Sin un esfuerzo sostenido, las amenazas ecológicas van a seguir creando emergencias humanitarias y seguramente aumentarán. Cuál es la situación actual, qué tendencias existen y cuáles son las necesidades inmediatas.
Esta es la segunda edición del Informe sobre la Amenaza Ecológica (ETR en sus siglas en inglés), que analiza 178 territorios y Estados independientes. Elaborado por el Institute for Economics and Peace (IEP), el informe abarca más de 2.500 unidades administrativas subnacionales, es decir, el 99,9 % de la población mundial. Evalúa las amenazas relacionadas con los peligros alimentarios, los peligros hídricos, el rápido crecimiento demográfico, las anomalías térmicas y las catástrofes naturales. Estas evaluaciones se combinan después con las mediciones nacionales de resiliencia socioeconómica para determinar qué países sufren las amenazas más graves y tienen menos capacidad de hacerles frente. El documento mira asimismo hacia el futuro, con proyecciones hasta 2050. Hay muchas amenazas ecológicas independientes del cambio climático. Pero este ejercerá un efecto amplificador, causará más degradación ambiental y constituirá el empujón decisivo para que algunos países se hundan en la violencia. Las naciones con más crecimiento demográfico están entre las que más degradación ecológica sufren. La mezcla de poca resiliencia socioeconómica, riesgo ecológico extremo y rápido crecimiento demográfico puede provocar una debacle social. El informe utiliza el marco de referencia de Paz Positiva empleado por IEP para identificar los países sin la resiliencia suficiente para adaptarse o hacer frente a estos vuelcos futuros. Los criterios de Paz Positiva tienen una relación estadísticamente muy importante con la paz y su marco ha permitido prever deterioros sustanciales de esta y un buen crecimiento económico.
La principal conclusión del ETR para 2021 es que existe una relación cíclica entre la degradación ambiental y las guerras. Se trata de un círculo vicioso por el que la degradación de los recursos provoca el conflicto y este produce, a su vez, una mayor degradación de los otros. Para romper el ciclo hay que mejorar la gestión de los recursos ecológicos y la resiliencia socioeconómica. La resistencia y la capacidad de adaptación del sistema socioeconómico, el sistema social, son determinantes para que el resultado sea uno u otro.
Vistas las tendencias actuales, las perspectivas no son prometedoras. La desnutrición y la inseguridad alimentaria no dejan de aumentar desde 2015, un retroceso respecto a la inclinación a mejorar que existía desde hacía mucho tiempo. Los motivos son complejos, pero entre los factores innegables están el elevado crecimiento demográfico, la falta de agua potable y la creciente degradación de las tierras. Basándonos en el número actual de personas que sufren desnutrición y teniendo en cuenta el crecimiento demográfico, IEP estima que el número de personas desnutridas aumentará en 343 millones de aquí a 2050, hasta la cifra de 1.100 millones. Un incremento del 45%.
El ETR para 2021 identifica tres zonas problemáticas desde el punto de vista ecológico, especialmente susceptibles al hundimiento: la franja Sahel-Cuerno de África, desde Mauritania hasta Somalia; la franja africana meridional, desde Angola hasta Madagascar y Oriente Medio y la franja de Asia Central, desde Siria hasta Pakistán. La influencia de la degradación ambiental en el nivel de conflicto queda de manifiesto por la enorme coincidencia que existe entre los países con los mayores niveles de conflicto según el Índice Global de Paz (GPI en sus siglas en inglés) y los que sufren la peor degradación ambiental. Once de los 15 países que afrontan las peores amenazas ecológicas se encuentran en medio de una guerra, y otros cuatro están en grave peligro de sufrir una disminución sustancial de la paz. Entre otros, Afganistán, Yemen, Somalia, Níger, Burkina Faso y Pakistán. Dada la importante relación entre la fragilidad ambiental y las guerras, encontrar una solución para los problemas del acceso al agua potable, la seguridad alimentaria y el crecimiento demográfico en los países sumidos en conflicto contribuirá a mejorar las perspectivas de una paz duradera.
Los países muy resilientes son los más capaces de administrar sus recursos naturales sin dejar de atender a las necesidades socioeconómicas. La Paz Positiva es lo mismo que decir resiliencia socioeconómica, y sus características permiten una mayor capacidad de adaptación. Esas características son mejor gestión del agua, sistemas agrarios más eficientes y la posibilidad de importar alimentos cuando la producción local es insuficiente. Ningún país con un grado muy elevado de paz tiene una mala puntuación en el ETR, lo que confirma la relación entre fragilidad ambiental y conflicto.
Por el contrario, el 80 % de los países con las peores puntuaciones en el ETR están también entre los menos resilientes, lo cual indica que quizá no puedan mitigar los efectos de los rápidos cambios ambientales.
Los 30 países que afrontan la mayor amenaza ecológica albergan a 1.260 millones de personas. Son naciones que reúnen una escasa resiliencia socioeconómica y un nivel entre medio y muy alto de amenazas ecológicas catastróficas.
El número de desplazados por las guerras crece sin parar. A finales de 2020, había 34 millones de personas que habían tenido que abandonar a la fuerza su país natal. De ellos, 23,1 millones, el 68%, procedían de esos 30 países más problemáticos. Si no se invierte la degradación ambiental, esas cifras probablemente aumentarán.
En el lado positivo, el ETR de 2021 muestra que hay 46 países con un nivel bajo de amenaza ecológica, 35 de ellos con un nivel muy bajo. El 89% de estos tienen puntuaciones altas en el índice de Paz Positiva y también un escaso crecimiento demográfico. En 2021, tienen una población conjunta de 1.960 millones de personas, que para 2050 habrá aumentado ligeramente, hasta los 2.180 millones. Son países situados principalmente en Europa Occidental, Norteamérica y Sudamérica.
La inseguridad alimentaria sigue siendo un problema grave y también ha empeorado. Para dar idea de la urgencia de la situación, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) calcula que en 2020 había un total de 2.400 millones de personas, el 30,4% de la población mundial, sujetas a inseguridad alimentaria, un aumento de 318 millones respecto al año anterior. La mayor parte de ese aumento se produjo en tres regiones; el sur de Asia, África subsahariana y Sudamérica, donde el número de personas con inseguridad alimentaria creció en 128 millones, 86 millones y 40 millones, respectivamente.
África subsahariana tiene el mayor nivel de inseguridad alimentaria, con un 66% de la población afectada. También tiene el menor grado de resiliencia social de todas las regiones. Se prevé que en 2050 tendrá una población de 2.100 millones de personas, un 90% más que hoy. Un crecimiento tan rápido es insostenible y podría derivar en cientos de millones más de personas sometidas a la inseguridad alimentaria durante las próximas décadas. Se prevé que 11 países de la región dupliquen su población de aquí a 2050. Los tres países en los que se prevé más aumento son Níger, Angola y Somalia, donde la población crecerá el 161%, el 128% y el 113% respectivamente.
El Sahel es especialmente vulnerable. La región se enfrenta a numerosos problemas complejos y coincidentes: entre otros, agitación social, instituciones débiles, corrupción, gran aumento demográfico y falta de agua y alimentos suficientes. Estos problemas han generado un círculo vicioso por el que la degradación ambiental y el crecimiento demográfico aumentan la probabilidad de conflicto y facilitan el auge de las insurgencias islamistas.
Los efectos de la desnutrición afectan de manera distinta al crecimiento y el desarrollo dependiendo del sexo. Los datos indican que la baja estatura y la delgadez aqueja más a los hombres que a las mujeres, especialmente en África, donde aparecen en el doble de casos para ellos que para ellas.
La relación entre desnutrición y violencia no está bien estudiada, sobre todo en zonas que padecen conflictos prolongados. En particular, es necesario estudiar más a fondo los nexos entre mala alimentación, desarrollo cerebral y control emocional, además de si el hambre puede ser un elemento que empuje a los hombres jóvenes a integrarse en milicias. En 14 países de África subsahariana, más del 10% de los jóvenes tienen una masa corporal muy escasa. Esos mismos países figuran entre los menos pacíficos del GPI.
En 2020, casi 170 países cerraron sus fronteras parcial o totalmente debido a la pandemia de COVID-19. La medida tuvo graves repercusiones en el movimiento y reasentamiento de refugiados. Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en 2020, la cifra de refugiados reasentados o nacionalizados fue la más baja que se conoce. Solo volvieron a su lugar de origen 250.000, frente al promedio anterior a la pandemia por coronavirus de 670.000 refugiados que regresaban. En Europa, Turquía acogió al mayor número de refugiados, 3,9 millones, seguida de Alemania, con 1,5 millones, y Francia, con 550.000.
Este informe analiza y propone una serie de recomendaciones políticas para mejorar la eficacia de las intervenciones y romper los círculos viciosos que existen en muchas partes del mundo. Tres recomendaciones fundamentales son:
Los organismos internacionales necesitan nuevas estructuras integradas que combinen distintas funciones relacionadas con la salud, la alimentación, el agua, la ayuda a los refugiados, las finanzas, la agricultura y el desarrollo, entre otras cuestiones.
Muchas soluciones a los problemas medioambientales pueden generar ingresos. Un ejemplo es el suministro de agua, que puede utilizarse para cultivar alimentos. Si las empresas consiguen obtener rendimientos de inversiones positivas para el medio ambiente, el dinero circulará de forma natural hacia las soluciones. Estas empresas deben ser pequeñas y administradas por empresarios locales. También puede proporcionar ingresos una mejor utilización de las compensaciones de emisión de CO2.
Hay que dar poderes a las comunidades locales. Las estrategias comunitarias para abordar el desarrollo y la seguridad permiten un diseño más eficaz, una aplicación más sencilla y una evaluación más precisa de los programas. Las cooperativas, que tienen un fuerte vínculo con la comunidad, pueden ser un buen sistema, porque ofrecen un mecanismo para compartir los recursos y repartir los costes.
En resumen, las amenazas ecológicas van a seguir creando emergencias humanitarias y seguramente aumentarán si no se hace un esfuerzo sostenido para revertir la tendencia actual. Las amenazas medioambientales son cada vez más pronunciadas y afectan a más gente que nunca. Dotar a todos los países de resiliencia ante esas amenazas será cada vez más importante y para ello es necesaria una inversión sustancial, ahora y en el futuro.
Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.
