Cómo los gobiernos pueden jugar un rol fundamental en la previsión global de soluciones innovadoras.
La innovación y el emprendimiento social se han convertido en procesos bien establecidos para desarrollar soluciones a problemas sociales y ambientales prevalentes. La innovación social es, en palabras de los investigadores M. A. West y J. L. Farr, “una solución nueva a un problema social que es más efectiva, eficiente, sostenible o justa que las soluciones existentes y que genera valor para la sociedad en general”.
El emprendimiento social es una manera común de ejecutar innovaciones sociales, en este caso ofertando productos y servicios y lanzando una organización nueva para ello. Un ejemplo de emprendimiento social en España es ComGo, que usa blockchain para dotar de transparencia a sectores como la alimentación o las farmacéuticas. Identificaron una innovación, la aplicaron a un fin social y la ofrecen en forma de servicios, para lo que han creado una organización. Las empresas sociales se suelen financiar, al menos en parte, con ingresos generados por la venta de esos productos y servicios, con modelos de negocio inteligentes que les permiten sostener sus operaciones sin limitar por precio el acceso a sus servicios a aquellos que los necesitan. Bridge for Billions, otra empresa social española, ofrece sus servicios online de apoyo a emprendedores en todo el mundo de manera accesible y no selectiva. Por otra parte, cobra el uso de su software a organizaciones que tienen recursos para pagarlo, financiando así el servicio para quienes tienen menos poder adquisitivo. No todas las innovaciones sociales se ofrecen a través de empresas sociales, pero todas las empresas sociales parten de una innovación social.
En los últimos años han surgido aceleradoras, incubadoras, fondos de impacto social, laboratorios y premios centrados en inspirar el nacimiento de tales iniciativas. Como resultado, miles de personas con gran talento están creando nuevas y mejores formas de abordar una amplia variedad de temas que van desde el acceso a la educación, la atención médica o la participación cívica. Sin duda, una buena noticia. Sin embargo, frente a la miríada de soluciones que están naciendo a pequeña escala, las palabras de Thulsi Ravilla, director ejecutivo de Aravind, resuenan más fuerte que nunca: “Tanto si hablamos de cuidados cardiológicos como de educación, la pregunta fundamental es: ¿Cómo lo ofrecemos a todas las personas?”
Las críticas a las limitaciones del Estado cuando se trata de innovar son habituales. Lo más que desde el sector de innovación social nos atrevemos a esperar de él es que elimine burocracia y facilite la financiación de los proyectos. Sin embargo, no debería sorprendernos que la innovación no sea la principal habilidad del Estado. Necesitan maximizar el impacto del dinero de los contribuyentes, y la innovación es intrínsecamente una actividad arriesgada con resultados inciertos. Dicho de otro modo, no estamos seguros de querer que el gobierno experimente con el dinero de nuestros impuestos. Sin embargo, hay algo en lo que por definición el Estado es especialmente bueno: en la provisión universal de servicios públicos. Para eso fue creada la administración pública. Su propia naturaleza ofrece al Estado la posibilidad de tener un papel protagonista en multiplicar la escala de las innovaciones sociales.
Gobiernos de todo el mundo comparten la intuición de que tienen un papel que desempeñar en el proceso de la innovación social. El Reino Unido ha lanzado UK Big Society Initiative, que intenta crear un mercado de bonos de impacto de 1.000 millones de libras antes de 2020. En Canadá, el centro MaRS para la inversión de impacto, junto con el Gobierno de Ontario, ha lanzado SVX con el objetivo de buscar oportunidades de inversión con impacto social. La Oficina de Innovación Social y Participación Cívica de la Casa Blanca lanzó US Community Development Finance Institution, con el objetivo de reunir 20 dólares de fondos privados por cada dólar del Gobierno estadounidense. MOSTI, en Malasia, ha prometido un fondo de 7,3 millones de dólares para acompañar a fondos privados en sus inversiones con impacto social. Todas estas iniciativas inyectarán efectivo en las empresas sociales, ayudándoles a crecer. Pero, ¿no tendría mucho más impacto que el Estado se centrara en hacer lo que mejor hace? Es decir, proporcionar a través de su propia estructura acceso universal a las mejores soluciones ya validadas por los innovadores sociales.
¿Cómo logran startups (empresas emergentes) con productos/servicios comerciales multiplicar exponencialmente el acceso a sus soluciones? En gran parte a través de fusiones y adquisiciones con grandes corporaciones. Así es como se hace en el sector privado. Las grandes corporaciones están en una búsqueda permanente de innovación. En palabras de David Fogel, director de aceleración de Wayra UK de Telefónica: “si no innovas, mueres”. Junto con la estrategia tradicional de apostar por los procesos internos de I + D, cada vez más empresas han comprendido que la innovación interna es muy arriesgada desde el punto de vista financiero y la complementan con distintas fórmulas de innovación abierta. Una de ellas son las aceleradoras corporativas. En ellas, las corporaciones establecen departamentos cuyo deber es buscar sistemáticamente startups cuyas soluciones encajen con los desafíos de la empresa. Una vez que éstas han sido identificadas, la corporación compra las soluciones ya validadas y las incorpora a la cadena de valor de la compañía. De esta manera, las soluciones que inicialmente se ofrecían a miles de personas se ponen a disposición de millones en todo el mundo. Las startups hacen lo que mejor saben hacer: innovar y probar. Las corporaciones hacen lo que mejor saben hacer: desplegar a lo grande. Los emprendedores consiguen rentabilizar el esfuerzo que hicieron al lanzar sus proyectos y están listos para su próxima aventura. Todo el mundo gana.
Este camino tan natural en el sector privado lamentablemente no está disponible para emprendedores/innovadores sociales. ¿Quién podría estar interesado en adquirir sus soluciones ya validadas para desplegarlas a gran escala? ¿Quién podría incorporar esas soluciones sociales a su propia cadena de valor y procesos? En la actualidad, los emprendedores/innovadores sociales y los fondos de inversión que los apoyan en las fases iniciales tienen pocas estrategias de salida, lo que lleva al estancamiento del sector. El Estado está en una posición privilegiada para llenar este vacío. La provisión universal de servicios públicos básicos está entre sus misiones fundamentales y tiene la capilaridad necesaria para avanzar en esa misión. Este enfoque para la innovación pública, iniciativas públicas de innovación social abierta, es más barato y de menor riesgo que la I+D interna, y es a la par más potente. Con un programa de innovación abierta, las empresas/organismos públicos pueden conocer e incorporar soluciones ya probadas y adaptadas a las necesidades de su población. Estas soluciones pueden identificarse tanto a nivel internacional como a escala local. Mantener un radar internacional activo abre un espectro más amplio de oportunidades, pero requiere un equipo dedicado para hacer adaptaciones a las especificidades locales antes de darles escala. La adquisición e impulso de soluciones locales de innovación social potenciaría los ecosistemas de innovación social nacionales. Además, tiene la ventaja de apoyarse en soluciones creadas a partir de la comprensión de la cultura local y la regulación específica del país, región o ciudad.
El diseño de un programa de innovación abierta requiere un enfoque caso por caso, dadas las particularidades de las regulaciones nacionales y regionales en lo que respecta a relaciones con el sector privado y los proveedores. Ya hay algunos ejemplos de iniciativas de diferentes gobiernos que, sin ser completas, caminan en esta dirección. El gobierno de Dinamarca tiene una unidad de innovación social llamada Mindlabs, que ofrece a los ministerios de Educación, Empleo e Industria apoyo en el diseño de mejores servicios público. Por otra parte, los gobiernos de Reino Unido, Australia o EE UU usan los Bonos de Impacto Social (también llamados Payment-for-Success bonds o Pay-for-Benefits bonds) para movilizar fondos privados hacia empresas sociales y ONG, ofreciéndose como pagador final en caso de que se alcancen métricas de impacto social previamente pactadas. El esquema de los bonos de impactos social está aplicándose en otros entornos, si bien no todos los marcos regulatorios se adaptan igual de bien a esta solución. En resumen, cualquier diseño de un esquema público de innovación social abierta debe garantizar que el Estado deje de ser el pulpo en el garaje de la innovación social, y se centre en lo que hace mejor: poner su capacidad al servicio de la universalización de las innovaciones sociales. De acuerdo con su naturaleza propia, el sector público puede ser un gran potenciador de valor social, utilizando para ello las innovaciones sociales que la propia sociedad genera.
