Destellos de colaboración y conflicto entre dos mundos abocados a entenderse.

En septiembre de 2015, la pediatra y profesora de la Universidad Estatal de Michigan Mona Hanna-Attisha denunció en rueda de prensa que los niños de su ciudad, Flint, tenían un elevadísimo nivel de plomo en sangre. El metal, especialmente dañino para el sistema nervioso, lo habían bebido del grifo. Según sus datos, el agua estaba contaminada desde que dejaran de comprársela a Detroit, para extraerla de un río cercano. El “caso Flint” se convirtió en escándalo nacional, cuyas repercusiones aún se investigan. Hanna-Attisha, repentina heroína de la población, también fue blanco de múltiples críticas y presiones. Un destino habitual para los whistleblowers (literalmente, tocadores del silbato en inglés), el concepto anglosajón para quienes alertan sobre prácticas empresariales o de gestión pública potencialmente perniciosas.

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Fumigación de una plantación de soja en Argentina. Pablo Aharonian/AFP/Getty Images

Otro médico, Andrés Carrasco, presidía el principal organismo estatal de investigación de Argentina (CONICET) y dirigía el Laboratorio de Embriología de la Universidad de Buenos Aires,  cuando decidió investigar los numerosos casos de cáncer, leucemia y alergias en las regiones agrícolas del norte argentino. Tras publicar los efectos devastadores del herbicida glifosato –utilizado masivamente en la soja transgénica– sobre embriones de anfibios, se vio sometido a un acoso institucional y mediático que acabó con su dimisión. Carrasco falleció en 2014. Un año después la agencia IARC de la OMS calificó al glifosato como potencialmente carcinogénico, y el pasado 6 de agosto el Congreso estadounidense le cortó los fondos de 2 millones de dólares anuales.

Tanto el argentino como la estadounidense irrumpieron con sus investigaciones en el terreno de la “ciencia no hecha”. Se denomina así a los estudios que normalmente ni se ponen en marcha, porque sus resultados pueden amenazar los ...