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Un niño soldado liberado de la zona de guerra en la región de Yambio, Sudán del Sur. (STEFANIE GLINSKI/AFP/Getty Images)

Tras la Guerra Fría, los conflictos asimétricos se multiplicaron y, en paralelo, la utilización más cruel de una infancia desprotegida. A pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional y de las organizaciones regionales por erradicar esta violación de los Derechos Humanos, la infancia continúa siendo usurpada a miles de niñas y niños a los se llega a considerar como una inversión más que rentable para sustentar guerras, mantener campamentos o nutrir batallones.

“No hay conflicto en el mundo que no utilice niños soldados como su sistema armamentístico principal”. Con esta dureza y rotundidad se dirigió al Pleno del Comité de Asuntos de Veteranos de Guerra de la Cámara de los Comunes canadiense el Coronel Roméo Dallaire. Los tiempos, al igual que el protagonista, no son secundarios aquí: el Parlamento acababa de aprobar días antes, en ese mismo mes de marzo de 2017, la doctrina única “React first”; un texto pionero en el que se daban las pautas para que el Ejército canadiense pudiera afrontar la posibilidad de encontrarse en el campo de batalla con niños utilizados como soldados, una posibilidad que se puso sobre la mesa cuando Canadá barajaba participar en el conflicto de Malí. En esta contienda, que comenzó en marzo de 2012 tras un golpe militar, UNICEF ya en julio de ese mismo año reportó al menos 175 casos de menores (entre 12 y 18 años) que habían sido reclutados por la fuerza.

Precisamente, fue Dallaire quien trabajó junto al Ejército de su país en sacar adelante las pautas contenidas en “React First”, tras dos años demandado al gobierno de Canadá un texto para proteger a los niños en conflicto y que tratara “una de las más apremiantes paradojas de nuestro tiempo” según califica la Roméo Dallaire Child Soldiers Initiative. El militar, ya retirado, conoce bien el tema: fue jefe de la fallida misión UNAMIR, que no pudo impedir en 1994 el genocidio en lo más álgido de la Guerra de Ruanda. En ella hay 5.000 casos reportados de niños soldados. El Tribunal Internacional para Ruanda es el primero en juzgar por genocidio a menores.

Las estimaciones sobre el número de niños activos en conflicto suelen ser poco fiables pero las distintas organizaciones que monitorean, como UNICEF o Amnistía Internacional (AI), llegan a un consenso que se acerca a los 300.000 menores afectados; de ellos, AI señala que el 40% son niñas. Pero el problema de la falta de datos, que arrastra a su vez una escasez de medidas para revertir la situación, se agudiza con una falta de consenso de base: la acotación terminológica de a quién se considera como niño o menor de edad, una figura jurídica que ha ido alcanzado distintos niveles de protección. Asimismo, la propia noción de combatiente ha evolucionado con la historia y con ello, en paralelo, el concepto de “niño soldado” que es contemporáneo y cultural. En Occidente, por ejemplo, hay que retrotraerse al final de la Primera Guerra Mundial para observar como muta el paradigma pues hasta entonces la carrera militar comenzaba en edades muy tempranas.

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Un niño en Yemen reclutado en las filas hutíes. (MOHAMMED HUWAIS/AFP/Getty Images)

La comunidad internacional, vigilante de los derechos de la infancia

Al amparo de Naciones Unidas, la protección del menor ha ido evolucionando desde la Convención de Ginebra (1949) y sus protocolos facultativos, que establecieron en los 15 años la edad mínima para participar en hostilidades. Este límite se amplió a los 18 años en 2002 con el Protocolo Facultativo de la Convención de Derechos del Niño, el instrumento jurídico que otorgó en 1989 una protección integral a la infancia. Además, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998) considera como crimen de guerra “el hecho de hacer participar activamente en las hostilidades a menos de 15 años, su reclutamiento en las fuerzas armadas nacionales en caso de conflicto armado internacional y en las fuerzas armadas nacionales y otros grupos armados en situación de conflicto armado no internacional”, según destaca el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Un recorrido que se completa con textos internacionales como los Principios de París (2007) que incluyen los roles de no combatientes o los de Vancouver (2017) que inciden en la prevención activa en el reclutamiento y los sistemas de alerta temprana.

Pero si la evolución de la percepción cambia al son de estos tratados internacionales, el choque de perspectivas sobre el límite que marca la mayoría de edad no hace más que añadir complejidad a este tema cuando se fusiona con el concepto de combatiente. El rango de edad en los que se encuentran la mayoría de los niños soldados está comprendido entre los 14 y los 18 años. Mientras que UNICEF califica como adolescente a cualquier persona de 10 a 19 años, con su consecuente protección, resoluciones como la 1315 de Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que establece el Tribunal Especial para Sierra Leona, recoge que podrá ser perseguido judicialmente cualquier persona de más de 15 años que haya cometido crímenes de guerra.

En la esfera regional también se han creado instrumentos específicos que complementan estos tratados internacionales. La Unión Africana (UA) desarrolló la Carta sobre los Derechos y Bienestar de los niños (1990) que hizo de África el primer continente con un instrumento regional específico sobre los derechos del niño y en el que se incluía el derecho a la educación como base indispensable sobre la que se debe construir cualquier nación o Estado. Entró en vigor en 1999 y su cumplimiento quedó vigilado por el Comité de Expertos que redacta informes destinados a la Asamblea de Jefes de Estado y a la UA cada dos años. Se ha continuado trabajando en esta dirección y así, en julio de 2017, el Consejo de Paz y Seguridad convocó una reunión para debatir sobre los niños soldados y los niños sin escolarizar en los conflictos armados en África.

En el contexto europeo, la UE también ha trabajado en este tema. En 2008 se realizó una actualización de las directrices sobre el papel de los niños en los conflictos armados. El objetivo de la Unión Europea es claro ya que lo que pretende es influir en terceros países y agentes no estatales (pieza clave en conflictos asimétricos contemporáneos) para que se apliquen las disposiciones. También, al igual que en el ámbito africano, existe un Grupo de Derechos Humanos del Consejo (COHOM), órgano que determinará periódicamente en qué casos se requiere una atención inmediata para realizar las recomendaciones pertinentes.

Pero, por otra parte, hay países que permiten que personas con edades entre los 16 y los 18 años puedan ser incorporados en las filas de sus ejércitos de manera totalmente legal y siempre voluntaria, como si de un adulto se tratara. En 2013 Austria y Francia incorporaron a sus filas, respectivamente, a 220 y 405 reclutas entre 17 y 18 años. En 2015, Australia reclutó a 427 mientras que, en Estados Unidos y en ese mismo año, la cifra se situó en 16.188 personas. Reino Unido, cuya edad mínima de reclutamiento es 16 años (una de las más bajas) contó entre sus filas con 2.410 nuevos soldados menores de 18 años. Alemania, Holanda, Nueva Zelanda, India, Argelia, China o Canadá son otros países que cuentan con población joven.

La justificación para que se den estos casos es diversa dependiendo del país en el que nos detengamos, pero suele estar aparejada la premisa de que en esa franja de edad se comience con el entrenamiento o que se dediquen a tareas meramente administrativas o logísticas. Al menos, sobre el papel así lo rubrican con la aceptación del Protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflicto armado (OPAC), conocido como el Tratado del niño soldado.

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Una profesora da clase a un grupo de niños entre los que se encuentran antiguos niños soldado en República Democrática del Congo. (JOHN WESSELS/AFP/Getty Images)

Desarme, Desmovilización y Rehabilitación (DDR) al final del camino

La transición de la vida militar a la vida civil es otro punto controvertido cuando se trata de menores activos en conflicto. La paradoja se perfila en el momento en que, aunque se pueden equipar a un adulto en términos de amenaza táctica, son al mismo tiempo considerados como víctimas por el Derecho Internacional.

Con estas premisas, y como señalan algunos especialistas en el tema, los programas de DDR deben ser radicalmente distintos para adultos y para menores. Y de ahí viene también la importancia de alejarse de una definición restrictiva como únicamente aquellos que porten armas; hay que pensar en un niño soldado no solo como un combatiente en activo que participa en las hostilidades en primera línea en el frente, sino también aquellos que realizan otras labores como cocineros, porteadores, mensajeros, espías, asistentes o esclavos sexuales, siendo en este último rol en el que las niñas se encuentran en un grado de vulnerabilidad mayor.

Así se podrán diseñar unos programas DDR adaptados a los menores de edad, que al no ser movilizados de manera formal deben ser trasladados a Centros de Atención Provisional, donde empezará su reinserción. Mientras que este tipo de programas en personas adultas se realiza solo en escenarios postconflicto y dentro de parámetros relativos a la seguridad; en relación a la infancia, el DDR se debería aplicar nada más detectar un caso durante el mismo conflicto y continuar trabajando en etapas posteriores. Siempre bajo el prisma de los Derechos Humanos puesto que los Derechos de la Infancia tienen ese máximo rango de protección.

La teoría nos dice que un menor debe ser apartado inmediatamente de las hostilidades, incluirlo en un programa DDR para poder darle apoyo psicológico y devolverlo al seno familiar, todo ello con la máxima de que la infancia se vea libre de cualquier abuso y explotación. La realidad nos lleva a que, en muchas ocasiones, los niños soldados no tienen ya una familia a la que volver, bien porque han sido repudiados, bien porque sus comunidades han sido arrasadas. Además, la falta de arraigo forzado de los menores desmovilizados, así como el hecho de que muchos de ellos solo conocen la vida militar y el estigma que acarrean de por vida, hace que sea mucho más complicada su rehabilitación y su reintegración en una vida civil no violenta en el que la paz lo sea en positivo y no como un mero concepto neutro.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia afirma que, en los últimos cinco años, 55.000 niñas y niños han sido desmovilizados pero que solo el 70% de estos han tenido acceso a algún programa específico de reintegración. Unas cifras que continúan siendo insuficientes ya que, como señala la Estrategia para la Juventud de la ONU “los niños pueden convertirse en agentes positivos de cambio. Asegurando que todos los niños afectados por el conflicto tienen acceso a programas de reintegración adecuados se contribuye a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.