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Jordanos protestando contra el Gobierno en Amán, junio de 2018. Ahmad Gharabli/AFP/Getty Images

Una semana de protestas ha resultado en un cambio de Gobierno pero la situación económica exige un cambio de paradigma y puede que también de aliados.

Desde el pasado 30 de mayo los jordanos han salido a las calles para protestar por las reformas económicas que el Ejecutivo está llevando a cabo. Las medidas, destinadas a complacer al Fondo Monetario Internacional a cambio del crédito de 2.100 millones de dólares concedido en 2016, son vistas por la ciudadanía como injustas.

Dos huelgas generales y siete noches de protestas han acabado con el gobierno de Hani Mulki, que ha sido sustituido por Omar Razzaz, hasta ahora ministro de Educación. Razzaz tiene un fuerte bagaje económico, ha sido antiguo director de la Seguridad Social y trabajado para el Banco Mundial en Líbano. “Está muy cualificado para dirigir el país en este momento crítico”, señala el analista Abdallah Alomari.

El pasado 7 de junio Razzaz anunció que retirará la controvertida ley tributaria, tal y como exigía la ciudadanía. Por el momento, las protestas han cesado pero, como señalaba un activista del Partido Comunista, “nos estamos tomando un respiro”.

Una situación económica límite

Desde comienzos de 2018, los jordanos sufren la implementación de las medidas económicas impuestas por el FMI, que han incluido subidas de impuestos, el precio de los alimentos básicos que se dispara, fin de los subsidios al pan, incrementos mensuales del precio de los combustibles y de las tarifas del transporte público así como de la factura eléctrica.

En mayo de 2017 Abdalá II lanzó el Plan de Crecimiento Económico para Jordania 2018-2022 (JEGP en inglés). El plan aborda medidas económicas, fiscales y sectoriales de cara a fortalecer la economía del país frente a los distintos desafíos regionales ...