Cinco países en los que las organizaciones no gubernamentales florecen contra todo pronóstico.
Jordania
El vigor de la sociedad civil jordana es fruto, en primer lugar, de la suavización de las restricciones sobre los derechos de asociación en 1989, un paso que abrió el camino al surgimiento de múltiples ONG. A través de ese fortalecimiento acumulado durante dos decenios, la sociedad civil jordana cuenta hoy con más de 3.000 organizaciones y más de un millón de miembros (aproximadamente la sexta parte de la población), pero su trayectoria es tan explosiva como incierta es la tolerancia del poder a su creciente prominencia. Un ejemplo claro pudo verse en 2009, cuando las autoridades jordanas adoptaron un cambio normativo que, por un lado, facilita el registro de nuevas asociaciones y, por otro, incluye una cláusula que les obliga a obtener la aprobación del Gobierno para recibir financiación extranjera.
La exigencia del plácet gubernamental es una fórmula de control muy poderosa, ya que la financiación foránea es clave para el desarrollo y proliferación de la sociedad civil jordana; sin ir más lejos, el 9 de enero Jordania firmó un acuerdo con Estados Unidos para obtener fondos por valor de hasta 140 millones de dólares (unos 100 millones de euros) para impulsar la sociedad civil del país. El intento de las autoridades por aumentar el control de la sociedad civil ha suscitado ya el rechazo de organizaciones como Human Rights Watch, que el año pasado denunció la negativa del Gobierno a autorizar la recepción de fondos extranjeros a una ONG que trabaja por los derechos de los trabajadores emigrantes en Jordania.
A pesar de los traspiés obstructores por parte de las autoridades, la fortaleza de la sociedad civil jordana sigue reivindicándose y ha asumido nuevos papeles que la hacen aún más visible. Así, los miles de sirios que huyen de la guerra y buscan refugio en este país vecino obtienen asistencia principalmente por parte de organizaciones no gubernamentales locales. La prensa internacional se ha hecho eco de este despliegue solidario extraoficial, lo que contribuye al prestigio y visibilidad de la sociedad civil del país.
Mongolia
La vibrante sociedad civil de Mongolia juega un papel clave, sirviendo de freno y supervisor a las acciones del Gobierno. Así, las alrededor de 6.000 ONG que existen en el país poseen una influencia a priori impensable en este remoto Estado que convive aún con los estertores del colapso soviético. La sociedad civil mongola es también el escenario de ciertas asimetrías: en primer lugar, está desproporcionadamente protagonizada por mujeres, que ven en este tipo de organizaciones una alternativa para hacerse oír ante las dificultades para participar en una política dominada por hombres; asimismo, la inmensa mayoría de las organizaciones no gubernamentales se concentran en la capital, Ulan Bator, mientras que las sociedades rurales y pastorales, así como las minorías étnicas, tienden a estar infrarrepresentadas.
Más allá de esas limitaciones, el mayor logro que ha conseguido la sociedad civil de Mongolia es tener una voz en la gestión de los recursos naturales del país. En junio de 2011, el Gobierno enmendó la ley de contratación pública, confiriendo a la sociedad civil un papel en la evaluación y control de las licitaciones. Este simple paso, en un país que vive un verdadero boom económico impulsado por las materias primas (la economía lleva creciendo a un ritmo medio superior al 8% en los últimos diez años, y llegó a alcanzar el 17,5% en 2011), otorga a la sociedad civil una posición clave para determinar cómo se invierten estos ingentes beneficios en un país marcado por la pobreza. De esta forma, y al margen del grado de compromiso de las autoridades a la hora de aplicar plenamente esta normativa, la sociedad civil de Mongolia tiene la oportunidad de controlar parcialmente la principal fuente de riqueza del país y transformar así la vida de las generaciones futuras. Esta concesión por parte del poder es quizá la más relevante, pero ha habido otros gestos recientes, como permitir a observadores electorales de la sociedad civil supervisar las elecciones parlamentarias de 2012, un hecho inédito en la historia de Mongolia.
Malasia
La vibrante y variada sociedad civil malaya tiene un nombre propio que no sólo la aglutina, sino que le ha dado una visibilidad y estatura inusitadas en el país. Ese nombre propio es el de Bersih, un movimiento creado en 2006 para luchar por la limpieza y la equidad electoral, y que dio lugar a manifestaciones masivas en 2007, 2011 y 2012 (se espera otra este año) en las que decenas de miles de personas salieron a las calles de Kuala Lumpur y otras ciudades. Los manifestantes, duramente reprimidos por la policía, blandían un catálogo genérico de exigencias para limpiar el proceso electoral de un país altamente corrupto. Entre estas demandas se encuentra la de fortalecer las instituciones públicas, poner freno a la corrupción o garantizar un acceso libre a los medios de comunicación que cubren las elecciones, así como usar tinta indeleble para combatir el fraude electoral. Bersih es además la clave de bóveda de una sociedad fuertemente polarizada por criterios étnicos y religiosos. A su eco se suman voces dispares, desde organizaciones de mujeres a asociaciones islámicas o representantes de credos minoritarios, pasando por el entorno del líder opositor Anwar Ibrahim, hasta hace poco acusado de quebrantar una ley creada en 2012 con objeto precisamente de impedir nuevas manifestaciones masivas.
Si bien Bersih es su estandarte más prominente, la sociedad civil malaya cuenta con otros nombres relevantes y se pronuncia en diversos frentes. En uno de ellos, el medioambiental, se ha logrado resonancia internacional a través de acciones como la del grupo ecologista Himpunan Hijau, cuya oposición a las actividades en Malasia a cargo de la empresa minera australiana Lynas Corporation tiene hoy un hueco en la prensa de ese país.
Tanzania
En comparación con otros países en desarrollo, Tanzania posee una bien dotada sociedad civil que representa alrededor del 2% de la población económicamente activa y que ha contribuido a afrontar los inmensos desafíos que padece un país sumido en la pobreza. El suministro de agua potable, la educación, los servicios sanitarios y legales o la asistencia a enfermos de SIDA han sido algunos de los ámbitos en los que la acción de la sociedad civil ha tenido un impacto más favorable. A su vez, la acción de las ONG va más allá de llenar el vacío dejado por unas autoridades insuficientemente capaces o interesadas en sus ciudadanos; con cada vez mayor frecuencia, la sociedad civil tanzana supervisa que los ingresos derivados de impuestos o fuentes similares se inviertan de la mejor manera posible, poniendo freno a la expatriación ilícita de fondos que desangra las arcas públicas. Si bien este énfasis de la sociedad civil en el control del desembolso público es aún muy incipiente, algunos expertos consideran que ganará preeminencia dentro de unos diez años, cuando empiecen a fluir los fondos provenientes de los recientes hallazgos de gas en el país.
Sin embargo, el papel presente y futuro de la sociedad civil tanzana, aun siendo excepcionalmente importante teniendo en cuenta las condiciones de pobreza del país, ve obstruido su despliegue por múltiples debilidades estructurales. La financiación de las asociaciones locales depende hasta en un 40% de fondos extranjeros y lleva a la sociedad civil a competir por los recursos foráneos con el Gobierno; a su vez, algunos críticos consideran que estas organizaciones todavía han logrado pocos avances en mejorar la transparencia de las autoridades, al tiempo que se mueven en un entorno legal y político que inhibe la plenitud de sus actividades. En todo caso, los logros cosechados por la sociedad civil tanzana son inéditos en un país de estas características, y podrían servir de modelo para otros Estados africanos que se enfrentan a problemas similares.
Afganistán
El malherido país centroasiático es el ejempo paradigmático de cómo crear una sociedad civil desde cero, inducida por fondos internacionales que buscan deliberadamente la creación de un teijido social alternativo al radicalismo islámico de los depuestos pero aún poderosos talibanes. Después de que éstos fueran expulsados del poder en 2001, han florecido múltiples organizaciones regadas con fondos occidentales; a la cabeza de esta sociedad civil emergente se encuentra la Afghan Women’s Network, que lucha por los derechos de las mujeres, o la Agency Coordinating Body for Afghan Relief (ACBAR), una ONG que brinda ayuda humanitaria.
Los intentos internacionales por crear una sociedad civil fuerte en Afganistán no han erosionado el conservadurismo prevalente del pueblo afgano, mientras que la corrupción gubernamental y la dependencia respecto a la financiación extranjera lastran el despegue de las organizaciones no gubernamentales. No obstante, y al contrario de lo que sucedía antes de 2001, hoy puede hablarse de una sociedad civil relativamente dinámica y con multitud de nuevas asociaciones que proliferan y se extinguen con la misma asiduidad, y que se enfrentan también a un apoyo público débil. El crecimiento de una sociedad civil relevante se ve además refrenado por la constante fuga de cerebros y por la inseguridad que pesa sobre quienes escapan del pensamiento dominante, ya que sobre estos activistas recae un peso desproporcionadamente alto de la violencia que impregna el país.
A pesar de esos problemas, la voluntad de la comunidad internacional de sacar a sus fuerzas militares del país con la sensación de haber logrado mejorías sólidas ha llevado a nuevas iniciativas (y a nuevos fondos) que han cristalizado en organizaciones como la Afghan Alliance in Support of the Afghan People (ASAP), cuyo cometido es precisamente fortalecer el papel de las ONG afganas en la toma de decisiones políticas. Con estos y otros estandartes, la sociedad civil de Afganistán puede no ser vibrante en el sentido pleno del término, pero sí en relación a las condiciones reinantes en el país y a la resistencia generalizada respecto a las ideas que estas asociaciones importan.
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