El “estilo propio” que ha marcado los cien primeros días de Lenín Moreno como presidente ha generado una brecha en el seno de Alianza PAIS. La formación de la llamada Revolución Ciudadana se divide entre aquellos que defienden el legado de Correa y quienes respaldan el giro “conciliador” de su sucesor.
“Todo lo desleal y mediocre será efímero”, repite Rafael Correa desde junio. El que fuera presidente de Ecuador durante una década —un récord en este país, que antes de su llegada tuvo 10 mandatarios en 20 años— se ha convertido en el opositor más encarnizado de su compañero de siglas y sucesor: Lenín Moreno, el hombre al que hace cien días cedió la banda presidencial.
La estrategia de diálogo o la lucha contra la corrupción son temas que vertebran el discurso de Moreno, pero también son ejes del conflicto que amenaza la unidad de Alianza PAIS (AP). El hecho de que Moreno compartiera mesa con todos los líderes de la oposición y dirigentes indígenas contrarios a la gestión de Correa, propició las primeras críticas. Algunos, incluido el expresidente, entendieron que con estos acercamientos se estaban “cruzando líneas rojas”. Desconfían de que Moreno esté usando el diálogo para tejer alianzas con grupos de poder que mantuvieron una tensa relación con el anterior Ejecutivo como la prensa privada, sectores bancarios y empresariales e incluso formaciones políticas opositoras.
“El nuevo bloque político de Moreno se está definiendo —explica el doctor en Sociología Política Franklin Ramírez de la Universidad FLACSO Ecuador—. El presidente está traspasando fronteras políticas de la década pasada”.
Desde entonces, la formación que gobierna y que tiene mayoría en la Asamblea se divide, de forma cada vez más evidente, entre leninistas y correístas. La fragmentación de la unidad en AP puede dificultar la gobernabilidad en Ecuador.
El presidente Moreno advirtió el 28 de agosto que no dudaría en convocar una consulta popular si alguien quisiera “obstruir la verdad o poner en riesgo la institucionalidad del país”. Eso podría traducirse en someter a votación un rediseño del Estado ecuatoriano, que, además, podría cerrar la puerta a una futura candidatura de Correa, una reivindicación de muchos opositores. Los principales partidos de oposición, que ya clamaban por un transformación de este calado en sus programas electorales, han anunciado que respaldarían la convocatoria.
La advertencia de Moreno fue contestada por el exministro correísta Ricardo Patiño, que ha dimitido recientemente de sus funciones como asesor presidencial. El político recordó que el Gobierno debe actuar en consonancia con el programa de la Revolución Ciudadana o AP adoptará medidas. La Asamblea cuenta con un recurso legal, llamado muerte cruzada, que permite destituir al presidente y disolver el poder legislativo, siempre que lo aprueben 92 de un total de 137 asambleístas. Incluso si los 74 legisladores de AP se pusieran de acuerdo, necesitarían el apoyo de la oposición.
Si la tensión llega a extremos irreconciliables, los asambleístas de AP podrían dejar de votar en bloque como hasta ahora. Ramírez cree que incluso podrían aparecer nuevas siglas en el escenario político bajo las que Moreno o Correa podrían reagrupar a los suyos: “Si se produce la fragmentación, el presidente tendría incentivos para crear un nuevo espacio político, salvo que reconfigure su alianza con los partidos del centro y la derecha”.
El analista Decio Machado, exasesor de Correa, cree que una ruptura de AP “tendría un alto coste político para ambas partes, pero es un escenario posible si aumenta la tensión”.
El origen de la discordia
La división interna ya se intuía antes de las elecciones del 2 de abril. En el macro evento con el que se presentó su candidatura en septiembre de 2016, Moreno optó por un pequeño distanciamiento estético: mientras Correa y el vicepresidente Jorge Glas vestían el color verde característico de AP, él prefirió ser fotografiado con una camisa blanca. También se diferenciaba en su discurso. Moreno, que fue vicepresidente de Correa entre 2007 y 2013 —cuando cambió su carrera política por un puesto en la ONU—, aterrizó en Ecuador asegurando que gobernaría con “la mano tendida”.
Era el candidato más incómodo para AP, pero también su opción ganadora. El perfil de Glas, quien sería el compañero de fórmula de Moreno, encajaba mejor con la línea del partido, pero los rumores que lo asociaban con sonados casos de corrupción le hundían en las encuestas. El 29 de agosto, esos rumores ganaron peso jurídico: el fiscal general vinculó oficialmente al vicepresidente por un delito de asociación ilícita en la mega trama de corrupción de Odebrecht.
El conflicto latente entre Correa y Moreno no tardó en explotar. Mes y medio después de que Moreno se mudara al Palacio de Carondelet, el expresidente envió un primer aviso en Twitter: “Estrategia de ‘diferenciarse’ no sólo es desleal, es mediocre”. Correa esbozaba así el argumentario que ha ido desarrollando desde entonces en redes sociales, donde sabe rentabilizar su presencia.
La concesión de una sede en comodato otorgada por Moreno a la CONAIE, principal organización indígena y con la que el expresidente había roto relaciones, fue el detonante de un conflicto contenido. La postura reformista del actual presidente frente a leyes insignia de Correa como las relativas a Educación o la Ley de Comunicación encolerizó al exmandatario y polarizó a AP. Aunque Correa había dejado claro que su principal opositor era la “prensa corrupta”, como calificaba a menudo a los medios privados, Moreno se reunió con ellos para mejorar las relaciones. Además, los principales dirigentes de los medios públicos, considerados afines al expresidente, han sido despedidos.
Ante la insistencia de que es un “traidor”, Moreno ha explicado que no concibe la lealtad “como la que se tiene en la mafia”. Con un irónico tuit, el presidente intentó zanjar el primer round: “Síndrome de abstinencia: reacción provocada por la reducción o suspensión brusca de una sustancia de la que se tiene dependencia como el azúcar, el alcohol, las drogas…o el poder”. Desde entonces, varios cargos de AP han salido al paso para pedir moderación o para dejar claro con quien simpatizan.
“No es serio decir que Moreno es un traidor. Es prematuro”, considera Machado. “Ha hecho un cuestionamiento a determinadas políticas anteriores, pero no una crítica a la totalidad del programa de la Revolución Ciudadana”.
Correa cumplió su promesa de marcharse a Bélgica al terminar su mandato, pero no parece que tenga intención de retirarse de la política. Siempre crítico con Moreno, sigue tuiteando y escribiendo sobre Ecuador con asiduidad. Ha realizado además dos Enlaces Ciudadanos (el formato televisivo que presentaba mientras fue presidente) a través de Facebook Live. Nadie olvida que, aunque suele decir que no tiene intenciones de volver a ser presidente, no descarta hacerlo si la situación lo demanda.
La corrupción como campo de batalla
La lucha contra la corrupción ha sido sin duda una de las principales causas del divorcio entre correístas y leninistas. Desde que a finales de 2016, Estados Unidos alertara de que Ecuador habría recibido 33,5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, la corrupción ha estado siempre presente en la actualidad política del país.
Los sectores estratégicos (petróleo, minas, energía o telecomunicaciones) han sido los más golpeados por las actividades ilícitas. Por el momento, hay 17 personas implicadas —incluidos ocho exministros (algunos prófugos) y el excontralor general— desde que Moreno asumiera la presidencia. Cuando las sospechas contra Glas adquirieron más fuerza, el 3 de agosto, el jefe del Ejecutivo le despojó de todas las funciones que le había encomendado aunque, por ser un cargo electo, no le pudo obligar a dimitir. Ahora, la Fiscalía investiga oficialmente al vicepresidente por asociación ilícita en el caso Odebrecht.
Debido a que la cámara legislativa debía aprobar el proceso legal contra el vicepresidente, que por su cargo goza de protección especial, la presión se trasladó a los asambleístas. No se ha podido contemplar el verdadero alcance de la división en la bancada oficialista, ya que el propio Glas pidió a su formación que facilitara su aprobación. Aún así, antes de que AP levantara el fuero a Glas, sus compañeros de filas tuvieron un debate interno en el que algunos aprovecharon la ocasión para cuestionar las pruebas presentadas por la Fiscalía.
Las múltiples alusiones a “JG” o “Jorge Glas” en las investigaciones son algunos de los elementos que investiga la Fiscalía. Además, un delator de la constructora brasileña asegura que Glas recibió al menos 14 millones de dólares de forma ilegal a través de su tío, ahora en prisión. Su familiar dice en un audio: “Necesito plata para la campaña de Vidrio [en inglés, glass]”.
La toma de posiciones más drástica contra la descorreización de las políticas de Moreno llegó de tres históricos de AP: los asesores presidenciales, Ricardo Patiño y Virgilio Hernández, y la responsable de Gestión Política, Paola Pabón, dimitieron de sus funciones. El gesto contó con el apoyo de la secretaria ejecutiva de AP, Gabriela Rivadeneira, que ha destacado la “dignidad” y “coherencia” de sus compañeros.
Correa cree que la Fiscalía ha vinculado a Glas “sin prueba alguna”. Compara el caso con el impeachment a la expresidenta brasileña Dilma Rousseff. El aún vicepresidente asegura que ha sido apartado por denunciar supuestos pactos de Moreno con opositores y considera que se ha traicionado la Revolución Ciudadana, que ganó “con un plan de gobierno, con una ideología, no solamente con construir casas". Glas ataca así una de las propuestas estrellas de Moreno: el plan ‘Toda una vida’.
La deuda heredada
La situación financiera del país también ha hecho chocar frontalmente a las dos facciones. Si el correísmo se despedía asegurando que a pesar de la crisis mundial, el terremoto de abril de 2016, la apreciación del dólar y la caída de los precios del petróleo, entregaba un país en recuperación, Moreno no tardó en asegurar que no existía tal “mesa servida” y que heredaba un país endeudado y en una “situación crítica”.
El anuncio abre la puerta a posibles ajustes, lo que debilitaría el apoyo a Moreno, quien ganó unas apretadas elecciones gracias a una campaña en la que hizo mucho énfasis en mejorar las políticas sociales. “Hay señales de que el programa político de AP está quedando en un segundo plano y de que Moreno está creando uno propio —explica Ramírez—. En el manejo de la economía sí que puede haber saltos más drásticos respecto al programa de Correa en la última década”.
Además de atacar la poca mesura económica de su antecesor, Moreno también ha destacado que ahora en Ecuador “se respira libertad”. Afirmaciones como esta conectan con las tesis de los sectores anticorreístas que definieron el periodo anterior como hiperpresidencialista y que sostienen que en el país se ha criminalizado la protesta social. El guiño a los movimientos sociales, como ecologistas e indigenistas, ha derivado en indultos a activistas. La relación con estos grupos puede mejorar en algunas áreas (Moreno no es un opositor frontal al aborto, como sí lo fue su antecesor) pero en otras, como la explotación de los recursos naturales, no tendrá un apoyo entusiasta.
Por el momento, la estrategia de Moreno le ha valido un aumento de popularidad de 10 puntos porcentuales en estos cien días: el 76,5% de los ecuatorianos apoyan su gestión, según la encuestadora Cedatos. Ahora, la gran pregunta es cuánto apoyo real tiene en su formación, en su gabinete y en la Asamblea. Y por cuánto tiempo.
