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Un hombre sentado al lado de una campaña a favor de la JEP promovida por la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común en Calí, marzo 2019. LUIS ROBAYO/AFP/Getty Images

Cuando la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno del entonces presidente del país, Juan Manuel Santos, debatían el acuerdo de paz que puso fin a más de cinco décadas de conflicto, surgieron preguntas: ¿cómo juzgar a sus máximos responsables? ¿Cómo proteger los derechos de las víctimas? La respuesta fue la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Para algunos es orfebrería jurídica. Para otros, es un sistema que deja impunes a los exguerrilleros de las FARC. La JEP, el sistema de justicia diseñado en los acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y el grupo insurgente, tiene fuertes seguidores y detractores, y una tarea ingente por delante: esclarecer los hechos de un conflicto armado que desangró el país durante 50 años. Se calcula que dejó 8,8 millones de víctimas, entre las cuales más de 1,1 millones desparecieron de manera forzosa y fueron asesinadas, y provocó más de 7 millones de desplazados.

Tras la dejación de armas de las FARC, el principal grupo insurgente de Colombia y el más longevo de América Latina, la JEP quedó encargada de investigar los hechos más graves y representativos del conflicto armado con un objetivo principal: conocer la verdad.

 

Una Justicia Especial para las víctimas

Para Julián González, de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), la JEP es “la gema de la corona” del acuerdo de paz, firmado en 2016. “Todos los mecanismos que se diseñaron son muy avanzados (…) Es el acuerdo más trabajado en el mundo hasta hoy”, agrega.

El intrincado funcionamiento de la institución jurídica se resume en una máxima: los comparecientes recibirán beneficios, como condenas más cortas o la garantía de no extradición, a cambio de que contribuyan en reconstruir la verdad de los hechos del conflicto y admitan su participación en los crímenes de los que sean acusados. Eso se debe a que el carácter de la JEP es restaurativo y no punitivo, es decir, su objetivo primordial es restaurar los derechos vulnerados a las víctimas en vez de castigar a los responsables de los crímenes. Además, la Justicia Especial es transicional: tiene un mandato inicial de 15 años que se podrán extender a 20, pero que nunca superará las dos décadas.

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Víctimas del conflicto colombiano en la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz en el Día Internacional de los Derechos Humanos. RAUL ARBOLEDA/AFP/Getty Images

La jurisdicción investiga los hechos cometidos por los exguerrilleros de las FARC y por los agentes del Estado. Sin embargo, civiles pueden acercarse voluntariamente a la JEP para ofrecer su versión de los hechos. Aquellos comparecientes que contribuyan a la verdad y reconozcan su responsabilidad en los hechos, recibirán sanciones de máximo ocho años de libertad restringida, ya sea en una cárcel o con métodos menos limitantes, según la gravedad de los crímenes. En algunos casos deberán realizar trabajos restaurativos con respecto a las víctimas, como por ejemplo ayudar en la reconstrucción de infraestructuras dañadas. En cambio, los que no reconozcan la verdad de hechos probados recibirán condenas de 15 a 20 años de prisión.

Camilo Fagua, abogado e integrante de la Dirección Nacional del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), el partido surgido de la guerrilla, destaca la importancia de la existencia de la JEP para la firma del acuerdo. “Por primera vez en una negociación de paz se habla de una justicia que se centra en restaurar los derechos de las víctimas”, asegura. Además, recuerda que “la insurgencia de las FARC luchó toda su existencia contra el orden constitucional vigente”. “Era imposible que la guerrilla fuera a someterse a los estándares de la justicia interna”, agrega.

Hace aproximadamente un año que los principales dirigentes de las FARC se sentaron en el banquillo de los acusados por primera vez, entre los cuales Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, el dirigente fariano que llevó a la guerrilla a la paz. Lo hicieron como comparecientes en el primer caso abierto por la JEP para tratar los secuestros a manos de la antigua guerrilla. Desde entonces se han abierto siete casos más: las ejecuciones extrajudiciales por parte de fuerzas del Estado, la masacre contra el partido político Unión Patriótica, el reclutamiento forzado de las FARC, y tres más sobre regiones especialmente conflictivas de Colombia.

Óscar Parra, magistrado de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas de la JEP, explica que en la justicia transicional “no funciona la lógica del caso a caso”, sino que se “analizan casos a nivel macro” que “involucran cientos o miles de comparecientes”. El objetivo de la JEP, para él, es determinar “los máximos responsables de las principales atrocidades del conflicto armado” y buscar “su rendición de cuentas”. Desde su creación, la JEP ha recibido 170 informes sobre el conflicto de las instituciones colombianas y organizaciones de la sociedad civil, y ha recogido más de 100 versiones de comparecientes que se acercaron a la jurisdicción por voluntad propia. Para Parra, “eso permite que la JEP empiece a construir una justicia que va más allá de lo que indagó la justicia ordinaria”.

La Jurisdicción cuenta con tres salas que sirven como puerta de entrada a la institución: estas salas, de seis magistrados cada una, definen la situación jurídica de los comparecientes y amnistían a aquellos que hayan cometido delitos leves que no formen parte de crímenes sistemáticos. Además, la sala de Reconocimiento, presidida por Parra, es la encargada de evaluar si un compareciente reconoce la verdad y responsabilidad de los crímenes o no. Posteriormente, el Tribunal Especial para la Paz, que cuenta con 20 magistrados repartidos en distintas instancias, será donde se juzgará e impondrán las sentencias. Además, hay una Unidad de Investigación y Acusación que ejercerá una función similar a la de una fiscalía contra los comparecientes que no reconozcan la verdad y responsabilidad de los hechos, es decir, que investigará los crímenes y acusará a los presuntos responsables. En total, conforman la JEP 51 magistrados, contando a suplentes, que superaron un enorme proceso de selección en 2017 y fueron elegidos por un comité especialmente creado para la ocasión, con representantes de organismos como Naciones Unidas o el Tribunal Internacional de los Derechos Humanos.

 

La JEP, un campo de batalla político

La JEP se ha convertido en un campo de batalla en la política colombiana. “Desde su concepción, ya tuvo detractores”, apunta González. El jurista afirma que la oposición llega “sobre todo desde la derecha y la derecha radical”, es decir, los sectores que se declararon en contra del acuerdo de paz, representados principalmente por el partido Centro Democrático, al que pertenece el actual presidente de Colombia, Iván Duque. “Su posición es que había que someter a la guerrilla, llevarlos a la justicia y reducirlos de forma militar de forma que su única alternativa fuera la rendición”, agrega González. Por eso mismo, “la JEP es una bofetada a la gente que cree que el imperio de la ley es llevar a toda esta gente [los exguerrilleros] a la cárcel”, dice el analista.

Los sectores opositores a la Jurisdicción argumentan que su sistema contribuye a generar impunidad. Eso se ha traducido en una batalla alrededor de la ley estatutaria de la JEP, que ordena el funcionamiento específico de la institución. A pesar de que la Jurisdicción ya lleva más de un año en funcionamiento, solo recientemente se aprobó esta ley, porque Duque presentó una serie de objeciones para reformarla, a pesar de que la Corte Constitucional ya la había aprobado. Para Duque, las objeciones buscaban garantizar “de forma genuina la verdad, la justicia”. Objetó algunos puntos clave como los artículos que blindan de la extradición aquellos que se sometan a la JEP. Finalmente, los cambios no se aceptaron y el Presidente tuvo que firmar la ley estatutaria por orden de la Corte Constitucional.

González subraya que el debate sobre la impunidad en la JEP se reduce a qué se entiende por ese concepto: “si uno cree que es que las personas no paguen cárcel”, se puede interpretar que la Jurisdicción dejará a muchos impunes. Sin embargo, el jurista considera que la “impunidad es no restaurar a la víctima, no decir la verdad”. “Para mí, la JEP es lo contrario”, añade. El magistrado Parra reconoce que, “sin duda, el contexto político complejiza la implementación de los acuerdos de paz”, a pesar de reconocer que ya conocía “de antemano que en todos los procesos” de este tipo “son complejos” y “están anclados en escenarios de polarización”.

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El líder de las FARC Jesús Santrich saluda a quienes le apoyan en Bogotá, marzo 2019. JUAN BARRETO/AFP/Getty Images

Uno de los casos que más tensiona la política en Colombia, con la JEP en el ojo del huracán, es el caso de “Jesús Santrich”, alias de Seuxis Paucias Hernández Solarte. Santrich, uno de negociador del acuerdo de paz, fue apresado por la Fiscalía colombiana el 9 de abril de 2018 bajo petición de Estados Unidos, que reclama su extradición. Lo acusan de planear la exportación de cocaína al país norteamericano. Sin embargo, la JEP garantiza a los antiguos combatientes, precisamente, la no extradición. En el centro de la cuestión está la fecha en la que se cometió el delito para determinar qué justicia debe investigar el caso: la JEP solo juzga los crímenes cometidos antes del 1 de diciembre de 2016, es decir, antes de la firma del acuerdo de paz. Santrich permaneció más de un año en la cárcel hasta que la JEP ordenó la libertad del exguerrillero al argumentar que no había suficientes pruebas para determinar la fecha del presunto delito. La Fiscalía volvió a detenerlo en el mismo momento que salía de prisión. Finalmente, éste quedó libre bajo orden de la Corte Constitucional. Sin embargo, el caso no está cerrado: el excombatiente se encuentra en paradero desconocido desde poco después de obtener la libertad. Para muchos, la extradición de Santrich supondría una embestida contra la paz. “Sería un ataque directo a lo convenido en el acuerdo final, porque se hizo un blindaje” alrededor de la extradición, argumenta Fagua. Por su parte, González asegura que la decisión de la JEP “levantó muchas ampollas, pero en términos jurídicos es acertada”. La institución “se vio en un momento muy complicado” por las presiones de sectores políticos y civiles de permitir la extradición de Santrich, agrega el jurista, pero argumenta que eso “hubiera significado romper el acuerdo”. En cambio, el mismo presidente Duque no dudó en llamar “mafioso” a Santrich cuando se conoció la decisión de la JEP: “la reincidencia es una humillación al pueblo colombiano que no podemos aceptar”, sentenció.

Además del debate político y jurídico, la imputación del exguerrillero trajo otras consecuencias. Cuatro figuras importantes de la antigua guerrilla están desaparecidos, entre los cuales se cuentan el mismo Santrich y el segundo de abordo de las FARC, Iván Márquez, quien alega falta de garantías para su seguridad. Su ausencia pone en entredicho su compromiso con el acuerdo de paz. Márquez llegó a decir que entregar las armas fue un error, y “Timochenko” le envió una carta pública desmarcándose de esas palabras. La JEP abrió un proceso a los excombatientes que no están compareciendo ante sus tribunales: de resolver que el compromiso con la Jurisdicción ya no existe, retirarían los beneficios de los que gozan los exguerrilleros, como la posibilidad de una condena favorable o la garantía de no extradición.

Parra, el magistrado encargado de abrir ese proceso, reconoce que “hay un patrón de hechos de violencia contra antiguos miembros de las FARC que es de especial preocupación”, pero “que por otra parte no puede justificar cualquier tipo de actitud frente a la institucionalidad”. Desde la firma del acuerdo, 126 exguerrilleros han sido asesinados, en cifras de la Comisión de Seguimiento y Verificación de la implementación de la paz (CSIVI). Para Fagua, eso hace “comprensible” la “desconfianza que se ha presentado”. “Sin embargo”, agrega, “es importante anotar que la mayoría de los firmantes del acuerdo están compareciendo”.

González valora que la causa de esta desconfianza de algunos excombatientes se encuentra en que el acuerdo “no se ha implementado con voluntad política clara”. Cuando Duque ocupó el cargo como presidente del país, expresó no querer “hacer trizas” el pacto firmado por el anterior Gobierno con las FARC, pero anunció que implementaría algunas modificaciones. “Eso suena muy bien teóricamente, pero el momento político del acuerdo es muy complicado, porque la implementación requiere una voluntad muy clara para hacerlo cumplir”, comenta González. Para el jurista, Duque ha buscado poner “palos a las ruedas”, como las objeciones de la ley de la JEP o la disminución de su presupuesto. “Da la impresión que da menos oportunidades a la JEP de funcionar”, lo que hace “más difícil probar que ésta es un modelo funcional. Eso genera dudas y “se puede utilizar políticamente” para socavar su legitimidad, según González.

La implementación de la paz estable en Colombia depende de muchos factores, pero una de sus mayores garantías será que la JEP logre desarrollar su trabajo.