Casi un millón de rohinyas siguen atrapados en Bangladesh, con pocas esperanzas de volver pronto a casa, mientras aumenta la violencia en los campos de refugiados y las agencias internacionales empiezan a reducir su ayuda. Es imprescindible que los donantes vuelvan a aumentar y, por otra parte, que Dacca modifique su estrategia para permitir una planificación a largo plazo.
¿Qué está pasando? Las disputas territoriales entre grupos armados y la reducción de las ayudas han empeorado las ya terribles condiciones de los campos de refugiados de Bangladesh, que albergan a casi un millón de rohinyas desde 2017. Dacca y Naypyidaw están presionando para que se los repatrie a Myanmar, pero pensar en un retorno a gran escala es poco realista por la inseguridad y la falta de instrumentos de protección como la ciudadanía.
¿Por qué es importante? Dacca, al tiempo que presiona para la repatriación de los refugiados, limita su libertad de circulación y sus posibilidades de trabajar en Bangladesh. Las restricciones impuestas a las ONG también hacen que cueste mucho más repartir la ayuda humanitaria. De modo que los refugiados están recurriendo a medidas drásticas —como unirse a bandas de delincuentes hasta intentar emigrar, con todos sus peligros— solo para sobrevivir.
¿Qué se debe hacer? Los gobiernos extranjeros pueden reforzar su apoyo a la ayuda humanitaria para proporcionar auxilio inmediato a los refugiados rohinyas. Por otra parte, dada la probabilidad de que la crisis se prolongue, Dacca debería modificar sus políticas para conseguir, con la colaboración de los donantes, que la ayuda sea más eficaz y los refugiados lleguen a ser autosuficientes. Y también debería revisar la vigilancia de los campamentos.
Seis años después de que la mayoría de ellos huyeran del estado de Rakhine, en Myanmar, los casi un millón de rohinyas refugiados en Bangladesh continúan con pocas perspectivas de regresar a casa. El golpe de Estado llevado a cabo en 2021 en Myanmar disminuyó todavía más las posibilidades de repatriación a gran escala y, al mismo tiempo, las condiciones económicas y de seguridad están deteriorándose en unos campos de refugiados abarrotados. Las autoridades locales no han conseguido mantenerlos a salvo de los grupos armados y las bandas de delincuentes que se disputan el control de los campamentos. La ayuda internacional disminuye debido a la existencia de otras prioridades y limitaciones financieras, pero el gobierno de Bangladesh está empeorando las cosas cuando limita la posibilidad de tener ingresos de los refugiados. Los donantes deben aumentar con urgencia la ayuda humanitaria para que se acerque al nivel anterior y trabajar con el gobierno para que modifique sus políticas con el fin de que más refugiados puedan ganarse la vida. Además, Bangladesh debe reformar la vigilancia de los campamentos, en parte para que los líderes comunitarios rohinyas puedan tener más peso.
En los últimos doce meses, las disputas territoriales entre varios grupos armados han asediado los gigantescos campos de refugiados del distrito de Cox’s Bazar, en el sur de Bangladesh. Los enfrentamientos entre el Ejército Rohinya de Salvación de Arakán (ARSA en sus siglas en inglés) —en otro tiempo hegemónico— y grupos como la Organización de Solidaridad Rohingya (RSO) han dejado decenas de refugiados muertos, y el número de secuestros —los casos en los que grupos armados o bandas criminales retienen a refugiados para pedir un rescate— se ha multiplicado casi por cuatro en 2023. Antes, los actos violentos solo se cometían de noche, pero ahora militantes armados con cuchillos y pistolas de fabricación local recorren los campamentos de día, amenazando a los habitantes y matando a rivales. El Batallón de Policía Armada de Bangladesh, responsable de la seguridad de los campamentos desde julio de 2020, no solo carece de recursos para proteger a los refugiados sino que incluso parece contribuir a sus problemas: hay agentes acusados de extorsionar, secuestrar y torturar a los rohinyas, que apenas tienen cómo defenderse.
Mientras tanto, el apoyo internacional a la ayuda humanitaria a esta comunidad está disminuyendo. En 2022, el llamamiento humanitario de la ONU no consiguió más que un 63% de la financiación a la que aspiraba, y los compromisos de donación se han reducido todavía más en lo que va de 2023. Como consecuencia, las organizaciones humanitarias han tenido que reducir servicios vitales; lo más significativo es que el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU ha tenido que recortar dos veces las raciones de alimentos, que han pasado de 12 a 8 dólares por persona al mes, es decir, la miseria de 27 céntimos al día. Los recortes son desoladores porque la mayoría de los refugiados dependen enormemente de esas ayudas; las restricciones gubernamentales concebidas para impedir que se integren en Bangladesh les impiden prácticamente encontrar empleo legal. El problema se ha agravado todavía más con el aumento de los precios de los alimentos desde que Rusia invadió Ucrania. Ya hay señales de que los recortes en la ayuda están teniendo efectos perniciosos, desde el aumento de la tasa de desnutrición en los niños hasta el aumento de los casos de violencia de género.
A principios de 2023, después de dos intentos fallidos de repatriación en 2018 y 2019, Naypyitaw y Dacca promovieron un proyecto piloto que permitiría el regreso de más de 1.000 refugiados en una primera etapa. Ambas partes, junto con China en un papel mediador, están deseosas de avanzar, aunque por motivos diferentes: el régimen militar de Myanmar cree que la repatriación facilitará su defensa contra las acusaciones de genocidio presentadas en 2017 ante el Tribunal Internacional de Justicia, y el gobierno de la primera ministra bangladeshí, Sheikh Hasina, confía en que la favorezca en las elecciones generales previstas para enero de 2024. Sin embargo, el intento de repatriación tiene pocas probabilidades de éxito. Los refugiados ven con escepticismo las promesas de seguridad de Naypyidaw y están escarmentados por su negativa a concederles automáticamente la ciudadanía. Hacen bien en ser precavidos: la situación de Myanmar ha empeorado desde el golpe de 2021 y en noviembre estallaron nuevos combates en el estado de Rakhine entre los militares y el Ejército de Arakán, uno de los grupos étnicos armados más poderosos del país, por lo que es casi imposible pensar en un retorno seguro, digno y voluntario.
Estos tres problemas —el aumento de la inseguridad, la disminución de la ayuda y el estancamiento de la repatriación— están estrechamente relacionados y han dado lugar a una crisis que corre peligro de descontrolarse. Las restricciones del Gobierno bangladeshí han agravado la dependencia de los refugiados de la ayuda y han aumentado los costes de la acción humanitaria. Además, la política de Dacca contradice la realidad, porque ya hay decenas de miles de refugiados que trabajan de manera irregular en las ciudades que rodean los campamentos, están sometidos a explotación por su situación ilegal y se ven obligados a sobornar a los agentes de seguridad.
La pobreza y la desesperación, cada vez más extendidas en los campos de refugiados y alimentadas por la falta de perspectivas de regreso inmediato a Myanmar, han empujado a muchos rohinyas a tomar decisiones difíciles, como la incorporación de los jóvenes a grupos armados o bandas de delincuentes a cambio de un sueldo o que las familias entreguen a las adolescentes en matrimonio precoz para tener menos bocas que alimentar. Asimismo, miles de refugiados desesperados han emprendido un viaje arriesgado con la esperanza de llegar a Malasia y otros, en un número desconocido, han vuelto al estado de Rakhine a pesar de los peligros o han desaparecido en otras regiones de Bangladesh, aunque las normas en teoría les prohíben abandonar los campamentos.
Bangladesh, en colaboración con los interlocutores internacionales, tiene que romper este círculo vicioso. Debe sentar las bases de una solución sostenible, ya que estamos ante una crisis prolongada, al tiempo que sigue presionando a las autoridades de Myanmar para que creen las condiciones adecuadas para la repatriación. Los donantes tienen un papel crucial que desempeñar fomentando iniciativas que impulsen la autosuficiencia y reduzcan al mínimo la dependencia de la ayuda, pero solo podrán hacerlo si Dacca modifica sus políticas y permite actividades que no se limiten a la ayuda de emergencia. Entretanto, deben recuperar para la financiación humanitaria un nivel que permita a los refugiados vivir con dignidad, empezando por garantizar que tengan para comer. Ante el aumento de la inseguridad, Bangladesh también debe revisar su forma de vigilar los campamentos, dar más poder a los líderes comunitarios de la propia población refugiada y tomar medidas más enérgicas contra los delincuentes que explotan la crisis de los refugiados en su propio beneficio.
La versión original en inglés fue publicada con anterioridad en International Crisis Group.
Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.
