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Dos soldados caminan por Rabat, Marruecos. (FADEL SENNA/AFP/Getty Images)

Mohamed VI reinstaura el servicio militar obligatorio como medida de salvación para la juventud marroquí, pero los sectores más críticos lo ven como una herramienta para la sumisión y para evitar la rebeldía de los más jóvenes.      

En un contexto de efervescencia contestataria, con las autoridades confrontadas a una juventud cada vez más crítica y rebelde, tras constatarse un enésimo fracaso de la reforma más reciente llamada a rescatar la deficiente educación pública y ante una coyuntura económica morosa, siendo las franjas de población activa de menor edad substancialmente castigadas por el desempleo, el Marruecos de Mohamed VI ha depositado parte de sus esperanzas de salvación en una medida de otra época: la reinstauración del servicio militar obligatorio, abrogado en 2006. A través de esta iniciativa, tal y como enfatizó el portavoz de Palacio, Abdeljak Lamrini, se pretende “promover el patriotismo” y, de paso, cubrir las carencias educativas de las nuevas generaciones. Así como, favorecer “la integración en la vida profesional y social”. Como si todos los problemas de una juventud acusada de haber perdido sus referentes fueran solubles en la reimplantación de la mili. El Ejército se presenta ante la opinión pública como motor económico y ritual de iniciación a la ciudadanía colmado de virtudes, sin paliativos, donde diferentes clases sociales se van a entremezclar, igualando entornos y clases, y poniendo a las mujeres al mismo nivel que los hombres.

“No debemos aceptar más que nuestro sistema educativo funcione como una máquina para fabricar una legión de parados”, enfatizó Mohamed VI en una de sus diatribas dirigidas a la nación. Se declaraba “consternado” frente al paro juvenil. Un informe del Consejo Económico, Social y Medioambiente (CESE, en sus siglas en francés), instancia consultiva oficial cuyo presidente es nombrado por Palacio, se inquietaba de la situación de 11 millones de jóvenes marroquíes, de entre 15 y 34 años de edad. Abandono escolar, paro, pobreza, aislamiento social y sentimientos de frustración, que exponían a esta franja de población a la delincuencia, el extremismo y la tentación de la emigración, ilegal en el grueso de los casos. Según el CESE, el abandono escolar concierne a dos de cada tres jóvenes, de los cuales la mitad, si es que acaso logra un empleo, apenas sí cobra el salario mínimo interprofesional, que en Marruecos asciende a 2.500 dírhams (menos de 230 euros). Datos del Alto Comisionado del Plan (HCP, en sus siglas en francés) apuntan a que en las ciudades, donde reside el grueso de la población, cuatro de cada diez jóvenes esta en paro, siendo éste el caldo de cultivo propicio para todo tipo de complicaciones.

El 20 de agosto de 2018 el Consejo de ministros, presidido por el propio rey, aprobó el proyecto de ley nº 44.18 relativo al servicio militar que dispone, según el artículo 38 de la Constitución, que los ciudadanos “contribuyen a la defensa de la patria y de su integridad territorial”, quedando sus condiciones y modalidades supeditadas a la aprobación de la ley, después de superar los trámites parlamentarios. A pesar de algún tímido conato de debate, prontamente sofocado, los diputados terminaron por adoptar sin apenas modificaciones el proyecto custodiado por Abdelatif Ludiyi, ministro encargado de la administración de la defensa nacional. Solo los dos diputados de la Federación de la Izquierda Democrática (FGD, en sus siglas en francés) se desmarcaron del unanimismo imperante, abogando por un “servicio nacional voluntario”, de corte cívico y no obligatorio. Así las cosas, el pasado 26 de diciembre, los tan solo 104 diputados presentes en el hemiciclo de Rabat, del total de 395 que componen la Cámara de representantes, votaron a favor de la ley. “Deberían hacer obligatoria la presencia en el Parlamento antes de hacer lo propio con el servicio militar”, ironizaban los marroquíes en las redes sociales.

 

Y la montaña parió un ratón

La implicación directa de Mohamed VI, la condición de “obligatoriedad” del servicio militar, la amenaza del portavoz gubernamental, Mustafa El Jalfi, con sancionar a todos aquellos que no respondieran a la llamada de la nación y los fines tan elevados en los que se justificaba su reinstauración, suscitaron grandes expectativas y no pocos temores. Algunos cálculos realizados por economistas independientes estimaban que la mili acogería cada año a unos 300.000 jóvenes, lo cual costaría al Estado unos 75 mil millones de dírhams (unos 6,8 mil millones de euros), monto que representa un 6-7% del PIB marroquí. Los expertos diferían sobre el impacto de tan ingente esfuerzo presupuestario, aunque casi todos ellos coincidían en que éste sería mínimo para la economía, en general, y, en particular para la generación de empleo juvenil. Estos mismos economistas daban la voz de alarma sobre los compromisos adquiridos en 2016 entre Marruecos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para mantener el déficit público entre el 2% y el 2,5%, que eran a todas luces insostenibles con la reinstauración del servicio militar obligatorio a gran escala, tal y como se pretendía. A pesar de la propaganda, las bondades de la iniciativa real no se correspondían con los principios de racionalidad económica.

Por otra parte, la decisión se adoptó en el entorno próximo de Mohamed VI, evidentemente sin consultar con el presidente del gobierno, Sadedín Elotmani, pero tampoco, tal y como apuntan fuentes de seguridad, con el grueso de responsables militares marroquíes. Expertos en la materia apuntan a que si la cúpula de las Fuerzas Armadas Reales (FAR) fuese convenientemente consultada no sería favorable a la reinstauración del servicio militar obligatorio. Sus altos mandos y oficiales, que mantienen intensas relaciones con sus homólogos de otros países, incluso occidentales, donde la posición mayoritaria es favorable a la profesionalización del Ejército, verían con malos ojos la medida, que interpretan como un intento de utilizar los cuarteles para paliar situaciones delicadas o para reconducir y rehabilitar a “ciudadanos descarriados” y “marginales”. Junto con este principio compartido, se hallan los problemas logísticos y riesgos inherentes a la iniciativa, y la entrada masiva de reclutas, cuyo número estimado anual era parejo al total de efectivos de las FAR, sería vista como una amenaza, un riesgo a la estabilidad y reputación de una institución que hasta ahora ha mantenido una cierta pátina de prestigio entre la población.

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Dos jóvenes por las calles de Rabat, Marruecos. (FADEL SENNA/AFP/Getty Images)

Por estas y otras consideraciones, el servicio militar obligatorio, llamado a solucionar buena parte de los grandes males de los que adolece la juventud marroquí, será una sombra de aquello que en origen se pretendía. Dará comienzo en septiembre de 2019 y afectará a 10.000 jóvenes, que serán llamados a filas durante 12 meses, por un monto de 500 millones de dírhams (algo más de 45 millones de euros) con cargo a los presupuestos generales del Estado. Durante las operaciones de inscripción, que se han desarrollado entre los pasados 9 de abril y 7 de junio, un total de 133.820 personas se apuntaron de forma voluntaria, de las cuales 13.614 fueron mujeres. Esto obligó al Ministerio del Interior a proceder a una selección de candidatos y quedó denostada la condición de “obligatoriedad” del servicio. Personas con discapacidad, enfermedades crónicas, que tengan familia a su cargo o que cursen estudios universitarios, ya estaban exentos. Es preceptiva para mujeres y binacionales, es decir, para aquellos que han adquirido la nacionalidad de algún otro país, fundamentalmente de la UE (ya que la marroquí nunca se pierde), aunque vivan tanto fuera como dentro del territorio de Marruecos. El Estado corre con los gastos de alojamiento, manutención y médicos, incluyendo seguridad social y un seguro de invalidez, con pagas de entre 1.050 (96 euros) y 2.000 dírhams (185 euros) netos mensuales. Hoy igual que ayer, antes de su abrogación en 2006, el servicio militar “obligatorio” se presenta como una oportunidad, una vía a privilegiar por aquellos que provienen de situaciones más desfavorecidas para aspirar a hacer carrera en el Ejército.

 

De 1966 a 2019

El regreso de la mili en 2019 obedece a imperativos socioeconómicos y disciplinarios similares a los que concurrían cuando Hasán II instauró por vez primera el servicio militar obligatorio en 1966. El 23 de marzo de aquel año se desataban protestas estudiantiles en Casablanca, que se extendieron a otros colectivos y partes del país, a las que se respondió con una fuerte represión e incluso la instauración del estado de excepción. Apenas un año después se instituía el servicio militar obligatorio, que Hasán II justificaba en su discurso del trono con la necesidad de “disponer de un Ejército capaz de defender la integridad territorial del país, salvaguardar su honor y afrontar cualquier forma de agresión”. Encontramos en la época motivos similares a los actuales y Hasán II no cesaba de apelar a las bondades de la medida en aras de inculcar a los reclutas “una formación profesional cuyo objetivo es hacer de ellos ciudadanos útiles, capaces de contribuir al desarrollo del país”. También se enfatizaba la incorporación de miles de jóvenes al mercado laboral, en un momento económico adverso. Y el tema de la educación ya estaba presente, pero en el marco de la posindependencia, con una urbanización en ciernes y grandes masas campesinas de excluidos confinados aún en el agro, el caso no era tan acuciante.

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Un grupo de personas del movimiento Hirak se manifiestan en el Rif. (AFP/Getty Images)

A mediados de la década de los 60 del pasado siglo se asociaba la juventud con un “colectivo peligroso” que había que meter en vereda, y más en un momento en que las ideologías socialistas estaban en plena expansión. El servicio militar obligatorio era un mecanismo de represión por otros medios, una prolongación de la efectiva represión en calles, hogares y en cárceles, para hacer desistir a revoltosos de sus propósitos, potencialmente nocivos para los intereses del régimen. En plena instauración de un sistema monárquico de corte autoritario, el servicio militar obligatorio era un arma en manos de Hasán II para asentar su ascendiente sobre los resortes de poder y sofocar las contestaciones. A día de hoy, algunos ven también en el servicio militar obligatorio un instrumento para domesticar y contrarrestar movimientos de contestación. Tras las protestas en el Rif, en el sudeste (Zagora), en el este (Yerada) y en pleno centro de las principales capitales del país, ya sean éstas protagonizadas por profesores en prácticas o los estudiantes de medicina, las movilizaciones se multiplican, incluso en el ciberespacio, donde recientemente fue de gran seguimiento el      boicot económico contra importantes grupos económicos del país, que mantienen vínculos con Palacio.

El apocamiento de la clase política y los medios de comunicación contrasta con las reacciones hostiles de jóvenes, sobre todo en redes sociales, pero también en foros públicos, como en estadios de fútbol. Abdelá Eid Nizar, una de las caras más visibles de la coalición marroquí contra el servicio militar obligatorio (CSMO), un grupo que se constituyó a través de Facebook y que en apenas unos días contaba con miles de miembros, no oculta su “rechazo” a una ley “impuesta desde arriba, sin el menor debate”. Existen no pocas suspicacias frente a esos doce meses de formación militar, profesional y técnica, donde se pretende aportar un aprendizaje en normas básicas para la vida en el seno del Ejército, como la disciplina, el trabajo en equipo, el sentido de los valores, la religión e incluso la ciudadanía. “Se espera que la disciplina castrense haga entrar en razón a los refractarios que exigen desarrollo, prosperidad y otro marco de libertades y derechos. Los cuarteles de las FAR aparecen como alternativa eficaz para sofocar los ardores de insubordinación de las nuevas hornadas de marroquíes”, enfatiza un miembro de la CSMO.

 

Lo que la mili esconde

La política de defensa no está en manos de la ciudadanía: el Gobierno no tiene competencias en las decisiones que tocan al Ejército y la acción del Parlamento no va más allá de la aprobación del gasto militar, sin discusión, votado unánimemente y como mero trámite. Las relaciones entre las instancias políticas y castrenses están en manos de Palacio, y Mohamed VI manifiesta un creciente interés en presentarse como jefe de Estado Mayor de las FAR. En sus últimos discursos, el rey ha evocado a la institución militar de forma directa, en un tono laudatorio y blandiendo un relato que hace hincapié en el rol del Ejército en la salvaguarda de la nación-país y sus sagrados valores. En su arenga del trono de julio de 2018 alababa la “movilización constante” de las FAR para “defender la integridad, la seguridad y estabilidad”, así como su “acción humanitaria y social”, dentro y fuera de las fronteras marroquíes. Apenas unas semanas después, el 20 de agosto, el soberano anunciaba la reinstauración del servicio militar obligatorio, poniendo al Ejército en el centro como solución para los males de la juventud y alternativa para apuntalar el débil desarrollo económico.

El rey privilegia, de forma consciente, su faceta militar. La institución castrense se presenta como portadora de “valores universales” frente a otras instituciones, como la familia y, sobre todo, los partidos políticos, que emergen ante los marroquíes como valedores de “intereses particulares”. Se plantea tácitamente la existencia de dos esferas contrapuestas, a saber, militar y política. Aunque el rey no hace otra cosa que no sea política, el Ejército es reflejo del enfoque presuntamente antipolítico de Mohamed VI, ya que sus intereses e iniciativas se vehiculan ante la opinión pública como representativas de un bien común superior, frente la agenda de partidos y dirigentes particulares. El soberano personifica la desconfianza hacia el mundo político-civil, ya muy presente en el discurso oficial. Esta suspicacia alimenta una distanciación crítica hacia la participación política y favorece la expansión de valores y representaciones proclives al régimen, la institución castrense y el rey, como centro de todo, en detrimento de otros valores y representaciones propios de sociedades abiertas y democráticas.

Lejos de ese ideal “ciudadano”, al contrario, en el Ejército se brindará a los jóvenes referentes de dominación propios al régimen, asentando el mando y legitimidad del soberano y su sistema, e imbuyendo en los reclutas una ideología del progreso donde la monarquía es el único vector y garante. Así como valores de fidelidad a la tradición o a la religión. Se espera que el Ejército aleje a los jóvenes de la contestación, inculcándoles conformismo y alienándolos en esa concepción mesiánico-monárquica del progreso y del desarrollo, que se articula alrededor de Mohamed VI. Además, está llamado a canalizar las frustraciones de una juventud mal formada pero bien informada y a remediar la ineficacia de otras instituciones. Esta preocupación no se oculta, ya que aparece en los discursos fundadores de la iniciativa para la reinstauración de la mili. Todo esto presagia un servicio militar pensado como útil de socialización primaria llamado a imponerse sobre otras socializaciones, privilegiando la sumisión como valor patriótico.