
Las cifras son ambivalentes, pero la ocupación de Israel a los Territorios palestinos, el bloqueo de la Franja de Gaza y las últimas guerras suponen un precio muy alto.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró no hace mucho que no está dispuesto a aceptar la creación de un Estado palestino, haciendo caso omiso de las resoluciones de la ONU y de las recomendaciones de la comunidad internacional para la solución del conflicto de Oriente Medio. Aunque tras ganar holgadamente las elecciones Netanyahu haya matizado esta treta electoralista, diciendo ahora que lo permitirá siempre que dicho Estado cumpla ciertas condiciones –desmilitarización, cesión temporal del Valle del Jordán, control del espacio aéreo y marítimo– no está nada clara cuál va a ser su estrategia en relación con la ocupación durante esta crucial legislatura.
Cuantificar los costes de la ocupación israelí de los Territorios palestinos no es una tarea nada fácil. En primer lugar, porque se trata de un fenómeno ambivalente. En algunos ámbitos sectoriales presenta un carácter totalmente depredador y parasitario, mientras que en otros resulta simbiótico e incluso beneficioso para los palestinos. Así, mientras que pone a disposición de la potencia ocupante todos los recursos naturales y materias primas ubicadas en los Territorios, también es cierto que el contacto con Israel ha hecho que los palestinos disfruten de unos estándares educativos y de emancipación política y tecnológica bastante superiores a los de sus vecinos jordanos, egipcios y sirios.
En segundo lugar, el cálculo de los costes de la ocupación es complejo debido a la fragmentación territorial y política a la que se encuentran sometidos los Territorios. No tiene nada que ver el régimen de autonomía administrativa con el que cuentan los palestinos de las áreas A y B (que constituyen aproximadamente el 40% de Cisjordania y concentran al 90% de su población); con el de ocupación militar y colonización de las Áreas C (que constituyen el 60% restante de Cisjordania mientras alojan apenas al 10%, en las que se siguen construyendo asentamientos ilegales, los colonos se apropian por la fuerza de los terrenos de cultivo, y el Ejército israelí instala polígonos de tiro); con el del estatus de cuasi ciudadanía del que disfrutan los palestinos de Jerusalén Oriental (con derecho a todos los servicios públicos –educación, sanidad, pensiones– y sociales que les presta el Estado de Israel); con el durísimo bloqueo comercial y las restricciones de movimientos impuestos sobre la Franja de Gaza.
Un tercer problema añadido a la hora de calcular es la falta de estadísticas actualizadas y fiables a partir de las cuales presentar una imagen holística del problema. Pues salvo los estudios de organizaciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, las estadísticas de las fuentes palestinas tienden a magnificar el problema y a realzar su carácter depredador, mientras que las instituciones israelíes tienden a relativizarlo y a presentar sus aspectos más benignos.
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