Dos décadas después del fin de la guerra de Kosovo, la Corte Especial podría imputar por crímenes de guerra al presidente Hashim Thaçi y a otros miembros de la guerrilla albanesa del Ejército de Liberación de Kosovo (UÇK).
La Fiscalía de la Corte Especial para Kosovo publicaba el pasado junio un comunicado en el que acusaba de crímenes de guerra y otros hechos punibles a Hashim Thaçi, Kadri Veseli y otros miembros de la guerrilla albanesa del Ejército de Liberación de Kosovo (UÇK). Los jueces, que están examinando las pruebas y las declaraciones que la Fiscalía está tomando a los acusados, tiene que decidir si los imputa por un centenar de crímenes contra serbios, romaníes y, reflejando las disputas de poder internas, albaneses. Si bien es probable que se formalice el proceso, será complicado que Hashim Thaçi sea sentenciado por los presuntos crímenes que cometió durante la guerra de Kosovo (1998-1999) y su posguerra. Las dificultades para encontrar y proteger a los testigos y el daño que pueden haber sufrido las evidencias en estos 20 años complican esclarecer la verdad. Además, aunque parece improbable, la Corte Especial puede perder su jurisdicción si así lo decide el Parlamento kosovar. Una combinación que favorece a Hashim Thaçi, actual presidente del país y exlíder político del extinto UÇK.
La Corte Especial para Kosovo se constituyó gracias al Parlamento, que habilitó una ley en 2015 para dotarla de jurisdicción, por lo que es parte de su sistema de justicia. Tiene como objetivo encausar a los peces gordos del conflicto, aquellos que por motivos de seguridad son imposibles de juzgar en el país. Que su sede esté en La Haya y que sus jueces y fiscales sean internacionales tiene precisamente su razón en la seguridad y la independencia que Prístina no puede proporcionar. Su instauración era una demanda de la Unión Europea y fue el PDK de Thaçi, siempre connivente con la comunidad internacional, el que promovió en el Parlamento su aprobación. Entonces votó en contra el partido Vetëvendosje (VV) de Albin Kurti, el gran enemigo de Thaçi y que perdió este año el cargo de primer ministro por una moción de censura urdida por el presidente y Estados Unidos.
Esta Corte, por tanto, depende de una ley que puede ser revocada si la mayoría del Parlamento lo acuerda. Sin embargo, Bekim Blakaj, director de la rama kosovar del Humanitarian Law Center, una iniciativa civil de los países nacidos de la antigua Yugoslavia que lucha por establecer una comisión de la verdad sobre los crímenes de guerra en los Balcanes desde el 1 de enero de 1991 hasta 31 de diciembre de 2001, cuando finalizó el conflicto en Macedonia del Norte, no cree que el Presidente vaya a intentar fulminar la ley habilitante: “Ya hubo un intento en diciembre de 2017. Estuvo cerca, pero falló: el LDK y VV no querían ser parte de esta maniobra y, además, la comunidad internacional presionó para que se detuviera. Pero fue un intento serio. Ahora, una vez que la investigación es de dominio público, no creo que Thaçi efectúe ningún movimiento para eliminarla”.
Teutë Rrusta, del Partido Socialdemócrata de Kosovo (PSD), escisión de VV, coincide, y es contundente: “Thaçi no intentará revocar la jurisdicción de la Corte y Kurti no apoyaría la iniciativa. Ambos son incoherentes con sus posturas políticas. Thaçi se equivocó al pedir al Parlamento (en 2015) que votara por esta Corte y VV se equivoca al decir (ahora) que la Corte no debe ser revocada. VV es un ejemplo clásico de oportunismo político: intenta limpiar de la escena política a ciertas figuras y ve una oportunidad de eliminar a Thaçi y ascender al poder”.
De momento, Hashim Thaçi ha asegurado que dimitirá de su cargo de presidente si es imputado. Es probable que ocurra: la Corte sería el hazmerreír si no tuviera evidencias de los nombres señalados. Por tanto, Thaçi podría seguir los pasos de Ramush Haradinaj, que dimitió del cargo de primer ministro en 2005 cuando el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY) le encausó por crímenes de guerra. Al final, como ocurrió con Fatmir Limaj, fue declarado inocente: los testigos murieron en extrañas circunstancias o cambiaron sus testimonios. La antigua fiscal del TPIY Carla Del Ponte relató en un libro la frustración que le produjeron estos casos. La protección de testigos fracasó entonces y ahora es un antecedente que cohíbe a los posibles testigos, que además tendrían que afrontar el estigma de traidor que pesaría sobre su apellido en un país de dos millones de habitantes que no quiere ver mancillada la imagen de la guerrilla que conquistó la independencia.
“Esta vez desconocíamos los crímenes concretos, los testigos y los acusados: la Fiscalía ha tenido en cuenta la protección de testigos y sus nombres se han mantenido ocultos. Pero es difícil construir un caso después de 20 años”, explica Blakaj, quien no es capaz de aventurar el resultado final, aunque no duda al decir que no habrá justicia, al menos generalizada: “Estoy seguro de que la mayoría de las víctimas no estarán contentas con el resultado final la Corte y seguirán pensando que no ha habido justicia, aunque algún caso se cierre con condena”.
La posguerra en Kosovo
¿Por qué se juzgan ahora estos crímenes en Kosovo? El Humanitarian Law Center estima que 13.581 personas perdieron la vida como consecuencia de la guerra de Kosovo. De ellas, 10.367 eran civiles: 8.702 albaneses, 1.203 serbios y 462 romaníes y otras minorías. La guerra terminó en junio de 1999, y entre 1998 y esa fecha, la mayoría de las víctimas fueron albanesas. Así, en el TPIY los acusados, en su mayoría, fueron serbios. Pero la guerra, por desgracia, no termina con los armisticios: hay escaramuzas, venganzas, represalias. En el caso kosovar, mostrando las dinámicas del conflicto, la mayoría de los civiles serbios fallecidos o desaparecidos se produjeron entre junio de 1999 y diciembre de 2000: el 56% de los 1.203.
Estos crímenes no fueron juzgados por el TPIY, que carecía de jurisdicción para los casos posteriores al conflicto. Por falta de jurisdicción tampoco pudo investigar las escaramuzas en Albania, donde el UÇK se resguardaba, preparaba emboscadas y supuestamente también había cometido asesinatos. Para esclarecer lo acontecido en la posguerra, aunque no tuviera peso legal, el Consejo de Europa encargó una investigación al comisario Dick Marty. Su informe, publicado en 2011, desveló la supuesta red de tráfico de órganos organizada por miembros del UÇK. Tras más de dos años de investigación, el informe de la UE dirigido por el fiscal John Clint Williamson corroboró en 2014 las alegaciones de Marty y aseguró tener evidencias que incriminan a halcones del UÇK. Esas pruebas además llevan, según ambos informes, a Albania. Por eso, la Corte Especial investiga los crímenes cometidos o que comenzaron en Kosovo y en la ley habilitante se incluyó un artículo, el 14, en el que se especifican los casos de “mutilación física” o extirpación de órganos. “Por lo que leo entre líneas, no creo que el caso Dick Marty vaya a ser juzgado”, aventura Blakaj sobre este controvertido informe.
La sociedad albanokosovar, que aún lucha por conseguir el reconocimiento internacional y paliar la corrupción endémica, tiene la sensación de que la Corte Especial será injusta: piensa que solo juzgará a los albanokosovares, obviando que los casos de criminales serbios ya fueron juzgados en el TPIY. Al menos los de los peces gordos, ya que las figuras secundarias se han juzgado con escaso éxito en las cortes nacionales de Kosovo y Serbia. Rrusta añade que esta Corte, pese a señalar nombres concretos y no al UÇK como organización, es un instrumento político: “Está completamente politizada, como demuestra que haya comenzado su trabajo solo unos días antes del encuentro entre Kosovo y Serbia en Washington y publicado una noticia que presupone culpables en su declaración, que es por lo menos una forma poco profesional para comenzar una imputación. Por lo tanto, tendrá un gran efecto en las relaciones y las negociaciones entre Kosovo y Serbia”, explica Rrusta en respuesta a un correo electrónico.
Rrusta, crítica con la comunidad internacional, con “su actitud de superioridad que ha sido un obstáculo para Kosovo”, considera que “esta Corte no se ha establecido por la falta de juicio a los miembros del UÇK sino como forma de rehabilitar a Serbia en el ámbito internacional”: “El liderazgo del UÇK ha estado en muchos procesos legales en estos 20 años, desde La Haya a la Misión Interina de la ONU en Kosovo (UNMIK), pasando por Misión de la UE por el Estado de Derecho en Kosovo (EULEX). Esta Corte es un esfuerzo considerable de Serbia y sus políticos en Kosovo para alterar la narrativa de la guerra de 1997-1999, así como una forma de reescribir la historia de ese periodo en el que el agresor, que fue el aparato estatal serbio, se iguala a una guerra por la libertad librada por la gente de Kosovo”.
En Kosovo, tierra de conflictos centenarios que siguen supurando rencor, existen demasiados obstáculos para esclarecer la verdad en un conflicto en el que EE UU azuzó la primera intervención del OTAN. Fue polémica, tanto que cuestionó las bases del Derecho Internacional. Así, lo que ocurrió en Kosovo incumbe al mundo. Sobre todo porque en los 18 meses que siguieron al conflicto la seguridad dependía de la comunidad internacional, que a través de la UNMIK gobernó el país hasta el 17 de febrero 2008, día en el que Kosovo proclamó su independencia. Cómo se gestó el Estado más joven de Europa, incluidos los roles y errores de esos actores internacionales que apoyaron al UÇK, convierten a este país en un caso excepcional. En este embrollo de actores con intereses divergentes, la justicia, parece, no será menos excepcional.
