Los patíbulos paquistaníes se han empleado a fondo en el último año, convirtiendo al país en el tercer ejecutor del mundo tras China e Irán.
Las cifras hablan por sí solas: entre 2007 y 2014, en Pakistán fueron ejecutadas en la horca 179 personas; desde finales de 2014 hasta la publicación de este artículo la cifra supera las 270, y es de esperar que sobrepase las 300 para final de año. Pero, ¿a qué es debido esta repentina oleada de ejecuciones?
A finales de 2008, el recientemente elegido Gobierno del Pakistan People’s Party (PPP) estableció una moratoria en las ejecuciones, aunque no así en la aplicación de la pena de muerte como sentencia judicial. Con la llegada al poder de la Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) tras las elecciones de mayo de 2013, la moratoria se mantuvo extraoficialmente, si bien se llevaron a cabo una decena de ahorcamientos hasta finales de 2014.
En diciembre de ese año un grupo de terroristas de la organización Tehreek e Taliban Pakistan (TTP) asaltó una escuela en la ciudad de Peshawar dejando 141 muertos, 135 de ellos niños. Al tratarse de una escuela del Ejército, la inmensa mayoría de los fallecidos eran hijos de militares. La salvaje acción de TTP supuso un antes y un después en la política antiterrorista y de seguridad en Pakistán. Uno de los primeros anuncios del primer ministro, Nawaz, fue el levantamiento inmediato de la moratoria sobre las ejecuciones para casos de terrorismo.
Las primeras ejecuciones tras el levantamiento de la moratoria fueron llevadas a cabo por los militares en lo que parecía un claro mensaje, tanto para los terroristas como para la propia institución militar, que veía reforzada su moral tras el ataque talibán. Los primeros ejecutados estaban en prisión bajo jurisdicción militar desde 2003 y habían sido condenados por el intento de asesinato contra el general Pervez Musharraf. El general era entonces el presidente de facto del país tras el golpe de Estado contra Nawaz Sharif en 1999, además de jefe de Estado Mayor del Ejército.
Otra de las consecuencias del ataque contra la escuela militar fue la creación de tribunales militares para casos de terrorismo. Al parecer, el Ejército llevaba meses planeando la creación de los mismos, y el ataque le dio la justificación moral para imponerlos al poder civil sin demasiada discusión.
Los tribunales militares se han caracterizado desde entonces por las escasas garantías que ofrecen a los detenidos y por aplicar regularmente sentencias de muerte. Si bien la justicia ordinaria paquistaní no suele ser mucho más garantista, los tribunales militares han sido denunciados en repetidas ocasiones por llevar a cabo juicios que solo pueden ser calificados de sumarios.
Las condenas emitidas por los tribunales militares vinieron a sumarse a los miles de sentenciados a muerte desde que entrase en vigor la moratoria en 2008, con lo que los presos en el corredor de la muerte paquistaní llegarían a superar los 8.000. Quizás por ello, en marzo de 2014, Nawaz Sharif levantó por completo la moratoria, permitiendo que se llevaran a cabo ejecuciones de condenados por motivos distintos al terrorismo. La legislación del país contempla 27 crímenes como merecedores de la pena capital, entre ellos terrorismo, asesinato, violación, adulterio o blasfemia.
De los más de 270 ejecutados en lo que va de año, la mayoría habían sido condenados por delitos de sangre, en su mayoría asesinatos, con una pequeña proporción de sentenciados por terrorismo.
No obstante, el repentino incremento en el número de ahorcamientos ha atraído la atención de organizaciones de defensa de los derechos humanos, tanto locales como internacionales, poniendo en evidencia los problemas de la justicia paquistaní. Muchos de los condenados no han tenido acceso a una adecuada defensa durante su juicio y las condenas a muerte de menores de edad superan el millar, si bien es cierto que en Pakistán, donde los registros civiles son poco fiables, es difícil determinar con exactitud la edad de una persona.
En agosto fue ahorcado en Karachi Shafqat Hussain, cuyo caso había atraído particular atención. Hussain fue detenido en 2004 acusado de secuestrar y asesinar a un niño. La polémica del caso está en la edad del condenado en el momento de su detención: 14 años. Las protestas de varias organizaciones consiguieron posponer la ejecución en varias ocasiones hasta que un tribunal decidió que era imposible establecer la edad del acusado en el momento de los hechos y que debía seguirse adelante con la aplicación de la sentencia.
Shafqat Hussain siempre sostuvo su inocencia y dijo haber firmado la confesión tras ser torturado por la policía durante varios días. Independientemente de la culpabilidad o no de Hussain, la tortura policial es algo tan extendido en Pakistán que no sorprendería que sus alegaciones fueran ciertas.
Otro caso remarcable es el de Abdul Basit, de 43 años y condenado a muerte en 2009 por un asesinato que dice no haber cometido. Basit quedó parapléjico como consecuencia de la meningitis que contrajo en prisión. Es incapaz de andar y depende de una silla de ruedas, lo cual le ha salvado por el momento de ser ahorcado. Su ejecución fue pospuesta a finales de septiembre, no por cuestiones humanitarias sino por puros tecnicismos: según la legislación paquistaní, el acusado debe ser capaz de llegar por su propio pie al patíbulo.
También se han dado casos de enfrentamientos entre los tribunales civiles y militares por sentencias a muerte. A finales de agosto, el Tribunal Supremo de Peshawar ordenó la suspensión de la ejecución de un condenado a muerte por terrorismo por parte de un tribunal militar. El tribunal civil ha exigido más detalles acerca del caso y sobre los motivos de la detención del acusado.
Al parecer Haider Alí fue detenido en el valle de Swat en 2009, cuando tenía 14 años, en el transcurso de una ofensiva del Ejército para desalojar a los talibanes del Tehrik e Nifaz e Shariat e Mohammadi (TNSM) del distrito. Su familia no volvió a saber nada de él hasta el reciente anuncio de su condena a muerte. No se le ha comunicado de qué se le acusa, más allá de ser un “terrorista reincidente".
Se han producido más casos como el de Alí, con sentencias de los tribunales militares suspendidas temporalmente por las instancias civiles. Sin embargo, más que un afán de justicia, parece tratarse de una disputa en la que los tribunales civiles tratan de restablecer su preeminencia sobre los militares.
Todo apunta a que las ejecuciones van a seguir produciéndose e incluso incrementándose en Pakistán. La ofensiva de las fuerzas de seguridad contra el terrorismo se encuentra en pleno auge y los juicios militares acaban en sentencia de muerte en muchos casos. Además, la aplicación de las condenas puede que sea visto por las autoridades del país como una forma de descongestionar las cárceles. Los indultos son muy poco probables, excepto en algún caso de blasfemia que haya tenido especial repercusión internacional como el de la cristiana Asia Bibi, que podría ser perdonada.
Las cifras oficiales de ejecuciones ya han superado las de Arabia Saudí y han colocado a Pakistán en tercer lugar en el ranking de países que aplican la pena de muerte. De seguir así podría incluso alcanzar a Irán, el segundo gran ejecutor tras China.
Sin embargo, esas cifras no tienen en cuenta otro fenómeno, el de las ejecuciones extrajudiciales: los encuentros con la policía, los enfrentamientos con tropas del Ejército que se producen en las áreas tribales de manera habitual, los ataques aéreos contra posiciones "talibanes", tanto de la aviación paquistaní como de los drones estadounidenses (y en los que oficialmente casi nunca hay víctimas civiles), o las muertes como consecuencia de torturas o malos tratos en prisión. De tener todo esto en cuenta, Pakistán podría desplazar incluso a China como gran potencia en el ámbito de las ejecuciones.
