Cómo el cambio climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible están siendo un importante acelerador de los productos y las inversiones socialmente responsables.
Comprar coches eléctricos, alimentos de cercanía, productos sin envases plásticos o móviles reacondicionados. El deseo de contribuir a un mundo más sostenible va abonando estas decisiones de compra, pero solemos limitarlas a los bienes de consumo. ¿Por qué no al propio dinero y las entidades que lo barajan? Sin que el ciudadano de a pie se haya enterado apenas, la llamada inversión responsable ha brotado con una plétora de productos y estrategias y, con las luces y sombras propias de un adolescente, se encamina a la mayoría de edad. La encontramos en fondos de inversión, bonos de renta fija, bancos éticos, índices para comprobar el presunto efecto positivo que anuncian todos ellos y normativas que intentan garantizar dicho impacto.
¿Qué califica a un producto o actuación como inversión socialmente responsable (ISR)? De momento, algo tan genérico como responder a criterios sostenibles de medio ambiente, sociales y de buen gobierno, un pack englobado en la sigla ASG. La Comisión Europea ya ha anunciado una normativa para aquilatar esa calificación y aclarar al mercado lo que es sostenible, con los correspondientes instrumentos de evaluación y control, pero no se aplicará hasta al menos 2019. Mientras, la plataforma para promover la inversión sostenible en España Spainsif incluye en esos criterios ASG desde el impulso a una economía baja en carbono a la protección de los derechos humanos, pasando por la eliminación del trabajo forzoso, la defensa de las libertades sindical y de asociación, la lucha contra la corrupción y evasión fiscal o la gestión responsable de la cadena de distribución, entre otros.
Es decir, objetivos que van más allá del rendimiento financiero. Para lograrlos, el inversor cuenta con varias opciones. La más básica, huir de aquellos proyectos que los menoscaben. El screening negativo, o estrategia de exclusión, resta su respaldo a quienes utilizan trabajo infantil, consienten condiciones de producción insalubres, provocan daño medioambiental, o favorecen el comercio de armas, por ejemplo. Cualquiera de esos elementos pasa a engrosar la columna de riesgos en el balance del proyecto. Adrián García, responsable de Análisis y Estudios de Spainsif, destaca que en España “es la estrategia más utilizada, especialmente cuando las entidades se inician en la ISR”. Más tarde pasan a opciones más elaboradas, como el screening positivo, que premia las buenas prácticas. La información sobre las vertientes ASG de una empresa, iniciativa o producto “permite gestionar mucho mejor los riesgos”. De hecho, últimamente se tiende a “incluir los ASG junto a los criterios financieros en el análisis fundamental de la empresa, para que influyan en la inversión”.
Bonos, fondos, préstamos…
Si el carro de las iniciativas arrancó con un marcado origen institucional, van apareciendo opciones para el inversor privado: la última estrella, los bonos verdes, destinados a financiar proyectos con beneficios ambientales. A la espera de una tipificación en la mencionada directiva europea, estos instrumentos han de cumplir con los principios del mismo nombre (GBP, por sus siglas en inglés), determinados por la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA). En ellos se insiste en la transparencia sobre el impacto de los proyectos que financian. En España, ya suman una emisión de 4.550 millones de euros, de los cuales 800 corresponden a Gas Natural (ahora denominado Naturgy), 800 a Repsol, 600 a Adif, 500 al Gobierno Vasco y 700 a la Comunidad de Madrid. Todas ellas muy por detrás de Iberdrola, con 2.750 millones en 2017 y 750 de enero de 2018, estos últimos destinados a financiar un parque eólico marino en Reino Unido. La corporación es también el principal receptor de préstamos con condiciones ligadas a criterios sostenibles, ya que en enero obtuvo 5.300 millones de euros. La Comunidad de Madrid, por su parte, ya ha firmado dos créditos para cubrir intervenciones en empleo, sanidad, cambio climático o servicios sociales.
En cuanto a fondos de inversión, Adrián García asegura que la demanda de los ISR va en alza. En España, entre 2008 y 2017 el patrimonio de los mismos aumentó un 83% –hasta los 31.092 millones de euros–. El Estudio Global de Inversión 2017 de Shroders encuestó a 22.100 inversores de 30 países diferentes y “un 61% declaró haber aumentado sus inversiones en fondos sostenibles en los últimos cinco años y un 35% dijo invertir con estos criterios a menudo. Esta situación va a fomentar la implicación de las empresas con la sostenibilidad, para poder seguir estando en las carteras de estos inversores cada vez más concienciados”.
Porque estos productos han mostrado una rentabilidad al menos equiparable a la de los fondos tradicionales y en algunos casos superior a ella, según detectó Spainsif en un grupo de fondos españoles con criterios ASG. En abril, tres analistas del Deutsche Bank aseguraban, basándose en datos de 1991 a 2004, que este tipo de inversores habían obtenido mejores resultados tanto en épocas de bonanza como de recesión. Con una ventaja añadida: la de la imagen. A nadie se le escapa que la ISR constituye un potente instrumento de marketing corporativo. Y, por eso mismo, a veces se presta a un uso interesado.
Amenazas a la confianza
El favorecedor impacto de lo verde, responsable o sostenible lleva a algunas empresas a mostrar esas facetas, mientras las obvia –o directamente atropella– con otras actuaciones. Se produce entonces lo que Greenpeace denominaba recientemente “ecopostureo”, en una campaña contra el BBVA. Lo acusaba de invertir a través de sus filiales en Canadá en oleoductos para arenas bituminosas (unas obras que –según la ONG– ya han provocado la deforestación de “140.000 kilómetros cuadrados de bosque boreal, con una factura ambiental irreparable”), mientras en su Responsabilidad Social Corporativa el banco excluye expresamente a los clientes y/o transacciones involucradas en la “exploración y producción de arenas bituminosas”. Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa, lamenta esos dobles raseros, ya que suscitan “una falta de credibilidad que aumenta cuando ciertos medios de comunicación se hacen eco de esos mensajes sobre la RSC empresarial, porque ven en ellos un contenido para captar recursos”. La sensación de desconfianza se extiende entonces a todo el sector. También cuando los indicadores para juzgar las inversiones se prestan a esa ambigüedad. Es el caso del Dow Jones Sustainability Index, uno de los referentes más prestigiosos, en el que aparecen solo tres entidades españolas –Banco Santander, Caixabank y Bankia–, o el Global Compact 100 de Naciones Unidas, que incluye a multinacionales del petróleo, el tráfico aéreo o incluso con contratos militares, como General Electric. ¿Cómo es posible?
El especialista en inversión responsable y sostenible Michael Kramer argumenta que, para poder comparar datos, esos índices tienen en cuenta solo a las grandes corporaciones, ya versadas en desarrollar acciones de RSC que puedan compensar, al menos en apariencia, sus actividades menos presentables en sociedad. Y Marcos Eguiguren, director ejecutivo de la Alianza Global de Bancos Basados en Valores (GABV), considera que clasificaciones como la del Dow Jones Sustainability Index siguen la máxima “dime qué quieres conseguir y te diré qué unidades de medida tienes utilizar”. Es decir, solicitan que las empresas incluyan en sus estatutos un código de conducta o referencias al buen gobierno, o cuenten con un amplio programa de RSC, pero no escudriñan el núcleo del negocio comprobando, por ejemplo, a qué tipo de proyectos asignan sus capitales. Algo que sí entra en el exhaustivo proceso de evaluación de la GABV, que cuenta con 54 bancos éticos de todo el mundo.
Banca con valores
Para ellos, explica el economista, “un banco no es sólo una máquina de prestar dinero, constituye un puente entre aquellos con exceso de liquidez y quienes necesitan esa liquidez. Y eso supone mucho más que analizar riesgos, porque te coloca en una posición de elevada responsabilidad moral”. Por eso, sus decisiones de inversión están guiadas por objetivos como la sostenibilidad o la lucha contra la pobreza y evalúan el potencial de sus clientes para la mejora social. A la hora de admitir a un nuevo miembro “consideramos factores como el modelo comercial, hasta qué punto es un banco vendedor o uno que asesora al cliente como un socio. O si practica la política de gestión de personas que exige a sus clientes, en términos de si tiene salarios dignos, o si es razonable el multiplicador entre el salario del presidente y el del empleado que menos gana o la media de todos. Nosotros nos movemos entre el 7 y 15. En los bancos sistémicos [los tradicionales] puedes añadir uno o dos ceros”. Y esa política les sale rentable. “En dos indicadores como el core capital [liquidez mínima que ha de tener una empresa] y la ratio de apalancamiento superamos a la banca tradicional, en este último [que mide la relación entre el endeudamiento y el activo de la empresa] hasta en un 30%”, asegura Eguiguren. En España están representados por Triodos Bank y Fiare Banca Ética, en los que el consumidor encuentra la mayoría de productos básicos de cualquier banco (cuentas corrientes y de ahorro, tarjetas de crédito, domiciliaciones, hipotecas…). Como ejemplo de su impacto, en 2017, Triodos invirtió 1.500 millones de euros en la financiación de 472 proyectos de energías renovables y eficiencia energética en España, incluido el primer parque eólico español sin primas a la producción. Entre todos podrían proporcionar electricidad a 1,4 millones de hogares y ahorran más de 2,4 millones de toneladas de CO2 en emisiones al año, según el informe Global Clean Energy. Y desde junio coordina en España un proyecto piloto de hipotecas de eficiencia energética, con condiciones favorables de financiación para construcciones y rehabilitaciones que permitan ahorrar energía. Lo ha lanzado la Federación Hipotecaria Europea y 37 bancos se han comprometido a participar en esta fase de dos años de duración.
Impulsados por Europa
La preocupación por el cambio climático y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible –que entraron en vigor en 2016 con objetivo 2030– están suponiendo un importante acelerador de la inversión responsable. Con especial empuje por parte de las autoridades europeas a través de diversas legislaciones. Orencio Vázquez cita iniciativas del Parlamento y la Comisión para regular los recursos humanos en el sector textil o las cadenas de suministro, así como directivas de bosques, de minerales en zonas de conflicto o de transparencia, para que las empresas de más de 500 trabajadores informen sobre su gestión de impactos en cuanto a corrupción, derechos humanos, fiscalidad, etcétera. Por países, Francia obliga a las compañías con matriz en su territorio a asumir el impacto de sus filiales. La opinión de Vázquez es que, a través de ellas, “la orientación hacia la sostenibilidad del modelo económico va calando y ese es el verdadero motor de cambio”.
Estas modificaciones legales vendrían a impulsar el continuo crecimiento mundial de la ISR tanto en términos absolutos como relativos, según la Alianza Global de Inversión Responsable (GSIA). Su último informe bianual, publicado en 2016, confirmaba que Europa cuenta con un 53% de los activos, seguido por Estados Unidos con un 38%. En cuanto a ritmo de crecimiento, se sitúan en cabeza Japón, Australia y Nueva Zelanda. Curiosamente, las estrategias difieren por zonas del mundo y repercusión económica. La exclusión, con un impacto total de 15,02 billones de dólares, lleva sello eminentemente europeo, mientras que la apuesta por los criterios ASG (10,37 billones) se practica más en EEUU, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Asia, con la excepción de Japón, donde tienen más relevancia tácticas corporativas como que los accionistas presionen a los dirigentes de las compañías para favorecer acciones responsables.
En todo el planeta, la ISR continúa teniendo un eminente carácter institucional, pero entre 2014 y 2016 los inversores privados avanzaron del 13% a más del 25% en Canadá, Europa y Estados Unidos. Los bonos se han manifestado como el primer instrumento, alcanzando un 64% de toda la inversión responsable en Canadá y Europa, y con un espectacular aumento en China, desde que este país lanzara la primera emisión en 2006. En 2017, ya concentró junto a Francia y EE UU el 56% de las nuevas emisiones a nivel global. Por detrás de los bonos, se encuentran los fondos de inversión ASG, liderados en Europa por Suecia, con 600. España cuenta con 170, por delante de Italia, Francia y Bélgica. Unas cifras que seguramente se revisarán al alta con la entrada en vigor de las nuevas legislaciones y viento favorable insuflado por los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
