De izquierda a derecha: la bandera turca, un retrato de Mustafa Kemal Ataturk, fundador de la Turquía moderna, y Recep Tayyip Erdogan, actual presidente de Turquía. (Andy Soloman/UCG/Universal Images Group/Getty Images)

Un siglo de la fundación de la República de Turquía, una década de las protestas ciudadanas del parque Gezi, ocho meses de unos de los peores terremotos de la historia del país, casi cinco meses de la nueva victoria —pese a todo— de Recep Tayyip Erdogan en las últimas elecciones. El 2023, un año tumultuoso de aniversarios, cita con las urnas y pésima economía, merece una reflexión pausada sobre hacia dónde va, o no va, la democracia turca. 

La lista de males que acechan al país es larga y compleja. Muchos de ellos se exponen en la reciente película Burning days, un thriller rural que sitúa la acción en un pueblo turco donde el nepotismo, la impunidad, la polarización social, la homofobia y la misoginia son la norma. Problemáticas que, por desgracia, también pueden extrapolarse en gran medida al resto de Turquía. De hecho, el informe de Freedom House sobre la libertad en el mundo califica, un año más, al país como “no libre”, alertando del creciente autoritarismo del gobierno del AKP, liderado por Recep Tayyip Erdoğan, en el poder desde 2002, así como de una represión que no ha parado de coger ritmo desde las manifestaciones de Gezi (2013) y el intento de golpe de Estado (2016). Un autoritarismo articulado a través de cambios constitucionales que concentran el poder en las manos presidenciales, el debilitamiento constante de la independencia judicial, el encarcelamiento de opositores y activistas, la corrupción sistémica, la falta de transparencia y rendición de cuentas y las continuas restricciones a derechos fundamentales de expresión, reunión y asociación, lo que impacta —junto con la obstaculización de políticos y partidos opositores y el control de los medios de comunicación— en unos procesos electorales que, aunque “sean competitivos, parten de condiciones desiguales”, según organizaciones como la OSCE.

Una poca estima por las libertades que ya ha hecho mella en los compromisos internacionales en materia de derechos por parte de Ankara. Por un lado, Turquía se retiró unilateralmente del Convenio de Estambul, en 2021, a pesar de la gravedad de la violencia contra las mujeres y los feminicidios, que no paran de crecer en el país, según el monitoreo exhaustivo de la plataforma Kadın Cinayetlerini Durduracağız (Pararemos los feminicidios). Una violencia contra mujeres y niñas que también ha sido abordada en los últimos años desde la ficción cinematográfica y literaria turca con películas como Mustang o la novela Mis últimos 10 minutos y 38 segundos en este extraño mundo. Por otra parte, están los casos del filántropo y empresario Osman Kavala y el líder kurdo Selahattin Demirtaş, que llevan años encarcelados, a pesar de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que exige la liberación de ambos, decisión de obligado cumplimiento para Turquía, miembro del Consejo de Europa desde 1949. Algo a lo que Ankara continúa ...