Ochenta años después de que su padre liderara una revolución trunca, Bernardo Arévalo resultó electo como presidente de la República. Su principal propuesta, la lucha contra la corrupción, lo ha puesto, sin embargo, en riesgo de pisar antes la cárcel que palacio de gobierno.
Los caminos de Guatemala son tortuosos. Recorrer los 478 kilómetros de distancia entre la capital y la municipalidad de Flores, cuyo atractivo es una minúscula y graciosa isla dentro de un lago, demanda en promedio 12 horas de manejo. Y aunque los paisajes a ratos son sublimes y escasamente agreste el terreno, no es prudente despegar la vista de la maltrecha y transitada vía de dos carriles que conecta Ciudad de Guatemala con la costa del Atlántico y la región septentrional del país.
‘En Guatemala maneja mal y manejarás poco’, dice un adagio viejo de viajeros que los extranjeros solemos repetir. Por las cañadas aún resuenan las imprecaciones de Aldous Huxley, quien se internó en las entrañas del país en un viaje audaz apenas entregó a prensas su más célebre novela, A brave new world, que en español se conoce como “Un mundo feliz”. “Las barrancas son la especialidad de Centroamérica”, describió el ensayista inglés. Pasados noventa años, la pésima carretera aún avala su lamento: hay caminos por aquí que “llegas a odiar con extraordinaria e intensa pasión”. El último tramo a Flores es la carretera CA-13, también llamada Jacobo Arbenz, que sube hacia el norte hasta encontrar la frontera con México.
Jacobo Arbenz fue aquel presidente guatemalteco quien, en 1954, fue depuesto por un golpe de Estado que orquestó el gobierno de los Estados Unidos, con el pretexto de evitar la propagación del comunismo en Centroamérica. La realidad es que defendían los intereses de la Union Fruit Company, la empresa platanera que hasta estos días, hoy llamada Chiquita Banana, no ha pagado por los muertos de ese y otros aplastamientos.
En Colombia, en 1928, por complacer a la Union Fruit Company el gobierno nacional masacró a 3.000 obreros en huelga. Ese episodio fue novelado muchos años después por Gabriel García Márquez, quien lo situó, claro, en Macondo. Si tal barbaridad se sumó a otras desventuras ficticias de la familia de José Arcadio Buendía por cien años, a Guatemala el derrocamiento de Arbenz la empujó a una era apocalíptica de juntas militares, jefaturas de facto, tres golpes de Estado, una guerra de exterminio que se estima dejó al menos a 200 mil víctimas mortales, muchos aún desaparecidas, y más de un millón de desplazados y luego, en 1996, tras la firma de unos acuerdos de paz puntualmente olvidados o sobreseídos, a una “dictadura corporativa” de gobernantes civiles que han servido muy bien a la élite nacional, pero mantienen a la mayoría en un ayuno perpetuo de expectativas; por algo el equivalente al 20% de la población nacional radica en los Estados Unidos, mientras que a sus indígenas [en número gruesos, la mitad de los habitantes] se les discrimina sin sombra de remordimiento; nunca se les devolvió la tierra que les quitó la invasión dirigida por Pedro de Alvarado, hace 500 años, y se persiste en su explotación laboral. El país ocupa el último lugar de la tabla en el índice de desarrollo humano en América Latina.
Arbenz fue el segundo presidente electo tras la llamada Revolución de Octubre, que en 1944 puso fin definitivo a la tiranía de Jorge Ubico, uno más de tantos hombres fuertes de la historia sanguinaria de América Latina. Recibió el mando del Ejecutivo de Juan José Arévalo, con quien comandó la insurgencia popular que dio al país motivos para imaginar un futuro menos agobiante. Diez años duró aquella ilusión. A instancias del Departamento de Estado norteamericano y con el fervoroso apoyo de los terratenientes locales, la democracia guatemalteca fue arrojada a la barranca.
Molidos los riñones tras pilotear un auto por horas, se llega a la municipalidad de Flores, casi en el borde con Belice. En lenguaje oficial, Guatemala llama a esa división fronteriza “línea de adyacencia”, pues reclama como suyo el 70% del territorio de la antigua Honduras Británica; el asunto está en disputa en la Corte Internacional de Justicia. Pero sin pensar en desavenencias de vecinos [“nacionalismo es la filosofía que justifica el odio innecesario y artificial”, escribió Huxley por estos lares], se hunde uno, mejor, en el lago Itzá y al emerger el encanto de la isla recompensa la tortura del viaje; Flores es un mundo en miniatura: rococó caribeño con colores delirantes.
En enero próximo, Guatemala entera podría también llegar al final de un camino azaroso. Un golpe cívico, primero el 25 de junio y luego el 20 de agosto de este año, doble ronda electoral, colocó como ganador de la presidencia de la República a un hijo de Juan José Arévalo, el primer presidente de la llamada “primavera democrática” que inició tras la Revolución de Octubre. Ochenta años después, la esperanza germina por un partido llamado Semilla, fundado hace menos de una década.
Bernardo Arévalo es el presidente electo. Su ascensión al poder, prevista para el 14 de enero de 2024, parece tender un puente entre el ideal de la revolución trunca y el opaco presente nacional. Aunque este optimismo debe conducirse con extrema precaución, pues debajo corren aguas profundas y torrentosas.
Los años turbulentos
Al momento de escribir este reporte en Guatemala se enturbia el ambiente político. El presidente electo Bernardo Arévalo llegó a suspender el proceso de transición administrativa, en protesta por lo que calificó como un “golpe de Estado” en curso. A menos de un mes de su rotundo triunfo en las urnas, se afirma también que se han fraguado dos planes para asesinarlo.
El término legal del proceso electoral está marcado para el 31 de octubre. Ese día, el Tribunal Supremo Electoral publicará los resultados de todas las elecciones celebradas -se votó, además, para renovar el Congreso y elegir presidentes municipales-. Mientras la fecha llega, por orden de un juez se investiga si el partido Semilla posee personalidad jurídica; en otras palabras, se intenta probar que el partido ganador de las elecciones de 2023 es un fraude.
Un diplomático veterano, quien por años fue jefe de cancillería de una embajada en Guatemala, solía repetir que leer la prensa diaria del país demanda un doctorado en derecho. Toda polémica política parece condenada a que la resuelva un apéndice del poder Judicial. Ahora mismo quien tiene en vilo a la democracia guatemalteca es la fiscal general de la República, Consuelo Porras, quien ocupa el cargo desde 2018.
Aquel 2018 fue otro año turbulento en Guatemala; en sí, todos lo son. Agosto terminó ahogado en rumores. Una noche al escuchar repentinas explosiones, que luego supimos fueron pirotecnia, más de uno imaginó otro golpe de Estado. Vehículos artillados del ejército patrullaban la capital. Rodeado de militares, el presidente había anunciado esa tarde que no renovaría el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un órgano de Naciones Unidas que por 12 años ayudó a desmantelar redes de corrupción en el país y propició que prominentes figuras públicas fueran sancionadas con prisión, multas e inhabilitaciones. En 2015, le sucedió al propio presidente de la República, el general retirado Otto Pérez Molina, y a la vicepresidenta, Roxana Baldetti.
Junto con CICIG, Thelma Aldana era en ese momento la adalid contra la corrupción. Designada fiscal de la República en 2014, con la venia de Pérez Molina, fue ella quien puso sobre la mesa del poder Judicial las evidencias para meter en la cárcel a éste y su vicepresidenta un año después.
El proceso electoral para suceder a Pérez Molina estaba en curso cuando con una orden de arresto, Aldana puso en condición de forajido al principal habitante del palacio de gobierno. Un cómico en el retiro, Jimmy Morales, ganó la contienda y en enero de 2016, con la promesa de combatir la corrupción, asumió la jefatura del poder Ejecutivo.
Despuntaba 2018 cuando Thelma Aldana anunció que prefería no reelegirse como fiscal. Quería ser presidenta de Guatemala. Un grupo de profesionistas clasemedieros, algunos con experiencia política, pero la mayoría sin ligas a otros partidos, le ofrecieron la plataforma para ese propósito; eran los fundadores del naciente Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo entre otros; aunque aún no tenían listo su registro -de esas fechas data la presunta falta que hoy investiga el Ministerio Público.
Apenas tres meses después de su renuncia, Thelma Aldana ya estaba en el exilio, con orden de arresto. Su sucesora en el Ministerio Público, Consuelo Porras, la acusó de malversar fondos de la fiscalía; aunque a todos sonó que se trataba de una persecución política. De entonces a esta fecha, 39 fiscales, jueces y abogados que intentaron, en diversos casos, sostener el fervor justiciero que inspiró el proceso contra Pérez Molina y Baldetti han huido del país, acosados por la corrupción y la certera amenaza de cárcel o muerte.
Aldana saludó al presidente Jimmy Morales, en su primer año de gobierno, con una investigación, orden de arresto y posterior prisión para su hermano y su hijo, acusados de evadir el fisco. Eso colmó los vasos.
Para agosto de 2018, en el exilio Aldana y sentenciada a su cierre la Comisión Internacional contra la Impunidad, quedó claro que el cómico vuelto presidente había bromeado al prometer el fin de la corrupción; su propia campaña electoral fue financiada con fondos ilícitos, según evidenció la CICIG.
La guerra de Consuelo
El Ministerio Público de Guatemala reveló que investigaba al partido Semilla el pasado 11 de julio, luego de que Bernardo Arévalo y Karin Herrera, el binomio de presidente y vicepresidenta postulado por esa organización, habían conseguido, sin que encuesta de preferencias lo previera, su pase a la segunda vuelta electoral.
El otro binomio finalista, del partido Unión Nacional de la Esperanza, tenía como candidata a la presidenta a Sandra Torres, quien había llegado a esa antesala del triunfo en dos elecciones anteriores (2015 y 2019). Este año, por tercera ocasión consecutiva, Torres fue derrotada en la segunda vuelta electoral.
El súbito interés del Ministerio Público por investigar a Semilla obligó, incluso, al Tribunal Supremo Electoral a cancelar el registro del partido una vez que había ganado la primera vuelta electoral. Esto dejó al garete a 23 diputados electos. A dos días de la segunda ronda electoral, la Corte Suprema de Justicia aceptó un amparo contra la acción del Ministerio Público. Los diputados electos pudieron hasta entonces declarar con legitimidad que son la bancada de Semilla y Arévalo y Herrera pasaron a la segunda vuelta como abanderados de ese partido.
Pero el Ministerio Público persiste en su investigación. El 12 de septiembre, allanó la bodega donde se resguardan las urnas electorales; abrió un centenar de éstas y hasta este momento, ante el asombro general, sus agentes recuentan los votos depositados libremente por los guatemaltecos. No está claro qué relación tiene esto con posibles omisiones cometidas en 2018 cuando se fundó Semilla.
El Tribunal Supremo Electoral se inconformó ya; presentó un amparo que deberá resolver la Corte Suprema de Justicia. El 17 de septiembre también lo hicieron el presidente y la vicepresidenta electos, acompañados por miles de ciudadanos. Ese mismo día, en Washington, la asamblea general de la Organización de Estados Americanos conoció un informe de su secretario general, Luis Almagro, sobre esta situación. “El proceso de transición tiene sus amenazas. Es una combinación de agresiones políticas que se han ido transformando en presiones políticas sobre el proceso electoral”, dice el reporte. Pero Consuelo Porras, titular del Ministerio Público, continúa impertérrita: sus fiscales y agentes manosean hasta hoy la decisión tomada por una mayoría ciudadana sobre quién desean que los gobierne. Es incierto cómo terminará esto.
El artículo 217 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos de Guatemala dice que “los candidatos presidenciales y vicepresidenciales no podrán ser detenidos o procesados, salvo que la Corte Suprema de Justicia declare que ha lugar a formación de causa en su contra”. Si Bernardo Arévalo está en la mira de la investigación del Ministerio Público, hay la posibilidad de que se dicte orden de captura en su contra.
“Lo que ocurre es culpa también de la actitud corrupta, impune e irresponsable del partido Movimiento Semilla y del actuar de Bernardo Arévalo”, escuchó Luis Almagro el pasado 5 de septiembre al reunirse con Consuelo Porras y su equipo, en ciudad de Guatemala. Transcribió esto en su reporte y concluyó que la actitud del Ministerio Público es “claramente persecutoria de un partido político”.
Redes de poder
Ana María Méndez Dardón, directora para Centroamérica de WOLA, la Oficina para América Latina en Washington, un centro de pensamiento y gestión sobre temas de derechos humanos, es idónea para responder qué tan autónomo es el Ministerio Público en Guatemala.
Vía telefónica comentó: “¿Quién puso a Consuelo Porras? Jimmy Morales, un expresidente acusado de corrupción. ¿Y quién la reeligió? Alejandro Giammattei” (actual presidente del país). En el sistema guatemalteco, explicó, hay entes llamados “comisiones de postulación”, las cuales, en teoría, deberían “filtrar” una lista de candidatos, para limitar la discrecionalidad del presidente para elegir al titular del Ministerio Público. Pero lo que ha sucedido, continuó, es que hay redes político-económicas ilícitas en todo el entramado administrativo. “Por eso ahora tenemos una Corte Suprema ilegítima; una fiscal con cero independencia y cero respeto al Estado constitucional de derecho”.
Hace una década, Méndez Dardón trabajaba para el Ministerio Público de Guatemala. Era la subseecretaria privada y de Asuntos estratégicos de la fiscal general Claudia Paz y Paz, quien ese año acusó de genocidio y otros crímenes contra la humanidad a quien fue dictador del país, Efraín Ríos Montt. Atraparon a muchos más generales. Años después, se integró a la CICIG, como oficial de proyectos especiales. Es guatemalteca. Hay aquiescencia del presidente Giammattei ante los “evidentes abusos de autoridad” de la fiscalía”, opinó Méndez Dardón. El presidente de la República es el encargado de velar porque se cumpla con la Constitución. Guardar silencio es una forma, es una señal de complacencia, dijo.
Hay que entender Guatemala, continuó. Hay que “entender ese término que la CICIG acuñó, el de redes político-económicas ilícitas. Y son: crimen organizado y también parte del sector privado. Si usted me pregunta si es Giammattei quien mina la autonomía de Consuelo Porras, yo diría que son una serie de actores, que incluyen a élites militares que están alrededor de ella y también de otros poderes, como la Corte de Justicia y la Corte de Constitucionalidad”.
El futuro posible
Busqué a Jordán Rodas, ex procurador de Derechos Humanos en Guatemala, para pedirle una reflexión sobre ese futuro posible con un presidente llamado Bernardo Arévalo, un socialdemócrata en un país dominado por la derecha conservadora. Lo encontré; no sé en dónde. Es un exiliado que se mueve con sigilo por el mundo. Tras una temporada en España, ha vuelto a migrar.
Envió mensajes de voz. “Bernardo fue afortunado, porque no le impidieron participar. Y él tuvo la capacidad, junto a Semilla, de atraer el voto de quienes están hartos de la corrupción”.
Rodas fue postulado este año a la vicepresidencia del país. Era el acompañante de la candidata presidencial Thelma Cabrera, por el partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Pero por un vericueto legal les negaron el registro. Habría sido la segunda ocasión que Cabrera, maya de la etnia mam, buscara la presidencia; en 2019 fue la inusitada estrella del proceso y se ubicó en un cuarto lugar sorpresivo, captó el 10% del total de los votos en la primera ronda electoral. Esta vez era la única indígena en la contienda por la jefatura del Ejecutivo.
¿Los retos para Arévalo? Rodas mencionó dos: “Primero, llegar con vida al 14 de enero. Es mucho lo que está en juego. Luego, gobernar con un Congreso en contra”.
El Congreso de Guatemala lo integran 160 diputados. En la próxima legislatura, el actual partido gobernante, Vamos, tendrá la bancada mayoritaria, con 39 miembros; Unión Nacional de la Esperanza, segundo lugar en la contienda presidencial, tendrá 28 legisladores; Semilla se ubicó en tercer lugar, con 23 diputados electos. Además de la aprobación del presupuesto; Rodas avizoró que el Congreso, por tener voto de confianza y poder para la remoción de ministros, puede intentar contener a Arévalo. También, en muchos casos, los diputados deciden sobre los antejuicios (levantar la inmunidad de funcionarios públicos), algo que podría complicar el trabajo del Ejecutivo, pues, dijo: “no hay duda que la justicia está cooptada”.
Otro mensaje de Rodas: “Bernardo tiene a su favor que está posicionado como una persona honesta y tiene el legado de su padre. Creo que puede lograr pasos importantes. Tampoco tiene una varita mágica. Pero puede ser un gobierno de transición hacia una Guatemala donde ya no sea la corrupción lo que motive el gobierno y la persecución de sus opositores”.
Hubo momentos durante los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei que Jordán Rodas era uno de los más repudiados “enemigos internos” -el término proviene de la guerra civil guatemalteca; el ejército lo endilgaba a la guerrilla o todo aquel contrario a su satrapía-. La mayoría de los diputados de dos sucesivas legislaturas intentaron, hay quien cuenta nueve veces, destituirlo. Sus comparecencias ante el Congreso eran épicas; un Catón en elocuencia, armado con lanzas humorísticas.
Lo escucho ahora en mi teléfono repitiendo una frase de su autoría que he leído en otros medios: “Guatemala está en un estado de cuasi dictadura corporativa”.
Ana María Méndez Dardón tampoco me dio un pronóstico optimista: “El Ministerio Público rompió el orden democrático y constitucional de Guatemala ya. ¿Qué sigue? Lamentablemente, Guatemala es parte de la tendencia regional hacia el autoritarismo. ¿Qué nos dice el playbook nicaragüense? Hay riesgo de que quieran quitarle la inmunidad al binomio presidencial y a los diputados electos y que, en última instancia, esto acabe en prisión”.
En la ceremonia de entrega del mando presidencial, el 15 de marzo de 1951, Juan José Arévalo narró que había sido ingenuo al creer que su tarea, por estar respaldada por el vigor popular que la revolución despertó, iba a ser fácil. Tras dos años, contó, “el feudalismo criollo” se mostraba defraudado e indignado “por la manera que mi gobierno entendía la democracia y exageraba las libertades”.
Se enteró aquel primer presidente Arévalo de que hay “superiores consignas comerciales que parecen ser la real y exclusiva preocupación de los estadistas, mas no para una mejor distribución de los bienes entre las masas humildes, sino para la multiplicación de los millones que ahora pertenecen a unas cuantas familias metropolitanas”. Sin haber tocado la silla presidencial, pero por conocer bien la Guatemala actual, su hijo Bernardo debe concederle toda la razón en esto.
