Muchos países han olvidado la represión de la minoría musulmana en China debido a la diplomacia económica que ha extendido el gigante asiático en los últimos años. ¿Beneficiarse de los proyectos de la BRI o buscar una solución para los uigures?
Casi tres millones de uigures fueron internados en campos de reeducación en Xinjiang y cientos de ellos han desaparecido. La última noticia disponible sobre el paradero de estas personas es que han transferido a 80.000 uigures a distintas fábricas, como Apple o Nike, para trabajar de manera forzada. Por otra parte, algunos países han comenzado a llamar la atención al gigante asiático por la violación constante de los derechos humanos de esta etnia. Es el caso de EE UU, que aprobó este miércoles un proyecto de ley en el Congreso de los Representantes para sancionar a China por los abusos perpetrados contra los uigures y otras minorías musulmanas de Xinjiang. Ya en verano de 2019, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, se refirió al tratamiento chino hacia esta minoría como “la mancha del siglo”, restringió visas de funcionarios chinos e incluyó a 28 empresas del país en una lista negra por su participación en la represión. Aunque ahora hay más información sobre la situación de esta etnia, el silencio todavía pesa y es inevitable pensar en las consecuencias económicas de los países si se oponen a China.
En este contexto, Xi Jinping puso en marcha un arma muy poderosa, la Belt and Road Initiative (BRI), que, sin ser su principal objetivo, le ha servido para guardarse las críticas de muchos Estados. Emulando la antigua Ruta de la Seda, el presidente planea establecer seis rutas terrestres (Silk Road Economic Belt) y una marítima (21st Century Maritime Silk Road) que conecten China con el resto del mundo. Un proyecto tan ambicioso que desde 2017 está incluido en la Constitución del Partido Comunista. De esta manera, el mandatario quiere expandir sus relaciones comerciales a 93 países (45 asiáticos, 39 europeos y 7 africanos) y 252 ciudades.
Los antecedentes más inmediatos se encuentran en Asia Central, la región que primero ha firmado proyectos conjuntos en beneficio del gigante asiático. De esta manera, China aseguró la total colaboración de los países vecinos aprovechando la situación económica de las repúblicas exsoviéticas, sus recursos naturales, como las altas concentraciones de gas de Turkmenistán y su posición geoestratégica en el corazón del mapa.
Uno de los primeros países en apoyar la BRI fue Kirguistán, con más de 150.000 kirguís viviendo en Xinjiang por trabajo y algunos internados también en los campos de reeducación por compartir religión, el islam, con los uigures. Kirguistán siempre se ha mantenido neutral sobre el tema de los uigures y también se ha beneficiado de la BRI con proyectos bilaterales, como la línea de ferrocarril que atravesará Eurasia. El mismo tren ha contentado al presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev, que mantiene una lucha conjunta con China contra el terrorismo, pero sabe que hasta 35.000 uzbekos viven en Xinjiang y desconoce el paradero de muchos de ellos. Casi el mismo número de uigures habitan en Uzbekistán y muchos han conseguido pasaporte uzbeko por compartir historia étnica, cultura y tener lenguas parecidas, aunque no ha sido suficiente para que el presidente del país centroasiático proteja sus derechos. Incluso el expresidente, Islam Karimov, negó que hubiese población uigur en Uzbekistán. A pesar de los tres centros culturales que promocionan la cultura uigur mediante revistas y programas de radio, el país prefiere apoyar a China con acciones como la prohibición de entrar en Uzbekistán en noviembre de 2019 del investigador ruso-americano Gene Bunin, creador del proyecto Xinjiang Victims Database, donde documenta los internamientos masivos de las comunidades musulmanas en Xinjiang durante estos tres años.
China aprovechó el miedo internacional del 11S para vincular el terrorismo a la etnia originaria de Xinjiang. Durante los 90 se sucedieron atentados de separatistas uigures y el país buscó el apoyo de sus vecinos. El ejemplo más destacable es el de Kazajistán. Entre 1992 (fecha en la que el país envía la primera delegación oficial a China) y 2001, cuando ambos firmaron varios acuerdos relativos a tres temas principales: la delimitación territorial, los temas energéticos y comerciales y la cuestión uigur.
En este último apartado, el entonces presidente chino, Jiang Zeming, visitó por primera vez Kazajistán en 1996 y firmó con el presidente kazajo, Nursultan Nazarbáyev, una declaración por la que el país exsoviético se comprometía a no prestar ayuda a los separatistas uigures y se mantendría al margen del conflicto entre Xinjiang y China. El acuerdo también especifica que los uigures residentes en Kazajistán recibirían “poco apoyo” del Gobierno kazajo y se firmó después de incorporarse a la nueva Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), creada meses antes por China. Desde entonces, Kazajistán nunca ha mencionado a la comunidad uigur.
También el presidente turkmeno Saparmurat Niyázov y el mandatario chino Hu Jintao firmaron en 2006 varios acuerdos económicos y de seguridad, entre el que se encontraba un documento de colaboración entre ambos países para luchar contra el terrorismo, incluido el Movimiento Islámico del Este de Turkestán, organización terrorista vinculada a los separatistas de Xinjiang. Además, el país centroasiático es el sexto con mayores reservas de gas natural, algo de lo que se ha beneficiado China desde 2016 al convertirse en el principal importador de este recurso aprovechándose de que Rusia detenía sus importaciones ese mismo año.
En el caso de Asia Central, el silenciamiento sobre los uigures comenzó mucho antes de la puesta en marcha de la BRI. China se escudó primero en la seguridad y luego en la lucha contra el terrorismo, pero estos motivos se reforzaron con las inversiones que reciben las naciones centroasiáticas. Teniendo en cuenta la dependencia de los países de Asia Central hacia China, es muy difícil que se vuelvan en su contra y se inclinen por los uigures, sin importar la historia entrelazada que tienen por la cercanía de sus territorios con Xinjiang.
Europa, entre firmar o condenar
Baluarte de los derechos humanos, Europa ha virado su posición respecto a los uigures y a la BRI varias veces, principalmente por su falta de unión en las decisiones conjuntas. La diáspora uigur, que asciende a 1 o 1,6 millones, se ha desplazado por Europa y ha repartido sus organizaciones en diversos países, pero la sede principal se encuentra en Múnich: el Congreso Mundial Uigur (WUC), que nació en 1992 y se estableció de manera formal en Múnich en 2004.
Las relaciones bilaterales entre Alemania y China son muy estrechas, ahora más que nunca por el deseo del Gobierno chino de extender la BRI por Europa. Desde hace 43 años Alemania es el mayor socio económico del gigante asiático y este ha sido su primer importador durante estos tres últimos años. Una de las primeras infraestructuras de la BRI en territorio alemán ha sido la línea de tren Duisburgo-Xinjiang-Chongqing.
Respecto a los uigures, Alemania comenzó a pronunciarse en 2018 cuando canceló las deportaciones de personas de esta etnia a China tras recabar datos sobre Xinjiang y tratar de recuperar a un joven deportado que desapareció cuando pisó suelo chino. También fue el primer país en conceder asilo de refugiados a esta minoría étnica, seguido de Suecia. “El Gobierno alemán ha dado pasos hacia la protección de la comunidad uigur del acoso e intimidación y ha elevado repetidamente el tema a Naciones Unidas, además de defender la participación de la WUC en sus eventos y sesiones”, sostiene Dorkun Isa, presidente de la WUC.
Un año después, 22 embajadores de países miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, entre ellos algunos europeos, enviaron una carta firmada y dirigida al presidente del Consejo en la que se exige a China que cese la represión que sufren los uigures en Xinjiang y que permita a observadores independientes verificar las condiciones de los centros de reeducación. Según diplomáticos consultados por Reuters, no era una declaración o una resolución por temor a la respuesta política y económica de China. Aunque no obtuvo resultados, esta carta fue la primera respuesta colectiva sobre la defensa de los derechos humanos en Xinjiang y puso a China a la defensiva, que denunció las “calumnias” y “difamaciones” que se habían vertido sobre asuntos internos de su país.
A veces, países europeos han defendido a China. En 2017 ocurrió en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU cuando Grecia bloqueó una declaración conjunta sobre los abusos chinos de derechos humanos, que sólo se explica por la gran inversión que desplegó el gigante asiático en el país a partir de la crisis griega, además de la inclusión del puerto del Pireo en la BRI en 2016 en el que China ha invertido 600 millones de euros para su modernización. Hungría bloqueó otra declaración europea en la que se criticaba que abogados y activistas de derechos humanos habían sido torturados en China. Esto ocurrió porque este fue el primer país europeo que se incorporó a la BRI en 2015 y China es su socio comercial más importante fuera de Europa. Hungría también boicoteó en 2016 una declaración conjunta de la Unión Europea sobre la violación del derecho internacional del país asiático en el Mar del Sur de China. Desde el ascenso de Viktor Orbán al poder en 2010, el primer ministro húngaro ha reforzado sus relaciones bilaterales con Pekín mientras aumenta la presión y las críticas contra Europa. Y ahora la UE teme que Italia siga el mismo camino tras firmar su incorporación a la BRI por el puerto de Venecia en marzo de 2019 porque ya siguió órdenes de China hace dos años cuando arrestaron a un activista uigur.
El único país que ha mantenido el equilibrio entre la economía y los derechos humanos es Países Bajos. Se ha mostrado cauteloso en relación a la BRI, y aunque no menciona el tema uigur, sí habla sobre Taiwán y Hong Kong. Esto hizo que el embajador chino en el país, Xu Hong, le llamase la atención sobre su apoyo a los “alborotadores” de Hong Kong, pero como afirman Frans-Paul van der Putten y Monika Sie Dhian Ho en su ensayo Aiming to avoid painful dilemmas: The Netherlands and US-Chinese Rivalry, Países Bajos “no ha experimentado instancias específicas de presión china” sobre Taiwán ni sobre otros aspectos, como la disputa tecnológica o el embargo de armas.
A pesar de la entrega de los premios Václav Havel y Sájarov al activista y economista uigur Ilham Tohti, sentenciado a cadena perpetua en 2014 por China con cargos de separatismo, Europa ha permanecido en silencio durante mucho tiempo y ha dudado a la hora de condenar directamente al país. “Lo que echamos en falta de Europa son acciones concretas y significativas, especialmente la adopción y aplicación de sanciones dirigidas y aplicadas contra individuales chinos y entidades responsables de estos crímenes contra la humanidad”, afirma Isa. Además, Europa intenta separar los negocios de la política, explica Dídac Cubeiro, profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona: “Los casos que no llegan al Tribunal de Derechos Humanos de La Haya los suele considerar de ‘política interna’ y se limita a acciones de acogida de refugiados”. Pero que Europa haga esta distinción no significa que China acepte una intrusión en sus problemas internos. Igual que avisó en octubre del año pasado a Estados Unidos de la incompatibilidad de criticar sus políticas y estrechar la mano para frenar la lucha comercial, China puede cambiar sus planes en Europa, que saldría perdiendo si esta relación no prospera.
¿Avance económico bilateral o doble estrategia china?
Las “trampas de la deuda” chinas en los Balcanes y en Asia, principalmente por el arriendo del puerto Hambantota de Sri Lanka a China por 99 años, la falta de transparencia de los proyectos y los bajos estándares medioambientales que se están aplicando han aumentado el recelo de los países hacia la nueva ruta de la seda. Isa insiste en que hay una fuerte relación “entre países involucrados en la BRI y aquellos que han apoyado a China o permanecieron en silencio sobre los crímenes contra la humanidad contra los uigures”. Por su parte, Cubeiro explica que “en general se trata de programas asumibles por los países que a menudo utilizan suministros de materias primas como contrapartida”.
Lo que sí es notable es el silencio de los Estados musulmanes. Turquía ha sido el único país de esta religión que ha apoyado la causa uigur, aunque cambia de postura según los acuerdos comerciales y económicos con China.
Así, tras los 1.400 detenidos y 156 muertos en las protestas de Xinjiang de 2009, el primer ministro turco, Recep Tayip Erdogan, condenó los incidentes “como una especie de genocidio” y pidió que las autoridades chinas abordasen la cuestión de los derechos humanos en la región. No volvió a pronunciarse hasta 2019, cuando el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores turco, Hami Aksoy, exigió el cierre de los centros de reeducación y calificó las medidas chinas como “una vergüenza para la humanidad”.
La otra cara de Turquía se enlaza con el préstamo de 1.000 millones de dólares del Banco Central Chino que recibió en 2018 para aumentar las reservas de cambio de divisas, un ejemplo del apoyo económico que le brinda China en ocasiones. Turquía es la principal puerta a Europa, al norte de África y a Oriente Medio para la BRI y China aprovechó el deterioro de las relaciones entre Ankara y Washington para invertir en energía, esencialmente gas, transporte e infraestructuras en el país, como el préstamo que concedió el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura de 600 millones de dólares en 2018 para reforzar la seguridad en los suministros turcos de gas.
En el último encuentro entre Erdogan y Xi Jinping en junio de 2019, el presidente turco olvidó a los uigures y abrazó las relaciones bilaterales entre ambos países de forma contundente: “Nunca apoyaremos la división de China. Nunca ayudaremos en algo así”, dijo Erdogan en Dushambé. Un mes más tarde, en su viaje a China, Erdogan anunció una mayor cooperación turca en la BRI. Ankara quiere defender los derechos de los uigures, pero también necesita la ayuda económica de Pekín. Además, ha visto los buenos resultados que obtiene de su buena relación: la economía turca creció un 0,9% en el tercer trimestre de 2019 tras la crisis del año pasado que provocó la caída de un 30% del valor de la lira. Mientras sus beneficios se mantengan, Erdogan se mantendrá fiel a los intereses de China y los uigures no entrarán en sus planes.
El caso de Pakistán es más sangrante. En septiembre de 2018, tras las respuestas internacionales sobre la cuestión uigur, el ministro federal de Asuntos Religiosos, Noorul Haq Qadri, criticó las políticas chinas contra los uigures, en teoría contra el terrorismo, afirmando que aumentan los puntos de vista más extremistas y le pidió que buscase la armonía religiosa en Xinjiang. Pero dos meses después, el Gobierno pakistaní cambió su respuesta. El ministro de Relaciones Exteriores acusó a los medios de comunicación de “sensacionalizar” el tema de Xinjiang. Más tarde, el portavoz del ministro afirmó que los pakistaníes internados en los campos de reeducación se sometieron a un “entrenamiento voluntario”, y el primer ministro, Imran Khan, en enero de este 2019 aseguró que “no sabía mucho” sobre los musulmanes en Xinjiang y continuó alabando los acuerdos comerciales firmados con China.
La explicación se encuentra en el corredor económico China-Pakistán de la BRI que consiste en 62.000 millones de dólares invertidos en proyectos de energía y transporte, además de la ayuda económica y de infraestructuras que recibe Pakistán por parte del gigante asiático para afrontar su deuda extranjera. Desde entonces no se ha vuelto a pronunciar sobre los uigures y el tratamiento de sus derechos humanos en Xinjiang.
Una nueva forma de diplomacia, la económica, está poniendo sobre la mesa el debate de los derechos humanos. ¿Beneficiarse de los proyectos de la BRI o buscar una solución para los uigures? Asia Central lo tiene claro: aunque sus ciudadanos están mezclados con los uigures, sus Gobiernos prefieren tener a China en su círculo de amigos. Lo mismo ocurre con Pakistán y otros países musulmanes como Arabia Saudí o Egipto, que deportan a los uigures a petición de Pekín; de esta manera, sus respectivas economías experimentan una mejoría gracias a la ayuda china. La última esperanza de los uigures es Europa, que ha empezado a zozobrar ante la publicación de numerosos documentos derivada de la investigación de la International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) con medios internacionales, como El País y The Guardian, porque confirman las condiciones en las que vive la etnia musulmana en Xinjiang, todo depende de si continúan criticando las políticas chinas o si cierran acuerdos con cláusulas indirectas como la autocensura.
