El movimiento feminista México toma impulso y camina hacia su ampliación y diversificación. ¿Cuáles son sus principales retos?
La supuesta violación de una joven de 17 años por cuatro policías en Ciudad de México fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de las mexicanas. Miles de mujeres salieron a las calles movidas por una rabia nunca antes vista en una protesta feminista en el país y algunas de ellas reaccionaron aún con más virulencia a la respuesta de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien arremetió contra sus “provocaciones”. El Ángel de la Independencia, emblema de la ciudad, amaneció cubierto de pintadas contra el México “feminicida”. El movimiento feminista ha encendido la llama y trata de empujar el cambio en uno de los países más peligrosos del mundo para ellas, donde son asesinadas nueve mujeres cada día, según estima ONU Mujeres basándose en varios datos oficiales.
El hartazgo
Los feminicidios (así se nombra a los asesinatos por violencia machista en México) han aumentado en los últimos años. Un informe oficial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNPS) reveló un incremento del 104% de los crímenes de esta índole en los últimos tres años. Mientras en 2015 se habían registrado 422 asesinatos de mujeres por razones de género, en 2018 la cifra alcanzó las 861 víctimas mortales. El dato, ya de por sí preocupante, no refleja el mapa completo, ya que no en todos los estados mexicanos el feminicidio está tipificado y estos crímenes se cuentan como simples homicidios, según advirtió el año pasado, como asunto a corregir, el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (CEDAW) de la ONU.
El 66% de las mujeres mayores de 15 años declara haber sufrido algún tipo de violencia o discriminación a lo largo de su vida, pero tan solo cerca del 10% de las víctimas decide denunciar, según la última encuesta sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) en 2016. Ya sea por falta de concienciación, miedo o vergüenza, ellas no pueden o no quieren recurrir al sistema judicial, ya de por sí profundamente deslegitimado por el clima de violencia e impunidad que se vive en el país. El 93% de todos los delitos que se cometen en México queda sin resolverse, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) publicada en septiembre del año pasado. No obstante, las denuncias por violencia de género y violaciones han aumentado en los últimos años, un aspecto que no tiene que ser negativo, ya que revela una menor tolerancia social hacia esta clase de delitos.
Aunque México tiene una legislación contra la violencia de género avanzada en comparación con otros países latinoamericanos, en la práctica, no se aplica. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia data de 2007 fue una de las pioneras en todo el mundo en diferenciar la violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo, pero no termina de plasmarse en el Código Civil y Penal. Además, habitualmente no se les informa adecuadamente, los profesionales que deben atender a las víctimas a menudo carecen de sensibilidad o formación en esta materia y se produce un trato irrespetuoso con las víctimas, según ha documentado Amnistía Internacional.
Por otro lado, las fuerzas del orden del Estado tienen un historial que siembra severas dudas sobre su capacidad para atajar la violencia de género. La supuesta agresión de los policías que encendió las protestas feministas en Ciudad de México es algo habitual. La Policía Estatal, la Policía Federal y el Ejército mexicanos han sido señalados por usar esta agresión como tortura en al menos tres resoluciones internacionales. En 2016 Amnistía Internacional entrevistó a 100 mujeres recluidas en prisiones federales y tras su detención 72 de ellas habían sufrido abusos y 33 violaciones. La cifra da cuenta de hasta qué punto son vulnerables sus cuerpos en el marco de la violencia generalizada que se vive en México.
El resurgimiento del movimiento feminista
Las mexicanas en principio parecían tener un contexto más favorable para la reivindicación, con el progresista Andrés Manuel López Obrador como presidente. Si bien el mandatario siempre tiende la mano para el diálogo –ha anunciado que no reprimirá protestas contra la violencia de género– en los últimos meses ha anunciado la retirada de las ayudas a los refugios para mujeres maltratadas y a las guarderías privadas, para evitar la malversación de los fondos públicos que ha habido en gobiernos anteriores. En el caso de los centros de mujeres ha prometido que el Estado administrará los refugios y atenderá a las víctimas directamente. En el caso de las escuelas infantiles privadas, el plan es repartir el dinero a las familias para que sean ellas las que decidan si dárselo a una escuela infantil o a “la abuelita” que los cuidará “mejor”, según el propio Gobierno. Más de un año después de las elecciones están presentes algunas formas –gobierno paritario– y falta el fondo –no hay un programa o plan integral para combatir la desigualdad de género en todo el país–. Tanto las organizaciones y asociaciones feministas saben que este es un momento de emergencia en el que la presión social puede conseguir cambios importantes.
México es un país con una larga trayectoria en la lucha por los derechos de la mujer que tuvo su primer gran acto en el Congreso Feminista en Yucatán en 1916. No puede decirse que el feminismo sea un movimiento masivo que haya permeado en el país, pero hace unos años tomó otra dimensión gracias a Internet y a la proliferación de las redes sociales. En 2016, horas antes de la primera gran movilización contra la violencia de género en México que llevó protestas a 27 ciudades, las mexicanas llenaron Twitter con sus historias de abuso sexual bajo la etiqueta #MiPrimerAcoso. Dos años después se sumaron a la oleada del #MeToo con casos de acoso en la esfera pública.
Sin embargo, la última movilización masiva en la capital parece haber acelerado el proceso. “La convocatoria surge de un grupo muy pequeño, pero a las marchas acuden mujeres de todas las edades, de muchas clases sociales distintas, de distintas profesiones y posturas políticas, con el interés compartido de que se erradique la violencia contra las mujeres”, explica Lulú V. Barrera, activista feminista y fundadora de Luchadoras, un colectivo que combate los estereotipos de género y la desigualdad en los espacios digitales. El movimiento “se ha extendido cada vez más fuera de ese grupito de mujeres activistas que siempre se movilizan” y, si bien esta ampliación es “positiva”, plantea el reto de encontrarnos frente a un movimiento cada vez más “heterogéneo”, considera la experta.
Dentro de este movimiento están organizándose “varios núcleos” y algunos de ellos se han unido para trazar objetivos y compartir una agenda común, al tiempo que han nacido nuevos colectivos feministas, según explica Barrera. “Lo más importante es esa organización que pueda surgir, independientemente de que ahora mismo existan demandas concretas, que las mujeres empiecen a desarrollar capacidades organizativas entre ellas para reaccionar ante cualquier coyuntura y que se vaya expandiendo la conciencia feminista, que siempre ha estado muy estigmatizada en México. Aunque todo el mundo estaba a favor de la igualdad, casi nadie se atrevía a denominarse feminista”, explica.
A raíz de las protestas de Ciudad de México, se ha creado la Asamblea Feminista Autónoma e Independiente, de alrededor de 120 mujeres, que ya ha emitido un primer pronunciamiento, en el que se definen como “un espacio ajeno al gobierno, a los partidos políticos o a cualquier interés gubernamental, religioso o empresarial”. Sus principales preocupaciones son “el Estado militar y policial” que agrede a las mexicanas en lugar de protegerlas, “el capitalismo neoliberal” que arremete contra diversas formas de vida y contra las mujeres, “los medios de comunicación” que promueven la desigualdad y “una sociedad indolente, de doble moral y cómplice”. También muestran su preocupación por “la invisibilización de la lucha de las madres de las víctimas, la inoperancia de los órganos que investigan las violaciones o la criminalización de las protestas feministas”. El documento es también un llamamiento a las mujeres para unirse a la causa y amplificar la protesta.
Por otro lado, un grupo encabezado por la artista Lorena Wolffer, la abogada Andrea Medina y la investigadora Aimeé Vega organizaron un diálogo entre mujeres que alumbró un documento final llamado Agenda del Diálogo Ciudadano entre Mujeres Todas de la CDMX que contempla cinco ejes principales: la creación de una alerta de violencia de género para a Ciudad de México, una nueva Fiscalía especializada en este tipo de violencia, un plan para los medios de comunicación para incorporar la perspectiva de género y el cese de la criminalización de las mujeres.
Tras las protestas, el Gobierno local realizó unas mesas de diálogo con organizaciones feministas que desembocaron en un paquete de medidas considerado insuficiente para el movimiento, que ha seguido protestando en las calles. Algunas de estas nuevas propuestas son incorporar botones de auxilio en el transporte público, mejorar la iluminación en la ciudad y crear nuevas agencias ministeriales para facilitar los procesos de denuncia.
La oleada de feminicidios de los 90 en Ciudad Juárez impactó a la sociedad mexicana y al resto del mundo, pero muchas décadas después la violencia de género se cobra cada vez más víctimas en el país. A raíz de un caso que ha provocado indignación, el movimiento feminista ha resurgido con gran fuerza este verano y camina hacia su ampliación y diversificación. La veintena de ciudades que replicaron las protestas de Ciudad de México el pasado 16 de agosto hace prever que en otros puntos de México fuera de la capital puedan articularse nuevas fórmulas organizativas que articulen exigencias conjuntas. Como todo movimiento social, la dificultad reside ahora en poner al conjunto de la sociedad mexicana de su parte y articular unas peticiones concretas que lleven tanto al Ejecutivo federal como a los gobiernos estatales a ejecutar planes ambiciosos que permitan revertir el problema de la violencia contra las mujeres.
