Un trabajador se manifiesta contra los ajustes impuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Buenos Aires, Argentina, el 14 de septiembre de 2023. (Pablo Barrera/Anadolu Agency/Getty Images)

La incapacidad de los gobiernos democráticos de resolver el crónico mal desempeño económico argentino ha acabado por erosionar las bases del contrato social. En las elecciones de 2023, la emergencia de un líder extremista, Javier Milei (Libertad Avanza), agrava y añade nuevas dimensiones a los desafíos estructurales que enfrenta el país, poniéndolo bajo la amenaza de una crisis de gobernabilidad.

En diciembre de 2023, la democracia argentina cumplirá cuarenta años de vigencia ininterrumpida. Se trata del período de estabilidad democrática más largo en la historia del país, caracterizado en el siglo XX por “el péndulo cívico-militar” (hubo seis golpes, en 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y, el último, en 1976). La etapa iniciada en 1983 no ha sido fácil, pero las instituciones democráticas han mostrado su capacidad de resistencia a serios ataques institucionales y crisis sociales, políticas y económicas. 

Entre los ataques institucionales se cuentan los frustrados alzamientos militares de los años de la transición, tres durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) y uno al principio del gobierno de Carlos Saúl Menem (1989-2001). Alfonsín alentó la realización de una política única de juicio a los militares que ocuparon el poder entre 1976 y 1983, responsables de graves violaciones a los derechos humanos. El Juicio a las Juntas se acompañó de la recuperación del control civil de áreas clave y el pase a retiro de cientos de militares. El malestar del sector y su reacción marcó la década; los alzamientos no fueron menores, algunos duraron días y causaron decenas de muertes. Superados los embates, el legado es contundente: los militares en Argentina ya no son un actor con poder de veto. 

Entre las crisis político-institucionales destacan las de 1989 y 2001. En la primera confluyeron el colapso económico y la capacidad de movilización peronista en un escenario de hiperinflación (en 1989 y 1990 la inflación alcanzó el 3079% y el 2314% anual respectivamente). La calma social se restableció con el traspaso de mando anticipado de Alfonsín a Menem y la posterior implementación del plan de convertibilidad (1 peso 1 dólar), que consiguió estabilizar la economía pero destruyó parte de la estructura productiva local y generó altas tasas de desempleo y pobreza. 

Cuando el gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001) anunció “el corralito” –retenciones bancarias que afectaron e indignaron a los ahorristas, principalmente clases medias– vino el estallido social. De la Rúa renunció a la presidencia mientras se sucedían tomas de fábricas y protestas masivas que reunieron a los sectores populares con las clases medias (símbolo de una época efímera, el slogan “piquete y cacerola, la lucha es una sola”). Pero no fue el movimientismo de 2001 sino los gobernadores provinciales y el Congreso los que tomaron las riendas de la situación. El Congreso fue el epicentro de la restauración de la gobernabilidad. 

Si las dos grandes coaliciones que fueron ganando peso ...