En Venezuela el poder se está escapando de las instituciones estatales y concentrándose en manos de delincuentes, guerrilleros y otros actores no estatales. Cualquier nueva negociación entre el Gobierno y la oposición debe considerar cómo desarmar a estos actores armados irregulares o podrían sabotear un eventual acuerdo.
¿Qué hay de nuevo?
La agitación política, la devastación económica y las crecientes tensiones con países vecinos han creado un ambiente propicio para que grupos armados no estatales, en los que se incluyen las guerrillas colombianas, los sindicatos criminales, los grupos paramilitares y las milicias que apoyan al Gobierno -conocidas como colectivos-, expandan su influencia y presencia en Venezuela.
¿Por qué importa?
Los grupos armados, que llenan el vacío dejado por un Gobierno determinado a resistir la oposición interna, la presión internacional y las crecientes sanciones, anuncian una posible escalada de violencia ante la ausencia de negociaciones. Al mismo tiempo, implican un significativo riesgo de sabotaje de un posible acuerdo político.
¿Qué se debería hacer?
La amenaza para la paz que implican estos grupos debe ser contenida y una prioridad protagónica en futuras conversaciones destinadas a resolver la crisis. Dichas negociaciones deben también incluir al Ejército venezolano. La desmovilización de cada grupo armado requiere un enfoque específico, pero la mayoría debe apuntar a acuerdos que incluyan la aceptación de una salida política integral para el país.
A medida que la crisis política venezolana continúa sin un final a la vista, el poder se escapa del control de las instituciones estatales formales y cae en las manos de los diversos grupos armados irregulares. Detrás de este fenómeno hay diversas causas. Una de ellas, es que la lucha incesante entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y las fuerzas de oposición ha convertido a los órganos estatales en cuerpos partidistas que, o se apoyan en grupos armados o deciden ignorarlos. A ello se suma la devastación económica provocada por la mala gestión del Gobierno, ahora agravada por las sanciones impuestas por EE UU, que ha llevado a numerosos venezolanos a comenzar a desarrollar actividades ilícitas, a veces relacionadas con el crimen organizado.
Al mismo tiempo, la vulnerabilidad de las largas y porosas fronteras ha permitido que las guerrillas colombianas se establezcan en el interior del país. Los diversos grupos armados están lejos de ser idénticos pero si algo tienen en común es que todos están listos para usar la violencia y el control territorial con el fin de lograr sus objetivos y cualquiera de ellos podría sabotear un posible acuerdo entre las fuerzas políticas venezolanas. Su desarme requerirá enfoques específicos pero no hay que olvidar que el objetivo principal debe ser desmovilizar a los combatientes y buscar que acepten un acuerdo que ponga fin a la agonía colectiva de Venezuela.
Guerrillas colombianas, milicias legales al Gobierno, paramilitares y un catálogo de bandas criminales son las que destacan como los principales grupos armados no estatales que en la actualidad operan en Venezuela. Sus métodos, objetivos y afinidades varían enormemente: unos profesan motivaciones ideológicas mientras que otros sólo se interesan por las ganancias criminales; algunos trabajan presuntamente en colusión con las élites gobernantes y otros supuestamente con sus oponentes.
La oposición dirigida por Juan Guaidó y sus aliados internacionales -que ahora suman cerca de 60 países- acusan a todos, menos a los paramilitares de derecha, de complicidad con las fuerzas de seguridad del Estado, el alto mando militar y las élites políticas dentro del chavismo, movimiento que recibe su nombre del difunto presidente, Hugo Chávez. Pero la naturaleza de los lazos entre los grupos armados y el Estado, así como los beneficios mutuos que generan, no siempre son fáciles de identificar. Los choques entre actores estatales y no estatales, que se supone que actúan de manera coordinada, han expuesto los altos niveles de desconfianza que hay entre ellos.
Las conversaciones formales entre entre el Gobierno y la oposición agonizan pero, en caso de que revivan, deben abordar con urgencia la forma de reducir la influencia de los grupos armados irregulares y cómo evitar que arruinen los acuerdos que las partes en disputa puedan lograr.
Cada grupo armado presenta diferentes problemas y, como consecuencia, requerirá distintas soluciones. Por ejemplo, para tratar con las guerrillas colombianas será necesaria una estrecha cooperación entre Caracas y Bogotá, de manera ideal fruto de los esfuerzos del Gobierno colombiano para poner fin a la insurgencia a través de negociaciones dirigidas a una desmovilización general. También se podría persuadir a algunos colectivos para que vuelvan a asumir su papel histórico como mediadores entre Estado y sociedad.
En cuanto a los elementos netamente criminales, varios de ellos también podrían aceptar acuerdos que les permitan evitar un proceso judicial o acogerse a sentencias reducidas al dejar las armas. Las experiencias de otros países de América Latina revelan que estas tácticas, aunque no siempre son fáciles de aceptar, podrían ayudar al Estado venezolano a reafirmar su mandato evitando un mayor derramamiento de sangre.
Este artículo ha sido publicado en su versión original en International Crisis Group.
