La experiencia cubana acumulada por decenas de miles de profesionales de la salud en otros países durante las últimas décadas se convierte en un valor añadido en estos momentos y, además de salvar vidas, puede suponer para la isla una oportunidad de aumentar sus ingresos económicos y una ventaja a la hora de negociar en el terreno diplomático.
A las 12 del mediodía del 17 de diciembre de 2014, desde Washington, el entonces presidente Barack Obama pronunciaba su declaración –Raúl Castro hacía lo mismo desde La Habana– sobre el cambio de política hacia Cuba.
En un discurso muy cuidado en que hizo énfasis en fundar un nuevo tipo de relaciones con el pueblo cubano –evadiendo la mención al Gobierno– Obama incluía, sin embargo, una lista de “intereses compartidos” acerca de los que Cuba y Estados Unidos podían promover intercambios en una nueva etapa de acercamiento: “salud, migración, lucha contra el terrorismo, tráfico de drogas y respuesta a desastres”.
Que el asunto de la salud se incluyera en dicha agenda de cooperación entre los dos países, tras más de 50 años de tensiones, y teniendo en cuenta la notable disparidad económica entre ellos, se debió a dos factores esenciales que ambas partes eran capaces de reconocer como necesidades y oportunidades.
En primer lugar, la cercanía física de los territorios y los probables flujos de personas que el propio cambio de política bilateral propiciaría, considerando tanto el tamaño de la población de origen cubano residente en EE UU (1,3 millones en 2017) como el interés creciente de ciudadanos estadounidenses por visitar la isla. En esas circunstancias, la seguridad en términos sanitarios se convertiría en un elemento de atención prioritaria para ambos ...
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