Mina de oro en el sureste de Venezuela. Juan Barreto/AFP/Getty Images

La extracción de oro al margen de la institucionalidad en la región es más rentable que el narcotráfico. El negocio aurífero está teniendo un impacto social y ambiental altísimo, creando un problema regional al que los Estados están dando una tardía respuesta.

La minería ilegal se expande por América Latina. La creciente demanda de cobre, estaño, tantalio, wolframio, pero sobre todo de oro, ha multiplicado la aparición de maquinaria minera pesada que, sin permiso y a veces a gran escala, operan en recónditos rincones de la geografía regional, incluyendo al menos 80 áreas naturales protegidas y zonas de amortiguamiento, según apunta la ONG Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

Definir satisfactoriamente minería ilegal es el primer desafío. Aquellos que explotan los recursos minerales sin los permisos necesarios (contrato de concesión minera, licencia ambiental) conforman un grupo muy diverso que demanda distintas estrategias. Pese a que en la práctica, como señala el experto Luis Álvaro Pardo, Estados como Colombia no hacen una diferenciación real entre informalidad e ilegalidad, es clave matizar términos para encontrar soluciones.

Quienes están inmersos en procesos de regulación suelen denominarse mineros informales, una etiqueta que abarca a los que extraen minerales de forma artesanal, sin usar apenas maquinaria o tecnología y en condiciones muy precarias, o a aquellos que operan sin sometimiento al control estatal.

Otras actividades mineras, en cambio, no podrán ser regularizadas porque están asociadas intrínsecamente a la ilegalidad. Algunas incluso están vinculadas a grupos criminales que no dudan en usar métodos violentos como la extorsión, las amenazas o la extracción de minerales en zonas prohibidas.

La llamada “Guerra contra las drogas” lanzada por Estados Unidos y la drástica subida del precio de oro (entre 2002 y 2012 aumentó ...