Una nueva ruta de desarrollo capaz de crear nuevas realidades más sostenibles en la región.
El extenso y complejo territorio de América Latina ha estado sometido a importantes transformaciones en su devenir histórico. Es en sí mismo un universo lleno de dinamismo, de evolución de los asentamientos humanos que le imprimen identidad y características propias en su avance progresivo de dominio y apropiación del medio natural: una relación sistémica y simbiótica, pero llena de consecuencias, tanto para los seres humanos que la habitan como para la naturaleza que los sustentan. Entre estas consecuencias es necesario señalar un progresivo y serio deterioro de los elementos que sustentan la vida, no sólo para los humanos que han creado esta relación, sino para todos los seres vivos: el aire, el agua y los suelos proveedores de alimentos y manifestaciones vitales. Deterioro que en la actualidad se erige como uno de los principales retos para el desarrollo sostenible e inclusivo para toda la humanidad. Este proceso histórico ha producido como resultado en América Latina que el 60% de la riqueza del continente se está produciendo en el 9% de su territorio, pero además evidenciando el hecho de ser uno de los lugares de mayor desigualdad. A su vez generando graves problemas como producto esta aglomeración negativa de la población, así como a la subutilización de importantes recursos naturales y humanos para un desarrollo integral y sostenido de los Estados que forman parte de la región.
Estos hechos están poniendo en la agenda del desarrollo de los países latinoamericanos el tema del ordenamiento territorial para el desarrollo. Entendido como el proceso sociopolítico, técnico y administrativo que está orientado a la organización, planificación, gestión del uso y ocupación de los territorios. En función de diferentes características ambientales, socioeconómicas, culturales y político institucionales y de acuerdo a la búsqueda de un desarrollo integral, inclusivo y sostenible capaz de abordar los retos estratégicos del desarrollo. En concreto, está pensado como un proceso participativo e interactivo, basado en objetivos explícitos y transparentes que propicien el uso inteligente y justo del territorio. La idea es aprovechar las oportunidades, reducir los riesgos, proteger los recursos en el corto, mediano y largo plazo y repartir de forma racional los costos y beneficios entre el conjunto de actores sociales e institucionales de las distintas áreas geográficas.
En el estudio El Ordenamiento Territorial en América Latina. Situación Actual y Perspectivas, realizado por el programa EUROsociAL+ de la Unión Europea, en cuya gestión participa la FIIAPP, se documentan los avances político-institucionales sucedidos en dieciséis países de la región en aspectos conceptuales y metodológicos, legislación, formulación, aprobación y ejecución de políticas públicas y su relación con procesos efectivos de desarrollo territorial, tanto en la escala local como regional. Dicho trabajo permite reflexionar y ensayar conclusiones importantes para la Red Latinoamericana de Políticas Públicas de Desarrollo Regional de las cuales es importante rescatar la importancia de las políticas de Estado sustentadas en Leyes estratégicas, la voluntad política de los gobiernos, la importancia de métodos y técnicas orientadas hacia la investigación de las potencialidades de los territorios, la movilización y toma de conciencia de los actores sociales e institucionales, el apoyo de la cooperación internacional y la capacidad de aprendizaje de las experiencias de administraciones públicas y el conjunto de la sociedad civil.
Varios de los países de la región están enfatizando que el ordenamiento territorial forma parte de las herramientas o métodos que se requieren para abordar con éxito el desarrollo integral y sistémico de los territorios. Estas posiciones toman un valor estratégico mayor en la medida en que se avanza en los procesos de cambio, principalmente en el ambiente y en la configuración de los sistemas poblacionales. Desde hace más de una década los países de la zona han venido evolucionando en la concepción y en las estrategias de sus políticas territoriales. Siempre en la búsqueda de nuevas alternativas y estrategias que tiendan a corregir los aspectos negativos de la manera como se ha abordado la ocupación de los territorios y los elementos derivados de dicha ocupación en la causalidad de las desigualdades socioeconómicas y territoriales. Así como en la débil sostenibilidad ambiental del uso de los recursos naturales. El rescate por parte de las teorías y prácticas de la planificación del desarrollo del concepto del territorio como una construcción histórica y social y, a su vez, como un recurso y factor del desarrollo. No sólo como un soporte físico para las actividades y los procesos sociales y económicos.
De una manera especial, el concepto de sustentabilidad del desarrollo —principalmente en los aspectos ambientales, pero también social y político— se ha convertido en uno de los paradigmas más importantes de las propuestas y estrategias del desarrollo. Y este paradigma ha puesto de manifiesto muchas de las debilidades de la planeación o planificación tradicional. Especialmente en relación a su falta de operatividad y su incapacidad para responder a las incertidumbres de las realidades de los países. De esta situación ha resurgido la necesidad no solo de nuevas normas e institucionalidad, sino de métodos y herramientas coherentes y consistentes con este paradigma del desarrollo y la irrupción de los territorios como sujetos sociales y políticos.
Estos sujetos plantean la necesidad de una participación comprometida bajo nuevos conceptos de gobernanza territorial multiescalar. En la que no sólo toman parte de las decisiones públicas, sino que contribuyen con sus vivencias, experiencia y conocimiento al ordenamiento del territorio y a la definición y participación de estrategias de desarrollo. Todo con una visión compartida de futuro y a la medida de sus propias necesidades y aspiraciones. Esta gobernanza multiescalar está introduciendo nuevos paradigmas institucionales de la gestión del desarrollo de los territorios que implica nuevas metodologías de relacionamiento de diálogo, de concertación y de toma de decisiones compartidas. Esto implica la necesidad de introducir cambios importantes en la gestión institucional de desarrollo territorial.
En materia de legislación, esta se traduce en una política de Estado, lo que hace que el conjunto del país que la adopte en el mediano y largo plazo esté sujeto a un conjunto de determinaciones, normas, procesos y condiciones necesarias para abordar el tema del desarrollo territorial del ordenamiento de los recursos existentes. Normativa que deberá propiciar la integración territorial para generar mejores dinámicas económicas mediante inversiones estratégicas de los recursos públicos en beneficio de sus pobladores, así como la promoción de la participación ciudadana y la integración de la unidad nacional. Con la idead de mantener la integralidad y autonomía territorial, y facilitar el crecimiento socioeconómico equitativo y equilibrado en las diferentes escalas territoriales. Una buena ley de ordenamiento territorial aborda el tema de la región-territorio en su carácter administrativo y en su planificación y gestión del desarrollo, estableciéndola como un espacio dinámico para la inversión el desarrollo económico, la inclusión social, el fortalecimiento cultural y del capital social y la identidad social.
Las leyes integrales de ordenamiento y desarrollo territorial deberán superar paradigmas dicotómicos y asumir un enfoque holístico y sistémico que les permita interpretar con claridad la complejidad y el movimiento de los territorios. Así como el diseño y la operación de estructuras institucionales ágiles y eficaces. Pero además la adopción de instrumentos modernos de ordenamiento y gestión del desarrollo territorial que tomen en consideración los avances tecnológicos y en especial abiertos a la promoción de la participación ciudadana en estos procesos. La participación de la población en ellos depende de las posibilidades de transformación de la realidad y en consecuencia la generación de nuevos ordenamientos territoriales, de acuerdo con las necesidades presentes y futuras de la sociedad. Esta fuerza social hace que los procesos de ordenamiento y desarrollo territorial tengan vida y no se conviertan en letra muerta. Lo que implica que la asignación de recursos suficientes y adecuados.
En la experiencia de América Latina, mucho de estos aspectos están en marcha, unos con mayor profundidad y resultados y otros en la búsqueda de una nueva ruta de desarrollo capaz de crear nuevas realidades de mayor sostenibilidad y bienestar. Esperemos que esta trayectoria se siga profundizando en la búsqueda de una relación empática entre sociedad y naturaleza, capaz de reducir las graves relaciones entrópicas que se han sucedido en el transcurrir histórico de la región.
