Este año no pinta fácil para el Presidente brasileño, ya que la economía, los problemas institucionales, la corrupción y una oposición que podría estar reorganizándose, entre otras cuestiones, le pueden dar más de un quebradero de cabeza.
Comienza 2020 y la gestión Jair Bolsonaro acaba su primer año. Cuando el ex capitán llegó a Brasilia nadie sabía cuál iba a ser su estilo presidencial ni sus principales problemas. Un año después, los desafíos de la primera gestión de extrema derecha de la democracia brasileña ya son evidentes. Uno de los retos tiene mucho a ver con el hecho de que gobierna como hizo campaña, siempre forzando la polémica, exponiéndose al máximo en las redes sociales y, con frecuencia, creando más caos que estabilidad. Esta es una de las cuestiones que peor encaran los brasileños: según datos de la última encuesta de popularidad del 20 de diciembre de 2019, hecha por el Instituto Ibope, 38% de los brasileños consideran el Ejecutivo actual malo o pésimo (en abril de 2019 eran 27%) contra 29% que lo consideran bueno (en abril eran 35%). Un índice de confianza que está lejos de la popularidad con la que llegó al Palacio de Planalto de la mano de 57,8 millones de votos.
Economía: bien para unos, no tanto para otros
Los rumbos de la economía brasileña dividen opiniones. La reforma de las jubilaciones, además de varios paquetes de privatizaciones, concesiones y contención del gasto público hacen que el mercado espere un comienzo, aunque todavía lento, de la recuperación. La previsión del crecimiento del PIB para 2020 es, según Banco Central de Brasil, 2,2%. También el FMI espera que Brasil duplique su crecimiento hasta situarse cerca del 2%. Pero, si por un lado, Paulo Guedes, el ministro de Economía, tiene las bendiciones del mercado y de las clases económicamente más acomodadas de la población, entre los más pobres, víctimas de los cortes presupuestarios, la popularidad de Bolsonaro cae mucho. Según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el número de personas que se encuentra en la condición de extrema pobreza subió en 2019 a máximos de 13,5 millones de personas. Así mismo la desigualdad alcanzó su máximo histórico. El índice Gini pasó de 0,6003 en el cuarto semestre de 2014 a 0,621 en el segundo semestre de 2019. A esto le unimos el paro que todavía ronda la cifra del 11%, y sobre todo la tasa de informalidad, que, según el IBGE, batió records en 2019 llegando a 41%, lo que equivale a casi 39 millones de trabajadores informales. Por todo esto los más pobres le están retirando su apoyo al presidente. Según encuesta de Datafolha de diciembre de 2019, sólo 22% de los más pobres consideraban su gobierno positivamente frente a 44% de los más ricos.
Caos institucional
Unos de los graves problemas que enfrentará Bolsonaro durante este año será su aislamiento político. Muchas de las reformas y proyectos de ley que quería implementar han tardado mucho en realizarse o no se han llegado a votar por su incapacidad de mantener la gobernabilidad y tejer alianzas con los 32 partidos presentes en el hemiciclo, el Parlamento más fragmentado de la historia de Brasil. Bolsonaro intentó cambiar el modelo clásico de hacer política en el país, basado en las coaliciones entre partidos, para aproximarse de lo que en Brasil se llaman las “bancadas temáticas”, grupos parlamentarios representantes del latifundio, los empresarios o los pastores evangélicos, intentando ignorar a los partidos, pero no ha sido posible. En contraposición, el presidente de la Cámara de los Diputados, Rodrigo Maia (DEM, Demócratas), está aprovechando la debilidad política de Bolsonaro para acumular una enorme dosis de poder.
Además de la complejidad de mantener la cohesión del Congreso, Bolsonaro también atraviesa dificultades con grupos aliados, como el militar. El énfasis reciente del presidente en apoyar la acción bélica estadounidense contra Irak, que tuvo como consecuencia el asesinato del iraní Qasem Soleimani, ha abierto una brecha con las Fuerzas Armadas, incluso con el muy influyente General Heleno, ministro del Gabinete de Seguridad Institucional, que prefieren mantener una posición de neutralidad. Por último, la situación dentro del que hasta hace poco era su propio partido, el PSL (Partido Social Liberal), es caótica, tanto que, hecho inédito en la historia de la democracia brasileña, Bolsonaro decidió salir del PSL y fundar junto con sus hijos un “partido-clan”, llamado Alianza por Brasil, cuyo lema es, "partido conservador, que respeta todas las religiones, respalda los valores familiares, apoya el derecho a la legítima defensa, el derecho a poseer un arma de fuego, el libre comercio con todo el mundo, sin ninguna agenda ideológica”. La nueva creación partidaria fue tan rápida que no sabemos si llegará a tiempo para inscribirse en la Justicia Electoral y poder presentar candidaturas para las importantes elecciones municipales de 2020. Lo que está claro es que si ya el PSL era una plataforma política débil debido a su corta trayectoria este nuevo partido carece de la mínima estructura para enfrentar las complejidades de la política brasileña.
Corrupción
El partido que fuera elegido como gran cruzado contra la corrupción resultó no ser tan pulcro. El PSL está siendo investigado por candidaturas fantasma durante la campaña electoral de 2018 y varios miembros fueron señalados por desvíos improcedentes del dinero del fondo electoral, entre ellos el ministro de Turismo, Marcelo Álvaro Antonio. Esta crisis fue el acelerador que enfrentó públicamente a Bolsonaro y sus hijos con miembros importantes del PSL, como su presidente, Luciano Bivar. Tal vez lo más doloroso que el Presidente deba enfrentar este año será la investigación contra su hijo, Flavio Bolsonaro, actualmente senador, acusado de malversación de fondos públicos, blanqueo de dinero y organización delictiva.
Derechos humanos
Donde la actuación de Bolsonaro ha sido más criticada, sin duda, ha sido en el campo de los derechos humanos y la gestión medioambiental. A pesar de que Brasil es un país laico, Bolsonaro promueve cotidianamente actos católicos en el Palacio de Gobierno y su agenda social está plagada de referencias conservadoras y con un fuerte tono de fundamentalismo cristiano. La lucha contra la “ideología de género” y la preservación de la familia cristiana heteronormativa es una de las apuestas de su legislatura y de la ministra de Mujer, Familia y Derechos Humanos, Damares Alves, una evangélica fundamentalista. Todo esto ha tenido como consecuencias directas el desmonte de las políticas públicas para la comunidad LGBT y el retroceso total de pautas esenciales para el feminismo, como, por ejemplo, el debate sobre el aborto, cuya descriminalización está cada vez más lejos, en un país donde una mujer muere cada dos días por aborto inseguro, según datos del Ministerio de Salud. Como consecuencias indirectas, los crímenes de LGBTfobia, por ejemplo, han experimentado una subida de 14% respecto al año anterior, según datos del Grupo Gay de Bahía que se encarga de este recuento.
Otra población que también está sufriendo con el nuevo modelo de políticas públicas es la población negra. En Brasil, la seguridad pública depende fundamentalmente de los gobernadores de los estados. El exponente del paradigma de seguridad pública bolsonarista es el gobernador del estado de Rio de Janeiro, Wilson Witzel, partidario de la lógica de que como mejor se resuelve la violencia es matando al bandido. Solo para darles un dato del Fórum Brasileño de Seguridad Pública: la policía de Rio de Janeiro mató, desde enero de 2019 hasta octubre, 1.546 personas, o sea, 31% de todos los homicidios de Rio de Janeiro son causados por policías. En 2014 era solo del 10,2%
Por último, la malograda política de medioambiente que ha colocado a Bolsonaro en la diana internacional. Uno de los principales desafíos del Presidente brasileño, incluso a nivel internacional, es su gestión medioambiental. El ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, un negacionista del cambio climático, desarticuló casi en su totalidad los aparatos de control y fiscalización medioambiental de su Ministerio. Como resultado, el avance de los latifundios sobre tierras indígenas, el aumento descontrolado de la deforestación y una región Amazónica en llamas. Según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, el número de focos de incendio en esta zona sufrió un aumento del 83% respecto al año pasado. También ha aumentado el número de asesinatos de líderes indígenas y campesinos. La Comisión Pastoral de la Tierra, que monitora estos crímenes, concluyó que 2019 fue un año record de violencia contra indígenas. Nueve líderes indígenas han sido víctimas de homicidio. El campo, con Bolsonaro, es más violento y más desigual en un país que cada vez tiene mayor concentración propietaria agrícola (1% de los propietarios rurales posee el 45% de las tierras productivas de Brasil).
Recomposición del centro político y la oposición ‘petista’
Si Bolsonaro se enfrenta a un año intenso, el resto de las fuerzas políticas no lo tendrán más fácil. La gran definición del 2020 será cómo recomponer el centro y centro-derecha político que desapareció totalmente con las elecciones de 2018, con el dramático resultado del candidato del PSDB (Partido de la Social Democracia Brasileña) que obtuvo un vergonzoso 4,7% de los votos. Varios se pelean ahora ante este vacío, viendo, por un lado, que Bolsonaro no tiene la popularidad de antes y que el antipetismo todavía continua muy presente. Una posible tercera vía podría convencer a un 30% del electorado insatisfecho con el actual Presidente, pero sin predisposición a votar en el petismo y que está intentando ser ocupada por varios a la vez: por el propio PSDB y su figura más fuerte, el gobernador del Estado de São Paulo, João Dória, por el anterior candidato Ciro Gomes, del PDT (Partido Democrático Laborista) y hasta, posiblemente, por figuras outsiders como el popular presentador de televisión, Luciano Huck, representante de lo que él denomina la “renovación política”
En cuanto al campo de izquierda, también se encuentra en un momento complicado. La salida de Lula de la cárcel en noviembre de 2019 supuso un gran alivio para los simpatizantes petistas. Siendo Luiz Inácio Lula da Silva como es no perdió ni un día en comenzar a recorrer el país y organizar conversaciones para tejer alianzas que fortalezcan a la oposición de cara a las elecciones municipales de 2020 que serán un gran test tanto para el bolsonarismo como para el petismo. La gran oportunidad para el Partido de los Trabajadores (PT) es que Bolsonaro pierde apoyo entre los más pobres y ahí es donde esta formación actuará. Sin embargo, Lula puede volver a prisión porque todavía tiene varios juicios pendientes. Además, aunque permanezca libre, ha perdido su derecho a ser candidato al ser condenado en segunda instancia. Lo que piden ahora sus abogados es la anulación de la operación Lava Jato, en base a las filtraciones del periódico The Intercept que demostrarían la supuesta parcialidad de Sergio Moro. Si consiguieran esta anulación, Lula podría volver a recuperar sus derechos políticos, pero no es nada fácil porque la Lava Jato se ha trasformado en la gran estrella del país. Además el híperpersonalismo de Lula ofusca rumbos, estrategias y nombres nuevos. En el último índice de confianza, divulgado la primera semana de enero por Datafolha, Lula aparece con 5, Bolsonaro con 4,8 y quien continua en destaque es el actual ministro de Justicia, Sergio Moro, con 5,9. Quién sabe si en 2022 Moro acaba siendo oposición a quien fuera su padrino político.
