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El Presidente argentino, Mauricio Macri, en una rueda de prensa en Buenos Aires. Juan Mabromata/AFP/Getty Images

La inesperada crisis financiera que ha sacudido Argentina y el acuerdo de rescate con el Fondo Monetario Internacional abren una gran incertidumbre económica en el país suramericano. La fuerte devaluación del peso, la elevada inflación y la previsible recesión avivan las tensiones sociales y prefiguran un horizonte político en el que un renacido peronismo podría complicar la reelección presidencial de Mauricio Macri.

Hay tres siglas que todo argentino mayor de edad lleva grabadas a fuego en su memoria: FMI. Cada vez que un mandatario alude al Fondo Monetario Internacional, se enciende una especie de alarma emocional en una población que ha sufrido como pocas las recetas del organismo multilateral cuando ha tenido que recurrir a un rescate financiero en el pasado. Cuando el presidente Mauricio Macri anunció a primeros de mayo que Argentina volvía a depender del FMI, muchos pensaron en un siniestro déjà vu que ya daban por desterrado. El propio líder conservador había prometido en varias ocasiones que no recurriría al Fondo pese a los desajustes que ya venía mostrando la economía argentina. Pero el grifo del endeudamiento exterior se había cortado ya para un Gobierno que lo explotó durante dos años como si fuera una ubre lechera inagotable: más de 100.000 millones de dólares, uno de esos récords mundiales inconfundiblemente argentinos. La insospechada debacle del peso (más del 20% de devaluación en apenas un par de semanas) y el sinceramiento oficial de la falta de dólares por el abultadísimo déficit exterior han cambiado el humor del país en el peor mes de Macri desde que llegó al poder en diciembre de 2015, y siembran el horizonte de nubarrones económicos e incertidumbre política.

El acuerdo del Gobierno argentino con el FMI implicará -a cambio de un préstamo millonario (50.000 millones de dólares)- la aplicación de estrictas medidas de ajuste fiscal para reducir el déficit público (3,9% del PIB en 2017 sin contar los intereses de la deuda). Ese déficit deberá ir reduciéndose progresivamente hasta quedarse en el 1,3% del PIB para finales de 2019. Macri y su equipo económico ya habían previsto una reducción progresiva del gasto pero ahora reconocen que tendrán que acelerar los tiempos. Antes de que firmara el acuerdo con el organismo que preside Christine Lagarde, la Casa Rosada ya ha mostrado algunas señales de lo que le espera a los argentinos. Hace unos días el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, anunciaba un congelamiento del empleo público para los dos próximos años y medidas de ahorro extraordinarias en toda la Administración. Insuficiente a todas luces para cumplir las nuevas metas de déficit público. El temor de la oposición y los sindicatos es que la letra chica del acuerdo con el Fondo implique sacrificios adicionales para la clase media y los sectores más vulnerables de la población.

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Protestas en contra de un acuerdo entre el Gobierno argentino y el fondo Monetario Internacional, Buenos Aires. Eitan Abremovich/AFP/Getty Images

El salvavidas del FMI genera un amplio rechazo en la sociedad. Según un sondeo de la consultora D’Alessio IROL, un 75% de los argentinos está en contra de que el Fondo vuelva a pilotar la economía del país. Y entre los votantes de la coalición oficialista Cambiemos, un 40% también se opone. ¿Evaluó Macri la reacción social antes de pedir y acordar el rescate? Seguramente, sí. Su Gobierno se caracteriza por un monitoreo casi enfermizo del estado de ánimo de la sociedad a través de continuas encuestas, focus groups y un seguimiento al minuto de las redes sociales. Pero ese descenso de la economía argentina a la segunda división -como interpretó el economista liberal José Luis Espert la llamada al FMI- supone tal vez para Macri su única salida para llegar a 2019 con un colchón financiero que le permita afrontar con tranquilidad un año electoral. En otras palabras, necesita los dólares del único prestamista con que cuenta para llevar a buen puerto su supervivencia política.

Si hasta hace poco se daba por descontada la reelección presidencial de Macri en octubre de 2019, el panorama ha cambiado drásticamente en las últimas semanas. La crisis y el rescate solicitado al FMI han hecho mella en su imagen, que hoy ronda el 26% de aceptación, muy por debajo del 60% que llegó a tener durante el primer año de su mandato (2016), según la consultora Hugo Haime & Asociados. Al líder conservador sólo le salva el hecho de que su tropezón demoscópico no está siendo aprovechado por ningún líder de una oposición peronista que hasta abril seguía a lo suyo, peleándose a cara de perro. De un lado, los partidarios de la ex presidenta y hoy senadora Cristina Fernández de Kirchner, y de otro el peronismo moderado, donde hay varios gallos de pelea (Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, Felipe Solá). En cualquier caso, no habría que olvidar que entre los muchos tópicos de los que se nutre el imaginario peronista, uno de los más socorridos en este momento es la célebre frase de Perón: “Los peronistas somos como los gatos, cuando parece que nos estamos peleando, nos estamos reproduciendo”. La reciente unidad opositora en el Congreso para sacar adelante una “ley antitarifas” que pretendía poner freno a los aumentos desorbitados del gas y la luz es una muestra de lo que le espera a Macri en los próximos meses en un Parlamento en el que Cambiemos no tiene mayoría. El mandatario tuvo que recurrir a la impopular fórmula del veto presidencial para convertir en papel mojado la propuesta opositora.

El peronismo, así como devora a sus líderes perdedores, tiene buen olfato para detectar debilidades entre sus adversarios. Y ahora huele sangre en la Casa Rosada. Hasta ahora Macri transitaba por el poder como un “ángel exterminador” (en palabras del escritor y columnista Jorge Asís) que fulminaba a todo aquel que le podía hacer sombra. Pero su rayo está perdiendo potencia y el peronismo sueña ya con encontrar un líder que lo devuelva al poder, el único ecosistema donde encuentra su razón de ser.

El Gobierno argentino confía en que los créditos del FMI funcionarán como una suerte de espantapájaros para evitar que continúe la fuga de dólares (el Banco Central perdió 11.000 millones de dólares en mayo para evitar una caída todavía mayor del peso), pero los economistas auguran malos tiempos para el país. Los servicios de estudios de los bancos y las principales consultoras de Argentina entregaron hace unos días su último informe mensual al Banco Central con unas previsiones demoledoras: una inflación del 27% para este año (frente al 15% previsto), una economía en recesión durante dos trimestres y una progresiva devaluación del peso. Todo ese panorama macroeconómico va a repercutir en el principal talón de Aquiles de Argentina: la pobreza estructural. La Universidad Católica Argentina (UCA), principal fuente de medición de ese indicador, augura un incremento desde el 25,7% actual hasta el 29%, es decir, se volvería al nivel que encontró Macri cuando desalojó del poder al kirchnerismo. Y se echaría por tierra aquella promesa electoral del ex presidente de Boca Juniors de lograr la “pobreza cero” en el país. Si a ese compromiso incumplido se le une un fracaso en el otro gran objetivo de Macri, reducir la inflación a un dígito para el final de su mandato, su reelección se complica y su suerte dependerá de la capacidad del peronismo para encontrar un candidato de consenso y limpio de corrupción.

La estrategia gradualista de Cambiemos (ajustes progresivos en algunas áreas y mantenimiento del gasto social) no parece haber funcionado. Algunos economistas del oficialismo critican ahora a Macri por no haber realizado mayores ajustes fiscales al principio de su mandato. Es el caso de Carlos Melconian, ex presidente del Banco Nación (principal banco estatal del país) nombrado en su día por Macri. “Boludeaste dos años con las buenas ondas y ahora vas a recoger inflación en la previa de las elecciones”, le espetó en público el economista a su ex jefe hace unas semanas.

Un amplio sector de esa clase media que confió en Cambiemos para acabar con 12 años de gobiernos kirchneristas vive hoy con el agua al cuello por el alto coste de la vida en Argentina, con una inflación interanualdel 25% en mayo, y una pérdida continua de poder adquisitivo de los salarios. Las turbulencias financieras de mayo llegaron además en un momento delicado para Macri, con amplios rechazos sociales por su estrategia de eliminar los subsidios a las tarifas domésticas, lo que ha provocado incrementos desproporcionados de hasta el 1000% en las facturas de la luz y el gas.

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Un hombre mira el cambio del peso argentino en Buenos Aires, mayo de 2018. Eitam Abramovich/AFP/Getty Images

Uno de los mayores aciertos de Macri desde el punto de vista de marketing político fue el de haber generado expectativas entre una mayoría de argentinos. Esa estrategia pareció funcionar hasta octubre pasado, cuando Cambiemos logró una aplastante victoria en las elecciones legislativas de medio término. Siete meses después, la euforia gubernamental se ha derrumbado. Las encuestas muestran estos días que la clase media está dejando de confiar en un Gobierno que le prometió que lo peor ya había pasado y que el progresivo crecimiento de la economía (siete trimestres consecutivos) generaría más empleo y mejores condiciones de vida. Pero la realidad es otra. El agujero del sector exterior (8.5000 millones de dólares de déficit comercial en 2017) ha dejado al país sin dólares suficientes para hacer frente a sus obligaciones y las prometidas inversiones millonarias de capital extranjero nunca llegaron. En su lugar, el Gobierno azuzó la denominada “bicicleta financiera” (ganancia especulativa fácil) que atrajo “capitales golondrina” (de los fondos de inversión que van y vienen y no realizan inversiones productivas) para especular en el rentable mercado argentino de altos tipos de interés. Esa política errada es la que va a condicionar el futuro del mandatario si no logra enderezar el rumbo de la economía en los próximos meses.

Hasta ahora, el Gobierno ha ido lidiando con los sindicatos para conseguir la paz social. Pero esa tregua hace aguas y se avecinan tiempos de movilizaciones y huelgas por la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Una tensión social que a buen seguro será aprovechada por la oposición peronista para tratar de debilitar a Macri.

Ese escenario de conflicto social es el que menos le conviene al Gobierno en un momento en que los ojos de los inversores están puestos en Argentina para medir el grado de confianza en el país. El Presidente tendrá que hacer equilibrios para desactivar la olla a presión de las protestas y al mismo tiempo aplicar los ajustes pactados con el FMI. No lo tendrá fácil. A su favor juega su condición de baluarte del eje conservador en Suramérica, algo muy valorado por Estados Unidos en su cruzada contra la Venezuela de Nicolás Maduro. Varios líderes internacionales han mostrado ya su respaldo a Macri. Y lo seguirán haciendo previsiblemente en los próximos meses. A finales de noviembre, Argentina será anfitriona del G20, una cita en la que el mandatario espera graduarse como líder internacional. Como señala Carlos Pagni, columnista del diario La Nación, el FMI y los líderes de las principales potencias se han erigido en una suerte de “socorristas” de Macri. Pero al mismo tiempo, si la economía no despega, los resquemores que despierta en Argentina el organismo que preside Lagarde pueden convertir ese apoyo en un lastre para el hombre que sueña con volver a derrotar al peronismo en 2019.