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Venezolanos hacen cola en Caracas para solicitar el "visado de responsabilidad democrática" que da Chile., 2018. LUIS ROBAYO/AFP/Getty Images

Cómo Chile y Argentina están abordando, desde el punto de vista legal y político, el flujo de inmigrantes venezolanos en su territorio. ¿Qué lecciones pueden aprenderse?

Desde hace más de diez años ha aumentado la migración internacional como consecuencia de las crisis económicas y políticas, así como debido a factores como el cambio climático y los desastres naturales, entre otros. Esto ha llevado a una modificación en las dinámicas de los movimientos de personas, la tendencia tradicional en América Latina de flujos sur-norte ha variado e incluye también las movilizaciones intrarregionales.

La actual migración de venezolanos hacia otros Estados de la región se debe a una coyuntura compleja. Según Naciones Unidas, han salido cerca de 2,3 millones de venezolanos de su país de origen, lo que lo convierte en el cuarto Estado con mayor número de solicitantes de asilo, después de Siria, Irak y Afganistán. Sin embargo, las cifras presentan inconsistencias, puesto que ha sido imposible obtener un registro único que refleje a ciencia cierta la cantidad total de migrantes. Por su parte, la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) señala que el total de venezolanos que han dejado su país se sitúa en 2.648.509, de los cuales 1.848.581 se encuentra en países de América del Sur. Su presencia es evidente en Colombia, pero Chile y Argentina no son ajenos a esta realidad.

A finales de 2017 podían contabilizarse en Chile 600.000 migrantes, ocupando los venezolanos el primer puesto, seguidos por los nacionales de Haití, Perú y Colombia. En diciembre de ese año, habían llegado 164.866 venezolanos, lo que representa casi el doble del dato registrado en 2016, de los que 72.607 cuentan con permiso de residencia; en el primer semestre de 2018, se calcula la llegada de 147.429 venezolanos, lo que convierte a Chile en el cuarto país de destino en la región superado por Colombia, Ecuador y Perú. Sin embargo, estas cifras evidencian la fluctuación de la migración.

Entre las medidas promovidas por el Gobierno chileno para hacer frente a la actual situación migratoria se encuentra un proyecto de ley que pretende modificar el sistema migratorio con el ánimo de tener una normatividad integral basada en cinco grandes ejes temáticos: la igualdad de derechos (educación, acceso a la justicia, vivienda, seguridad social, integración e inclusión y libertad de tránsito), la promoción de la regularización, la adecuación del proceso para llevar a cabo los trámites migratorios administrativos, el mejoramiento de las condiciones laborales y el fortalecimiento de la institucionalidad. Justamente, entre las recomendaciones de los Mecanismos de Derechos Humanos en Chile, en el período entre 2015 y 2018, se señala que es necesario continuar con la idea de modernizar la ley migratoria, procurando incorporar una perspectiva de derechos humanos, con derechos y deberes para los migrantes, independientemente de su situación, y apuntar elementos para una adecuada política nacional en ese tema.

Además, en Chile está abordándose un proceso de regularización ...