La incapacidad de los gobiernos democráticos de resolver el crónico mal desempeño económico argentino ha acabado por erosionar las bases del contrato social. En las elecciones de 2023, la emergencia de un líder extremista, Javier Milei (Libertad Avanza), agrava y añade nuevas dimensiones a los desafíos estructurales que enfrenta el país, poniéndolo bajo la amenaza de una crisis de gobernabilidad.
En diciembre de 2023, la democracia argentina cumplirá cuarenta años de vigencia ininterrumpida. Se trata del período de estabilidad democrática más largo en la historia del país, caracterizado en el siglo XX por “el péndulo cívico-militar” (hubo seis golpes, en 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y, el último, en 1976). La etapa iniciada en 1983 no ha sido fácil, pero las instituciones democráticas han mostrado su capacidad de resistencia a serios ataques institucionales y crisis sociales, políticas y económicas.
Entre los ataques institucionales se cuentan los frustrados alzamientos militares de los años de la transición, tres durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) y uno al principio del gobierno de Carlos Saúl Menem (1989-2001). Alfonsín alentó la realización de una política única de juicio a los militares que ocuparon el poder entre 1976 y 1983, responsables de graves violaciones a los derechos humanos. El Juicio a las Juntas se acompañó de la recuperación del control civil de áreas clave y el pase a retiro de cientos de militares. El malestar del sector y su reacción marcó la década; los alzamientos no fueron menores, algunos duraron días y causaron decenas de muertes. Superados los embates, el legado es contundente: los militares en Argentina ya no son un actor con poder de veto.
Entre las crisis político-institucionales destacan las de 1989 y 2001. En la primera confluyeron el colapso económico y la capacidad de movilización peronista en un escenario de hiperinflación (en 1989 y 1990 la inflación alcanzó el 3079% y el 2314% anual respectivamente). La calma social se restableció con el traspaso de mando anticipado de Alfonsín a Menem y la posterior implementación del plan de convertibilidad (1 peso 1 dólar), que consiguió estabilizar la economía pero destruyó parte de la estructura productiva local y generó altas tasas de desempleo y pobreza.
Cuando el gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001) anunció “el corralito” –retenciones bancarias que afectaron e indignaron a los ahorristas, principalmente clases medias– vino el estallido social. De la Rúa renunció a la presidencia mientras se sucedían tomas de fábricas y protestas masivas que reunieron a los sectores populares con las clases medias (símbolo de una época efímera, el slogan “piquete y cacerola, la lucha es una sola”). Pero no fue el movimientismo de 2001 sino los gobernadores provinciales y el Congreso los que tomaron las riendas de la situación. El Congreso fue el epicentro de la restauración de la gobernabilidad.
Si las dos grandes coaliciones que fueron ganando peso en la Argentina post 2001 canalizaron las demandas ciudadanas hasta 2019, las frustraciones que ambas generaron se vieron incrementadas durante el gobierno de Alberto Fernández, agravadas por la pandemia y un contexto internacional adverso. En ese marco, las elecciones de 2023 amenazan con ser un nuevo momento de quiebre. Estabilizar la economía, restablecer la legitimidad de las instituciones y contener el conflicto social son los tres principales desafíos a los que se enfrenta el país para cerrar con un epílogo sobre la amenaza de ingobernabilidad que pesa sobre su futuro inmediato.
1. Ponerle un horizonte a la economía
La mayoría de quienes estudian la economía, la historia económica y la política argentina coinciden en identificar una tensión originaria que emerge del propio modelo productivo. El agro es el sector económico más eficiente, orientado a la exportación (generador de dólares) y cuyos intereses tienden a colisionar con los de otros sectores productivos, en particular con los de la industria. La transición a la democracia rompió con la vía de (intento de) resolución de esa puja distributiva a través de la intervención militar pero no acabó con las tensiones inherentes en la matriz productiva (el “empate hegemónico”, en los términos del sociólogo Juan Carlos Portantiero).
En la década de 2000, el boom de las commodities permitió una rápida recuperación económica. Las condiciones externas facilitaron el aumento de las exportaciones y la entrada de divisas, creció el empleo y se recuperó y amplió el poder adquisitivo de salarios y pensiones. Según Gerchunoff y Kacef (2016), Néstor Kirchner (2003-2007), que había obtenido un magro 22% en la primera vuelta electoral (Menem, expresidente y nuevamente candidato, sabiendo que perdería, se retiró de la segunda vuelta) optó por fortalecer su posición política en lugar de arriesgar medidas que podrían haber permitido sentar las bases de un cambio estructural fortaleciendo la moneda y aumentando las reservas. Esto debilitó enormemente la capacidad del Estado de resistir el fin del período de bonanza que vendría más tarde. Se fortaleció el proyecto político a costa del proyecto de país.
En las últimas dos décadas, por la vía de la emisión de moneda (especialmente durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015)) y/o el endeudamiento (de forma pronunciada durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019)) el país alterna políticas erráticas que resuelven la conflictividad social a costa de la economía (gobierno de CFK) o no logran ni lo uno ni lo otro (Macri). Como ha señalado la economista Marina Dal Poggetto “casi que la única política de Estado en estos años fue la creación de nuevos pobres y una economía cada vez más dual con un ‘Estado presente’ que compensa con transferencias directas la disfuncionalidad creciente de una economía mediocre en términos colectivos”. Las reformas se han sucedido con orientaciones opuestas (abrir y cerrar la economía, privatizar y estatizar, etc.) generando políticas erráticas y conflictos no sólo a nivel nacional sino también litigios internacionales por estatizaciones, como la de YPF.
En ese marco crítico, hay sectores que viven una ventana de oportunidad. Las reservas de gas (Vaca Muerta podría incrementar en 30% las exportaciones de gas y conseguir la autonomía energética) y el litio (un metal de demanda creciente, menos susceptible a las inclemencias del clima que productos agropecuarios y que genera más empleo) ofrecen oportunidades únicas que sin embargo van asociadas a la necesidad de dar seguridad jurídica, evitar la corrupción y no sólo contemplar y evitar impactos medioambientales indeseables sino también acordar con los sectores afectados. El problema más que de perspectivas económicas o institucionales, es político, de capacidad de negociar y acordar un horizonte común.
2. Recuperar la legitimidad de las instituciones políticas
Mientras otros países de la región vivían estallidos sociales (Chile 2019) o crisis de gobernabilidad generadas por la fragmentación y volatilidad de los partidos (Perú), las instituciones argentinas del siglo XXI han dado estabilidad. Las claves de ese resultado refieren a la estructura territorial (el federalismo, que otorga poder a las provincias), la elección escalonada de diputados (la cámara se renueva por mitades) y senadores (se renueva por tercios) y la función de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO). La distribución proporcional de bancas y la elección escalonada en un sistema federal con partidos nacionalizados pero también con fuerte presencia de agendas provinciales propias hace que el congreso sea representativo de esa diversidad y refleje no sólo la última elección sino las tres últimas. Daba estabilidad al patrón de competencia evitando la concentración de poder.
Las PASO son obligatorias para los partidos y para la ciudadanía. Fueron diseñadas para alentar la resolución de diferencias al interior de los partidos o coaliciones. Los partidos también han mantenido su poderío debido a otras reglas, incluso controvertidas, como la boleta partidaria. En Argentina, los partidos políticos son responsables por la impresión, distribución y fiscalización de las boletas. Con más de 100.000 mesas de votación en todo el territorio, un partido nacional necesita más de 100.000 fiscales el día de las elecciones. Un partido nacional, en definitiva, necesita bases de apoyo en todo el territorio.
Las PASO del 11 de agosto dejaron a Libertad Avanza como el partido más votado, con el 30%, seguido por los bloques Juntos por el Cambio con 28% y Unión por la Patria con 27%. Así, quedó claro que la aparentemente sólida estructura institucional inhibe, pero no impide la aparición de outsiders. Otro dato a considerar es la abstención. En Argentina el voto es obligatorio. Si bien las penalizaciones no son relevantes, lo cierto es que la participación electoral muestra un patrón declinante. En la elección legislativa de 2021 votó el 71% de la población y los dos espacios mayoritarios acumularon el 75% de los votos. Dos años más tarde, con una elección más importante (está en juego la presidencia) todo indica que los bloques dominantes perderán (mucho) peso y la abstención crecerá (en las PASO aumentó 7 puntos). El apoyo a la democracia no ha caído en el país, pero el descrédito de las instituciones es notable y el discurso antipolítica avanza a paso redoblado.
3. Restaurar el contrato social
Los asalariados sindicalizados y las clases medias dieron forma a la estructura de la sociedad argentina desde el surgimiento del peronismo, período en que se produjo la industrialización por sustitución de importaciones (durante la segunda gran guerra europea con impacto global), se ampliaron derechos laborales y comenzaron a fortalecerse los órganos de representación de los trabajadores. Desde los 90, las sucesivas reformas y crisis económicas han ido creando un incipiente mercado informal que tiene correlatos notables en la reconfiguración de la puja distributiva. Ha surgido un tercer sector, los excluidos de los mercados de empleo formal y con baja formación profesional, sectores empobrecidos y vulnerables. La economía social o solidaria generada al amparo de subsidios y planes ha dado de forma excepcional y notable voz a estos sectores (el sociólogo Juan Carlos Torre ha calificado esta excepcionalidad como “pobreza en movimiento”). Las organizaciones sociales se atribuyen la representación de estos sectores como los sindicatos se siguen atribuyendo la representación de los trabajadores formales. Como un pez que se muerde la cola, este sector funciona como rueda de auxilio para contener la pobreza y dar respuesta a demandas, pero es insuficiente para generar el desarrollo productivo que permita una reactivación mientras la inflación hace cada vez más ineficiente la contención de la pobreza a través de los planes y subsidios.
¿Qué ofrece la política? Las elecciones presidenciales de octubre enfrentan modelos girados a la derecha, de ajuste y desplazamiento del Estado. Aunque el peronismo mantenga un discurso ambiguo, Sergio Masa (candidato de Unión por la Patria (UxP) y ministro de Economía con inflación de tres cifras) renegocia deuda y préstamos con el Fondo Monetario Internacional cuya contrapartida es un reordenamiento de las cuentas. Patricia Bullrich (candidata de Juntos por el Cambio, JxC) representa un modelo que se inscribe en el legado fallido del macrismo y del menemismo, y que es resistido por sindicatos y organizaciones sociales. Javier Milei (La Libertad Avanza, LLA) emerge como una figura única que propone el cierre del Banco Central, la dolarización de la economía y medidas inéditas como el reemplazo de la educación pública por un sistema de vouchers para que las familias elijan el colegio al que enviar a sus hijos. Su candidata a la vicepresidencia defiende a los militares involucrados en la última dictadura (la revista británica The Economist ha sido tajante en calificar a Milei como un peligro para la democracia argentina).
4. ¿Peligra la gobernabilidad?
Los tres proyectos en disputa en las elecciones de octubre parecen inaplicables, orientados a un fracaso estrepitoso porque el Estado está quebrado y la sociedad argentina conserva ese formidable poder de veto que hace muy probable que cualquier ajuste no acordado sea contestado con protestas y huelgas. El proyecto de la Libertad Avanza es sin dudas el más peligroso por sus propuestas descabelladas y su discurso autoritario.
¿Peligra la gobernabilidad? Respuesta corta, sí, se mire por donde se mire. No hay riesgo de golpe militar porque en Argentina hace rato que los militares han vuelto a sus barracas. El dilema está en que un eventual (y cada vez más improbable) triunfo de Bullrich anuncia la implementación de propuestas que generarían conflicto social casi inmediato. Un triunfo de Massa no sería muy distinto, porque la economía va en dirección a un mayor aumento inflacionario que hace insostenibles las dinámicas que han mantenido en pie a la coalición de gobierno. Un triunfo de Javier Milei (LlA) invita a pensar en dos posibilidades: que olvide sus promesas de cambio radical por la imposibilidad de llevarlas a cabo; o que se radicalice e intente un golpe institucional. Lo primero sería más de lo mismo. Lo segundo no tiene chances de prosperar. Ninguna provincia es gobernada por su partido, ni en el mejor de los escenarios contaría con una mayoría en diputados o en el senado y no gobernará los dos territorios más poderosos del país que casi con seguridad quedarán en manos de las alas más extremas de la oposición. La Ciudad de Buenos Aires en manos del JxC (donde el primo del ex presidente Macri aparece como claro ganador) y la Provincia de Buenos Aires en manos de UxP (donde el candidato de CFK y actual gobernador Axel Kicillof renovará casi con seguridad). Milei tampoco cuenta con el apoyo de los grandes poderes económicos mientras su aval social parece extremadamente contingente y basado en la bronca más que en la adhesión a sus propuestas.
En la región, presidentes extremistas han contado con apoyo de militares, el Congreso y las élites económicas (Jair Bolsonaro) o con el masivo apoyo popular y la capacidad de controlar instituciones muy débiles (Nayib Bukele). Ninguna de estas condiciones se da en Argentina. ¿Son buenas noticias? Sólo para quien se conforme con muy poco. La incertidumbre es demasiado imponente.
