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Un hombre sentado al lado de una campaña a favor de la JEP promovida por la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común en Calí, marzo 2019. LUIS ROBAYO/AFP/Getty Images

Cuando la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno del entonces presidente del país, Juan Manuel Santos, debatían el acuerdo de paz que puso fin a más de cinco décadas de conflicto, surgieron preguntas: ¿cómo juzgar a sus máximos responsables? ¿Cómo proteger los derechos de las víctimas? La respuesta fue la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Para algunos es orfebrería jurídica. Para otros, es un sistema que deja impunes a los exguerrilleros de las FARC. La JEP, el sistema de justicia diseñado en los acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y el grupo insurgente, tiene fuertes seguidores y detractores, y una tarea ingente por delante: esclarecer los hechos de un conflicto armado que desangró el país durante 50 años. Se calcula que dejó 8,8 millones de víctimas, entre las cuales más de 1,1 millones desparecieron de manera forzosa y fueron asesinadas, y provocó más de 7 millones de desplazados.

Tras la dejación de armas de las FARC, el principal grupo insurgente de Colombia y el más longevo de América Latina, la JEP quedó encargada de investigar los hechos más graves y representativos del conflicto armado con un objetivo principal: conocer la verdad.

 

Una Justicia Especial para las víctimas

Para Julián González, de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), la JEP es “la gema de la corona” del acuerdo de paz, firmado en 2016. “Todos los mecanismos que se diseñaron son muy avanzados (...) Es el acuerdo más trabajado en el mundo hasta hoy”, agrega.

El intrincado funcionamiento de la institución jurídica se resume en una máxima: los comparecientes recibirán beneficios, como condenas más cortas o la garantía de no extradición, a cambio de que contribuyan en reconstruir la verdad de los hechos del conflicto y admitan su participación en los crímenes de los que sean acusados. Eso se debe a que el carácter de la JEP es restaurativo y no punitivo, es decir, su objetivo primordial es restaurar los derechos vulnerados a las víctimas en vez de castigar a los responsables de los crímenes. Además, la Justicia Especial es transicional: tiene un mandato inicial de 15 años que se podrán extender a 20, pero que nunca superará las dos décadas.

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Víctimas del conflicto colombiano en la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz en el Día Internacional de los Derechos Humanos. RAUL ARBOLEDA/AFP/Getty Images

La jurisdicción investiga los hechos cometidos por los exguerrilleros de las FARC y por los agentes del Estado. Sin embargo, civiles pueden acercarse voluntariamente a la JEP para ofrecer su versión de los hechos. Aquellos comparecientes que contribuyan a la verdad y reconozcan su responsabilidad en los hechos, recibirán sanciones de máximo ocho años de libertad restringida, ya sea en una cárcel o con métodos menos limitantes, según la gravedad de los crímenes. En algunos casos deberán ...