ecosistemas terrestres y marinos del Caribe, aumentando la inseguridad alimentaria y del agua y estresando las economías regionales y las infraestructuras críticas. De hecho, según el Índice de Riesgo Climático Global 2021, Puerto Rico (1), Haití (3) y las Bahamas (6) son tres de los diez países y territorios más afectados por fenómenos meteorológicos extremos en las últimas dos décadas.
A pesar de haber construido una importante red de acuerdos sobre migración y gestión del riesgo de desastres, otros desafíos —como el impacto del Covid-19— han paralizado significativamente los avances. De hecho, las limitaciones económicas y financieras de larga duración están impidiendo que la región implemente medidas de mitigación, adaptación y resiliencia muy necesarias para atenuar potenciales eventos migratorios a gran escala. Además, al haber más personas en movimiento, los delitos asociados con la migración van en aumento. Los migrantes son particularmente vulnerables a convertirse en víctimas de la delincuencia cuando se desplazan a través de canales ilegales, tienen poco acceso a empleos legítimos y carecen de estatus legal o protección social. El crimen organizado a menudo somete a los migrantes a trabajo forzado, reclutamiento para actividades criminales, abuso sexual y otras violaciones graves de los derechos humanos. La ausencia de rutas migratorias regulares y el escaso control estatal de las fronteras han exacerbado aún más este problema.
Aunque el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (MCG) de 2018 reconoce explícitamente que los efectos adversos del cambio climático están influyendo en los patrones migratorios, no existe hasta la fecha una definición consensuada ni un marco legal internacional que identifique u otorgue protección concreta a las personas que se desplazan debido a, o en el contexto del cambio climático. Establecer una definición es una tarea técnica compleja y también un tema político muy sensible. Por ejemplo, alguien que huye de las crisis económicas y de seguridad de Haití puede ser considerado un refugiado o un migrante económico en lugar de un migrante medioambiental o un refugiado climático, a pesar de que simultáneamente Haití se enfrenta a desafíos relacionados con el clima. Y, ¿cómo llamamos a los bahameños o dominicanos (de Dominica) que se trasladaron a Trinidad y Tobago, San Vicente y las Granadinas o Estados Unidos después de que los huracanes Dorian y María destruyeran sus hogares? ¿Qué pasa también con los aproximadamente 129.000 puertorriqueños que huyeron tras el huracán María al Estados Unidos continental o con los dominicanos (de la República Dominicana) de zonas rurales que migraron a Santo Domingo cuando los efectos del cambio climático devastaron sus medios de subsistencia? ¿Todos entran en la misma categoría?
Migrante medioambiental, migrante climático o refugiado climático son solo tres de los múltiples términos utilizados para describir a este grupo. No obstante, los términos a menudo están mal definidos y se emplean indistintamente a pesar de que su uso tiene diferentes repercusiones legales y políticas. ¿Cuál es entonces la diferencia entre migrantes medioambientales, migrantes climáticos y refugiados climáticos?
A pesar de las diferencias y de la complejidad, creemos que es importante proporcionar un marco a la “migración climática” ya que pone de relieve el singular desafío que plantea el cambio climático para el Caribe y reconoce la naturaleza interrelacionada de las causas del movimiento de personas. A diferencia del término “refugiado climático”, “migrante climático” —introducido por primera vez por la Organización Internacional para las Migraciones— reconoce los diferentes tipos de movimientos de población asociados con el cambio climático, así como los correspondientes motores de ese movimiento, que son dispares y tienden a reforzarse a sí mismos. El Caribe tiene una relación multicausal con la movilidad humana que incluye factores políticos, económicos y sociales, así como amenazas naturales que enredan aún más el nexo entre el cambio climático y la migración. La implantación de un término que reconozca la naturaleza coincidente de estas conexiones permite una mejor comprensión y la elaboración de políticas que tengan en cuenta un fenómeno que empeorará en las próximas décadas.
Aunque la migración climática sigue siendo un proceso fundamentalmente interno, hay una serie de informes que sugieren un aumento de las tendencias transfronterizas. Estudios recientes han demostrado una asociación entre los procesos de degradación ambiental de evolución lenta y la migración internacional tanto en República Dominicana como en Haití. Asimismo, el impacto de huracanes y tormentas tropicales en el Caribe tiene una correlación con un aumento en la migración regular a Estados Unidos. Como resultado, se requerirán nuevos marcos internacionales, regionales y nacionales para regular el movimiento de personas y brindarles protección. Si no se logra proporcionar una definición concreta y un marco legal, se complicará aún más un tema ya complejo.
Los países del Caribe y Estados Unidos —actualmente el principal destino de los migrantes del Caribe—, así como las organizaciones regionales, las instituciones internacionales, las agencias de desarrollo y los legisladores internacionales deben cooperar y coordinarse para desarrollar políticas migratorias que tomen en consideración la compleja red de desafíos que presenta la parte humana de la ecuación. Estos retos exigen soluciones reflexivas e innovadoras. Sin embargo, es inevitable que al construir un conjunto de recomendaciones se toquen, de paso, temas políticamente delicados —que van desde las cifras y procesos de admisión hasta la asignación de recursos y la seguridad ciudadana—. Esto requiere reconocer la necesidad apremiante de ofrecer una puesta al día con visión de futuro de las políticas de inmigración multilaterales para que contemplen los efectos del cambio climático. También será preciso que Estados Unidos, la Unión Europea, China y otras grandes economías reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, cualquier estrategia política sustantiva requiere que los países del Caribe y sus socios consideren medidas de prevención y planificación, así como opciones de gobernanza.
*Para más información, recomendaciones y el análisis del impacto del cambio climático en los pueblos indígenas y tribales del Caribe, se puede consultar el informe completo.
El artículo original en inglés ha sido publicado en Global Americans.
Traducción de Natalia Rodríguez.
