Un repaso a la salud de la economía del país y a la eficacia de las medidas llevadas a cabo hasta el momento por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En el muy citado informe de PNUD sobre la democracia en América Latina, publicado en 2004, una de las conclusiones vincula el desempeño económico de los gobiernos con el apoyo a la democracia, afirmando que un porcentaje muy significativo de latinoamericanos valora más el desarrollo, por lo que apoyaría a un gobierno autoritario si éste fuera capaz de resolver sus problemas económicos. Más allá de las implicaciones para los regímenes democráticos, estas conclusiones sostienen, en el fondo, que la evaluación de un gobierno está estrechamente ligada con la situación económica que vive un país, y cómo ésta es percibida por la sociedad.
El primer año del Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reta esta relación causal. Durante la campaña y al asumir el poder, el mandatario prometió que la economía mexicana iba a crecer al final de su sexenio en un 7%, con el crecimiento promedio anual no menor al 4%. Desde julio de 2019, la mitad de su primer año, los análisis y conversaciones sobre el crecimiento económico de México giran en torno de si el país está en recesión (técnica, al menos), desaceleración, estancamiento o economía frenada. Más allá de la precisión técnica de los conceptos o múltiples eufemismos con los que podemos disfrazar una realidad no deseada, la economía mexicana no ha crecido. Con diferencia de décimas, incluso centésimas, distintos analistas sitúan el crecimiento del PIB mexicano en 0%, y para 2020 pronostican a lo mucho el de 1%. Aunque el desempleo se mantiene estable (3,6% en octubre de 2019), la afiliación de los trabajadores a la seguridad social registra retroceso, lo que significa que permanece la mala calidad y precariedad del trabajo disponible para los ciudadanos. La producción del petróleo -punto central de la agenda y de la visión de prosperidad de AMLO- también está a la baja, y PEMEX, la empresa productiva del Estado, enfrenta la posibilidad de que sus bonos sean calificados como bonos basura. La inversión pública y privada está estancada, la confianza de consumidores y del sector productivo a la expectativa.
Es cierto, también hay buenas noticias. La inflación está en los niveles más bajos (3,1%), la deuda pública no ha aumentado y la relación entre el peso mexicano y el dólar -el gran indicador de la salud económica para un ciudadano promedio- se ha mantenido estable, independientemente de los retrasos en la firma del acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). No obstante, desde mediados de 2019, los ciudadanos hemos sido bombardeados con noticias sobre un desempeño económico catastrófico, malo, decepcionante, según la posición del analista y del medio. Y, sin embargo, la popularidad del Presidente se ha mantenido alta (68%), de hecho, es la más alta desde la alternancia en el poder en 2000. Es más, específicamente en el tema de economía, en junio del 2019, el 54% de los mexicanos reprobaba la gestión económica del Gobierno frente al 23% que la evaluaba positivamente. En septiembre, la distribución era ya de 39% versus 35%, para revertirse en los últimos meses del año: en noviembre, el 39% aprueba la gestión económica y el 34% la evalúa como mala. Fueron meses de debates intensos en torno al presupuesto, marcados por los señalamientos de un optimismo excesivo de la Hacienda, que elaboró el Paquete Económico 2020 considerando el crecimiento de 2% (los mercados prevén en el mejor de los casos el 1,3%), y de una producción petrolera de 1,95 millones de barriles de crudo (cuando la producción ha caído en los últimos meses). Los debates sobre el presupuesto fueron acompañados por la sublevación de los alcaldes, quienes se quedan sin recursos suficientes para cumplir las obligaciones constitucionales de provisión de servicios a sus ciudadanos, y de protestas violentas de agricultores, por recortes de recursos, que pone en riesgo el único sector de la economía mexicana que ha crecido este año y ha permitido evitar la recesión. A pesar de todo, la percepción es mucho mejor ahora, que al inicio del año.
La explicación de este fenómeno está en la estrategia de comunicación que tiene López Obrador sobre la economía, y el mantra que repite en sus conferencias matutinas: no importa el crecimiento, sino el desarrollo; los resultados en crecimiento no son como quisiéramos, pero hay más bienestar. Un discurso reafirmado por la reciente presentación del libro Hacia una economía moral, de la autoría del Presidente. En este discurso, el combate a la corrupción y las políticas sociales son asimilados a la política económica. De ahí que AMLO anuncia, a bombo y platillo, los ahorros por venta de coches o el ya famoso en México, avión presidencial, que presuntamente fortalecen el erario público y financian los programas sociales. Y no importa que en realidad el avión presidencial no se ha podido vender y genera gastos por almacenamiento, lo importante es que el Presidente viaja en las líneas comerciales o por la carretera, creando la ilusión de un ahorro millonario. De igual manera, AMLO le dio mucha publicidad a la creación del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, que -claro- no es una creación nueva, sino un cambio de nombre a la dependencia de la Hacienda antes llamada de forma aburrida: Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. En un país con altísimos niveles de corrupción y los grandes escándalos del sexenio pasado de Enrique Peña Nieto, es un discurso que vende, que convence. Para los economistas, la austeridad republicana de la administración actual se ha traducido en el freno de la inversión pública y uno de los factores explicativos del estancamiento del PIB. Para miles de burócratas despedidos sin liquidación, en el sinónimo de la injusticia laboral. Pero para amplios sectores de la población es un ejemplo de buena gestión.
Los programas sociales, también muy publicitados por la nueva administración, tienen un subejercicio de recursos por la incapacidad de administrarlos efectivamente. Por ejemplo, la pensión universal para adultos mayores se entregó primero a los derechohabientes de las pensiones contributivas, porque administrativamente era lo más fácil, aunque de ninguna manera era el sector más desprotegido. Otro ejemplo es el apoyo al campo, que tantas protestas ha inspirado en los meses pasados. Como hemos señalado, la agricultura fue el único sector de la economía mexicana que ha crecido, y de hecho ha tenido un aumento mayor al promedio de la economía desde 2013. En 2019, mientras el sector industrial cayó en 1,5% y el de servicios se ha estancado con el crecimiento de 0,1%, el primario creció 5,4%. La producción agrícola también es el sector más dinámico de las exportaciones mexicanas. Estos buenos resultados corresponden a las empresas agrícolas grandes y medianas, altamente productivas y orientadas a la exportación. El campo mexicano tiene también otra cara, la de pobreza extrema y marginación, con producción de autoconsumo. En la lógica de la economía “moral” del presidente López Obrador todos los recursos destinados al campo deben dirigirse a apoyar a la agricultura de sobrevivencia y autoconsumo, a través de uno de sus programas sociales bandera, el de Sembrando vidas. Los agricultores productivos deben arreglárselas solos, porque no son pobres. La realidad económica y comercial es que los agricultores mexicanos compiten con los de Estados Unidos, incluso de Europa, regiones con altísimos subsidios a la agricultura. De por sí, los apoyos de Gobierno mexicano en el pasado eran mucho menos generosos que los de sus competidores, pero eliminarlos por completo es destinar al fracaso el único sector que hoy en día no entró en crisis. No es una decisión moral o inmoral, es económicamente inviable.
Una de las políticas centrales para el presidente López Obrador es la de construir una república amorosa y fraterna. El uso del lenguaje religioso, mesiánico incluso, ya ha sido notado, comentado, aceptado incluso en algunos sectores de México. Quizás no extraña tanto en el contexto del combate a la corrupción o de programas sociales, pero ¿en el caso de decisiones económicas? En un país extremadamente desigual, con ingreso concentrado en una élite muy reducida, la redistribución de la riqueza es muy necesaria. Pero ¿cómo asegurar la redistribución si la economía no crece? Andrés Manuel López Obrador descalifica este tipo de preguntas etiquetándolas como el discurso neoliberal del pasado conservador y reaccionario. Pero preocupa que su plan, hasta ahora, parece confiar en el mensaje bíblico de Cristo sobre las aves del cielo, que no siembran ni recogen en los graneros, porque Dios provee de todo lo necesario para los justos.
