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Un hombre sentado al lado de una campaña a favor de la JEP promovida por la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común en Calí, marzo 2019. LUIS ROBAYO/AFP/Getty Images

Cuando la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno del entonces presidente del país, Juan Manuel Santos, debatían el acuerdo de paz que puso fin a más de cinco décadas de conflicto, surgieron preguntas: ¿cómo juzgar a sus máximos responsables? ¿Cómo proteger los derechos de las víctimas? La respuesta fue la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Para algunos es orfebrería jurídica. Para otros, es un sistema que deja impunes a los exguerrilleros de las FARC. La JEP, el sistema de justicia diseñado en los acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y el grupo insurgente, tiene fuertes seguidores y detractores, y una tarea ingente por delante: esclarecer los hechos de un conflicto armado que desangró el país durante 50 años. Se calcula que dejó 8,8 millones de víctimas, entre las cuales más de 1,1 millones desparecieron de manera forzosa y fueron asesinadas, y provocó más de 7 millones de desplazados.

Tras la dejación de armas de las FARC, el principal grupo insurgente de Colombia y el más longevo de América Latina, la JEP quedó encargada de investigar los hechos más graves y representativos del conflicto armado con un objetivo principal: conocer la verdad.

 

Una Justicia Especial para las víctimas

Para Julián González, de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), la JEP es “la gema de la corona” del acuerdo de paz, firmado en 2016. “Todos los mecanismos que se diseñaron son muy avanzados (...) Es el acuerdo más trabajado en el mundo hasta hoy”, agrega.

El intrincado funcionamiento de la institución jurídica se resume en una máxima: los comparecientes recibirán beneficios, como condenas ...