Por qué la justicia social y la transparencia deben estar en el centro de los planes de recuperación y reconstrucción tras la crisis sanitaria global.
Desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró pandemia el brote de la Covid-19 en marzo del 2020, instituciones públicas a nivel estatal e internacional, como la Unión Europea, y organizaciones financieras globales, como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), han desplegado un amplio abanico de fondos para hacer frente a una recesión económica insólita desde hacía alrededor de un siglo.
Los efectos económicos y sociales, más allá del ámbito sanitario, han sido devastadores: a raíz de la crisis sanitaria global se ha invertido, por primera vez en una generación, la tendencia a la baja de la pobreza mundial, y solo en 2020 más de 100 millones de personas cayeron en la pobreza extrema, según el BM. En muchos países, las pérdidas en los ingresos per cápita revirtieron 10 años o más de ganancias, reduciendo así la década de 2010 en una suerte de década perdida. En línea general, los trabajadores informales y las micro, pequeñas y medianas empresas son las que se han visto más afectadas por una pandemia que ha hecho mella en todas las desigualdades previas.
El primer rescate
Ante este contexto, el Gobierno central español activó ya en marzo del 2020 un plan de emergencia para avalar préstamos bancarios a empresas y autónomos, gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y dotado inicialmente con hasta 100.000 millones de euros, de los cuales 4.000 millones se reservaron a comprar deuda de grandes compañías. Una segunda línea de avales, aprobada en julio y enfocada a cubrir nuevas inversiones, aumentó esa cantidad hasta los 140.000 millones. Otros 10.000 millones se asignaron en julio para asegurar la solvencia de empresas consideradas estratégicas.
A nivel europeo, la reacción tampoco se hizo esperar y a finales de marzo Bruselas suspendió temporalmente el hasta entonces sagrado Pacto de Estabilidad y Crecimiento, lo que permitió a los Estados miembro soltarse sus cadenas de déficit y deuda. En paralelo, se activaron una serie de mecanismos para frenar la hemorragia. El Eurogrupo aprobó su llamada “triple red de seguridad”, integrada por el fondo de rescate europeo dotado con 240.000 millones de euros –que no se han usado–, otro fondo de préstamos y avales para pymes gestionado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) con 200.000 millones, y un tercer fondo de 100.000 millones destinado a cubrir ERTE. El Banco Central Europeo (BCE), a su turno, lanzó un programa de compra de deuda pública y privada dotado –tras varias expansiones desde su anuncio en marzo del 2020– con 1.850 millones de euros.
A escala mundial, y más allá de los planes que haya diseñado cada Estado con sus propios recursos, muchos países han tenido que acudir al BM o al FMI para pedir préstamos de emergencia para poder desplegarlos. Así, el Banco Mundial lanzó en abril del 2020 un programa de 15 meses destinado a Estados clientes y dotado con hasta 160.000 millones de dólares que se encargan de aprobar sus distintas divisiones: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Asociación Internacional de Fomento (AIF) en el caso de los gobiernos, y la Corporación Financiera Internacional (CFI) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI) en el caso del sector privado, tal y como recoge un documentode la Red Europea sobre Deuda y Desarrollo (Eurodad). El Fondo Monetario Internacional, por su parte, ha aprobado préstamos por valor de 109.000 millones de dólares a 84 países de ingresos bajos y medios, sobre todo de América Latina y el Caribe, hasta mayo del 2021.
Los grandes beneficiados
Conocer quién ha podido acceder y beneficiarse de todos estos fondos y ayudas no es una tarea fácil, puesto que el sentido de emergencia con el que se han envuelto ha ido en gran medida en detrimento de la transparencia. En el caso español, el ICO no ha publicado a quién ha aprobado financiación ni por qué. A pesar de ello, al menos el 29% de la línea de ayudas inicial de 100.000 millones de euros –que ya se ha agotado– ha beneficiado a grandes empresas, que en 2020 representaban un 0,15% del total de empresas en España. Un nuevo tramo de la segunda línea de avales, la de 40.000 millones, se lanzó a finales de mayo con 15.000 millones de euros, 5.000 millones de ellos para las grandes compañías.
Entre las grandes empresas beneficiadas por los avales figuran aerolíneas como Iberia y Vueling, propiedad de una corporación británica participada por la línea aérea de Qatar y fondos de inversión transnacionales, según ha podido recoger el diario El Salto. La constructora OHL, acusada de corrupción, y la aerolínea Air Europa también se han beneficiado, según el mismo medio. Donde existe mayor transparencia es con los 4.000 millones reservados a comprar deuda de grandes empresas, puesto que la lista es pública. Y aquí, la cadena de El Corte Inglés ha sido la más beneficiada, tras colocar 1.200 millones de euros, pero ha ido acompañada de otras empresas como la constructora Sacyr, el gigante de la moda Mango, la compañía de telecomunicaciones MásMóvil o el fabricante de armas Maxam.
En el ámbito europeo, la primera ola de rescates también benefició a grandes corporaciones. Solo en los primeros meses de su programa, el BCE ya había realizado compras de bonos corporativos de 210 empresas, entre las que se encontraban 18 gigantes españoles como Abertis, ACS, CEPSA, Enagás, Ferrovial, Iberdrola, Naturgy, Red Eléctrica y Repsol. A su lado había otras empresas como Adidas, Bayer, BMW, Carrefour, EasyJet, H&M, Nokia o Shell, según una lista del Obervatori del Deute en la Globalització (ODG).
El BM, a su turno, también priorizó al sector privado en su respuesta de emergencia, como se desprende de que en torno al 60% de sus fondos se canalizaron, hasta el pasado octubre, a través de sus divisiones de préstamos a empresas, según un documento elaborado por Eurodad y SOAS. Más concretamente, hasta junio del 2021 la Corporación Financiera Internacional, del BM, ha apoyado –o está pendiente de hacerlo– 86 proyectos desde el abril anterior. De estos, en torno al 57%, se concentran en el sector financiero, seguido de los sectores agroindustrial y forestal, y de la salud. Así, la mayoría de fondos van a parar a bancos que, a su vez, deberían conceder préstamos a empresas, incluidas pymes, un paso que, sin embargo, no está claro que vaya a ocurrir y que bien podría concentrar todavía más dinero a manos de grandes empresas, por lo general, más solventes. La CFI también ha financiado proyectos de gigantes hoteleros y proveedores de salud privada.
Algunos de los casos más alarmantes, recogidos por Eurodad, incluyen un crédito de 150 millones de dólares a una filial del conglomerado bancario Bank of Africa que en 2019 obtuvo un beneficio de más de 3.300 millones de euros; invertir 15 millones en un fondo de capital de riesgo registrado en las Caimán; y 160 millones a un fondo de capital privado en el que participan el fondo soberano de Qatar y el mayor grupo hotelero europeo, Accor.
A escala global, aunque resulta todavía más difícil conocer cómo se han distribuido los fondos de emergencia, la tendencia anterior parece repetirse. En este sentido, un estudio de la Coalición para la Transparencia Financiera sobre los planes gubernamentales de nueve países del sur global reveló que solo se dirigió alrededor del 1% de los respectivos PIB a programas sociales –que no siempre llegan a materializarse. Al mismo tiempo, el 63% de sus fondos de emergencia contra la pandemia, que alcanzaron un valor conjunto de unos 51.000 millones de dólares, los acumularon grandes corporaciones, en detrimento de medidas sociales o pymes. De la lista, Nepal sobresale como un caso extremo, en el que hasta un 99% del gasto se destinó a empresas. El informe señala que la orientación de la política fiscal de los nueve Estados ha ido a cargo sobre todo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), “el club de los [38] países ricos”.
La próxima fase
La radiografía de quién se ha beneficiado de los primeros rescates es particularmente oportuna porque el despliegue de emergencia inicial, dirigido a frenar la hemorragia, va seguido de una segunda fase de acción significativamente más profunda y destinada a la reconstrucción y a la transformación de la economía productiva.
En el caso de la Unión Europea, esta segunda fase se ha bautizado como Next Generation EU, un fondo paralelo a sus presupuestos destinado a conceder subvenciones y préstamos a los Estados miembro a lo largo de siete años y dotado con 750.000 millones de euros financiados mediante la emisión de deuda –los llamados eurobonos– a los mercados. Del paquete, al menos el 37% se reserva para proyectos que fomenten objetivos climáticos, el 20% a la transición digital y el 10% a la biodiversidad, marcando así, al menos sobre el papel, sus líneas maestras. El Mecanismo Europeo de Recuperación y la Resiliencia (MRR) a su turno, concentra el 90% de todos estos fondos, a los que los países miembros pueden acceder después de presentar planes nacionales que luego deberán ser aprobados.
En España, el Gobierno central ha sido el encargado de definir su plan, “España puede”, que fue aprobado a finales de abril e incluye 110 inversiones y 102 reformas. Luego, los fondos europeos se distribuirán de forma temática, y serán los ministerios quienes van a trabajar con las comunidades autónomas para que ejecuten los proyectos con empresas privadas, tal y como recoge un detallado informe del ODG. Los proyectos concretos a financiar son recogidos y propuestos por ministerios y comunidades, que ya presentaron sus planes al Gobierno central en febrero, según el mismo informe. Las grandes empresas y patronales, sin embargo, han podido presentar sus proyectos directamente al Gobierno. En total, España espera hacerse a través de esta vía con hasta 140.000 millones de euros.
Grupos como la ODG han mandado señales de alarma a lo largo de todo este proceso. Así, se ha criticado que la elaboración de los planes de las comunidades se haya realizado con una falta absoluta de participación ciudadana y, en muchos casos, en un contexto de desinformación. Además, los principios básicos del Real Decreto-ley que van a gobernar el programa y que sientan las bases de la asignación de los fondos, aprobado en diciembre, es muy similar a una propuesta de la patronal CEOE elaborada por abogados de PwC, Cuatrecasas, Garrigues y Uría-Menéndez, a su vez representantes de grandes empresas, tal y como ha analizado El Salto. Un ejemplo ilustrativo es que el ministerio de Transición Ecológica contrató a la consultora Deloitte para asistirle en la gestión de los fondos pese a que la misma Deloitte había sido contratada por la petrolera CEPSA para elaborar sus proyectos para recibir esos fondos. En este sentido, la ODG estima que las empresas del Ibex35 ya han presentado proyectos por valor conjunto de unos 100.000 millones de euros.
“Existe un riesgo elevado de que los fondos europeos sean acaparados por las grandes empresas para financiar mega proyectos. Muchos son proyectos antiguos que han salido del cajón de los no financiados por la crisis anterior”, señala la ODG en su informe, que reprocha la “evidente y enorme asimetría de oportunidades para presentar proyectos”. “Empresas y corporaciones tienen acceso a los servicios de las consultoras que permiten plantear multitud de proyectos, mientras las pymes, entidades de la economía social y solidaria, personas autónomas, proyectos feministas e, incluso, pequeños municipios, no tienen el conocimiento para presentar sus proyectos”, constata.
La ruta alternativa
Para contrarrestar esta dinámica y trabajar por una gestión transparente y accesible de los fondos de reconstrucción, en concreto de los europeos canalizados a través del Next Generation EU y del España Puede, se estableció en España la plataforma ciudadana Open Generation EU con el fin de incidir en los procesos y herramientas institucionales que sentarán las bases de la gobernanza y la distribución de estos fondos.
La plataforma, que reúne a actores de la sociedad civil, expertos, periodistas y agentes económicos, defiende la necesidad de que este proceso “garantice los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación de acceso”. También pide a que el proceso sea “accesible para grandes y pequeños (pymes, autónomos y agentes de la economía social) y auditable para la ciudadanía”, que tiene derecho, nota, a “saber a quién se le da el dinero, cuánto, por qué y para qué”.
En concreto, la red ha elaborado un conjunto de ocho propuestas “concretas y viables” dirigidas al Gobierno español que incluye cuestiones encaminadas a garantizar mayor transparencia y gobernanza o a frenar la crisis sanitaria, económica, ecológica, social y de género. En cuanto al reparto de los fondos, y para lograr una “transición ecosocial justa”, se recomienda “promover la desprivatización y desmercantilización de servicios básicos y sectores estratégicos” y “reforzar modelos públicos o público-comunitarios y reducir colaboraciones público-privadas”. Asimismo, se reclama facilitar que empresas y proyectos sociales puedan acceder a los fondos mediante, por ejemplo, convocatorias especiales que prioricen a autónomos, pymes y a la economía social y solidaria.
Además, la plataforma exige incorporar criterios de exclusión de algunos proyectos y empresas que incluyan aquellas cuyas actividades generen claros impactos ambientales o sociales negativos, sean directos o indirectos, las que cuenten con filiales en paraísos fiscales, las que pertenezcan a grupos implicados o condenados por corrupción o delitos económicos graves, y las que su accionariado esté conformado en más de un 50% por fondos de capital de riesgo o sociedades de inversión de cualquier tipo.
Cuando se presten fondos a grandes empresas, la red, en la línea de otras organizaciones como Eurodad, sugieren que los préstamos estén sujetos a condiciones. Por ejemplo, la primera llama a alinearlos con objetivos climáticos, ecológicos y de justicia social, así como a introducir cláusulas de obligado cumplimiento, ya sean de género, sociales, ambientales o climáticas. Eurodad, por su parte, recomienda un mayor escrutinio público de estos fondos cuando se destinen a grandes empresas y la evaluación de su impacto en ámbitos como los derechos humanos o medioambientales. También piden exigencias de mínimos como no poder operar en paraísos fiscales, reducir su secreto financiero y no pagar –o rebajar– sus dividendos durante un periodo. Esta batería de recomendaciones es similar a la propuesta también por la Coalición para la Transparencia Financiera.
En relación al BM en concreto, Eurodad señala que la institución necesita restablecer un equilibrio entre los sectores público y privado en su respuesta a la Covid-19, y llama a la CFI a reevaluar sus actividades y a evitar proporcionar financiación a grandes conglomerados e inversores mundiales para pasar a prestar más atención al fomento de empresas locales. Asimismo, piden al CFI revelar públicamente los beneficiarios de sus fondos y el propósito del apoyo para, en parte, intentar evitar que éstos no sirvan para rescatar a instituciones financieras privadas.
“Las intervenciones actuales deben tener la mirada puesta en las futuras estructuras económicas y sociales. La pandemia ofrece una oportunidad para reconstruir mejor, pero esto significa reconstruir de forma más justa”, desliza Eurodad. “La equidad social global debe estar en el centro de los planes a largo plazo para reajustar, remodelar, reconstruir y recuperar mejor”.
