Qué esperar de América Latina en 2023

La recomposición social, económica y política en el continente latinoamericano continuará siendo prioritaria en un contexto de crecimiento ralentizado a lo largo del nuevo año.

Este año 2022 ha dejado consigo importantes acontecimientos para la región, tal y como veremos a continuación. En primer lugar, el continente latinoamericano, en su conjunto, de acuerdo con la CEPAL, ha crecido por encima del 3% en su PIB, lo que si bien confirma un ciclo de muy lenta recuperación –en 2021 la tasa de crecimiento fue de casi el doble–, ni mucho menos representa una vuelta a la normalidad con respecto a antes de la pandemia. 

Todo indica que el crecimiento neto de la región seguirá desacelerándose, en niveles inferiores al 1,5% para 2023. Además, el reporte anual de la misma CEPAL, el conocido como Panorama social de América Latina y el Caribe, publicado en noviembre 2022, alerta de una tasa de pobreza del 32,1%, la cual afecta a 201 millones de personas, de las cuales 82 millones se encuentran en condiciones de pobreza severa. Expresado de otro modo, entre 2021 y 2022 se ha podido corregir levemente los niveles de pobreza relativa, agudizándose, por el contrario, los de pobreza extrema. Tanto es así que, en relación con la realidad previa a la pandemia, hoy tenemos 15 millones más de pobres de los cuales 12 millones lo hacen en niveles especialmente acuciantes. Contener estos avances en términos de vulnerabilidad y mayor afectación a los sectores más desprotegidos, como jóvenes, mujeres o minorías étnicas, ha de ser una prioridad en la agenda gubernamental de la mayoría de los gobiernos progresistas que hoy concentra Latinoamérica.

Aun cuando igualmente, de forma muy tímida, en el último año ha mejorado el coeficiente de Gini, con un valor de 0,458, América Latina, por mucho, se trata de la región más desigual del mundo. No ayuda el escenario de incertidumbre generalizada, a lo que se suma una notable erosión del desempleo (que pasó del 9,5% en 2019 al 11,6% en 2022), una inflación todavía muy elevada –que según el Fondo Monetario Internacional, en 2023 pasará de un 12,1% a un 8,7%– y una dimensión laboral y fiscal que, en la mayor parte de los Estados, está fuertemente azotada por la informalidad, la regresividad y la debilidad institucional. 

En lo que respecta al plano de las inversiones económicas para el continente, estas no presentan un escenario en 2023 que pueda ser considerado más favorable. La subida generalizada de los tipos de interés y el ambiente de inseguridad para los inversores hace que, para la propia CEPAL, tenga lugar un clima de contención en lo que respecta a las inversiones extranjeras directas. De hecho, una eventual recesión de la economía global en 2023 se acompañaría de muy malas consecuencias para un mercado como el latinoamericano, profundamente reprimarizado, y que experimentaría una bajada de sus precios, apenas compensada por la inelasticidad de la demanda sobre sus hidrocarburos e industrias extractivas.

Otra cuestión que considerar para el año 2023 guarda relación con el futuro de su intrincada y desdibujada arquitectura regional. Durante la primera década del siglo XXI, el tablero geopolítico regional experimentó importantes transformaciones. El giro a la izquierda y la llegada de muchos y muy diferentes gobiernos progresistas, se sumó a un ciclo expansivo de la economía –en buena parte, favorecido por el auge de las commodities– y una “ausencia geopolítica” de Estados Unidos. Lo anterior, porque sus prioridades de agenda pasaban más bien por Oriente Medio y la necesaria respuesta militar a las “amenazas” provenientes de Irak o Afganistán. 

Bajo estas circunstancias aparecieron diferentes esquemas de concertación y cooperación intergubernamental, como la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) o la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Aunque todas estas iniciativas incorporaban matices en sus propósitos, capacidades y funcionamiento, igualmente compartían un mismo acervo integrador que desembocó en lo que se conoció como “regionalismo posliberal”. Una apuesta regional que, en cierto modo, venía a resignificar la doctrina Monroe de 1823 para hacer valer la máxima de “América Latina para los latinoamericanos”.

Tras una segunda década convulsa, de crisis económica, final de ciclo político, desdibujamiento regional y afectación por la pandemia, los resultados electorales consumados a lo largo de 2022 han permitido inspirar nuevos y, tal vez, promisorios tiempos para la integración latinoamericana. Especialmente, en lo que guarda relación con las victorias electorales de Gabriel Boric en Chile, Gustavo Petro en Colombia y, más recientemente, Lula da Silva en Brasil. Todos estos, sumados a otros actores importantes como Argentina, Bolivia o México, también progresistas, han verbalizado la necesidad por recuperar un vínculo regional muy debilitado tras los últimos años. Por supuesto, la llegada de gobiernos conservadores a Ecuador, Brasil, Argentina, Chile o Uruguay, a partir de 2015, contribuyó a cuestionar la manera en la que se había venido afianzando la arquitectura regional del continente. De igual forma, la concepción partidista e ideologizada de la integración regional, sumada al escepticismo y el recelo sobre la supranacionalidad –entendida como una continua erosión a la fortaleza del Estado– y el respaldo a un multilateralismo de mínimos, demanda la necesidad de promover nuevas soluciones compartidas para las necesidades, si cabe más visibles tras la pandemia. Al respecto, elementos como la desconfianza, la falta de liderazgo(s), la ausencia de proyectos inspiradores en el pasado o la colisión de códigos geopolíticos no pueden ser utilizados en esta ocasión como excusa para una prioridad que debe ser problematizada en toda su relevancia y complejidad.

Como tercer aspecto a considerar, en lo que guarda relación con el calendario electoral, cabe destacar la celebración de varios comicios presidenciales y legislativos a lo largo de 2023. El primero de ellos tendrá lugar el 5 de febrero, coincidente con las elecciones regionales de Ecuador y un referéndum de consulta para la reforma de la Constitución sobre algunos aspectos notables como la aprobación o no de la extradición, posibles cambios en el funcionamiento de la Fiscalía General del Estado o la reducción del número de asambleístas y de movimientos políticos.

El 30 de abril, por su parte, tendrán lugar las elecciones legislativas y presidenciales paraguayas, en uno de los escenarios políticos más conservadores de todo el hemisferio. Respecto de estas últimas, los candidatos son dos, una vez que el pasado 18 de diciembre de 2022 tuvieron lugar las consultas para votar por los candidatos de las dos formaciones partidistas: el conservador Partido Colorado –liderado por Santiago Peña– y Concertación Nacional –encabezado por Efraín Alegre. Este último, aunque inicialmente representa una oposición de centroizquierda, en realidad capitaliza una alianza transversal en la que, incluso, conviven posiciones conservadoras. Aunque es muy pronto para advertir un posible resultado, las encuestas a día de hoy dan por hecho que el otrora ministro de Hacienda, Peña, será el sucesor en la casa de gobierno del actual mandatario, también colorado, Mario Abdo Benítez.

Igualmente, el 25 de junio se celebrarán elecciones legislativas y presidenciales en otro de los enclaves más conservadores de Latinoamérica: Guatemala. La disputa por el gobierno será mucho más abierta que la del caso paraguayo, en tanto que concurren hasta cinco candidatos presidenciales. Todos los pronósticos, hasta ahora, ponen su acento en una eventual confrontación entre la ultraconservadora Zury Ríos, hija del otrora dictador guatemalteco, Efraín Ríos Montt, respaldada por el Partido Unionista y la formación Valor; y Sandra Torres, quien lidera la Unidad Nacional por la Esperanza, que es la formación política más importante del país, con orientación de centroizquierda. 

Finalmente, en el mes de octubre habrá dos últimos llamados electorales para la región. El primero, el 22 de octubre, tendrá que ver con los comicios legislativos y presidenciales en Argentina. La principal labor del oficialismo en los meses que quedan es la de mantener cohesionado al “Frente de Todos”, si bien está por definirse quién será el candidato oficialista. Hasta el momento, Alberto Fernández no ha confirmado su participación, aunque es más que posible, a pesar de su actual baja popularidad. También habrá que ver cómo Cristina Fernández afronta la sentencia judicial en primera instancia  –y aún con posibilidad de apelación– por la causa “Vialidad”. Ésta fue emitida el pasado 6 de diciembre, y condena a la exmandataria y actual vicepresidenta del país a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ostentar cargos públicos. Lo cierto es que el CFK es el principal activo de un peronismo que, por otro lado, puede tener como bazas electorales al actual gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kiciloff, y al vigente ministro del Interior, Eduardo Enrique ‘Wado’ de Pedro. Del otro lado, en la oposición habrá que esperar a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), a celebrar en el mes de agosto. Por el momento, con posiciones más o menos similares de partida estarían Mauricio Macri, expresidente (2015-2019), Horacio Rodríguez Larreta, actual gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, y Patricia Bullrich, dirigente de Propuesta Republicana (PRO), que es el partido político al que todos pertenecen. 

El 29 de octubre, se celebrarán también elecciones municipales y departamentales de Colombia. Estas servirán para medir el grado de aprobación del recién llegado Ejecutivo de Gustavo Petro y, asimismo, evaluar el respaldo de la ciudadanía para con algunas de sus medidas bandera, como la reforma tributaria o el impulso de una paz total con la guerrilla del ELN, las estructuras disidentes de las FARC-EP y otras organizaciones armadas como las formaciones herederas del paramilitarismo. Serán, por tanto, las primeras elecciones de esta naturaleza para el Pacto Histórico Nacional. Estos comicios servirán también para revalidar el anclaje territorial de los partidos tradicionales, como el Partido Liberal y el Partido Conservador, y de otros como Cambio Radical -la eterna alternativa de concurrir a la presidencia-, además de permitir valorar si el uribismo se encuentra o no en sus estertores políticos. En cualquier caso, y como sucediera en los procesos de paz centroamericanos de los 80 y comienzos de los 90, el proceso de paz colombiano, que recientemente ha integrado en su acompañamiento a países como Venezuela, México, Brasil, Chile o Cuba, puede favorecer la construcción de una agenda política regional que recupere y priorice aspectos tales como la paz, la cooperación y la confianza mutua.

Queda por ver qué sucede con Perú, que desde hace años viene siendo una democracia en descomposición. Aparte de los acuciantes problemas estructurales, generalizados y compartidos por el entorno, los fuertes desequilibrios entre Legislativo y Ejecutivo, se suman a ingentes niveles de patrimonialización del Estado por parte de las elites políticas y los flujos clientelares, y una cultura política superada por el descrédito, el rechazo generalizado y la falta de confianza en las instituciones. Este escenario, que bien obliga a reiniciar la maquinaria democrática y repensar los términos de un nuevo y necesario contrato social en todas sus expresiones, no tiene ante sí un horizonte halagüeño. Habrá que esperar a las elecciones adelantadas, previstas en este momento para abril de 2024. Un momento muy alejado que sólo se puede entender de acuerdo con un trabajo de reconstrucción de los términos de la gobernabilidad de un país que, aún con todo, invita más bien al desánimo. De hecho, no será una sorpresa que se acaben adelantando las elecciones, a día de hoy, sin candidato claro.

En cualquier caso, lo que no parece llamado a cambiar en 2023 es la política de Bruselas y Washington para con la región. Aunque ambos escenarios, en lo retórico, comparten interés y atractivo de lo que pasa en América Latina, lo cierto es que el derrotero de los acontecimientos parece ir por otro camino. Si EE UU no quiere seguir perdiendo influencia en su otrora patio trasero es necesario replantear la esencia del diálogo interamericano respecto de una Organización de los Estados Americanos (OEA) que no hace las veces del escenario idóneo para ello. Si ya con Barack Obama no se consiguió avanzar en el objetivo de mejorar las relaciones con América Latina, la política de confrontación de Donald Trump con países como México, Bolivia o Venezuela, en ningún momento fue capitalizada por la Unión Europea. La propia IX Cumbre de las Américas, celebrada el pasado mes de junio de 2022, en Los Ángeles, no hizo sino constatar el sentido práctico y de reacomodación de una agenda que cada vez es más minimalista y específica en sus términos.

Respecto de la Unión, y al margen de las palabras de atención del Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, las prioridades geopolíticas del viejo continente transcurren por otros escenarios, toda vez que su agenda al otro lado de Atlántico prioriza las relaciones económicas a través de herramientas como los Acuerdos de Asociación Estratégica, tal y como sucede con el Sistema de Integración Centroamericana o con Colombia y Perú. Esto, toda vez que es importante la recuperación de un proyecto repleto de dificultades como es la ratificación del Acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Sobre este se viene trabajando desde mayo de 2010, aunque con profundas fricciones a causa de varios motivos: la postura renuente de coalición agrícola y ganadera –liderada por Francia–, la oposición frontal de los verdes representados en el Parlamento Europeo –a tenor de la política medioambiental que propone el Acuerdo– o las reservas de los gobiernos de Uruguay o Brasil –en donde, incluso, Jair Bolsonaro ha hecho las veces de firme saboteador–. 

Sobre estas circunstancias, quien mejor ha capitalizado esta coyuntura ha sido China. Su intercambio comercial e inversión extranjera directa superan ampliamente los 500.000 millones de dólares. Mientras la Unión Europea y Estados Unidos perdieron en torno al 30% de las relaciones comerciales con el continente durante la pandemia, el vínculo con China se mantuvo inalterado, lo cual ha convertido al gigante asiático en el primer o segundo socio comercial de todos los Estados de la región. De hecho, sobre las proyecciones de 2023 cabe esperar que América Latina siga proveyendo materias primas a muy bajo coste, a cambio de un posicionamiento notable de la industria de bienes y servicios, gracias a un elevado ritmo de industrialización. Así, la relación asimétrica entre Pekín y el continente se seguirá profundizando, con la dificultad para la región de disponer de valores agregados propios y una industrialización más sólida.

En conclusión, 2023 tendrá mucho de continuidad con lo sucedido en 2022. Las urgencias de recomposición social, económica y política seguirán siendo prioritarias en un escenario de crecimiento ralentizado. Asimismo, las mayores posibilidades de cambio pueden tener lugar en la recuperación de nuevos espacios de colaboración regional, especialmente maltrechos tras el anterior cambio de ciclo político y la posterior pandemia. Más allá de las elecciones en Argentina, en Guatemala y en Paraguay hay muchas posibilidades de continuidad en el color ideológico del gobierno. Finalmente, en relación con terceros actores, China sigue avanzando en su política de competencia y rivalidad con Estados Unidos y Europa, cada vez más desplazados en el continente. En todo caso, la Cumbre CELAC-UE, prevista para finales de 2023, dará más pistas al respecto. Sea como fuere, cualquier atisbo de cambio para con estas tendencias requerirá de estímulos y puntos de inflexión que parecen quedar muy lejos, al menos, en lo que al actual tiempo geopolítico se refiere.