He aquí una radiografía de todos los actores, instrumentos y dinámicas que articulan la vigilancia y la represión que están llevando a cabo, valiéndose de la digitalización y la revolución tecnológica, los gobiernos de la región.
Los levantamientos populares de 2011 y la pandemia por la covid-19 fueron los principales catalizadores para que múltiples gobiernos en el mundo incorporaran la digitalización y la inteligencia artificial en sus estrategias de seguridad. Aunque esto se trata de un fenómeno global, el caso particular de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) destaca porque las prácticas de recopilación de datos biométricos, la geolocalización y manipulación de la opinión pública se combinan con las características históricamente autoritarias de un Estado policial que ha invertido grandes sumas de dinero en sus agencias de inteligencia para apaciguar opositores políticos y líderes sociales.
Esta situación está produciendo hoy en día diversas prácticas no solo restrictivas o intimidatorias de la libertad, sino también preventivas de las actividades en línea. Este fenómeno, que en conjunto pone en peligro la privacidad y la seguridad de los propios usuarios, se define como un “autoritarismo digital” y generalmente es ejecutado por ministerios de inteligencia, seguridad o comunicaciones, siempre con el soporte técnico de actores privados nacionales e internacionales.
Un nuevo discurso adoctrinador
Una de las primeras manifestaciones de este fenómeno es la emergencia de un nuevo discurso que circula en la esfera pública árabe tanto en los espacios clásicos como la radio y la televisión como en los teléfonos inteligentes y sus aplicaciones, videojuegos y redes sociales. Se trata de una narrativa oficial que contiene una apología al Estado, a sus aparatos de seguridad y defensa, así como a sus antiguos y nuevos líderes que son proyectados como el futuro de la nación. Material como Saudi Strike Force o fenómenos como el Electronic Flies se combinan con contenido personalista, nacionalista y patrimonialista en plataformas informativas como Al Arabiya, Al Jazeera o Emirates 24/7, donde se elaboran textos multimodales dirigidos principalmente hacia jóvenes y adolescentes que, en la visión de las elites gobernantes, necesitan reforzar su identidad nacional a través de la resignificación y memorialización de los valores fundacionales del Estado. Así, de manera cotidiana, millones de jóvenes no sólo están expuestos a contenidos propagandísticos, sino que se vuelven parte de ellos mediante lo que el profesor estadounidense Roger Stahl denominó como "militainment", es decir, una combinación entre militarismo, seguridad nacional y entretenimiento.
Lo anterior funciona como una pedagogía que educa a jóvenes audiencias a través de una producción masiva de propaganda y noticias falsas, la cual va acompañada de un fuerte componente de censura como el clásico elemento autoritario que se aplica contra quienes se resisten a consumir estas nuevas ideas o bien contra quienes actúan en contra de ellas. En países como Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU), la tecnología de vigilancia se intensificó bajo este esquema en la última década y ahora es un elemento fundamental para la nueva estrategia de seguridad. La evidencia para este argumento lo constituyen casos como el expediente UAE-94 o la sentencia para Ahmed Mansoor, quien fue declarado culpable por “difundir información falsa y dañar la reputación y la armonía nacional” en EAU en 2011. En el caso saudí, el caso del periodista opositor Jamal Khashoggi es tal vez el caso más representativo, aunque algunos organismos internacionales reportan “decenas de miles” de casos similares dentro del país.
El papel de las compañías de tecnología
Si bien la vigilancia gubernamental y el espionaje no son un fenómeno nuevo en la región, lo que resulta innovador es que el autoritarismo digital está dando origen a una nueva arquitectura de la vigilancia que está proyectando un mercado cercano a los 425.000 millones de dólares de cara a 2030.
Por ejemplo, con gastos por encima del 6% de su PIB, Arabia Saudí muestra que no solo ha adquirido todo tipo de programas de seguridad tipo spyware, drones de última generación y tecnología de reconocimiento facial, sino que también ha impulsado sus propias compañías de seguridad como Loop Tech o Sat Microsystems que cuentan con alianzas con actores similares en Israel, Rusia, China y Estados Unidos. Ante esto, es necesario recordar que Riad, a través de la Visión 2030, priorizó la construcción de un complejo de seguridad informática en proyectos como NEOM o The Line a los cuales el príncipe heredero saudí, Mohamed Bin Salman, apostó las bases de una nueva economía digital y con las cuales pretende mejorar la reputación internacional que se ha erosionado después de una serie de acusaciones por la operación del sistema de espionaje Pegasus al lado de otros gobiernos como Bahréin y EAU.
Sobra decir que países vecinos han hecho lo propio. En el caso de Catar, la organización de la Copa FIFA 2022 representó uno de los mayores retos logísticos de seguridad e inteligencia por lo que, con auxilio de conglomerados como Adax Business Systems o Qatar Security Services, el emirato instaló más de 15.000 cámaras con tecnología de reconocimiento facial, además de una serie de proyectos polémicos como “Mystery”, “Falconeye” o “Pickaxe”, los cuales, con ayuda de drones, furgonetas o personas encubiertas, fueron capaces de interceptar señales de redes wifi, grabar videos en secreto y reconocer automáticamente las matrículas de los vehículos, además de monitorear datos de teléfonos móviles cercanos o interceptar llamadas telefónicas.
Por su parte, EAU se propuso la meta de hacer de Dubai “la ciudad más segura del mundo” con ayuda de conglomerados locales como Etisalat. En esta dirección, la iniciativa Policía sin policías de 2018 se convirtió en un proyecto polémico para defensores de derechos humanos porque implicó la operación de alrededor de 10.000 cámaras de vigilancia con soporte de inteligencia artificial, lo que vulnera la privacidad de cualquier persona. Aunque países como Qatar o EAU aspiran a convertirse en la punta de lanza de la seguridad pública a escala mundial, el hecho de inundar de cámaras sus respectivos territorios sin garantizar la protección de los datos de los usuarios genera serias preocupaciones sobre cómo no se utiliza la tecnología como un elemento de protección ciudadana, sino como una arma política que evalúa tanto la conducta de las personas como sus inclinaciones políticas, económicas, sociales o culturales.
El crecimiento de la población penitenciaria
Una parte importante para comprender la estrecha relación que existe entre la economía digital y el futuro de las elites gobernantes en el CCG es subrayar que los gobiernos de la región no han abandonado las técnicas clásicas de vigilancia y castigo. Éstas, por el contrario, se han fortalecido, tal como lo muestra el aumento de la población penitenciaria, la violación de sus derechos humanos y el constante clima de asedio contra personas que pueden representar una amenaza para los gobiernos. De acuerdo con el Arab Center Washington D.C., en la última década en países del Golfo, y otros como Egipto donde hay cerca de 60.000 presos políticos, se ha gestado una “atmósfera específica contra una generación de jóvenes, activistas, profesionales de la sociedad civil, blogueros, creadores de contenido, defensores de los derechos humanos, periodistas y otros que han sido arrestados, encarcelados y, en muchos casos, torturados a medida que los autócratas regionales refuerzan el control del espacio público.
En los últimos años, el incremento de la población de presos políticos y la gravedad de las condiciones que enfrentaron los activistas de la llamada “primavera árabe” ha permitido hablar de la “generación de la cárcel”. De acuerdo con Prison Studies, tan solo en el área del CCG se presentó un aumento considerable en la población penitenciaria, siendo Arabia Saudí el caso más dramático al pasar de 47.000 a alrededor de 68.000 prisioneros, muchos de ellos de nacionalidad india. Con excepción de Omán, donde hubo una reducción del 36% en el mismo indicador, todos los países presentan en los últimos 10 años una subida del número de presos y de acusaciones de violación de derechos humanos en sus procesos penales.
En este tenor, es necesario recordar que Bahréin encarceló a más de 3.000 manifestantes después de los levantamientos populares de 2011, cuando exigían reformas para otorgar a la mayoría chií mayores derechos políticos en el país. Muchas de las figuras de dicho movimiento fueron sometidos a juicios en los llamados Tribunales de Seguridad Nacional, mientras que otros han sido monitoreados constantemente por sus actividades de defensa de los derechos humanos, tal como ha sido el caso de del abogado Mohammed al Tajer, quien descubrió que su teléfono habría sido intervenido en múltiples ocasiones desde septiembre de 2021 por un cliente gubernamental de NSO Group, un fabricante israelí de spyware.
Por su parte, la ONG Human Rights Watch reportó en 2022 que las autoridades kuwaitíes siguen utilizando las disposiciones del código penal y las leyes de delitos cibernéticos para restringir la libertad de expresión y enjuiciar a grupos disidentes, en particular a los bidun, una comunidad de apátridas que reclaman la nacionalidad kuwaití mientras el Gobierno criminaliza sus actividades políticas. Sobra decir que en julio de 2021, Jaber al Sayer, un poeta y activista kuwaití, fue arrestado por las autoridades por “insultar al Emir” y “difundir noticias falsas” en Twitter. Y a pesar de que el Centro de Derechos Humanos del Golfo informó de su posterior liberación, las autoridades utilizaron su caso para hostigar a otros activistas que defienden los derechos de la comunidad bidun y que denuncian actos de corrupción que vinculan a la familia real.
La búsqueda de una hegemonía regional
A la par de lo anterior, la promoción de comentaristas progubernamentales y la censura de sitios de Internet o noticieros críticos de los sistemas de gobierno respectivos son una constante en los países del CCG. Y es que después de la desaparición de líderes influyentes en el mundo árabe como Hosni Mubarak, Muammar Gadafi o Sadam Husein, las tecnologías digitales funcionan también como una forma de producción de hegemonía cultural en la que líderes como Mohamed Bin Salman, Mohammed Bin Zayed o el propio sheik Tamim se autoproyectan como los nuevos rostros que están sustituyendo a la vieja guardia árabe, aprovechando una coyuntura donde pretenden crear formas emergentes de autoritarismo y militarismo como bases fundamentales del poder clientelar y patrimonialista que han cultivado por años, ahora a través de la digitalización de la política cultural. Este nuevo orden digital también aspira a llegar a las audiencias árabes más allá de las fronteras de cualquier país del Golfo y crear condiciones favorables de poder simbólico para una buena recepción de sus megaproyectos estratégicos, pese a la sistemática y peligrosa limitación de las libertades civiles.
En 2017 los problemas entre Catar y algunos de sus vecinos del Golfo (que, de hecho iniciaron por un supuesto hackeo a sitios de noticias cataríes) provocaron una estrategia mediática de mutua satanización y bloqueos selectivos de noticieros y programas de entretenimiento, así como de ejércitos de bots en aplicaciones como Twitter y otros programas interactivos. El incremento de los servicios de ciberseguridad provocó que fenómenos como el estado de emergencia, la suspensión de derechos civiles y el aumento de espionaje también se usaran para librar el conflicto interno en el CCG, lo que provocó una ruptura de relaciones entre Catar y el llamado “cuarteto árabe”, las cuales volvieron a la normalidad apenas hace unos meses en 2023.
Todo ello también se encuentra atravesado por la fuerte competencia entre los gigantes de la tecnología en China y Estados Unidos, quienes buscan mercados para abastecer a estos y otros gobiernos de programas actualizados e infraestructura cada vez más sofisticada en el ámbito de la seguridad y la vigilancia. Relacionado con esto, es sabido que compañías como Microsoft y Google enfrentan críticas a medida que avanzan sus planes para establecer centros de almacenamiento en la nube en Arabia Saudí. Además, la competencia de estas empresas con sus homólogas chinas a menudo genera otro tipo de conflictos a nivel geopolítico con los gobiernos que colaboran con dichas compañías, lo cual está abiertamente relacionado con la guerra comercial que hay entre Washington y Pekín. Por ejemplo, el investigador James Shires reporta que en 2020 Estados Unidos advirtió a EAU que confiar en Huawei implicaría un fuerte riesgo de romper su relación estratégica de largo plazo, incluida la comunicación entre sus respectivos ejércitos. A este tipo de negociaciones se suman compañías israelíes, iraníes, turcas y otros conglomerados transnacionales que intentan mantenerse a la vanguardia de este mercado.
Nueva ola autoritaria
El hecho que estos gobiernos inviertan tiempo y dinero en la recopilación de datos biométricos hace pensar que el control social mediante la digitalización ahora es tan importante para la estabilidad nacional como lo ha sido históricamente la renta petrolera.
En este sentido, y de acuerdo con intelectuales como Shoshana Zuboff, estamos ante la emergencia de una nueva ola autoritaria en el mundo que, en el caso específico de Medio Oriente, está coadyuvando a formar un bloque político que comprende gobiernos, empresas de tecnología y conglomerados de información, entretenimiento y armamento que busca el mantenimiento del statu quo que emergió en el marco de la pandemia de 2020, aprovechando la reclusión masiva de las personas en sus hogares.
El teletrabajo y otras actividades económicas fueron tan solo el comienzo de una era digital donde la creación de contenidos y la vigilancia se tornaron como bases sólidas de las actuales estructuras de poder, que día tras día producen nuevas formas de hegemonía cultural impulsadas por las industrias antes mencionadas, las cuales se perfilan como las ganadoras después del estancamiento económico que provocó la pandemia de 2020 y la crisis de precios causada mayoritariamente por los efectos del actual conflicto bélico entre Rusia y Ucrania donde, por cierto, artefactos como los drones, la desinformación, el sensacionalismo y la censura han sido centrales en cada uno de los días desde que comenzó la guerra.
No es casual que los países más ricos de la región estén diversificando sus rentas energéticas en proyectos relacionados con la economía de un capitalismo digital. Y justamente por tratarse de una inversión de alto riesgo, la misma historia del capitalismo ha mostrado que es imposible separar la emergencia de un nuevo orden económico de un orden securitario que, en el caso abordado, está emergiendo de la mano de un nuevo complejo industrial-militar-digital que está cambiando al mundo en la llamada era de los datos.
