Los ocho países de Centroamérica se enfrentan a numerosos desafíos humanos y ecológicos que se refuerzan mutuamente. Con una población total de 182 millones de personas, más de dos tercios de las cuales viven en México, la región presenta diversos retos socioeconómicos. Todos sufren pobreza y violencia relacionada con bandas. Sin embargo, estos problemas no afectan de forma uniforme a todos los Estados de la región.
Los países más afectados por estos problemas también tienden a ser los más vulnerables a las amenazas ecológicas relacionadas con desastres naturales y riesgos hídricos. El caso más evidente es el de una subregión climática conocida como el Corredor Seco, que se extiende a lo largo de una gran franja que recorre cuatro Estados: Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. La frecuencia cada vez mayor de las sequías en esta subregión ha provocado graves alteraciones en las prácticas agrícolas, afectando negativamente a la producción de alimentos. Esto ha elevado los niveles de inseguridad alimentaria y desnutrición, especialmente en las comunidades rurales, lo que a su vez ha generado pobreza y causado migraciones y desplazamientos.
Tres países situados a lo largo de este Corredor Seco —El Salvador, Guatemala y Honduras— forman una agrupación llamada Triángulo Norte de Centroamérica, una denominación basada en sus fronteras compartidas y desafíos sociales comunes. En ellos, han echado raíces organizaciones criminales transnacionales que se aprovechan de la debilidad de las instituciones públicas y de la corrupción para ejercer una influencia importante en la vida cotidiana de los ciudadanos. Estas organizaciones criminales también han producido algunas de las tasas de homicidios más altas del mundo, ya que las bandas rivales luchan entre sí y con las autoridades estatales por el control del territorio.
En el Triángulo Norte, los problemas combinados de pobreza, violencia y amenazas ecológicas han creado un clima general de inestabilidad social durante la última década, forzando a millones de personas a abandonar sus hogares. Esto se ha traducido en desplazamientos internos y externos; uno de cada dos de los desplazados a fines de 2020 en El Salvador, Guatemala y Honduras lo han hecho más allá de las fronteras de su país. La inseguridad alimentaria, la violencia, los desastres naturales y la búsqueda de mejores oportunidades económicas son los principales factores que impulsan los desplazamientos y la migración. Se calcula que más de dos millones de personas han abandonado el Triángulo Norte desde 2014.
Situada entre América del Norte y del Sur, la región incluye los siete países que normalmente se consideran parte de América Central —Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá— además de México. De acuerdo con el último Informe sobre la Amenaza Ecológica (ETR en sus siglas en inglés), tres de los ocho países de la región se enfrentan a niveles altos o extremadamente altos de amenaza ecológica, mientras que uno registra un nivel medio de amenaza y los cuatro restantes tienen niveles bajos.
Los desastres naturales y el riesgo hídrico son las amenazas más comunes en Centroamérica. Dado que muchos de los desastres naturales más graves que afectan a la región están relacionados con el agua (en forma de sequías e inundaciones), de alguna manera estas dos amenazas representan diferentes caras del mismo problema.
A primera vista, puede parecer contradictorio que una región se vea afectada tanto por sequías como por inundaciones. Este fenómeno es un ejemplo de la creciente incidencia de variaciones climáticas asociadas con el cambio climático. Las sequías se han vuelto más frecuentes en la región, pero esta también se ha visto cada vez más afectada por las fuertes lluvias —a menudo de huracanes provenientes del Golfo de México—, que han provocado inundaciones y deslizamientos de tierra. Entre 1980 y 1999, hubo un promedio de 10,2 tormentas atlánticas con nombre cada año, con una media de 5,8 categorizadas como huracanes. En contraste, entre 2000 y 2014, se registró un promedio de 15,3 tormentas al año, con una media de 7,4 categorizadas como huracanes. El año 2020 fue el más activo del que se tienen registros, con 30 tormentas con nombre, 14 de las cuales fueron huracanes. Debido a la violencia y naturaleza destructiva de las tormentas, la mayor parte de las lluvias corren hacia el mar, lo que contribuye muy poco a aliviar la escasez de agua o a mejorar las condiciones de los campesinos de la zona.
Cinco países se enfrentan a amenazas altas o extremadamente altas relacionadas con desastres naturales y estrés hídrico, cuatro de los cuales sufren esas amenazas en ambas categorías.
El riesgo alimentario es la siguiente amenaza más frecuente en Centroamérica. Dos países se enfrentan a niveles extremadamente altos de riesgo alimentario y ambos están amenazados por desastres naturales y riesgo hídrico. Como reflejo de la naturaleza interconectada de estos desafíos, los desastres naturales relacionados con el agua han desempeñado un papel decisivo en la reducción de la producción de alimentos en algunas partes de la región.
Antes de una serie de graves sequías ocurridas entre 2015 y 2019, la seguridad alimentaria en Centroamérica había ido mejorando de manera lenta. Sin embargo, impulsados en parte por la escasez en la producción de alimentos provocada por la sequía, los niveles de inseguridad alimentaria y desnutrición aumentaron de forma sustancial en los años siguientes. Entre 2005 y 2015, por ejemplo, la prevalencia de la desnutrición en los ocho países de la región cayó del 8% al 7,5%. No obstante, esta tendencia a la baja se revirtió y, para 2020, había ya 6,3 millones más de personas desnutridas en la región que en 2015. En 2020, la tasa regional de desnutrición se situó en el 10,6%.
Si bien la vuelta a niveles de precipitaciones más altos en 2020 alivió algo la crisis, las alteraciones sociales y económicas causadas por la pandemia de la COVID-19 —combinadas con una serie de fuertes tormentas que azotaron la región— empeoraron de manera significativa la situación general de la seguridad alimentaria. En consecuencia, la cifra de personas que sufren inseguridad alimentaria se elevó en 2020, creciendo en 17,4 millones con respecto al año anterior, y se calcula que ahora ronda los 67,4 millones. La prevalencia de la inseguridad alimentaria equivale ahora al 37,5% de la población.
La situación de inseguridad alimentaria es particularmente grave en Guatemala. El país registra la peor puntuación ETR de Centroamérica y la tasa de crecimiento poblacional más alta de la zona. Con un total de 18 millones de habitantes, Guatemala tiene la mayor proporción de población indígena de la región, con un 44%, y la segunda mayor proporción de personas que viven en entornos rurales, con un 48%. Se estima que uno de cada dos guatemaltecos padece inseguridad alimentaria y uno de cada seis sufre desnutrición, con graves consecuencias para la salud de la población. La tasa media de retraso del crecimiento es del 49%, con porcentajes superiores al 75% en algunas de las zonas más pobres del país. Estas áreas albergan una gran proporción de la población indígena del país.
Aunque ninguno de los países de América Central se enfrenta a niveles altos de amenaza relacionados con anomalías de temperatura, la gran mayoría afronta un nivel moderado en esta categoría. Todos tienen niveles de riesgo bajos o muy bajos relacionados con el rápido crecimiento de la población.
El espectro de riesgo ecológico al que se enfrenta Centroamérica se puede ver con mayor claridad a nivel subnacional. La región comprende 109 unidades administrativas subnacionales, un tercio de las cuales hace frente a amenazas altas o extremadamente altas.
El Corredor Seco: Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua
Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua presentan los riesgos ecológicos más altos de Centroamérica. La mayor parte de un área conocida como el Corredor Seco se encuentra dentro de sus fronteras, una región de bosque seco tropical que se extiende a lo largo del Océano Pacífico. Durante la última década, este término se ha utilizado cada vez con mayor frecuencia para subrayar la creciente irregularidad de las lluvias en la subregión y diversos desafíos añadidos relacionados con los desastres naturales, la disponibilidad de agua y la seguridad alimentaria. En Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, estas amenazas ecológicas han exacerbado distintos problemas sociales, incluyendo la pobreza, la violencia, los desplazamientos internos y la migración internacional.
Sequía y seguridad alimentaria en el Corredor Seco
El Corredor Seco, cuya población total alcanza aproximadamente los 10,5 millones de personas, se ha visto afectado por sequías recurrentes, así como por lluvias excesivas e inundaciones debidas a cambios en El Niño-Oscilación del Sur, un patrón intermitente de calentamiento y enfriamiento sobre el Océano Pacífico tropical. Los eventos de El Niño se han vuelto más frecuentes en las últimas décadas, contabilizándose seis desde 2000. El de 2014-2016 marcó el comienzo de una sequía que duró hasta 2019.
Las disminuciones de las precipitaciones han tenido un fuerte impacto en las comunidades del Corredor Seco. Se calcula que la zona sirve de hogar a más de un millón de familias que se dedican a la agricultura de subsistencia, y la mayor parte de estas comunidades carecen de sistemas de riego y de captación de agua adecuados. Por lo tanto, tienen una gran dependencia de la lluvia para sus cultivos, que son principalmente de maíz y alubias, los dos alimentos básicos de la región.
Las precipitaciones anuales totales de los últimos años no solo han disminuido, sino que el periodo seco crucial de mediados del verano ha sido más largo y seco de lo habitual, alterando las temporadas de siembra. Debido a esto, se calcula que los agricultores del Corredor Seco han perdido más del 60% de sus cultivos de maíz y el 80% de alubias durante la última década. Si bien la sequía es la principal causa de la pérdida, las inundaciones provocadas por los huracanes también han resultado devastadoras para la región. El desarrollo de mejores sistemas para captar, almacenar y distribuir el agua de lluvia podría ayudar a hacer frente a la creciente irregularidad de sus patrones de lluvia.
Las importantes alteraciones de la producción de alimentos tienen consecuencias nefastas para la seguridad alimentaria en el Corredor Seco. Si los hogares que se dedican a la agricultura pierden la cosecha de una temporada, por lo general no tienen reservas suficientes para comer o vender y sobrevivir hasta la siguiente. A menudo tendrán que recurrir a estrategias de emergencia, como vender algunos de sus activos. Muchos se ven obligados a saltarse comidas o a tomar alimentos menos nutritivos. Al finalizar la sequía de 2014-2019, se estimó que hasta el 82% de esas familias habían vendido sus herramientas agrícolas y animales para comprar comida. En 2019, la sequía y las lluvias excesivas hicieron que 2,2 millones de personas perdieran sus cosechas, lo que dejó a 1,4 millones con una necesidad urgente de asistencia para cubrir sus necesidades alimentarias básicas.
Dentro de las fronteras del Corredor Seco y más allá de estas, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua vieron cómo la tasa media de inseguridad alimentaria aumentaba del 42,2% en el periodo 2014-2016 al 47,5% en 2018-2020, siendo las personas que habitan en entornos rurales las que sufren más riesgo. Más del 85% de los hogares rurales en estos cuatro países se enfrentaron a inseguridad alimentaria en 2021.
Amenazas ecológicas e inestabilidad social en el Triángulo Norte
Los tres países con mayor vulnerabilidad climática a lo largo del Corredor Seco —Guatemala, El Salvador y Honduras— forman lo que se conoce como el Triángulo Norte de Centroamérica. El término se basa en las fronteras compartidas de los tres países, así como su historial de guerra civil y de desafíos actuales relacionados con la pobreza, el desplazamiento interno y la migración internacional. Los países del Triángulo Norte también se encuentran entre los más violentos a nivel mundial y en ellos las bandas criminales transnacionales han aumentado drásticamente en tamaño, influencia y actividad en las últimas dos décadas. Esto ha provocado un aumento vertiginoso de las tasas de homicidio y, en algunos casos, la pérdida de control del gobierno en ciertas áreas dentro de sus territorios. Por todo Guatemala, El Salvador y Honduras, las amenazas ecológicas han agravado estos desafíos sociales.
Pobreza y violencia en el Triángulo Norte
Con un PIB medio per cápita de 7.745 dólares (PPA), los países del Triángulo Norte se sitúan entre los más pobres de América Latina y el Caribe. Cálculos recientes sugieren que para 2030 el coste económico del cambio climático podría alcanzar el 7,2% del PIB en El Salvador, el 5,8% del PIB en Guatemala y el 9% del PIB en Honduras. Además de estos costes futuros, el Institute for Economics and Peace (IEP) estima que en 2020 el coste económico de la violencia fue del 17% del PIB en El Salvador, del 8% en Guatemala y el 14% en Honduras.
Las alteraciones ecológicas también han contribuido a un ambiente general de inestabilidad social en el Triángulo Norte. El Salvador y Honduras sufren una violencia muy extendida e impulsada por redes criminales transnacionales, en particular la banda Calle 18 (M-18) y la Mara Salvatrucha (MS-13). El Salvador y Honduras tienen dos de las tasas de homicidios más altas a nivel mundial, ocupando, respectivamente, el primer lugar, con 52 homicidios por cada 100.000 personas, y el cuarto, con 38,9 homicidios por cada 100.000 personas. Guatemala también tiene grandes problemas con la delincuencia común y presenta la 16ª tasa de homicidios más alta a nivel mundial, con 22,5 homicidios por cada 100.000 personas. El promedio global es de 6,2 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Desplazamientos internos en el Triángulo Norte
Un motor muy importante de la escalada de la violencia en estos países ha sido el desplazamiento humano a gran escala que se ha visto acelerado por las amenazas ecológicas. Dado que la migración a menudo desprovee a las comunidades de sus poblaciones en edad de trabajar, la vitalidad económica de esas comunidades se ve afectada, creando un caldo de cultivo para la actividad delictiva y los conflictos.
A finales de 2020, había 247.000 personas desplazadas internamente como consecuencia de la violencia y el conflicto en Honduras, 242.000 en Guatemala y 72.000 en El Salvador. En 2020, hubo más de un millón de desplazamientos en estos tres países a causa de los desastres naturales. El Salvador cuenta con niveles más bajos de desplazamiento interno y probablemente estén vinculados a la menor proporción de su población que vive en áreas rurales. El 74% de los salvadoreños reside en áreas urbanas, en comparación con el 59% de los hondureños y el 52% de los guatemaltecos.
El Banco Mundial estima que, por toda América Central, para 2050 podría haber hasta 3,9 millones de desplazados internos a causa de la migración climática, y que los migrantes climáticos como proporción de todos los migrantes internos aumentará de aproximadamente el 7,6% en 2020 a un 10,6%. En 2019, el 8% de las familias del Corredor Seco planeaba migrar en respuesta a las difíciles circunstancias.
Migración internacional forzada proveniente del Triángulo Norte
Si bien muchos migrantes rurales del Corredor Seco se trasladan primero a áreas urbanas dentro de sus propios países, el deterioro de las condiciones internas ha provocado que un número creciente emigre al extranjero, con mayor frecuencia a Estados Unidos. Los factores que impulsan la migración internacional reflejan los desafíos sociales, económicos y ambientales que confluyen en la región. En una encuesta de 2018 en una gran “caravana” de migrantes de El Salvador, casi el 52% de los encuestados mencionó las oportunidades económicas como su principal razón para salir del país, mientras que el 18% citó la violencia, el 2% la reunificación familiar y el 28% una combinación de razones. En contraste, en una encuesta de 2014-2016 realizada a migrantes del Corredor Seco, la razón más frecuentemente citada fue “la falta de comida”.
La migración internacional desde el Triángulo Norte ha aumentado sustancialmente en las dos últimas décadas. En 2002, El Salvador tenía una tasa de 351 personas por cada 100.000 que emigraban fuera del país, pero para 2019 ese número había crecido a 1.272 por cada 100.000. Durante el mismo periodo, la tasa creció de 168 a 1.510 por 100.000 habitantes en Guatemala, multiplicándose por nueve, y de 407 a 2.415 por 100.000 habitantes en Honduras, multiplicándose por seis. Se estima que más de dos millones de personas han abandonado el Triángulo Norte desde 2014.
En 2020, el número de personas que se vieron desplazadas a la fuerza a causa del conflicto y la violencia en Guatemala, El Salvador y Honduras buscaron seguridad en el extranjero. Se calcula que 549.000 personas huyeron de estos países y otras 561.000 fueron desplazadas internamente a finales de ese año, según datos de ACNUR y el Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC).
De los desplazados al extranjero, Estados Unidos acogió a más de 430.000 personas, una cantidad mayor que cualquier otro país. Más de 80.000 se establecieron en otras partes de Centroamérica, la mayoría en México, nación que los migrantes centroamericanos deben cruzar para llegar a Estados Unidos.
Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.
