Las dificultades y desafíos del continente africano son enormes, pero es necesario que existan unas garantías de protección de las víctimas del terrorismo y que formen parte activa de los programas de cooperación. Donantes y organizaciones internacionales deben incorporarlas de manera integral. He aquí las claves para entender la situación y algunas ideas a tener en cuenta.
Malala Yousafzai, la joven atacada por los talibanes en Pakistán, es un ejemplo por su activismo, coraje y determinación en la defensa de los derechos humanos y los derechos de la infancia. Sus palabras dan voz a las víctimas del terrorismo, especialmente de Asia. Pero, ¿quién da voz a los que sufren las consecuencias de los ataques en África? El grupo terrorista más letal del continente, Boko Haram, se ha cobrado la vida de aproximadamente 13.000 personas dejando tras de sí un número elevado de heridos, desplazados y secuestrados. El caso más flagrante fue el secuestro de 276 niñas en Chibok en 2014. A pesar del impacto internacional de la campaña “Bring Back Our Girls”, no hay un referente que permita dar visibilidad a las víctimas del terrorismo en África.
Desde el punto de vista de la seguridad, estrategias y misiones de lucha contra el terrorismo se desarrollan a lo largo y ancho del continente. Los esfuerzos se centran en programas de apoyo a las fuerzas de seguridad y al sistema judicial; lucha contra la financiación del terrorismo; control de fronteras y lucha contra la radicalización. Por el contrario, el colectivo de las víctimas del terrorismo es el gran olvidado de las políticas continentales, regionales y nacionales. África se sitúa en el pelotón de cola en este tema, a pesar de que lidera las cifras de víctimas causadas por organizaciones terroristas como Boko Haram, Daesh y Al Shabaab.
Las iniciativas de la Unión Africana (UA) se canalizan en la creación de plataformas y foros que permitan a las víctimas intercambiar experiencias y manifestar sus necesidades sensibilizando y movilizando a los Estados miembros a través de la sociedad civil. En ese marco se han llevado a cabo acciones que han identificado áreas de asistencia a las víctimas a nivel económico, psicosocial y jurídico. El Centro Africano de Estudios e Investigaciones sobre Terrorismo (CAERT), parte activa del departamento de Paz y Seguridad de la Comisión de la UA, tiene como prioridad fortalecer la capacidad de los Estados africanos frente al terrorismo. Cuenta con un mandato específico en materia de prevención y lucha contra el terrorismo incluyendo asistencia técnica, cooperación internacional, investigación y análisis, entre otras tareas. Sin embargo, es sintomático que entre las quince funciones concretas del centro no figure ninguna relativa al apoyo a las víctimas del terrorismo.
La UA es consciente de los retos que supone el apoyo a las víctimas del terrorismo en África pues, en palabras del embajador Francisco Madeira, anterior representante especial de la UA en cooperación antiterrorista, “las circunstancias de las víctimas del terrorismo difieren de un lugar a otro, de un contexto a otro y los Estados miembros de la UA no están todos en el mismo nivel de desarrollo. Muchos países africanos que se encuentran bajo la amenaza del terrorismo también se enfrentan a graves dificultades económicas que les impiden ofrecer a sus ciudadanos lo necesario, y este es un desafío muy serio”.
Continúa explicando el embajador lo que sería la justificación de la precaria defensa de las víctimas en el continente: “Así, hemos visto que en los últimos años la mayoría de las víctimas de actos terroristas en África ya lo eran de condiciones preexistentes de pobreza y subdesarrollo. Se trata de comunidades que viven en áreas remotas con acceso limitado a oportunidades económicas, servicios básicos de salud, seguridad y justicia. Esto agrava aún más los desafíos a los que se enfrentan los gobiernos nacionales para responder a las necesidades particulares de las víctimas dentro de estas comunidades. Por lo tanto, debemos reconocer que muchos Estados realmente no pueden permitirse desarrollar la capacidad necesaria para ayudar a las víctimas del terrorismo en sus países”. Queda, con estas palabras, de manifiesto que existe una doble victimización de éstas al quedar excluidas de protección por parte de las instituciones públicas. Una desatención que no es debida a la falta de voluntad política de los países africanos sino principalmente a la falta de recursos, destinados de manera prioritaria a la prevención y contención del terrorismo.
Organizaciones regionales como la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo de África Oriental (IGAD), las cuales integran algunos de los países con mayor número de víctimas del terrorismo, no disponen tampoco de líneas de actuación específicas de apoyo a este colectivo. Únicamente, manifiestan su solidaridad reconociendo el papel que éstas realizan en la deslegitimación y prevención del terrorismo. La mayoría de las organizaciones regionales cuentan con planes de acción contra el terrorismo pero carecen de una política destinada a la protección de las víctimas. Este hecho es debido a que tanto la UA como las organizaciones regionales disponen de recursos limitados que destinan a otras prioridades y retos en materia antiterrorista. La escasez de recursos es, de nuevo, la causa por la que protección y los derechos de las víctimas del terrorismo en África quedan relegados a un segundo plano. La voluntad política que pueda existir en esta cuestión queda difuminada por la falta de financiación y de acciones concretas.
Frente a esta inacción institucional algunas asociaciones y organizaciones no gubernamentales africanas tratan de dar respuesta a las necesidades de las víctimas. Organizaciones como Youth Coalition against Terrorism de Nigeria, Victims of Terrorism Organization de Kenia, Association Djazairouna de Argelia o Elman Peace and Human Rights Centre de Somalia disponen de proyectos enfocados a la recuperación y normalización de su vida. A pesar del importante trabajo que desempeñan a través de las comunidades locales, su capacidad e impacto es reducido tanto por las dificultades de financiación a las que se enfrentan como por la falta de una plataforma continental que canalice sus intereses.
En el ámbito internacional los esfuerzos se concentran en destinar ayuda humanitaria a los desplazados internos de países objetivo de violencia terrorista. Por ejemplo, la Comisión Europea ha anunciado recientemente la donación de 143 millones de euros para ayudar a las personas desplazadas por Boko Haram, más de dos millones, así como para la reconstrucción de las zonas más afectadas de Nigeria. ONG internacionales como Cruz Roja, Acción contra el Hambre y Médicos sin Fronteras, y agencias de desarrollo como USAID, trabajan junto con ONG locales en la respuesta a la emergencia cubriendo las necesidades básicas. La ONU, además de la necesaria ayuda humanitaria a los desplazados y refugiados por la violencia terrorista, trabaja desde años en la integración del apoyo a las víctimas en las estrategias contra el terrorismo. No es, sin embargo, una tarea fácil pues la mayoría de los Estados, también los africanos, basan su política antiterrorista en el enfoque de seguridad.
La comunidad internacional destina, a través de distintos instrumentos, importantes recursos al desarrollo del continente africano así como para la seguridad y lucha contra el terrorismo. Programas necesarios para evitar acciones terroristas y, en consecuencia, nuevas víctimas. Un hecho que no debe ser obstáculo para incluir la protección y defensa de las mismas como uno de los ejes de actuación de las estrategias antiterroristas continentales, regionales y nacionales.
El Fondo Fiduciario de Emergencia para África de la Unión Europea (UE), dotado de 1.800 millones de euros, cuenta con una cartera de proyectos dirigidos a una mejor gestión de la migración en sentido amplio. En el marco de este Fondo cabrían proyectos para mejorar las condiciones de los desplazados por la violencia terrorista, pero, difícilmente tendrían cabida proyectos de apoyo a las víctimas en el ámbito jurídico, económico-laboral y psicosocial.
En la esfera internacional hay consenso del papel central que las víctimas del terrorismo deben desempeñar en las estrategias antiterroristas. Por ello, la asistencia y protección de las éstas debería considerarse un ámbito nuevo de actuación en África. Sus derechos en los procesos judiciales, las políticas gubernamentales para cubrir sus necesidades básicas, el fortalecimiento de las asociaciones que las amparan o el rol de las víctimas en la narrativa contraterrorista son áreas de colaboración que podrían explorarse.
España, por su historia reciente en materia antiterrorista, es reconocida internacionalmente como un referente en la defensa y protección de las víctimas del terrorismo. Este hecho, unido a la relación privilegiada de vecindad con el continente africano, podría valorarse para reforzar la cooperación bilateral en esta materia. Si bien la atención a las víctimas de los delitos es objeto de colaboración por el Ministerio de Justicia en el marco de alguno de sus proyectos internacionales, la especificidad de las víctimas del terrorismo podría ser considerada en las principales áreas geográficas objetivo de los ataques en el continente africano: África Occidental, Norte de África y Cuerno de África.
La Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, señaló en la tercera reunión ministerial UE-G5 del Sahel que tuvo lugar en Bamako (Malí) en junio de 2017: “Seguiremos invirtiendo en el desarrollo de África pues es una inversión en nuestro futuro conjunto”. Un futuro incierto para muchas de las víctimas del terrorismo de Boko Haram como pone de relieve el reciente informe de UNICEF “Silent Shame: Bringing out the voices of children caught in the Lake Chad crisis”. Entre sus datos apunta que 117 niños han sido empleados por Boko Haram en atentados suicidas, un número elevado de niñas han sido secuestradas y objeto de explotación sexual durante su cautiverio y 1.499 niños han sido detenidos o privados de libertad en los cuatro países afectados por el conflicto (Camerún, Nigeria, Níger y Chad). Los testimonios de algunos de los menores como Dada, Amina, Avali o Tabita ponen nombre y voz a algunas de las víctimas del terrorismo en África.
Las dificultades y los desafíos de África son enormes pero ello no debe ser justificación para que las víctimas del terrorismo carezcan de unas mínimas garantías de protección y formen parte activa de los programas de cooperación destinados al continente. La ayuda humanitaria a las víctimas de la crisis del lago Chad debería incrementarse, no en vano agencias como UNICEF reclaman que los fondos para esta emergencia son limitados quedando muchas intervenciones sin cubrir. Garantizar las necesidades básicas de los afectados es esencial pero el apoyo debería ser integral e incluir también los ámbitos jurídico, psicosocial y económico.
Actividad subvencionada por la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores
