Dar cuenta de las dinámicas y retos que enfrentan las mujeres, los diversos grupos étnicos y los miembros de la comunidad LGBTIQ+ es parte del proceso para entender el Afganistán actual marcado por las consecuencias de la intervención extranjera, la violencia permanente y el regreso de los talibán.
Mosaico de diversidad étnica
Durante los dos primeros años del gobierno talibán, la sociedad afgana ha visto comprometidos sus derechos más fundamentales. Si bien, las mujeres, las minorías étnicas y los miembros de la comunidad LGBTIQ+ ya vivían situaciones de violencia previa a este gobierno, desde agosto de 2021 enfrentan un permanente ostracismo que vulnera no solo sus libertades, sino su dignidad individual y colectiva.
En diferentes episodios de la historia política afgana, el origen étnico de la población ha sido un elemento distintivo que ha traído consigo trato diferencial según la coyuntura. El último censo poblacional realizado en el país en enero de 1979 ya consideraba a los pastún como el grupo étnico mayoritario al que pertenecía el 40% de la población, su importancia numérica corresponde con el protagonismo que ha tenido en la historia de la política afgana.
Los tayikos asentados en el norte y noreste del país figuran como el segundo grupo más grande, mientras que los uzbekos, hazara, turkmenos, aimak, baluchis, nuristanis, kirguís y qizilbash consideradas poblaciones minoritarias se reparten en diversos territorios del país. La población hazara, residente en el Hazarajat región de las montañas centrales al oeste de Kabul, ha sido históricamente objeto de discriminación, marginación y ataques selectivos a causa de su etnia y afiliación religiosa, al identificarse como musulmanes de mayoría shií. Tan solo cuatro días tras la toma de Kabul en 2021, Amnistía Internacional registró que los talibán ya habían masacrado a nueve hombres de la etnia hazara tras hacerse con el control de la provincia afgana de Ghazni.
Los patronazgos internacionales presentes durante más de 40 años de conflicto en el país han creado bloques dicotómicos y, en algunos casos, instrumentalizado las diferencias étnicas para impulsar sus propias agendas. Para el periodista Abubakar Siddique la intervención internacional de 2001 “reforzó el papel de la política clientelar en Afganistán al apoyar a los comandantes de las milicias de la época de la guerra civil como agentes clave del poder”. Esto permitió que ciertos grupos mantuvieran sus cuotas de poder, incluso dentro del Parlamento afgano, tal como lo denunció la exdiputada Malalai Joya en un discurso frente a la Loya Jirga (gran asamblea afgana) en 2003; donde cuestionó la presencia de comandantes muyahidín en el Parlamento a pesar de su responsabilidad en crímenes contra la población.
Una de las críticas a la intervención internacional y a los proyectos de reconstrucción impulsados por Estados Unidos y la OTAN fue justamente su acercamiento pragmático y falta de conocimiento de las necesidades reales de la población que, en su mayoría, no hizo suyos esos proyectos. En este sentido, el investigador Pol Bargués considera que “no puede haber apropiación local ni consolidación de la paz sin que, por un lado, todos los actores locales estén comprometidos con el cambio propuesto por la misión internacional y, por el otro, la misión logre acercarse, entender o satisfacer las necesidades o los intereses de la mayoría de la población local”. Conocer a fondo las diferencias culturales, sociales y políticas de los grupos étnicos que componen la sociedad es el primer paso para impulsar procesos de reconstrucción, en tanto que las imposiciones de modelos políticos que poco o nada tienen que ver con las demandas sociales difícilmente lograrán sostenerse en el tiempo.
Mujeres y comunidad LGBTQI+: ¿ostracismo y persecución permanente?
Las mujeres y los miembros de la comunidad LGBTQI+ conformada por lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales representan otras capas de diversidad en la sociedad afgana. Tras la derrota del gobierno talibán de la época de los 90, la igualdad de derechos y obligaciones entre hombres y mujeres ante la ley fue reconocida en el artículo 22 de la Constitución de 2004, así como el derecho de las mujeres a la educación (artículo 44) y al trabajo (artículo 48). A pesar de que lo estipulado en la Constitución estuvo vigente durante los gobiernos de Hamid Karzai y Ashraf Ghani su aplicación no era un ejercicio fácil y accesible para todas las mujeres, quienes a pesar de tener sus derechos reconocidos en el texto constitucional se enfrentaban a numerosos retos, derivados del conservadurismo arraigado en la sociedad, para llevarlos a la práctica.
Estas dificultades aumentaban en el ámbito rural donde, según la antropóloga Huma Ahmed-Ghosh, se encuentra “la raíz de los poderes tribales” que ejercen control sobre la vida de las mujeres y sus roles de género mediante “acuerdos de parentesco patriarcales”. La dificultad de las mujeres para ejercer sus derechos y acceder a servicios en este ámbito estaba marcada, no sólo por el conservadurismo religioso y tribal, sino también por el desinterés de los gobiernos de Karzai y Ghani cuyas prioridades, más que lo rural, fueron lo urbano, específicamente Kabul en donde se centralizaron tanto la seguridad como los servicios. Es por esto, que fue la capital del país en donde algunas mujeres pudieron ejercer sus derechos a la educación, el trabajo y la libre circulación “apareciendo” en los términos de la filósofa Judith Butler, en esos lugares donde antes lo tenían prohibido por el gobierno talibán. El “derecho a la aparición” del que habla Butler cuando se refiere a las luchas de las minorías sexuales y de género por ser reconocidas como sujetos con derechos y por poder llevar una vida vivible en los espacios públicos y privados son batallas permanentes en Afganistán tanto para las mujeres como para los miembros de la comunidad LGBTQI+ quienes han vivido bajo condiciones de extremo riesgo.
La potencia de la “aparición política” radica en su carácter colectivo, en la trasgresión de lo dado, lo fijo, lo establecido; en aparecer con múltiples rostros, el concebirse a sí mismas y al espacio que ocupan desde otras miradas, así cuando las mujeres salen a las calles, asisten a las universidades, escuelas y centros de trabajo están, en los términos del sociólogo John Holloway, “agrietando” el sistema y con esto los marcos de inteligibilidad, las formas de entender al otro. Sin embargo, para que este proceso se consolide, hace falta un cambio de mentalidad sostenido en el tiempo, el cual dado su carácter contrahegemónico suele verse obstaculizado.
En una entrevista con la periodista afgana Khadija Amin, al respecto, destacó cómo durante los últimos 20 años “las mujeres lucharon por tener libertad, derechos a estudiar y trabajar; derechos políticos. Durante ese tiempo las mujeres hicieron muchos sacrificios, muchas fueron asesinadas por grupos terroristas. Para nosotras estos logros conseguidos durante 20 años no eran fáciles, teníamos que luchar dentro de nuestra casa, con nuestro padre, hermanos, marido y también fuera con la comunidad”. Estos logros ya de por sí limitados desaparecieron tras la reinstalación del gobierno talibán el pasado 15 de agosto de 2021. A partir de entonces, las mujeres han visto sus derechos y libertades fundamentales restringidas.
Durante estos dos años de gobierno, los talibán han desmantelado las instituciones y mecanismos de defensa de derechos de las mujeres, por ejemplo, el Ministerio de Asuntos de la Mujer a cargo de su ex directora Sima Samar se sustituyó por el Ministerio para la Prevención del Vicio y la Promoción de la Virtud; se eliminó la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán presidida por Shaharzad Akbar y se produjo el cierre de las casas de acogida para mujeres maltratadas, las cuales según la periodista Mònica Bernabé eran consideradas no sólo por los talibán, sino por algunos miembros de la sociedad afgana, como “lugares de perdición porque viven mujeres solas, sin la compañía de un hombre”. Sumado a la eliminación de estas instituciones se han promulgado una diversidad de edictos que suprimen los derechos de las mujeres a la educación, el trabajo y libre tránsito, además, se ha reconfigurado el espacio público mediante la segregación por género de parques, jardines y demás espacios antes de carácter mixto.
Con el desmantelamiento de estas instituciones, la atención a los casos de violencia de género quedan totalmente desatendidos con lo cual aumenta la vulnerabilidad de las mujeres. La antropóloga Myriam Jimeno considera que el carácter correctivo y disciplinar de la violencia que se ejerce en el cuerpo de las mujeres dentro de las familias altera negativamente su auto concepto y socava la confianza en su entorno, lo cual a su vez debilita su acción social y participación política.
Por su parte, los miembros de la comunidad LGBTQI+ también han sido objeto de represión, una comunidad que nunca ha dejado de ser perseguida en el país. El portavoz talibán Zabihullah Mujahid declaró que “Afganistán es ahora un país islámico y la homosexualidad es un crimen aquí. Nuestra sociedad no puede aceptarlo y es fuertemente rechazado por el islam. No tenemos homosexuales en nuestra comunidad. Si algunos habían aparecido contraviniendo nuestra cultura y religión durante la invasión estadounidense en Afganistán, obviamente serán detenidos”. Según Artemis Akbary director ejecutivo de la Organización LGBTIQ Afgana (ALO) “la homosexualidad o la asociación con la comunidad LGBTQI+ en Afganistán se considera tabú y puede acarrear consecuencias mortales debido a su criminalización” lo cual ha mantenido a esta comunidad tras la llegada de los talibán en el ostracismo político y social, y se ha recrudecido la persecución. Anteriormente, a pesar de la homofobia latente en la sociedad, algunos miembros de la comunidad podían contactar virtualmente por redes sociales o reunirse en algún lugar, sobre todo en Kabul. Sin embargo, bajo el gobierno talibán estas formas de socializar son perseguidas, ya sea mediante el espionaje virtual o las detenciones físicas, por considerarlas actividades criminales. En este sentido, Akbary destacó ante el Consejo de Seguridad de la ONU que desde ALO han recibido “835 peticiones de ayuda de personas LGBTQI+ afganas en el año 2022 de las cuales el 72% denunciaron haber sufrido abusos o acoso directo por parte de los talibán y 67 personas fueron agredidas sexualmente por el mismo grupo".
Por su parte, Heather Barr miembro de Human Rights Watch apuntó que “se han documentado asesinatos, abusos sexuales, amenazas y ataques físicos contra los miembros de la comunidad LGBTQI+, ya sea por los talibán o por otras personas que conocen su orientación sexual o identidad de género y los atacan al sentirse empoderados por el regreso taliban”. El informe “A Mountain on My Shoulder. 18 Months of Taliban Persecution of LGBTIQ Afghans” publicado por Outright International es una valiosa fuente de testimonios de 22 personas LGBTQI+ radicados aún en Afganistán que narran las dolorosas experiencias de violencia vividas tan solo en el año 2022. Destaca la dificultad que tienen estas personas para identificar a su agresor de manera más específica a quienes describen genéricamente como “talibán” a diferencia de otros países, en donde según Outright International, las personas suelen identificar a sus victimarios como parte de la policía, el Ejército o con algún rasgo distintivo específico. Esto habla de la identificación de los talibán como un bloque y de la dificultad para el ojo externo de diferenciar sus jerarquías, cargos y roles, pero también da cuenta del ambiente de impunidad y permisibilidad en el que la sociedad reproduce sus violencias, ya que llama la atención que dentro de los agresores también se encuentren familiares directos y vecinos.
Resistencias dentro y fuera de Afganistán
A pesar de todas estas dificultades, de los asesinatos como el de la youtuber Hora Sadat; las detenciones, desapariciones y de los incontables temores no pronunciados, las mujeres y los miembros de la comunidad LGBTQI+ han utilizado los recursos a su alcance para movilizarse y protestar. Macro y micro resistencias que van desde la ocupación del espacio público hasta convertir la profesión en un medio de denuncia. Algunas de estas acciones han sido manifestaciones en las calles de Kabul o en las plazas de ciudades europeas; escuelas clandestinas improvisadas en las casas; medios de comunicación independientes como Rukhshana Media fundado por Zahra Joya y sostenido por mujeres; proyectos educativos como LEARN, red digital de escuelas en Afganistán impulsada por Pashtana Durrani; análisis periodísticos como los escritos por Khadija Amin; acciones colectivas online, carteles escritos a mano y difundidos en redes sociales; mesas de análisis o canciones de protesta como la oda a la resistencia de la compositora Ghawgha Taban.
Protestas que comprometen la vida misma, como las huelgas de hambre de las activistas afganas en Berlín, entre ellas Tamana Paryani, quienes buscan que Naciones Unidas y la comunidad internacional reconozcan que los talibán han impuesto un sistema de apartheid de género en el país, esto es, la existencia de discriminación sistemática y estructural en contra de un sector de la población por cuestiones de sexo y género. Por su parte, desde la comunidad LGBTQI+ los esfuerzos también se diversifican, entre el activismo digital y la creación de organizaciones como Roshaniya bajo la dirección del activista y escritor Nemat Sadat dedicada a reubicar en lugares seguros a miembros de la comunidad LGBTQI+ afgana, o colectivos como Behesht, agrupación queer y trans en Afganistán que ofrece asesoramiento en salud mental y apoyo en evacuaciones. Son diversos los esfuerzos colectivos e individuales que desde el exilio o dentro de Afganistán se dejan la piel, día a día, para alzar la voz y evitar que la situación de violencia actual se conciba como un destino inevitable.
Por su parte, los grupos étnicos no pastunes también se han movilizado, principalmente sectores de las comunidades tayika y hazara. En el primer caso mediante la formación del Frente Nacional de Resistencia (FNR) en Afganistán encabezado por Ahmad Massoud de origen tayiko quien desde el valle del Panjshir, considerado el epicentro histórico de la resistencia antitalibán, declaró su oposición al gobierno de facto. Entre las propuestas del FNR se encuentran la creación de un “sistema político legítimo, descentralizado, nacional y moderno” y una interpretación moderada del islam. A pesar de ser un llamado a todas las “fuerzas antitalibanes, independientemente de las diferencias políticas, sociales, culturales, étnicas e ideológicas” para finales del 2022, el FNR ya no controlaba ningún territorio, sin embargo en octubre de 2023 Massoud desde el exilio afirmó que cerca de 4.000 efectivos del FNR se encontraban luchando bajo una estrategia de ataques puntuales a objetivos talibán, esto debido a la imposibilidad numérica y de recursos para controlar distritos o provincias enteras. La comunidad hazara se movilizó ampliamente tras el atentado del 30 de septiembre de 2022 que cobró la vida de más de 50 mujeres e hirió a cientos más mientras realizaban un examen de acceso a la universidad en el Centro Educativo Kaaj, las protestas tuvieron lugar en las provincias de Kabul, Mazar-e Sharif y Herat así como en Bamiyán, Ghazni, Nangarhar y Panjshir con la exigencia de detener la persecución de la comunidad hazara por parte de aquellos que en el pasado la han atacado dado que el atentado no fue reivindicado por ningún grupo. Las múltiples causas que motivan la oposición y la denuncia pública del malestar hacen de la resistencia un proceso abierto e inacabado con la capacidad de tomar múltiples formas, voces y rostros que agrieten las certezas y abran las posibilidades.
