El país celebra unas elecciones departamentales y municipales ante una violencia que no cesa.
El próximo 27 de octubre se celebran las elecciones departamentales y municipales en Colombia. Unas elecciones que hace tres años, cuando se suscribía el Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias – Ejército del Pueblo (FARC-EP), se pensaba que debían ser las elecciones que asentarían las bases de un conflicto armado institucionalizado a través de una consolidación democrática producto del cumplimiento de lo comprometido por las partes.
Sin embargo, nada de eso ha sucedido, y los índices de integridad electoral o calidad democrática del país no sólo no han mejorado, sino que además evocan riesgos de violencia política y electoral, producto de un conflicto armado que no cesa, en donde el encono y el recurso de la violencia persisten sin atisbo de desaparición. Basta con observar las cifras de la Misión de Observación Electoral (MOE) o la Fundación Paz y Reconciliación. Desde que comenzó la campaña ha sido asesinado un líder político o social cada tres días y más de 400 municipios se encuentran en situación de riesgo, especialmente, en escenarios de notable presencia de grupos armados, tal y como sucede en Arauca y Norte de Santander, en el nororiente; en Chocó, Cauca y Nariño, en el litoral Pacífico, y en los departamentos de Antioquia y Chocó.
En 2015, nos encontrábamos con unas FARC-EP que, aunque no habían dejado las armas, habían reducido a mínimos históricos el nivel de violencia armada, dando buena cuenta de su disposición por avanzar en la agenda y en la superación del conflicto armado. Asimismo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se encontraba en un proceso paralelo de diálogo con el Gobierno, y un grupo y otro suscribieron una tregua para favorecer un óptimo escenario de concurrencia electoral. De esas FARC-EP hegemónicas en buena parte de los departamentos descritos, muy poco queda. En la actualidad, el escenario es bien distinto. Aprovechando la ventana de oportunidad que supuso el hecho de que las Fuerzas Militares no cooptasen el territorio abandonado por la guerrilla en su proceso de desmovilización, otros grupos como el ELN, el otrora Ejército Popular de Liberación (Los Pelusos), así como más de una treintena de disidencias de las viejas FARC-EP y otros grupos posparamilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Cartel del Golfo) se disputan actualmente el control territorial y de los recursos y, por extensión, el desafío a una institucionalidad local que, lejos de izquierdas y derechas, sufre indistintamente el ejercicio de su violencia.
En esta situación, es la primera vez en que las extintas FARC-EP concurren como partido político a unas elecciones departamentales y municipales: la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC). No obstante, su presencia electoral en estas elecciones presenta importantes dificultades, provenientes de cuestiones propias del partido y derivadas de los rasgos del sistema político colombiano. Si bien, el Acuerdo de Paz blinda su presencia en la esfera nacional en la Cámara de Representantes y el Senado por dos períodos presidenciales, nada dice sobre el escenario municipal y departamental. Así, junto a la falta de recursos económicos, no se puede obviar el descrédito ocasionado por el retorno a las armas de figuras como Iván Márquez o Jesús Santrich o la violencia política dirigida sobre exguerrilleros de las FARC-EP en ciertas regiones del país, tal y como sucede en el litoral Pacífico, Antioquia o el nororiente colombiano.
Conocedores de que como simple FARC tiene serias dificultades para atraer el voto –más si se observan los escasos 52.000 votos obtenidos en las elecciones legislativas del año pasado-, su estrategia ha sido optar por concentrar sus candidaturas en ciertas regiones con opciones y abrir el paso a alianzas y pactos más amplios, que hace un año fueron descartados. De este modo, habrá que ver cómo prosperan sus resultados en los nueve departamentos, quince alcaldías y 79 concejos municipales en los que se presenta. Especialmente, porque hoy en día la FARC es interpretada por los grandes partidos que se ubican en el centro-izquierda colombiano como una suma que resta y con la que no conviene pactar. Baste observar cómo ni Colombia Humana, ni Polo Democrático, ni Partido Verde, ni siquiera la Unión Patriótica han reconocido cercanía política alguna con el partido heredero de la guerrilla.
Por su parte, el Centro Democrático también ha cambiado de estrategia y ha optado por sacrificar candidatos propios y priorizar estrategias y coaliciones con candidaturas comunes. Es decir, no se trata tanto de reeditar la búsqueda de un voto de opinión en favor de su líder, el expresidente Álvaro Uribe, sino de adoptar una estrategia pragmática, centrada en llevar al partido al mayor número de candidaturas ganadoras. Algo que, en el fondo, es necesario si se quiere consolidar territorialmente un partido de apenas un lustro de vida, y con una altísima dependencia del personalismo de Uribe. Un personalismo que, además, no pasa por su mejor momento, dado el proceso actual de indagatoria que tiene ante la Corte Suprema de Justicia. En definitiva, se trata de un proyecto menos ideológico, pero con el que evitar el desgaste de figuras que no tienen ninguna posibilidad, como en las elecciones pasadas ocurrió con Pacho Santos en la carrera electoral por la alcaldía de Bogotá, o con Leonardo Barrero en Cauca y Gonzalo Guarín en Boyacá.
En cualquier caso, los partidos más sólidos a esta concurrencia electoral son, en inicio, el Partido Liberal y Cambio Radical. El primero llega a estas elecciones con 12 gobernaciones (sobre 32) y 181 alcaldías (sobre 1.101), mientras que Cambio Radical tiene 7 gobernaciones y 155 alcaldías –a lo que habría que añadir un Partido Conservador con 4 gobernaciones y 194 alcaldías. Los tres disputarán sus opciones en los escenarios más importantes del país, como son las gobernaciones de Atlántico, Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca; o las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali, aparte de otras como Bucaramanga o Cartagena. Estará por ver cómo afecta a lo anterior la ausencia de un Partido de la U, que desde que acabó el mandato de Juan Manuel Santos parece precipitarse hacia la desmembración, y que aún en 2015 obtuvo el poder en 6 gobernaciones y 258 alcaldías.
Como siempre sucede, la plaza más disputada, y que tradicionalmente sirve de trampolín para la carrera electoral presidencial, será nuevamente Bogotá. Hasta hace unos meses resultaba ineludible que la alcaldía capitalina recaería en la exsenadora Claudia López, respaldada por la Alianza Verde y cuyo liderazgo reposa en Sergio Fajardo. Sin embargo, en la actualidad, López se trata de un valor a la baja en detrimento de Carlos Fernando Galán. Desde hace semanas, casi todas las encuestas dan por ganador al hijo de quien fuera referente del Partido Liberal a finales de los 80, Luis Carlos Galán, asesinado en agosto de 1989 por su férrea oposición al narcotráfico. Lo anterior, también, en buena medida, gracias al respaldo de la maquinaria del partido Cambio Radical, a pesar de que concurre a las elecciones como candidato independiente.
López pareciera haberse relajado, presumiendo que la fractura del voto conservador entre Galán y Miguel Uribe, tercero en discordia y apoyado por el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Centro Democrático, jugaba a su favor. Sin embargo, el voto contra López no es nada desdeñable en Bogotá y promueve el recurso de un voto útil y una movilidad intrabloques, en donde el apoyo electoral conservador termina movilizándose en favor del candidato con más opciones de victoria, que en este caso es Galán. Además, no hay que perder de vista que, considerando que el progresismo no tendría cabida en esta disputa, López descartó una alianza con Hollman Morris, que es la baza del exalcalde de Bogotá y excandidato presidencial, Gustavo Petro, en estas elecciones. Si bien es cierto que éste no tiene opción alguna, aglutina un voto lo suficientemente importante para contribuir a la derrota electoral de la “candidata verde”. Una posible derrota a la que no ayudan las dudas generadas por aquélla en torno al legado del actual alcalde, Enrique Peñalosa, quien, aunque es impopular a todas luces, no lo son tanto algunos de sus proyectos, como la construcción de un metro que pareciera más cerca que nunca de materializarse.
En síntesis, nos encontramos ante un escenario electoral departamental y municipal en el que los fantasmas de la violencia armada siguen más presentes que nunca. Las primeras elecciones de este tipo tras el Acuerdo de Paz con las FARC-EP no arrojan mejores niveles ni de calidad de la democracia ni de integridad electoral. Por lo anterior, es imprescindible que los ejecutivos subnacionales que surjan de estos comicios, especialmente allí donde la violencia es mayor, emplacen a la necesidad urgente de proseguir con un proceso de implementación del Acuerdo de Paz que en muchos aspectos se torna fallido, y que dista de servir como instrumento desde el que reconducir un conflicto armado que, en cualquier caso, va más allá de las desmovilizadas FARC-EP.
