La desaparición forzada de 43 estudiantes en Ayotzinapano hace casi ocho meses no fue un suceso aislado en la historia reciente mexicana. A continuación, comentamos cuatro casos de asesinatos masivos y ejecuciones extrajudiciales en los que, a la violencia del crimen organizado, se suma la complicidad directa o indirecta de autoridades políticas, policiales o militares. En todos ellos, las versiones oficiales iniciales se presentaron con una falta de correlación, casi absoluta, entre el relato y las evidencias y testimonios. Ninguno de ellos ha sido aún resuelto judicialmente.

 

Cadáveres de migrantes en Tamaulipas, 2010 y 2011

Ataúd de Julián Sánchez Pérez, uno de los hondureños asesinados en Tamaulipas, México. Orlando Sierra/AFP/Getty Images
Ataúd de Julián Sánchez Pérez, uno de los hondureños asesinados en  el Estado de Tamaulipas, México. Orlando Sierra/AFP/Getty Images

Lugar: Municipio de San Fernando, Estado de Tamaulipas

Autoridades implicadas: policía municipal y funcionarios municipales, estatales y federales

Víctimas: (al menos) 72 migrantes asesinados

El 22 de agosto de 2010, en el municipio de San Fernando –Estado norteño de Tamaulipas – fueron asesinados 72 migrantes procedentes de diversos países de Centro y Suramérica: entre los cuerpos identificados había hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, un ecuatoriano y brasileños.

La masacre fue conocida gracias a la denuncia de un migrante ecuatoriano. Las autoridades mexicanas atribuyeron la matanzas a miembros del cártel de Los Zetas, fundado por ex militares mexicanos –entre sus efectivos se cuentan también ex militares kaibiles guatemaltecos– que comenzaron a mostrar su brutalidad como brazo armado del Cártel del Golfo antes de independizarse como organización criminal.

Unos meses más tarde, en abril de 2011, el mismo municipio de San Fernando, situado a unos 150 kilómetros al sur de la frontera con EE UU siguiendo la autopista federal 101 (conocida como la “carretera de la muerte” por los frecuentes asaltos y secuestros que se producen en su trazado), sería escenario del descubrimiento de la primera de varias fosas comunes en las que reposaban cerca de 200 cuerpos. Los cadáveres, tanto de mexicanos como de migrantes centro y suramericanos, pertenecían en su mayoría a hombres y mujeres secuestrados mientras viajaban en autobuses rumbo a la frontera. El secuestro de migrantes por parte del crimen organizado se había convertido en un negocio rentable y las víctimas de estas acciones aumentaron exponencialmente durante el sexenio de Calderón.

La versión oficial: los culpables habían sido de nuevo los Zetas. Sólo y exclusivamente los Zetas. Tiempo después las autoridades mexicanas anunciaron la detención de 17 de los 25 policías municipales de San Fernando, acusados de “proteger” a este cártel. Desde 2010, organizaciones como Amnistía Internacional pidieron en reiteradas ocasiones que se hiciesen públicos los documentos de la investigación, incluidos los expedientes abiertos contra esos policías detenidos. La fiscalía se negó aduciendo que esa documentación era secreta, y que lo sería durante 12 años.

A finales de 2013, sin embargo, la ONG  National Security Archive (NSA) –nada que ver con la Agencia Federal NSA–, consiguió que el Gobierno estadounidense desclasificara cables diplomáticos enviados por algunos de sus funcionarios desde México. En ellos, y en base a las fuentes de la DEA, ...