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El grupo de activistas "Somos 2.047″ protestan por la esterilizaciones forzosas que llevó a cabo el gobierno de Fujimori en Perú. Fotoholica Press/LightRocket via Getty Images

Aunque sobre el papel de las leyes y tratados internacionales se tipifique como violación de derechos humanos que puede constituir tortura o un acto de genocidio, este tipo de técnicas sobreviven en la práctica.

En lugar de atajar las causas de los problemas sociales, se ataca a las personas que los sufren. Ante realidades como la delincuencia o la pobreza, ha habido quienes han planteado que la solución radicaba en impedir, por la fuerza y de forma permanente, que ciertos grupos de la población puedan tener hijos. Ciertos grupos que suelen pertenecer a comunidades en riesgo de exclusión o marginalidad, en realidades muy alejadas de quienes quieren tomar la decisión por ellos

Tomando como partida las ideas del británico Francis Galton, quien proponía, influido por las teorías de su primo Charles Darwin, que se debía fomentar la natalidad de ciertas personas para conseguir una población genéticamente superior, la eugenesia ganó terreno en Estados Unidos a principios del siglo XX. Sus partidarios se obsesionaron en impedir que ciertos grupos se reprodujeran y fueron ampliando los factores que querían erradicar. Delincuentes o simplemente todo aquel que se considerara “inferior” se convertía en objetivo, en “no apto”. Eran esterilizados forzadamente. Estos experimentos también encontraron cobijo en países como Suecia o Japón.

La derrota de la Alemania nazi enfrentó al mundo con el horror disfrazado de ciencia que había llevado a la práctica: la esterilización de los “no aptos” tuvo que recurrir a otras argumentaciones. Ya no se hablaría tan claramente de una “raza superior”, pero no se abandonó la tesis de que determinados grupos debían renunciar forzadamente a su fertilidad por su propio bien o el de la sociedad.

El artículo 39 del Convenio de Estambul tipifica como delito toda intervención quirúrgica sin consentimiento previo e informado que derive en impedir la capacidad de las mujeres para reproducirse. Las esterilizaciones forzadas también están tipificadas como crimen de guerra y lesa humanidad por el Estatuto de Roma y calificadas como tortura por la ONU. Estas prácticas constituyen sin duda una violación de los derechos humanos y, en ocasiones, pueden enmarcarse como un acto de genocidio. Pero su legislación en el Derecho Internacional no ha impedido que sigan siendo una realidad.

 

Teorías que caducan, prácticas que perviven

No es fácil rastrear un problema en el que las supervivientes en muchas ocasiones ocultan lo sucedido por temor a represalias y al rechazo social. “Es difícil dar cifras. Es una práctica increíblemente complicada de desvelar —lamenta la abogada Priti Patel, cuando se le pide un mapeo de la extensión global del problema—. Estas prácticas se han usado desde hace mucho tiempo sobre todo en mujeres, generalmente de minorías étnicas y raciales, mujeres que viven con VIH, que son pobres o personas con discapacidad”. Los hombres, aunque en un porcentaje muy inferior, también han sido esterilizados en contra de su voluntad.

A la fuerza o con trampas, decenas de países, independientemente de su PIB, han esterilizado forzadamente a quienes no han encajado en su visión de futuro, sin mediar consentimiento previo. No solo se violan los derechos humanos en aquellos casos en los que se oculta la operación o se inmoviliza a la víctima para evitar que escape, también cuando el consentimiento de la mujer se obtiene sin la información adecuada.

“La esterilización forzada se da cuando la paciente no ha dado su consentimiento previo, completo, libre e informado —explica la abogada Alisa Lombard—. Consentimiento no es preguntar ‘sí o no’ en un formulario. Este debe ser voluntario, sin ningún tipo de coerción o tergiversaciones, y específico a un doctor y a un procedimiento concreto”.

El consentimiento tampoco puede considerarse otorgado libremente cuando una paciente se encuentra en un estado particularmente estresante, como en el momento del parto. “Queremos ir al hospital y salir siendo aún fértiles —reclama Lombard, quien ha representado a mujeres indígenas esterilizadas sin su consentimiento tras dar a luz y que cree que la huella del colonialismo aún se deja sentir en Canadá y en muchas otras partes del mundo—. No se pueden tratar los elementos del consentimiento de forma casual, basándose en la cultura de una persona o en las nociones que se asocian a esa cultura o a la vida de esa mujer. Detrás de eso, hay racismo”.

“El personal médico a menudo ha justificado las esterilizaciones forzadas y bajo coacción como necesarias para la salud pública —escribe Patel—. Por ejemplo, a principios del siglo XX, el personal médico argumentó que se necesitaban esterilizaciones forzadas y coaccionadas para abordar los defectos hereditarios y genéticos. A finales del siglo XX, se consideraban necesarias para abordar la superpoblación. (…) Más recientemente, se han justificado las esterilizaciones forzadas y coaccionadas de mujeres romaníes como necesarias para su propio beneficio médico”.

Las secuelas de la esterilización forzada acompañan a las supervivientes hasta el día de hoy. “Una de las consecuencias para estas mujeres es que la concepción sobre sí mismas cambia. Esto no quiere decir que ser mujer se reduzca a tener y criar hijos, pero su noción de ser mujer sí incluye eso —cuenta Lombard—. Psicológicamente, el impacto es tremendo: desde depresión o ansiedad hasta que algunas mujeres se suiciden. El daño que supone saberse infértiles dependerá de los aspectos culturales de la sociedad a la que pertenezcan”.

 

Perú: cuando la pobreza incomoda

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Protestas por las esterilizaciones forzosas que llevó a cabo el gobierno de Fujimori en Perú. Fotoholica Press/LightRocket via Getty Images

“No seas cobarde, pon de tu parte que es un corte pequeñito”, recuerda Rute Zuniga que le dijo el médico que la esterilizó contra su voluntad. De nada sirvió que ella se resistiera y que se negara en repetidas ocasiones ante las enfermeras que fueron a recogerla a su casa para llevarla a la fuerza al hospital. “Estuve retenida, sujetada de brazos, piernas y cabeza por las enfermeras mientras sentía la sangre caliente que salía de mi cuerpo —recuerda Zuniga, que desde hace más de 20 años es presidenta de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF)—. Nadie nos explicó las consecuencias de esa operación, nunca supimos cómo afectaría a nuestro futuro. La esterilización nos ha complicado todo. Nos quitaron un pedazo de nosotras”.

Rute es una de las más de 300.000 mujeres que durante los años 90 fueron esterilizadas por el gobierno peruano de Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y que puede volver a sentarse en el banquillo de los acusados por estas esterilizaciones forzada si así se decide en la audiencia prevista el 1 de marzo.

Las esterilizaciones forzadas fueron un eje clave de las políticas económicas de Fujimori, guiado por las teorías de Thomas Robert Malthus. La mayoría de las víctimas fueron mujeres campesinas e indígenas con un elemento clave en común: la pobreza. “No querían que la gente del campo procreara —afirma Zuniga—. Aprovecharon que las mujeres éramos quechuahablantes y no podíamos defendernos en castellano ni conocíamos nuestros derechos”. El gobierno de Fujimori esterilizó también a más de 16.000 hombres a los que se les practicó la vasectomía sin su consentimiento.

Pese a que el recorrido judicial ha sido largo y el caso se ha archivado en varias ocasiones, Rute, y como ella miles de mujeres, esperan obtener al fin verdad, justicia y reparación. “Esperamos que casi veinte años después se investigue y se sancione a los responsables. Hasta ahora, solo hemos recibido silencio y burla —cuenta Zuniga—. Muchas mujeres hemos sido humilladas, culpadas y marginadas por nuestros propios maridos y por nuestras comunidades por lo que nos hizo a la fuerza Fujimori”. De momento, el Estado peruano se comprometió en febrero a indemnizar a las supervivientes de las esterilizaciones forzadas.

 

Etnia y pobreza

La etnia ha sido un factor que ha atravesado muchas de los millones de esterilizaciones forzadas que se han perpetrado a lo largo de la historia. “Detrás de estas prácticas hay una visión, ya sea explícita o marcada por algún tipo de sesgo implícito, de que cierto tipo de personas no debería tener hijos. Es un hecho sistémico que afecta, en general, a las mujeres marginadas y vulnerables —analiza Patel—. Los tribunales tienen que empezar a considerarlo como un tema de discriminación, no solo como una violación de su privacidad y de su integridad”.

Las esterilizaciones forzadas por temas étnicos o raciales están enraizadas en la historia del siglo XX. EE UU fue el primer país en poner en práctica las premisas de Galton apelando a la “mejora biológica” del ser humano. Las leyes de más de 30 estados imponían la esterilización forzada para “delincuentes” y “epilépticos” o para quienes eran etiquetados como “locos e imbéciles”. Al menos 60.000 personas —la mayoría mujeres inmigrantes, negras, indias nativas norteamericanas, pobres o con discapacidad— fueron esterilizadas entre 1903 y 1937 por no encajar en la idea de perfección racial establecida. La cifra aumenta desorbitadamente si se suman las decenas de miles de mujeres negras esterilizadas en las décadas de 1960 y 1970 o las recluidas en centros de internamiento de extranjeros, donde en los últimos años han vuelto a explotar decenas de denuncias.

La esterilización de los “no aptos” se extendió a decenas de países. En Alemania, se estima que los nazis esterilizaron a más de 400.000 personas contra su voluntad en tan solo cuatro años. En Suecia, con el objetivo de preservar la “pureza de la raza nórdica”, más de 63.000 personas gitanas, laponas o de “raza mixta”, en su mayoría mujeres, fueron esterilizadas entre 1935 y 1975. En Noruega se calcula que se esterilizó a 40.000 personas y en Dinamarca a 6.000. Francia, Austria, Finlandia, Suráfrica, Vietnam, Pakistán, Hungría, México o Reino Unido, entre otros, también abrazaron estas tesis para controlar selectivamente el futuro de su población.

 

Un pasado aún presente

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Un hombre indio que fue esterilizado por un programa de planificación familiar del Estado indio durante los años 70. Ramesh Pathania/Mint via Getty Images

Las esterilizaciones forzadas no son un lamentable recuerdo de un pasado eugenésico. Desde que en 1975, Sanjay Gandhi lanzara la conocida como “campaña espantosa” —que supuso la esterilización de 11 millones de hombres y mujeres—, India continúa recurriendo a estas prácticas como parte de su programa de planificación familiar. Para cumplir con las cuotas impuestas por el gobierno, algunos trabajadores sanitarios no han dudado en intercambiar móviles o dinero en efectivo para comprar el consentimiento; otras veces, se han valido de amenazas y coacciones, como dificultar el acceso a la salud de familias enteras. En las zonas más empobrecidas del país, se levantaron los llamados campamentos de esterilización, escenarios salpicados por reiteradas violaciones de los derechos humanos: solo entre 2009 y 2012 se documentaron más de 700 muertes por operaciones de esterilización insalubres.

“Si una persona firma un formulario, pero está bajo coerción, no existe consentimiento, debe quedar invalidado. Hay una obligación de garantizar que no hay una tercera persona influenciando la decisión”, apunta Lombard. “En muchas ocasiones las mujeres no pensaban que ese procedimiento, que había sido propuestos por profesionales sanitarios argumentando que era algo necesario, supusiera una violación de sus derechos fundamentales —explica Patel—. A menudo las mujeres no saben que tienen el derecho a decir que no”.

China es otro de los países que ha recurrido a las esterilizaciones forzadas para perpetrar el “genocidio” contra el pueblo uigur. “El Estado somete regularmente a las mujeres a controles de embarazo y obliga a cientos de miles de ellas a utilizar dispositivos intrauterinos, a ser esterilizadas e incluso a abortar”, afirma una investigación realizada por la agencia Associated Press. En las regiones de Hotan y Kashgar, mayoritariamente uigures, los nacimientos cayeron más del 60% entre 2015 y 2018; durante el mismo periodo, en cambio, solo disminuyeron un 4,2% a nivel nacional.

En Canadá, miles de mujeres indígenas han sido sometidas a esterilizaciones forzadas en hospitales públicos desde la década de 1920 y hasta, al menos, 2018: solo entre 1928 y 1933, más de 3.000 mujeres fueron esterilizadas en las provincias de Alberta y Columbia Británica. “Estas prácticas siguen ocurriendo porque no se ha hecho nada para reparar a las supervivientes ni para castigar a los culpables —analiza Lombard, quien defiende una demanda colectiva propuesta por mujeres indígenas obligadas a esterilizarse en Saskatchewan, una provincia canadiense donde alrededor del 20% de la población es indígena—. Cuando existe impunidad, las cosas no cambian”.

Pese a que el presidente canadiense, Justin Trudeau, calificó en 2018 estas esterilizaciones como “una grave violación de los derechos humanos”, el país no ha lanzado aún un plan de acción concreto y eficiente que garantice la erradicación de estas prácticas. “El sistema de salud y la atribución de competencias en Canadá complica mucho las cosas. La jurisdicción no es clara —analiza Lombard—. Mientras tanto, la gente cae entre las grietas del sistema”.

En Namibia, durante un taller con mujeres jóvenes con VIH, mientras se hablaba sobre reproducción sexual, un comentario provocó una revelación en cadena. “Una mujer dijo que le hubiera encantado tener hijos, pero que un médico le había dicho que debía esterilizarse”, explica Patel. Aquel taller marcó el principio de una investigación que llegó a los tribunales en 2012. Como ellas, son muchas las mujeres que por vivir con VIH han sido esterilizadas contra su voluntad en países como Suráfrica, Uganda, Kenia o Chile.

 

El laberinto jurídico de la reparación

Varios de los países que abrazaron las teorías eugenésicas han intentado reparar el pasado o al menos maquillarlo. Sin embargo, son muchas aún las supervivientes que esperan justicia. “Creo que es muy difícil para estas mujeres acceder al tipo de justicia y reparación que merecen y necesitan —subraya Patel—. Uno de los grandes problemas es que estas prácticas se perpetraron contra mujeres que están en los márgenes de la sociedad y que tienen difícil acceder a la justicia o cumplimentar trámites”.

Lombard coincide con Patel en subrayar las trabas jurídicas que impiden a las personas supervivientes obtener reparación: “En Canadá, muchas mujeres indígenas no pueden encontrar un abogado o asumir sus gastos —indica Lombard—. Nuestras clientes sienten que no hay mecanismo alguno que se acerque a la rapidez con la que debería actuarse según las recomendaciones del Comité contra la Tortura, que indica que se debe prevenir, castigar y proveer reparaciones”.

 

Capacitismo reproductivo

Etiquetados durante décadas como “incapaces”, las personas con discapacidad también han tenido que luchar contra las esterilizaciones forzadas. “Desde la década de 1930 hasta la de 1980, Canadá, Suecia, Australia, Noruega, Finlandia, Estonia, Eslovaquia, Suiza e Islandia promulgaron leyes que estipulan la esterilización forzada o coercitiva de personas con discapacidad mental (…)”, detalla Patel. A esta lista se suman más países, como Francia o Japón. Entre 1948 y 1996, el país nipón, con la idea de construir “un Japón mejor” y bajo el amparo legal de la Ley de Protección de la Eugenesia, esterilizó al menos a 25.000 personas con discapacidad o enfermedades hereditarias, de las cuales 16.500 nunca dieron su consentimiento.

España fue uno de los últimos países en adoptar medidas contra la esterilización forzada de las personas con discapacidad. En diciembre de 2020, el Congreso aprobó por unanimidad la derogación del polémico artículo 156 del Código Penal, que estipulaba como "no punible" la esterilización de una persona discapacitada si era "acordada por órgano judicial" y “a fin de salvaguardar el mayor interés del afectado”. Desde 2005 a 2016, se estima que más de 1.000 personas con discapacidad fueron esterilizadas, según datos del Consejo General del Poder Judicial.

En muchos países, este tipo de medidas se justifica en aras del “mejor interés” de las mujeres y niñas. Pero, como ha señalado Catalina Devandas, Relatora Especial de  Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, la realidad puede que obedezca más a otros factores: “Esas prácticas constituyen violaciones flagrantes de derechos humanos que van mucho más allá del paternalismo y la infantilización; dan prioridad a los intereses de los cuidadores en detrimento y negación de la dignidad y la integridad de la persona”.

Lo ideal es que el entorno cercano de la persona con discapacidad y las instituciones se conviertan en un apoyo que les permita elegir con toda la información necesaria a su alcance, en línea con el Derecho internacional: “Con la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, el modelo cambia hacia un sistema de apoyo en la toma de decisiones y se rechaza el basado en la tutela —explica Marta Valencia, presidenta de la Fundación CERMI Mujeres—. Ahora en España, por ejemplo, se está trabajando en la modificación del Código Civil para que no haya una sustitución de la voluntad por tutela o curatela”.

Estas esterilizaciones afectan, por tanto, no solo a la capacidad reproductiva de estas personas, sino que son una ramificación dentro de los derechos que, de forma más o menos obvia, se les niega. “A las mujeres con discapacidad se nos aniña eternamente y no se nos permite ni decidir si queremos ser sexuales, tener más educación sexual o cómo queremos vivir nuestra vida. Se nos asexua, especialmente a las mujeres con discapacidad intelectual y salud mental, en vez de informarnos y formarnos— explica Valencia—. Hay que eliminar estos tabúes y barreras que vienen del patriarcado y del paternalismo, de una cultura en la que la discapacidad se ha visto siempre como una incapacidad”.

La esterilización, advierten las organizaciones, puede tener además una consecuencia indeseada: “En casos de abusos y violaciones sexuales, se incrementa que exista violencia sexual contra las mujeres al eliminarse la posibilidad del embarazo”, señala Valencia.

 

Personas ‘trans

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Manifestación en defensa de los derechos de las personas transgénero en Madrid. Marcos del Mazo/LightRocket via Getty Images

Poco a poco, las personas trans han vivido como la sociedad y las instituciones daban una mayor legitimidad a sus reivindicaciones. Pero, hasta llegar a recientes hitos como la decisión de la Organización Mundial de la Salud de excluir la transexualidad de la lista de trastornos mentales, las personas trans han tenido, y aún tienen, un largo camino para conseguir la despatologización de lo que significa ser transgénero y transexual.

El pasado diciembre, el Gobierno holandés pidió disculpas a las personas trans por una ley que, durante casi tres décadas, les obligaba a ser esterilizadas si querían que su identidad sexual fuera reconocida legalmente. Tal como hizo Suecia anteriormente, Holanda ofrece compensaciones económicas. Antes de 1985, ser trans en este país se trataba con terapia; desde esa fecha hasta 2014, la esterilización era una condición ineludible.

“Al final, venimos de la patologización y de la medicalización de estas personas: se entiende que si eres trans, tienes una incongruencia y entonces tienes que corregir tu cuerpo para que se adapte al de un hombre o una mujer tal y como se concibe socialmente —destaca Leo Mulió, de Transgender Europe (TGEU)—. El Estado puede decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, esta exigencia ha sido tan normalizada que no se ha requerido justificación ni explicación”.

Ese requisito sigue existiendo en nueve países europeos: Finlandia, Letonia, República Checa, Eslovaquia, Rumanía, Serbia, Bosnia, Montenegro y Kosovo, como señala Mulió. “Se puede exigir tanto una cirugía genital, que ya implica de por sí la esterilización, como la propia esterilización, sin necesidad de recurrir a una cirugía de reconstrucción genital —explica el portavoz de TGEU—. Al final, el resultado de cualquier de estos procedimientos es la esterilización”.

 

Erradicar la esterilización forzada

El gran desafío es que los acuerdos y recomendaciones internacionales se cumplan y no solo se reflejen en las legislaciones nacionales, sino en las prácticas médicas, judiciales y sociales y en educación sexual y reproductiva. Respetar todos los elementos del consentimiento para que verdaderamente sea libre e informado es una tarea en la que la formación y la reflexión es necesaria.

Los derechos fundamentales que tiene toda persona no pueden ser mermados por la discriminación. “Para ello, en el caso de las mujeres con discapacidad, hay que trabajar, además de con ellas, con las familias y con los entornos sociales; también con los profesionales judiciales, legales y médicos —concluye Valencia, la presidenta de la Fundación CERMI Mujeres—. Hay que trabajar conjunta y multidisciplinarmente”.

Perseguir las malas prácticas es necesario para evitar la impunidad, pero la erradicación de la esterilización forzada es una tarea que debe implicar a la sociedad en su totalidad. “Es un problema del sistema, no creo que haya un único actor responsable —apunta Patel—. Tenemos que abordar la manera en que vemos a las mujeres marginadas y afrontar como sociedad y a nivel global cómo vemos las capacidades y derechos reproductivos de las mujeres”.