Los argelinos asisten a una sucesión de ceses en la cúpula militar, una deriva sin precedentes desde la llegada al poder del presidente Abdelasis Buteflika, en 1999. Con trasfondo de supuesta lucha contra la corrupción y tras haber descompuesto y subyugado a los todopoderosos servicios de inteligencia, la maniobra puede interpretarse como la demostración de fuerza del clan presidencial a pocos meses de unos comicios llamados a aupar al octogenario y físicamente incapacitado político a su quinto mandato consecutivo.
En un breve lapso de tiempo algunas de las personalidades militares más importantes de Argelia han sido cesadas de sus funciones, conducidas ante los tribunales de justicia o, en el mejor de los casos, jubiladas sin remisión. Desde el pasado mes de junio el entorno del presidente Abdelasis Buteflika, quien también es jefe supremo de los ejércitos y ministro de Defensa, ha maniobrado para reconstituir la alta jerarquía militar, relevando de sus cargos a hasta una veintena de generales-mayores y generales. “No se trata de un movimiento anodino, sin intencionalidad política, sino que nos encontramos ante el comienzo de una nueva etapa dentro de un proceso más amplio de concentración de poderes en manos del presidente y su clan”, estima Adlen Medi, periodista y escritor argelino. Y es que, según éste, “el reinado de Buteflika ha estado marcado por la dialéctica entre el Palacio de El Muradía, la sede presidencial, y la institución castrense, con los generales como tradicional e indiscutido epicentro del poder argelino desde la independencia del país”.
La incautación en un navío atracado en el puerto de Orán el 26 de junio de 2018 con 701 kilos de cocaína, presuntamente relacionada con altos mandos del Ejército, precipitó la apertura de una investigación. El máximo responsable de la Dirección General de la Seguridad Nacional (DGSN), el general-mayor Abdelgani Jamel, profirió entonces unas declaraciones denunciando “excesos en las pesquisas previas”, precisando que “quienes pretenden luchar contra la corrupción no deben tener las manos manchadas”. El mensaje significaba que la lucha contra las prácticas irregulares no era sino una excusa para ajustar cuentas y realizar cambios en lo más alto de la cúpula militar. Los propósitos de Jamel no sentaron nada bien en el Palacio de El Muradía que ordenó el cese fulminante de quien pasaba por ser uno de los hombres fuertes del régimen como principal responsable policial del país.
La cuestión fue mucho más allá y se multiplicaron acciones y gestos para doblegar, e incluso humillar, al militar. Un aviso a navegantes que reforzaba, de paso, la teoría de la caza de brujas. El clan presidencial, con el hermano del jefe del Estado, Said, al frente, transmitió instrucciones precisas al general-mayor Ahmed Gaid Salaj en su calidad de viceministro de Defensa para “seguir de cerca el tema”, lo cual en el lenguaje del poder argelino suele significar sanciones graves. Las medidas adoptadas contra Jamel no difieren de las infligidas a militares inculpados de “alta traición”. Primero, se abrió una investigación por las declaraciones que fue encomendada a la Gendarmería Republicana, cuerpo dependiente del Ejército Nacional Popular (ANP, en sus siglas en francés). Después, fue despojado oficiosamente de sus grados y galones impidiéndosele de este modo el disfrute de pensión y privilegios que le corresponderían como oficial retirado, se le prohibió abandonar el país e incluso se puso en marcha una investigación sobre dos cuentas bancarias a su nombre en Niza y en Beirut con ayuda de Interpol.
Ceses en cadena
En el marco de la investigación abierta por la incautación de cocaína fue cesado el general-mayor Menad Nuba, principal responsable de la Gendarmería Republicana. Ante el juez, durante el interrogatorio, Nuba dijo haber sido víctima de un timador de renombre en Argelia, Kamal Chikji, a quien la prensa local se refiere como “le Renard” (el Zorro), personaje en la génesis de la caída en desgracia de varios altos funcionarios corruptos. A Nuba se le pidió que rindiera cuentas sobre 21 millones de dinares, unos 200.000 euros, entregados por el Zorro a un presunto hombre de negocios, que resulta ser el propio hijo del general-mayor, para la adquisición de un inmueble que, en último término, pertenecía al director general de la Gendarmería. Chikji, a quien pertenecería el cargamento de cocaína, además de narcotraficante también es un promotor inmobiliario de Argel que ha llevado a cabo transacciones inmobiliarias con altos mandos militares que utilizan a miembros de sus familias como testaferros. A cambio, los generales ofrecían protección a Chikji, que gozaba de total impunidad.
Además de los ceses de los directores generales de la DGSN y de la Gendarmería, fueron depuestos los principales responsables militares de la capital, Argel, y otras regiones militares del país, como es el caso de los generales-mayores Habib Chentuf y Said Bey, al frente, respectivamente, de las 1ª y 2ª regiones militares. Fueron cesados los generales-mayores Mohamed Tireche, jefe de la Dirección de Seguridad de la ANP, Abdelkader Lunés, comandante de las Fuerzas de la Defensa Aérea, y Ajcen Tafer, comandante de las Fuerzas Terrestres, así como los generales Benatu Bumediàn, controlador general del Ejército, o el exdirector financiero en el Ministerio de Defensa, Buyema Buduaur. Ninguna explicación oficial ha sido aportada para justificar estas purgas en la cúpula de la institución castrense. El Ministerio de Defensa se ha limitado a emplazar estos movimientos en lo que considera una “alternancia habitual”.
La limpieza profunda operada en las altas esferas militares ha reforzado la figura presidencial, pero también la del general-mayor Ahmed Gaid Salaj, jefe de Estado-Mayor de la ANP y viceministro de Defensa. Éste, con la ayuda de la DCSA (inteligencia militar), a cuyo cargo están las investigaciones vinculadas con la corrupción que afecta a los militares, es considerado uno de los hombres fuertes del país. Salaj es visto como una suerte de opositor por el clan presidencial, ya que se ha postulado como un serio pretendiente a la jefatura del Estado, no siendo un secreto que las relaciones entre Said Buteflika y Gaid Salaj son tensas y distantes. En determinados foros, el general-mayor no se habría privado de mostrar su intención de suceder al octogenario presidente, llegando a señalar “la torpeza” de los políticos y haciendo énfasis al rol de “vigilancia” del Ejército como “salvaguarda de la República”. Por el momento, Salaj ha respetado escrupulosamente la figura del jefe de Estado, si bien, en este particular contexto, no se podría excluir que la purga llegase hasta el propio general-mayor, arreciando los rumores al respecto durante los últimos tiempos.
Presidencialismo del clan
Parte de los responsables militares cesados de sus funciones han sido acusados de tráfico de cocaína. Otros lo han sido, de forma directa o indirecta, de forma oficial u oficiosa, con procesos judiciales abiertos o simplemente procesos de intención, de corrupción, enriquecimiento ilegal o abuso de poder. “Lo sorprendente es que este tipo de prácticas son moneda común, lo habitual en la clase militar y política argelina, al más alto nivel. Si lo que mueve al poder es la lucha contra la delincuencia en las altas esferas del Estado, aquí se deberían también ver afectados destacados miembros del clan presidencial, ministros actualmente en función, un mayor número de militares de alto rango e incluso empresarios”, explica Nicolas Beau, veterano periodista francés director del portal de informaciones Mondafrique. Ante la amplitud de la purga, analistas y observadores han destacado cómo el presidente argelino no cesa de concentrar el poder en manos de un estrecho círculo de civiles alrededor de su figura, su clan, con vistas al anuncio de su candidatura a un quinto mandato.
La batalla entre la presidencia y la cúpula militar ha sido ardua, no exenta de dramatismo y tensión, y, según algunos, se habría ido orientando de forma paulatina del lado de quien fue designado en 1999 por los generales como candidato a la jefatura del Estado por el que fuera partido único, el Frente de Liberación Nacional (FLN). “Hemos pasado de un esquema Estado mayor, servicios de seguridad y presidencia a uno Ejército y presidencia, y ahora a un sistema presidencial fuerte en manos de un solo hombre y su gente”, sostiene Medi, quien fue redactor jefe del suplemento de fin de semana El Watan. Una sui generis transición cuyos orígenes se remontan a 2003, cuando el mando militar encabezado por Mohamded Lamari, jefe de Estado mayor, pretendía oponerse a un segundo mandato de Buteflika. Objetivo a abatir, el político se apoyó entonces en rivalidades internas, aliándose con el otrora señalado como “dios de Argelia”, el general Mohamed Lamin Median, alias Tawfiq, al frente de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DRS, en sus siglas en francés), y con el comandante en jefe de las fuerzas terrestres, el general Ahmed Gaid Salah.
Precisamente, otro momento fuerte de esta deriva se vivió en septiembre de 2015 con la “jubilación forzosa” del mencionado Tawfiq. En febrero de 2016 el DRS era disuelto por decreto presidencial, siendo reemplazado por la Coordinación de Servicios de Seguridad (CSS), institución dependiente de la presidencia y que quedó en manos de un general de confianza de Buteflika, Bachir Tartag. Fuentes de El Muradía enfatizan que el objetivo de Buteflika es erigir un poder civil, por encima del militar, en el marco de un sistema presidencialista fuerte, muy influenciado por la imagen de su mentor, el general Houari Boumédiène, presidente entre 1965 y 1978.
La maniobra de Buteflika se explica así como una demostración de fuerza, significando que el jefe de Estado es el auténtico líder del Ejército, el único que puede cesar y nominar a un general y poner y quitar a los principales responsables de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Otras fuentes consideran, no obstante, que esta purga denota nerviosismo, febrilidad, tratándose de una exhibición del frágil poder aún entre las manos de Buteflika, que deja muchas cuestiones en suspenso, cuestiones que todavía dependen de los equilibrios inestables entre El Muradía y el Ejército. Como señala Beau, “efectivamente, no podemos excluir que se trate de un acto preventivo del presidente, que busca de este modo debilitar al Ejército, sustraerle el máximo de su poder e influencia, ante el temor de un golpe de Estado o la promoción de una candidatura alternativa auspiciada por los militares, lo cual le daría opciones”. Mientras, a unos meses de las elecciones presidenciales, previstas para abril de 2019, guarda silencio Buteflika, “el ausente omnipresente que ha convertido a Argelia en una inmensa sala de espera”, tal y como afirma el escritor y editorialista de Le Quotidien d’Oran, Kamel Daud.
