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Un grupo de personas de Zimbabue descargan un ferry con materiales de primera necesidad procedente de Sudáfrica. (ZINYANGE AUNTONY/AFP/Getty Images)

La situación empeora en el país, mientras sus dirigentes continúan enzarzados en guerras internas.

Desde que en la última década de la dictadura de Robert Mugabe el país se sumiera en una grave crisis económica no resuelta, Zimbabue se desliza hacia un precipicio tras la huelga del pasado 14 de enero. La reforma agraria de 2000 a 2008 le hizo perder un 50% de su PIB y ser la economía más contraída del mundo. Al acierto de haber alfabetizado al 90% de su población le ha seguido la misma cifra en desempleo crónico y 4/5 partes de zimbabuenses viviendo en la pobreza. Diez años después reaparecen la hiperinflación, las restricciones de bienes básicos y de la moneda, al impedir las intestinas guerras faccionalistas del partido hegemónico ZANU-PF las reformas que el país necesita para adaptarse a los nuevos tiempos.

En noviembre de 2017, la facción Lacoste promovió el golpe de Estado que depuso a Mugabe a través de la operación Restaurar el Legado, venciendo a la resistencia del temible G40 mugabiano (el núcleo duro de poder entorno al depuesto líder que le preparaba la labor de policía política). ZANU no es más que una lacónica expresión de viejas soflamas anticolonialistas y de profundas divisiones entre los cuerpos de seguridad, donde los veteranos de guerra marcan la agenda. Aquella elite que llegó al poder hace 38 años tras la guerra de liberación, adoptó las mismas malas prácticas del colonialismo contra el que luchó. Prueba de ello fueron los desalojos forzados de tierras de altos mandos del régimen -policiales, militares y políticos-, que, con la presión de los propietarios originales en los tribunales, empiezan a verse sometidos a auditorías. También les ...