El presidente de Colombia, Gustavo Petro, saluda al líder del ELN, Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán, durante una ceremonia para dar comienzo a un alto el fuego de seis meses como parte de un proceso para iniciar una paz permanente entre el ELN y el gobierno en Bogotá, Colombia, el 3 de agosto de 2023. (Sebastián Barros/NurPhoto via Getty Images)

El actual cese al fuego entre la guerrilla y el Gobierno colombiano enfrenta importantes desafíos que podrían echar a perder el complejo proceso de diálogo.

Hace unos días acudíamos a una de las imágenes, hasta el momento, más importantes del proceso de negociación entre el Gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), comenzado a finales del pasado mes de octubre. El mandatario progresista, Gustavo Petro, y el jefe del equipo negociador de la guerrilla, “Pablo Beltrán”, daban luz verde al comienzo del cese al fuego que, por seis meses, ha de acompañar al proceso de diálogo que transcurre actualmente y, con ello, al mecanismo de participación por el cual la sociedad civil ha de ser partícipe de dicho proceso. 

Este diálogo de paz, con mucha diferencia, es el que más ha avanzado en las últimas cuatro décadas en Colombia. Sólo con Ernesto Samper, en 1998, y con Juan Manuel Santos, en 2016, se había conseguido identificar un punto de partida y una cierta hoja de ruta por la que dirigir los esfuerzos negociadores con la guerrilla fundada en 1964. En el primer caso, la imposibilidad de la paz devino, en buena parte, por las dificultades gubernamentales derivadas de la afectación del “Proceso 8.000” —resultado de la entrada de cuatro millones de dólares provenientes del Cártel de Cali a la campaña presidencial de Samper—. En el segundo caso, la falta de condiciones reales para negociar, especialmente, se encontró del lado de un ELN superado por las contradicciones internas y la falta de compromisos reales, a su vez soliviantados por una coyuntura de inminente llegada del uribismo, tal y como sucedió a partir de 2018.

Tras los cuatro años ominosos de la presidencia de Iván Duque, caracterizada por sus reservas a implementar integralmente el Acuerdo de Paz suscrito con las FARC-EP y ofrecer nulas políticas de afectación y transformación respecto de los condicionantes que soportan el conflicto armado colombiano, la presidencia de Gustavo Petro, no sin dificultades, ha sabido reconducir la situación. Retomando la senda de las conversaciones con el ELN, se logró la recuperación de la agenda de seis puntos negociada en marzo de 2016, lo cual se suma a una interlocución más política que militar, un fuerte acompañamiento internacional y la búsqueda de espacios de legitimación interna en la sociedad colombiana, cuyo alcance y significado están todavía por conocerse.

Son muchas las cuestiones que este cese al fuego y este mecanismo de participación ciudadana van a ayudar a resolver. En primer lugar, los 180 días comprometidos con ausencia de acciones armadas serán fiscalizados por un Mecanismo de Monitoreo y Verificación del cual ...